En respuesta a la Suprema Corte de Justicia, que declaró inconstitucional la criminalización de las mujeres que deciden abortar, la Iglesia católica llamó a sus feligreses a la “resistencia civil” y a manifestarse contra esa medida, según ellos impulsada de facto por el presidente López Obrador y el partido Morena. A decir del Frente Nacional por la Familia, esta vez son las organizaciones provida las que respaldan a los obispos católicos, quienes tomaron la iniciativa con aval de dignatarios del Vaticano.
Con amenazas de “excomunión” y llamados a la “desobediencia civil”, la jerarquía católica mexicana y cientos de organizaciones provida comienzan a protestar conjuntamente –con marchas y declaraciones– por la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declaró inconstitucional la penalización del aborto.
Las manifestaciones para este domingo 3 en varias ciudades del país, convocadas por la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), cuentan con pleno respaldo de las autoridades del Vaticano, cuya postura siempre ha sido de tajante rechazo al aborto.
Rodrigo Iván Cortés Jiménez, presidente del Frente Nacional por la Familia (FNF), que aglutina alrededor de 800 organizaciones provida, advierte categórico:
“Las marchas de este domingo son sólo el punto de partida de otros actos de protesta que planeamos realizar contra la decisión de la Suprema Corte de despenalizar el aborto, pero también contra otras medidas que atentan contra la vida y la familia.”
El líder del más poderoso frente de laicos católicos recalca que, a diferencia de otras ocasiones, cuando los alrededor de 150 obispos aglutinados en la CEM se limitaban a apoyar las protestas de sus laicos, ahora es el episcopado el que tomó la iniciativa y convocó a la protesta nacional del día 3, a la que bautizó como Marcha por la Mujer y por la Vida.
“En 2016, cuando el presidente Enrique Peña Nieto intentó legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo, el frente convocó a las protestas y los obispos nos apoyaron. En esta ocasión es al revés; el episcopado realiza la convocatoria nacional y nosotros nos sumamos a su llamado”, comenta.
Pero esta decisión de la CEM –revela– fue producto de encuentros previos que sostuvieron algunos dirigentes de organizaciones provida con varios obispos mexicanos e incluso con altos jerarcas del Vaticano, como el secretario de Estado de la Santa Sede, monseñor Pietro Parolin, quien dio su aval para realizar las protestas.
“A finales de agosto pasado, cuando la Corte estaba por dar su fallo, viajé al Vaticano para reunirme personalmente con monseñor Parolin. Le entregué un informe sobre lo que ocurre en México. Y le hice llegar otro más al Papa Francisco”, dice Cortés Jiménez.
–¿Qué le comentó Parolin?
–No puedo dar más detalles sobre nuestro encuentro. Pero sí puedo decirle que monseñor Parolin conoce muy bien la dinámica política de México. Y también conoce a los actuales actores políticos, incluso los ubica por sus nombres.
Para concertar sus alianzas con la jerarquía católica, Cortés Jiménez señala que también mantuvo contacto con alrededor de 20 obispos mexicanos, entre ellos el secretario general de la CEM, Alfonso Miranda Guardiola, y el titular de la Dimensión Episcopal de Vida, Juan José Herrera Quiñones. Igual se reunió con el nuncio apostólico en México, Franco Coppola.
Por lo pronto, algunos obispos mexicanos ya amenazan con la excomunión tanto a las mujeres que interrumpen sus embarazos como a los médicos que los realizan y a los legisladores que los avalan en las leyes.
Por ejemplo, el obispo de Saltillo, Hilario González, ha venido advirtiéndoles a las mujeres que el aborto es causa de excomunión. En un mensaje con motivo del pasado Día de las Madres, les dijo:
“Ya no se pide al Vaticano, todos los sacerdotes tienen la autoridad de levantar la excomunión a quienes han caído en esta falta. Acuérdense que no sólo es la mujer que aborta, sino los que ayudaron y los que recomendaron.”
Después, en declaraciones a la prensa local, el pasado 15 de septiembre, el obispo externó su oposición al fallo de la SCJN y volvió a hablar de la excomunión al señalar que esa pena eclesiástica, que le impide al creyente recibir cualquier sacramento, es para que se haga “conciencia” sobre la gravedad del aborto y de esta manera se opte por la vida del no nacido.
Mientras que el obispo de Cuernavaca, Ramón Castro, el pasado 23 de septiembre, en una reunión que sostuvo con un grupo de diputados del Congreso estatal, en el marco del fallo de la Corte, les advirtió que los “legisladores católicos” morelenses serán “excomulgados” si despenalizan la interrupción voluntaria del embarazo, pues estarían atentando contra el “derecho a la vida del feto”.
Por su lado, el FNF comenzó a llamar a sus adeptos a la “desobediencia civil” durante un acto de protesta realizado afuera de las instalaciones de la Corte, el pasado 13 de septiembre. Ahí –mientras cientos de manifestantes coreaban “¡Vida sí, aborto no!”– se puso en circulación un comunicado del FNF en el que se señala que, ante la decisión de los ministros, “a los ciudadanos no nos va a quedar otro camino que la desobediencia civil y exigir la destitución de jueces, porque es una afrenta a la ley, a la democracia y a los ciudadanos”.
Verde contra azul celeste
Cortés Jiménez hace un deslinde entre estas advertencias de excomunión de los obispos y los llamados a la desobediencia civil de los laicos. Aclara:
“Advertir sobre la excomunión es facultad de los obispos, pues es un asunto de la fe católica. El mismo Código de Derecho Canónico estipula que no se puede estar promoviendo el crimen del aborto y, al mismo tiempo, decirse católico y tomar la comunión. ¡No puede ser!… Pero eso no es materia nuestra, sino de las autoridades eclesiásticas.”
–¿Y a ustedes, los laicos, les corresponde entonces llamar a la desobediencia civil?
–Mire, nadie está obligado a obedecer una ley injusta. Por ejemplo, si a un médico se le quiere forzar a matar a un ser humano que aún está en el vientre materno, argumentando que eso dice la ley, pues esa ley no debe obedecerse.
“De manera que nosotros, en un ejercicio cívico, estamos emprendiendo una activación nacional para que en las constituciones estatales se siga protegiendo la vida humana desde el momento de la concepción. Debe respetarse la soberanía de los estados. Esa es nuestra lucha.”
–¿Ahí encajan sus llamados a la desobediencia civil?
–Exacto. En México se quitó la pena de muerte desde hace mucho tiempo. Y ahora resulta que la Corte quiere volver a imponerla a los seres humanos más indefensos. ¡No! ¡No lo vamos a permitir! ¡No existe el derecho a matar!
La controvertida resolución de la SCJN se dio el 7 de septiembre, cuando resolvió, por unanimidad, que es inconstitucional criminalizar el aborto. Con esto invalidó el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que establecía pena de prisión a las mujeres que voluntariamente abortaran.
Este fallo de la Corte ahora obliga a todos los jueces de México, tanto federales como locales, a considerar inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalicen el aborto de manera absoluta.
La respuesta del episcopado no se hizo esperar. Al día siguiente, 8 de septiembre, emitió su postura en un comunicado:
“Lamentamos profundamente que frente a la aparente disyuntiva sobre no criminalizar a la mujer que aborta y preservar la vida del concebido no nacido, la Corte haya optado por descartar al segundo, sin buscar la salvaguarda de ambos.”
Indicaron que no existen “elementos objetivos” para “retirarle la protección del Estado” al ser humano no nacido, bajo el solo argumento de que la mujer tiene “derecho a decidir”. Y dejaron clara la postura de la Iglesia a favor de la vida desde el momento de la concepción.
Seis días después, el 14 de septiembre, la CEM decidió entrar en acción y lanzó su “convocatoria nacional” para la marcha del domingo 3. Ahí, los obispos exhortaron a sus miles de sacerdotes para que –a través de sus misas y de “otros medios que se consideren oportunos”– invitaran a su feligresía a participar en esa manifestación contra el aborto.
También respaldaron las protestas de las organizaciones provida que ya se venían dando con anterioridad, pues “como pastores estamos llamados a acompañar, impulsar y respaldar las acciones de nuestros fieles”, dijeron.
Señalaron además: “Vemos con agrado las numerosas acciones y manifestaciones que se han dado en todo el país, y animamos a los laicos a seguir haciéndolo”.
Invocando a la Guadalupana, los obispos concluyeron: “Que Santa María de Guadalupe, custodia de la vida, interceda por nuestro pueblo mexicano para que quienes formamos esta bella nación anunciemos el evangelio de la vida y construyamos la cultura de la vida”.
Esta decisión de exhibir el poder de convocatoria de la Iglesia se da en un contexto muy polarizado, pues del lado opuesto se están dando fuertes manifestaciones en pro del aborto por parte de los colectivos feministas, la más reciente el pasado martes 28, cuando marcharon alrededor de 2 mil mujeres por el centro de la Ciudad de México, con saldo de 37 personas heridas –27 de ellas, policías del agrupamiento femenil Atenea– y daños y pintas en el mobiliario urbano.
La llamada “marea verde”, la de manifestantes a favor del aborto legal que portan pañuelos verdes como señal distintiva, está confrontada con la “marea azul celeste” de los activistas a favor de la vida que llevan pañuelos de ese color.
Hasta el momento, la “marea verde” ya logró que se despenalizara el aborto por decisión voluntaria de la mujer, mediante reformas a los códigos penales en cuatro entidades: Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz. Y ahora se suma Coahuila, con la resolución de inconstitucionalidad de la SCJN.
Ante estas posturas radicalmente contrarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador –quien se dice cristiano– optó por mantenerse al margen. En su conferencia mañanera del pasado 21 de septiembre indicó que el aborto “es un asunto que produce mucha polémica; es un tema que confronta y desde hace tiempo procuro no opinar”.
Agregó: “No me estoy lavando las manos, no soy Poncio Pilatos; simplemente conviene que el presidente no tome partido en un tema de esta naturaleza”.
Sin embargo, asegura Cortés Jiménez, el gobierno de la Cuarta Transformación está operando en los hechos para despenalizar el aborto, legalizar los matrimonios entre personas del mismo sexo y restringir la objeción de conciencia y la libertad religiosa.
“Una cosa es la narrativa pública de López Obrador –indica– y otra muy distinta es la agenda de su gobierno. Sus principales operadores políticos están impulsando acciones contra la vida y la familia: Olga Sánchez Cordero desde la Secretaría de Gobernación y el Senado, Marcelo Ebrard en la política exterior, Porfirio Muñoz Ledo en el Poder Legislativo y el ministro Arturo Zaldívar desde la Corte.
“Además, a partir de las elecciones de junio pasado, el partido de López Obrador, Morena, radicalizó su postura contra la vida y la familia. El presidente incluso prometió realizar una consulta ciudadana sobre la despenalización del aborto… Pero no la hizo.”
Ante este escenario adverso y de fuertes embates, concluye el dirigente del FNF, “decidimos protestar no sólo las agrupaciones católicas, sino también algunas evangélicas, como Iniciativa Ciudadana, que encabeza Aarón Lara. De manera que en nuestras movilizaciones también participan Iglesias evangélicas”.
