El 28 de septiembre, en una reunión con representantes de los ocho pueblos yaquis en Vícam, Sonora, el presidente López Obrador les pidió perdón por los agravios que han recibido del gobierno y aprovechó para presentar su Plan de Justicia del Pueblo Yaqui. Pero algunos representantes de la tropa yoremia, que lleva décadas defendiéndose de los despojos de autoridades y mineras, le pidieron cancelar el Acueducto Independencia, que los está dejando sin agua, y averiguar bien cuáles son sus problemas; de lo contrario, le dijeron, de poco vale pedir perdón.
El pasado 28 de septiembre el presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo en Vícam, Sonora, la primera cabecera de los ocho pueblos yaquis, donde pidió perdón a la tribu por “los crímenes de Estado que se cometieron contra sus antepasados, sobre todo durante el Porfiriato”.
En el acto protocolario donde esbozó el Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, López Obrador afirmó que se restituirán hasta 20 mil hectáreas; se implementará un plan hidráulico en el que se invertirán 6 millones de pesos, se darán mil 500 créditos para vivienda y se impulsarán la educación y los servicios de salud.
Su gobierno, dijo, intenta “reparar, en la medida de lo posible, el daño que se ha cometido a los pueblos yaquis”. Y firmó el decreto presidencial mediante el cual se creará el Distrito de Riego 018 y se transferirá su administración a las autoridades tradicionales de los pueblos yaquis.
Sin embargo, el Distrito de Riego 018-Colonias Yaquis existe desde hace más de 60 años. Fue construido en la primera mitad de la década de 1950 como apéndice del Distrito de Riego 041-Río Yaqui, el cual está compuesto por las presas La Angostura, El Novillo y El Oviáchic.
Al menos desde 1979 la tribu yaqui demandó la administración y la operación del DR 018. Eso provocó un conflicto con el Instituto Nacional Indigenista, la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos y el Banco Rural durante la administración de José López Portillo.
El investigador Gustavo Luna Escalante, en su estudio Derechos, usos y gestión del agua en el territorio yaqui, escribió que esa petición “implicaba tener el manejo y control, por parte de la tribu yaqui, de uno de los insumos más importantes que era el agua para riego, y al encontrar la oposición de la institución, se exigió su expulsión del territorio”.
Esa solicitud fue recurrente en las administraciones posteriores, lo que modificó de manera drástica el panorama hídrico en las últimas ocho décadas, tanto por las condiciones climáticas como por la construcción del sistema de presas que se alimentan del río Yaqui. Lo anterior provocó un alto estrés hídrico en las subcuencas, lo que ha colocado a la tribu yaqui en una condición de injusticia hídrica persistente, según el peritaje antropológico elaborado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 2014.
Para los yaquis que se oponen al despojo del agua en sus territorios, la verdadera justicia avanzará con la cancelación del Acueducto Independencia, el cual opera desde hace ocho años trasvasando agua de la cuenca del río Yaqui al de Sonora para proveer agua a la ciudad de Hermosillo sin una resolución de impacto ambiental adecuada.
Los desacatos
En entrevista para Proceso, los yaquis Fernando Jiménez Gutiérrez y César Cota Tórtola, defensores del territorio y opositores al Acueducto Independencia, insisten en que esa obra, surgida durante la gestión de panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015) debe desaparecer.
A partir de entonces los yaquis comenzaron sus movilizaciones populares, relata el topógrafo Jiménez Gutiérrez: “En 2010 llegamos a bloquear la carretera (México-Nogales); en 2011 fuimos reprimidos por primera vez por la fuerza pública del estado: fuimos amenazados y algunos compañeros fueron presos. Desde allí empezamos a reorganizar la lucha”, que incluso llevaron al terreno legal.
En agosto de 2010, mediante un amparo, el Juzgado Octavo de Distrito en Ciudad Obregón, Sonora, otorgó la suspensión provisional del uso del Fondo de Operación de Obras Sonora Sí, para evitar la adjudicación del contrato de licitación pública del Acueducto Independencia. No obstante, la obra fue aprobada y se inició la construcción, relata Jiménez,
En abril de 2011 la comunidad yaqui interpuso una nueva solicitud de amparo contra la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, dependiente de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por resolver en materia de Impacto Ambiental y ordenar la construcción del acueducto sin consultar a los pueblos yaquis, acorde con el artículo 26 de la Constitución Política y el derecho internacional.
Asimismo, responsabilizó al delegado de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente de Sonora por “ejecución, construcción y operación de las obras”, por lo que el juez décimo de Distrito en Sonora decretó la suspensión total, según el expediente 461/20.
No obstante, tanto la Semarnat como las constructoras continuaron. La obra se erigió en abierto desacato a la determinación judicial, estableció la Recomendación 37/2012 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos el 9 de agosto de 2012, dirigida al entonces gobernador Padrés Elías y al titular de la Semarnat, Juan Rafael Elvira Quesada.
En 2013 la Semarnat impugnó la sentencia y la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el recurso de revisión; resolvió invalidar la resolución de Impacto Ambiental emitida por la secretaría que autorizó la construcción del Acueducto Independencia. Asimismo ordenó organizar “una consulta pública, culturalmente adecuada, a través de sus representantes tradicionales”, para determinar las posibles afectaciones sociales y ambientales para la tribu yaqui.
Jiménez, quien estuvo en aquella audiencia, no entiende por qué no se han ejecutado las sentencias. “Estamos enfrentando la parsimonia, el tortuguismo de las autoridades”, dice; la consulta “está frenada por cuestiones políticas y económicas”.
Meses después de esa audiencia, en septiembre de 2014, Jiménez fue recluido en el Cereso 1 de Hermosillo, acusado de secuestro y robo de vehículo. Esos cargos, dice, le fueron fabricados en represalia por su participación en las movilizaciones yaquis. Salió libre en agosto de 2015.
Ese año la priista Claudia Pavlovich ocupó la gubernatura de Sonora y se reunió con los yaquis: “Ella prometió y luego firmó el llamado Pacto de Vícam, según el cual ella se comprometía a frenar el acueducto y a construir máquinas desaladoras.
“Teníamos la plena confianza de que la gobernadora iba a hacer algo por nuestra lucha… la gente ya estaba convencida de que sí se iba a hacer algo en ese gobierno”; incluso él regresó a su actividad profesional como topógrafo. “Pero eso no pasó”, relata.
Una nueva etapa de lucha
Ante los recientes asesinatos de los defensores yaquis Luis Urbano y Tomás Rojo, quienes participaron de manera notable en los bloqueos de la autopista internacional desde 2010, Jiménez decidió reanudar su lucha.
“Le prometí a mis compañeros que iba a levantar esa bandera que él (Tomás Rojo) agitaba. Yo la levanto, la agito ahora; de una u otra forma necesitamos darle vida a esa voz que ya no existe. Tenemos que reivindicar la lucha que Tomás encabezó junto a nosotros.
“Podemos deducir que detrás de todo esto está esa represión, que ya subió de tono… porque ya están utilizando al crimen organizado. Inclusive en nuestros pueblos, los sicarios se pasean como ‘Juan por su casa’, sin que nadie les diga nada”, sostiene Jiménez.
Según él, el ingreso de grupos del crimen organizado a los territorios yaquis ocurrió a la par que se desarrollaba la minería, en los inicios de la administración de Padrés Elías: “Tenía mucho contacto con Coahuila, porque se habla mucho de la narcominería en el norte de Sonora… Lentamente vino permeando y bajando… hasta el sur. Se activó mucho la actividad minera y el despojo de la tierra”.
Además de los asesinatos de Rojo y Urbano, en julio pasado desaparecieron 10 pobladores de Loma de Bácum –la mayoría integrantes de la tribu. Los restos de ellos fueron identificados por la Fiscalía estatal la semana pasada, después de la entrevista con Jiménez–, lo cual provocó un temor generalizado.
“A veces pienso que una de las tácticas que utilizan los del poder fáctico es infundir terror a la tribu para que no nos organicemos y evitar que sigamos en la lucha por nuestro territorio y nuestras aguas”, dice el entrevistado.
Grandes intereses económicos, sobre todo los de las mineras y los parques industriales, demandan más agua en Hermosillo, dice. “Está creciendo inmensamente esa ciudad. Ellos vivían de la cuenca del río Sonora, que ellos mismos la contaminaron porque entregaron concesiones a diestra y siniestra.
“Las mineras contaminaron el río Sonora y, como es una ciudad en pleno crecimiento, las colonias, parques industriales, optaron por trasvasar agua del río Yaqui a la cuenca del Sonora, mediante ese acueducto que aún está trabajando y jalando agua sin el consentimiento de la tribu yaqui.”
Aunque bajo la lógica occidental el agua del río Yaqui es considerada como un recurso natural susceptible de ser explotado para el consumo humano, para la nación yaqui es mucho más que eso, ya que forma parte de la base de creencias y saberes que rigen la vida comunitaria y sus tradiciones:
“El río Yaqui es parte de nuestra esencia, el monte, el juya ania, como nosotros le llamamos, es parte de nuestra esencia como yaquis. Nosotros no podemos vivir en ese río si no tiene vida… y por ende nosotros moriremos.”
Que AMLO averigüe bien
El también defensor César Cota Tórtola comenta a la reportera que el gobierno, en todos sus niveles, “siempre ha estado en contra de la tribu yaqui queriéndola despojar de todo”, pese a que ahora existen evidencias de las afectaciones socioculturales que provoca el Acueducto Independencia, como concluyó el peritaje del INAH de 2014.
Según Cota, López Obrador recibe información errónea sobre la realidad de la tribu yaqui: “Creemos que no le llega el verdadero informe; es lo que pensamos, porque él sí quiere ayudarnos, es lo que ha dicho. Pero si no lleva algo en la mano, ¿cómo lo vamos a perdonar? Yo no lo perdonaría, porque todavía se están trasvasando aguas de la tribu yaqui”, dice.
El 7 de agosto último, Cota interpuso una queja por escrito ante el quinto visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en Sonora, David Mendívil Figueroa, a la que tuvo acceso este semanario.
En ella acusa a funcionarios del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en Sonora, encargados de realizar las consultas indígenas para llegar a los acuerdos del Plan de Justicia del Pueblo Yaqui, de violar los derechos humanos de las comunidades de ese grupo étnico.
En primer lugar, Cota señala a Hugo Aguilar Ortiz, coordinador general de derechos indígenas; a Luis Andrés Chávez Vera, delegado del INPI en el estado, y a Hilario Molina Amarillas, representante del INPI en Pótam. Ellos, dice, “han estado incitando al odio, el racismo, a la confrontación y a la división entre los diversos representantes de los ocho pueblos indígenas que conforman la nación yaqui.”
En la queja asienta que esos funcionarios, mediante la extorsión, la intimidación y el soborno buscan imponer los acuerdos que los favorezcan; “quieren acallar, opacar, menoscabar y limitar la participación de los yoremes de la nación yaqui”; instigan a las autoridades yaquis a hacer lo que ellos quieren, so pena de retirarles los apoyos y desconocerlas, como sucedió con algunos secretarios, capitanes, comandantes y pueblos mayores.
Albañil de oficio, Cota señala también que “es del conocimiento público en el interior de la tribu yaqui que el INPI está sobornando a nuestras autoridades tradicionales mediante el depósito de cantidades onerosas de dinero en sus cuentas de banco personales y otras dádivas”.
Integrante de la tropa yoremia –como se denomina a la población yaqui en general–, Cota habla también del acoso y discriminación de los funcionarios del INPI contra sus congéneres, pues les impiden el acceso a las reuniones a las que convocan junto con dependencias como la Comisión Nacional del Agua, así como las secretarías de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la de Agricultura y Desarrollo Rural, la de Educación Pública, la de Comunicaciones y Transportes y la Comisión Federal de Electricidad, entre otras.
Las reuniones se llevan a cabo a puerta cerrada y son las autoridades del INPI las que deciden quiénes pueden acceder a ellas, argumentando que “son solamente para las autoridades del gobierno de México y los gobernadores de la tribu yaqui”. Eso, dice el entrevistado, es violatorio de sus derechos de “participar y de conocer lo que se está tratando en las reuniones”.
Acusa también a los funcionarios del INPI en Sonora de ser los principales promotores para desacatar las órdenes del desahogo de dos consultas indígenas que ordenó el Poder Judicial de la Federación y la SCJN, derivados de diversas sentencias ejecutorias de amparo y otros juicios de amparo que siguen en proceso, para suspender las operaciones del Acueducto Independencia y de la nueva obra hidráulica complementaria, el Acuaférico Ramal Norte, todo esto como parte del megaproyecto hidráulico Sonora Sí. impulsada principalmente por la constructora Exploraciones Mineras del Desierto.
Tras enumerar los despojos que ha sufrido la nación yaqui, Cota pide a López Obrador que investigue bien a los colaboradores que han mandado a la región, para que vea si las cosas son como ellos le dicen.
“Nosotros –asegura– no vemos el verdadero Plan de Justicia. Y si no han hecho nada, ¿cómo va a pedir perdón a la nación yaqui? Lo que podemos decir nosotros es que nuestro presidente de la República se ponga a averiguar bien.”
