Tras la detención del empresario Fidel Kuri Grajales, acusado por el dueño de TV Azteca de un presunto fraude por 139 mil 200 millones de pesos, el abogado Zwinglio Morice dice que su cliente fue detenido mediante acusaciones inventadas por un préstamo que el demandante ya cobró. Afirma que se trata de una confabulación en la que participan las procuradurías de la CDMX, del Edomex y la General de la República que, sostiene, están al servicio de Ricardo Salinas Pliego. Asegura que el magnate declaró esa deuda como pérdida fiscal para evadir el pago de impuestos.
Desde el martes 21 el polémico empresario y político Fidel Kuri Grajales se encuentra en prisión preventiva en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito en Almoloya de Juárez por su presunta participación en el delito de fraude.
El denunciante del antiguo propietario de los desafiliados Tiburones Rojos de Veracruz, Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, enfrenta señalamientos por supuestamente haber urdido un plan para evadir impuestos, aprovechándose del préstamo por 139 millones 200 mil pesos que una de sus empresas –Arrendadora Internacional Azteca, SA de CV (AIA)– le otorgó a Kuri Grajales en 2019.
Y es precisamente esto la causa de la disputa legal que derivó en la detención y posterior prisión preventiva del empresario veracruzano.
El abogado de Kuri Grajales, Zwinglio Morice, dice a Proceso que Salinas Pliego declaró esta deuda como pérdida fiscal a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCyP), monto que le permitió a su cliente pagar a la Federación Mexicana de Futbol la penalización para mantener la franquicia de Tiburones Rojos en la máxima categoría, al tiempo que el propietario de Grupo Salinas cobró ese crédito con la garantía prendaria.
“Además de que es una deuda que ya cobraron, están defraudando al fisco porque la declararon como pérdida fiscal a la Secretaría de Hacienda para evadir impuestos: ‘Fidel Kuri Grajales no nos pagó el préstamo, por lo cual tenemos una pérdida fiscal’ -dijeron–. Están defraudando al fisco”, insiste Morice.
A este conflicto se suma el embargo de la marca Tiburones Rojos de Veracruz, con fecha 13 de noviembre de 2020, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil (expediente 232/20) que AIA promovió en contra de Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, AC, sobre toda clase de propiedad industrial e intelectual registrada a nombre de la moral demandada, hasta por un monto de 139 millones 200 mil pesos, en relación con toda clase de marcas, patentes y derechos de autor registrados a su nombre.
“Grupo Salinas embargó la marca que le pertenece a Kuri Grajales. Entonces no hay elementos para el fraude penal. Embargó por 139 millones 200 mil pesos una marca que vale 45 millones de dólares, lo que cuesta una franquicia de la Liga Mx”, puntualiza Morice.
De acuerdo con la carpeta de investigación, el 20 de mayo de 2019 la AIA celebró un contrato de préstamo por 139 millones 200 mil pesos con garantía prendaria con la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, AC, representada por Kuri Grajales.
Como respaldo prendario quedaron los derechos federativos de cuatro jugadores del Veracruz, entre ellos el portero Sebastián Jurado Roca y Diego El Puma Chávez Collins, transferidos a los equipos Cruz Azul y Necaxa, respectivamente a cambio de 10.5 millones de dólares y 1.5 millones de dólares, en ese orden.
Morice señala que con estos recursos la empresa de Ricardo Salinas se cobró la deuda adquirida por su representado; “la cantidad excede en demasía el monto que fue prestado a Kuri Grajales”, dice.
Las transferencias
En marzo de 2020, Proceso entrevistó a Guillermo Billy Álvarez, entonces presidente del Club Cruz Azul y director general de la Cooperativa La Cruz Azul, quien ofreció pormenores de la contratación del portero sensación de los Tiburones Rojos, Sebastián Jurado.
Según Billy Álvarez, hoy prófugo de la justicia, la cooperativa pactó un porcentaje de pago con Monarcas Morelia (actualmente Mazatlán FC, también propiedad de Salinas Pliego), “que reclamó 30% de los derechos federativos sobre el jugador”.
La transacción se cerró el 19 de diciembre de 2019, una semana después de la desafiliación de Tiburones Rojos. Pero, al parecer, el capital nunca llegó a las arcas de la empresa de Salinas Pliego.
En la elaboración de este convenio intervino el despacho Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes SC. El abogado de este bufete jurídico, Eugenio Macuzet, aclara que el contrato “no lo negociamos nosotros, y por ende no conozco los detalles de los términos, alcances ni destinos de nada. No niego que en ese y otros casos ayudamos a Cruz Azul a documentar las transferencias, pero en ningún caso negociamos los contratos”.
La detención de Fidel “N”, el lunes 20, se produjo horas después de que el portal Ríodoce difundió un contrato de publicidad entre el gobierno de Quirino Ordaz y Ricardo Salinas Pliego que pone en evidencia los favores de los gobiernos al multimillonario empresario.
Según la publicación, la Secretaría de Turismo de Sinaloa firmó un convenio de publicidad de 15 millones de pesos con el equipo Mazatlán FC para “acciones de promoción” en el estadio de futbol Kraken.
En la primera entrevista que concede luego de la aprehensión de su cliente, Zwinglio Morice se pregunta: “¿Dónde quedó el dinero que pagó el prófugo Billy Álvarez al Morelia, consistente en 10 millones y medio de dólares, por Sebastián Jurado?, ¿Dónde quedó el millón y medio de dólares que el Necaxa pagó por El Puma Chávez?, y ¿dónde quedó el dinero de los otros dos jugadores que vendió el Morelia? Dijeron que los vendieron como parte de la garantía del préstamo otorgado”.
“No hay deuda. Si la cifra asciende, será a nuestro favor: si vendiste en 11 millones y medio de dólares a mis jugadores y al momento del hecho te debía aproximadamente 4 millones 700 mil dólares, ¿Cuánto queda a mi favor?”, sostiene categórico Morice.
El miércoles 1 de septiembre, la Agencia Proceso (Apro) informó que, de acuerdo con la actualización de la lista de condonaciones fiscales, la organización Fundar documentó que en los últimos dos sexenios una de las empresas más beneficiadas en este rubro fue Grupo Salinas, al que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) le perdonó 6 mil 934 millones de pesos.
Acusación inventada
Para Morice, Kuri Grajales “es un preso político”. Asegura que la acción contra el empresario fue tramada por tres fiscalías: la general, la de la Ciudad de México y la del Estado de México, al amparo “del poder económico. Estas fiscalías están al servicio de un ser rapaz: Ricardo Salinas”.
“En el presente caso, tenemos que la Federación Mexicana de Futbol, en complicidad con Arrendadora Internacional Azteca, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estadio de México, se confabulan en actos de corrupción, actos ilícitos, para privar de la libertad y tratar de consumar el despojo y el robo que le hicieron a Fidel Kuri Grajales y a Promotora Deportiva del Valle de Orizaba”.
En primer lugar, expone, es una acusación totalmente inventada. Aquí estamos viendo cómo se está incumpliendo lo que prometió en campaña Andrés Manuel López Obrador. Uno de sus propósitos fue separar el poder económico del poder político.
“La acusación se basa en un contrato que tiene como su naturaleza y de manera expresa que tendrá que dirimirse en los juzgados civiles de la Ciudad de México, pero Arrendadora Internacional Azteca promueve dos juicios: uno ordinario, el 1460/ 2019, en un Tribunal Civil de la Ciudad de México, y uno ejecutivo mercantil, el 232/2020, en otro juzgado civil de la CDMX. Es decir, está sub judice, sin juzgar. Todavía es materia del pleito legal lo que reclama en el contrato de préstamo con garantía prendaria.”
Aunado a eso, dice, está acreditado plenamente que TV Azteca o Arrendadora Internacional Azteca, presentó documentos a la Federación Mexicana de Futbol para quedarse con las garantías prendarias, consistentes en los derechos federativos de cuatro futbolistas, entre los que destacan Sebastián Jurado Roca y Diego El Puma Chávez Collins. Tenemos documentado que por Jurado se pagaron 10 millones de dólares, y por Diego Chávez Collins, 1 millón y medio de dólares”.
Al abogado le parece “increíble” que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se haya prestado a integrar una carpeta de investigación “con base en mentiras, donde el apoderado legal que demanda civilmente a Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, representada por Fidel Kuri Grajales, exige el cumplimiento de un contrato de préstamo con garantía prendaria, y luego exige el cumplimiento del pago a través de un juicio ejecutivo mercantil. Ambos con el mismo origen, con la misma fuente del derecho, que es el contrato de referencia.
“Posteriormente pretende denunciar en diferentes estados de la República y la fiscalía de la Ciudad de México le toma la denuncia, manda a sus agentes a investigar domicilios del señor Fidel Kuri Grajales a Totalplay, empresa de Grupo Salinas; ellos aportan domicilios que tuvo el señor Fidel a lo largo de su vida. Pero nunca acuden al domicilio señalado en el contrato. Admiten y aportan un pasaporte de Fidel Kuri que venció hace siete años, y hacen valer que supuestamente no tiene arraigo y que no tienen la manera de localizarlo.”
Morice cuenta que en junio y agosto pasado se reunió con directivos de TV Azteca y que luego acudió a las oficinas de la televisora para alcanzar un acuerdo. “Se nos ofrecía un arreglo con la empresa de Grupo Salinas”.
El defensor no revela más detalles del fallido arreglo, pues dice que están en la etapa probatoria dentro del término constitucional.
“Si te aporto esos datos, estaría previniéndolos. Son pruebas contundentes que demuestran la inocencia de Fidel Kuri”, dice, y rechaza que como parte del arreglo hayan condicionado a su cliente el retiro de la demanda que mantiene contra la Federación Mexicana de Futbol y otros directivos. “Ellos propusieron otra cosa diferente. Vamos a reservarlo porque la aportaremos como prueba”.
Relata que la carpeta de investigación incluye un acta de asamblea de la Federación Mexicana de Futbol en la que se establece que “no hay riesgo de deuda, ya que Fidel Kuri Grajales, al 20 de mayo de 2019, no sólo cubrió la penalidad para el no descenso del Veracruz, sino que pagó más de 38 millones de pesos para liquidar todas las deudas que tenía el equipo, porque ese era uno de los requisitos para que continuara jugando. Además, el estatuto de la federación prohíbe que se inicie un torneo con deudas”.
Silencios y diatribas
El abogado Morice exhibe otro detalle: el 19 de septiembre pasado llegó la carpeta de investigación de la Fiscalía General de la Ciudad de México a la Fiscalía General del Estado de México “y el 21 de septiembre se libró la orden de aprehensión. Más inaudito resulta que Arrendadora Internacional Azteca haya presentado la misma denuncia por los mismos hechos, por el mismo delito, ante la Fiscalía General de la República, y que ésta haya solicitado imputación en contra del representante legal de la Promotora Deportiva del Valle de Orizaba, Fidel Kuri Grajales.
“Constitucionalmente no se puede cobrar primero deudas civiles con índole penal; tampoco se puede acusar por un mismo hecho con apariencia de delito en dos instancias diferentes. Es una prohibición constitucional”, dice.
Y hace un llamado al presidente López Obrador para que cumpla su palabra y “separe el poder económico del poder político; que las fiscalías dejen de ser empleados de los económicamente poderosos”.
Y agrega: “Fidel Kuri no sólo fue ilegalmente detenido, sino que es un preso político. Como su defensor, públicamente hago responsables de su integridad física a la Federación Mexicana de Futbol, a Yon de Luisa; a Emilio Azcárraga Jean (dueño del Grupo Televisa y del Club América), a Ricardo Salinas Pliego y al gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo. Los hago responsables de cualquier situación que le suceda a Fidel Kuri y a su familia”.
Para el abogado, las acciones contra su cliente son parte de una estrategia en respuesta a las querellas que Kuri Grajales mantiene contra la Federación Mexicana de Futbol, Yon de Luisa, Enrique Bonilla –extitular de la Liga Mx– y Alejandro Irarragorri, socio de Salinas Pliego en el club Atlas.
“Pretenden presionar de esa forma para evitar que se continúe en la tramitación de los expedientes, pero ellos mismos han aportado todas las pruebas a nuestro favor para obtener la libertad del señor y sacar adelante el tema de Tiburones Rojos. Llevan todas las de perder porque actuaron ilegalmente: alteraron actas de escrituras públicas, actuaron de forma ilegal, y no sólo tendrán que devolver la franquicia de Tiburones Rojos de Veracruz, sino el dinero que le corresponde al señor Kuri”, puntualiza.
Kuri Grajales, controvertido personaje rodeado con frecuencia de escándalos, fue aprehendido el lunes 20 en las instalaciones de la Fiscalía General de la Ciudad de México, en la colonia Doctores. Ahí fue citado por la funcionaria Elsa García “para entregarle la carpeta de la denuncia de AIA, a fin de que pudiera emprender su defensa en libertad por el delito de fraude y para que se presentara a audiencia el próximo 7 de octubre”, refiere.
La Audiencia de Continuación para desahogar testimoniales aportadas por la defensa del imputado, la Federación Mexicana de Futbol y representantes de la AIA se llevó a cabo el sábado 25.
Proceso buscó a la apoderada legal de la arrendadora, Angélica Janet Torres Lázaro, en sus dos áreas laborales de referencia. En la primera, el despacho Villasante&Freyman, en el que estaba asociada, dijeron que ya no trabaja ahí desde hace dos semanas: “Sólo se fue”. Y en la segunda, en el contacto de TV Azteca, aseguraron que el nombre de la abogada “no aparece en la base de datos”. También se intentó en el Área de Arrendatarios de la referida empresa, pero no hubo respuesta.
