Señor director:
Algunos académicos de la Universidad de Guadalajara (UdeG) estamos preocupados por la actual situación entre el gobierno de Jalisco y las autoridades de esta institución educativa, manifestándose en un conflicto de intereses económicos y políticos ajenos a cuestiones académicas o relativas a la autonomía universitaria, y también ajenas a una política gubernamental democratizadora de la entidad jalisciense.
El gobernador Enrique Alfaro Ramírez y el rector Ricardo Villanueva Lomelí se han enfrascado en una confrontación que poco o nada tiene que ver con la superación universitaria, pues la disputa presupuestal por 140 millones de pesos representa, más bien, un forcejeo de fuerzas políticas.
La cantidad monetaria no otorgada al Museo de Ciencias Ambientales del Centro Cultural Universitario, para sí destinarlo al Hospital Civil de Oriente de Tonalá, es la justificación del gobernador Alfaro para establecer la prioridad de un gasto social absolutamente necesario en estos tiempos pandémicos, como también es necesaria la construcción del museo universitario.
El Museo de Ciencias Ambientales se sitúa en el Centro Cultural Universitario que poco tiene de cultural, pero mucho de negocio inmobiliario, pues es inadmisible que dentro de este macroproyecto se incluyan edificios residenciales de lujo, locales comerciales y otros espacios nada culturales, aunque sí muy rentables para los intereses económicos del actual grupo que desde hace más de 30 años detenta el poder caciquil de la UdeG.
Las autoridades universitarias arguyen que la disposición gubernamental de no otorgarles tal cantidad de dinero para el museo atenta contra la autonomía universitaria, lo cual consideramos falso, pues dicha disposición no tiene nada que ver con lo que presupone la autonomía en cuanto la libertad de cátedra o de establecer las políticas educativas de manera independiente.
Es muy cierto que el presupuesto universitario se ha mermado en los últimos cinco años. Pero un incremento debe destinarse a las tareas sustantivas universitarias, tales como la docencia, la investigación y la difusión de la cultura.
El 19 de agosto en Huentitán hubo un desa-lojo violento de jóvenes de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) por parte de la Fiscalía estatal en el llamado “Parque Resistencia”, terrenos de presunta propiedad del desarrollo de ICONIA, un megaproyecto inmobiliario en condiciones de ilegalidad dentro del cual hay intereses económicos de altos funcionarios del actual gobierno de Jalisco y del municipio de Guadalajara. La FEU es un brazo político corporativo del grupo de poder universitario y responde totalmente a sus intereses.
La UdeG no ha respondido cabalmente a los intereses educacionales de la mayoría ciudadana jalisciense; sigue habiendo decenas de miles de jóvenes rechazados como aspirantes a ingresar a esta institución, derivado de una política neoliberal de una perversa exclusión social que atenta directamente contra los preceptos constitucionales de la educación pública.
Consideramos que el manejo discrecional del presupuesto universitario y de una orientación indebida e ilegítima de la institución con fines políticos, para tener mayor presencia en las esferas del poder local y nacional, hace necesaria una verdadera auditoría de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre la administración central de la UdeG.
Y urge reorientar a la institución educativa para que cumpla adecuadamente con las tareas sustantivas, por lo cual, para cumplir con tal propósito es imprescindible que la comunidad universitaria pugne por la transformación de fondo de esta Casa de Estudios a partir de un Congreso General Universitario Democrático, una de cuyas tareas sería elaborar una nueva ley orgánica universitaria y realizar una profunda reforma universitaria democrática para la superación académica para beneficio de toda la comunidad universitaria y del pueblo jalisciense. (Carta resumida por razones de espacio.)
Atentamente,
Román Munguía Huato
