La animosidad manifiesta del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia Samuel García Sepúlveda durante su campaña en pos de la gubernatura quedó atrás; a principios de julio se reunió con el regiomontano y se tomó una foto con él en Palacio Nacional, incluso lo ha defendido ante los embates del Instituto Nacional Electoral, que insiste en multarlo. Sin embargo, ahora que se acerca el 4 de octubre, fecha de la toma de posesión del emecista, el diputado local Waldo Fernández González sostiene que, más allá del respaldo que López Obrador le ha expresado últimamente a García, éste debe resolver sus pendientes de índole jurídica.
MONTERREY, NL.– Cuando Samuel García Sepúlveda era candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la gubernatura de Nuevo León el presidente Andrés Manuel López Obrador se mostró amenazante con él.
La Fiscalía General de la República (FGR) lo sometió a una investigación por delitos federales de los que se desconoce el desenlace; incluso le abrió un expediente a través de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada por lavado de dinero para financiar su campaña para la gubernatura (Proceso 2334).
El pleito inicial de García Sepúlveda con la Cuarta Transformación ha tomado un rumbo venturoso para él y el propósito inicial de judicializar su caso antes de que asuma el gobierno del estado el próximo 4 de octubre no prosperó.
Por lo que atañe al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), anuló la insólita multa de 55 millones de pesos que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) a MC por los videos que publicó en su cuenta de Instagram su esposa, la influencer Mariana Rodríguez, para apoyar su campaña.
En vez de la millonaria sanción, el partido recibió un castigo que parece pintoresco: Mariana debió haber cobrado por participar en un video promocional en el que ella y Samuel aparecen cantando con estrellas de la escena musical regiomontana.
Para Waldo Fernández González, diputado local por Morena, más allá de las probables implicaciones legales de esas exoneraciones a García Sepúlveda, la lectura política posterior a las campañas indica un evidente respaldo del presidente López Obrador a la causa del nuevoleonés; incluso lo ha defendido en sus conferencias mañaneras.
Advierte: es necesario que Samuel García aclare los señalamientos en su contra. Si bien ha evitado las declaraciones categóricas sobre su origen, que puede ser real o inventado, eso puede afectar la gobernabilidad.
Golpe y cariño
Durante el proceso electoral en Nuevo León era evidente la animosidad del presidente hacia García Sepúlveda, el senador con licencia que se había propuesto ser el gobernador más joven en la historia del estado. Y en ese camino el candidato arremetió contra el presidente López Obrador.
A principios de mayo pasado, por ejemplo, luego del accidente en la Línea 12 del Metro de la Ciudad de México, García dijo que López Obrador volteó a ver a Nuevo León; y para distraer la atención, acusó al candidato del PRI a la gubernatura, Adrián de la Garza, de usar una tarjeta de apoyo popular como tema electoral.
“Mi lectura es que se le vino encima el mundo a Andrés Manuel con el tema del Metro, porque estamos justo en la elección, Morena está cayendo y el tema del Metro afecta gravemente a sus dos delfines: (Marcelo) Ebrard y (Claudia) Sheinbaum. Yo estudié una vez en el doctorado qué es el arte de manipular la agenda pública. Andrés Manuel es muy bueno en eso”, señaló el
emecista.
El día 10 de ese mes, la FGR publicó un inusual boletín en el que señaló que investigaba a Adrián por uso de recursos oficiales, así como al propio García; a su padre, Samuel Orlando García Mascorro; a su esposa Mariana, y al padre de ella, Jorge Rodríguez, por uso de recursos de procedencia ilícita en la campaña. La acusación quedó sin efecto.
Tras ganar la elección, surgieron otros problemas que ensombrecieron el panorama del emecista e hicieron más discretos sus festejos. El INE, a través de su órgano fiscalizador, le presentó dos multas por asuntos constitutivos de delitos
electorales.
En uno decía que MC evadió la inclusión de gastos de campaña de hasta 27 millones de 800 mil pesos por servicios que le prestó su cónyuge Mariana Rodríguez Cantú, en calidad de influencer, a través de publicaciones en Instagram. La multa correspondía a 55 millones de pesos, el doble de la cantidad presuntamente evadida.
El otro asunto se relacionaba con un esquema de triangulación de recursos para fondear la campaña, a través de un esquema en el que fueron aportados 14 millones 26 mil pesos de manera indebida, para la promoción del abanderado emecista.
Según la acusación del INE, aportaron a la campaña Bertha Silvia Sepúlveda Andrade, madre de García, 11 millones 600 mil pesos; Silvia Catalina García Sepúlveda, hermana, 1 millón 586 mil 500, y Roberto Miguel García Sepúlveda, 840 mil.
El TEPJF pidió rehacer la investigación, el INE hizo diligencias adicionales y la multa fue confirmada.
La Unidad de Fiscalización del INE dijo que ninguna de estas personas tenía solvencia para contar con esos recursos, aunque MC alegó que todo ese dinero fue donado por Samuel García Mascorro, padre del candidato, a su esposa y a sus hijos, quienes dispusieron libremente del dinero para apoyar a su familiar, que buscaba la gubernatura.
En el otro caso, el 14 de septiembre el TEPJF anuló en definitiva la multa por 55 millones que había impuesto el INE por la intervención de la influencer. En su dictamen, los magistrados expusieron que en el expediente SUP-RAP-180/2021 y acumulados, las publicaciones de Mariana Rodríguez eran de índole personal, auténtica y espontánea en favor de su marido. Y concluyeron que esos contenidos no fueron una estrategia publicitaria ilegal y no debieron ser cobrados.
Sin embargo, sí dejó una multa por 119 mil 028 pesos al partido debido a que la influencer apareció en el video “Arráncate Nuevo León Rock”, junto con luminarias locales. Mariana debió ser retribuida con 60 mil pesos por su participación en el video, dijo el tribunal, y contabilizar ese dinero a los gastos de promoción.
En un video que publicó en sus cuentas de redes, Samuel se congratuló por la anulación de la “absurda multa” que les habían impuesto.
“Se cierra el capítulo electoral, se enmienda la plana al INE y ahora sí, a gobernar juntos por un nuevo Nuevo León”, dijo.
Pero no mencionó que aún quedaba por resolver la impugnación por la multa por 28 millones de pesos que le impuso el INE a MC por la alegada triangulación que hicieron los familiares del entonces candidato emecista para fondear su campaña.
Tampoco se ha pronunciado sobre la existencia del expediente que abrió la FGR por lavado de dinero y defraudación fiscal de hasta 40 millones de pesos con una red de empresas fantasmas, hechos en los que también están involucrados su esposa, padre y suegro, como lo publicó este semanario en su edición del 25 de julio pasado (Proceso 2334).
En el centro de esa indagatoria está el empleo de dos firmas ubicadas en Nuevo León, Grupo Renok y Zulamak, calificadas como EFOS (empresas facturadoras de operaciones simuladas) por el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda y anotadas en listas negras publicadas en 2015 y 2018.
De acuerdo con el expediente, al que Proceso tuvo acceso, ambas empresas han estado emitiendo comprobantes fiscales digitales por internet sin contar con activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparen esos comprobantes.
Otra denuncia penal contra el emecista por lavado duerme en los archivos de la FGR: en campaña, su contrincante priista Adrián de la Garza hizo una presentación espectacular el 20 de abril en el exterior de la delegación local de la dependencia federal, para explicar la denuncia que minutos antes presentó contra Samuel por lavado de dinero.
Según la acusación, el candidato y su papá Samuel Orlando habían adquirido dos departamentos y un penthouse de lujo en San Pedro, en 13 millones 500 mil pesos, cuando su valor comercial era de 45 millones. Esa transacción podía significar lavado, dijo el denunciante.
Ahí mismo reiteró que padre e hijo tenían aún relación con el capo tamaulipeco Gilberto García Mena, El June, primo hermano de Samuel Orlando, pues un empleado del despacho Firma Jurídica y Fiscal, propiedad de los dos, depositó 100 mil pesos a Blanca Esthela Garay Tovar, cuñada del capo del Cártel del Golfo, quien se encuentra detenido. Días antes Adrián había mostrado un video de 1996 en el que se ve a un pequeño Samuel con sus padres en una fiesta junto al mafioso.
Se desconoce si la FGR dio seguimiento a esas acusaciones
Los silencios de Samuel
El gobierno federal ya suavizó su inicial trato rijoso hacia García Sepúlveda. El 23 de julio, López Obrador incluso lo defendió, al abogar por Mariana Rodríguez: “Deben participar como todos, sin límites. Es de lo más normal que un simpatizante –más si se trata de la esposa –hable bien de su esposo. Si va a cobrar o no va a cobrar, es otra cosa. Yo veo más esto ‘politiquero’”.
Cinco días después volvió a interceder por Samuel ante acusaciones del INE: “Lo que yo opino es que se debe también tomar en cuenta al pueblo de Nuevo León que votó, que fue el día de la elección y ejerció su derecho a votar, y eso es importante. Esa es la esencia de la democracia”.
Durante su campaña, el emecista rechazó de manera permanente ser candidato de AMLO, como lo señalaba su contrincante del PRI. Durante la transición Samuel se reunió con el presidente. Se tomaron fotos juntos, con lo que parecen haber superado sus diferencias.
Para Fernández González, más allá del respaldo que López Obrador le ha expresado últimamente a García, éste debe resolver sus pendientes de índole jurídica
Waldo Fernández dice que, para legitimarse, el gobernador electo necesita hacer aclaraciones sobre estas condiciones legales, pues su bono democrático es reducido, ya que en los comicios hubo voto dividido entre cuatro candidatos, y no gozó de un apoyo masivo.
Recuerda el caso de Jaime Rodríguez, El Bronco, quien luego de llegar con una gran popularidad, mantuvo el estado en condición permanente de ingobernabilidad durante el sexenio, pues los primeros tres años estaba con el rumor de su salida a su campaña presidencial, y los otros tres en medio de polémica para desaforarlo y quitarlo del puesto
“El hecho de que tengas un gobernador con problemas legales, si es que existen, tampoco le da certidumbre al pueblo de Nuevo León, que no se merece la posibilidad de otro gobierno que esté emproblemado. Habrá que ver la resolución del TEPJF, para que puedan resolverse estas cuestiones de fondo antes de que llegue al gobierno”, considera.
Sería saludable para la democracia y para el ejercicio de poder que García informara de las acusaciones que se le imputan a él y a sus allegados, dice Fernández.
Lo deseable, abunda, es que antes de asumir el cargo se resuelvan esos asuntos de fondo y que Samuel de información pública sobre lo que pasó.
“Esperemos que aclare estos hechos ahora que no es tan importante el tema, y lo evite después, porque el poder desgasta y en octubre tendrá que enfrentarse al bono magisterial y al tema de seguridad, entre otros problemas inmediatos. Esperamos que este asunto no lo alcance y se convierta en cuestión de ingobernabilidad, porque Nuevo León no se merece esto.”
El miércoles 22 la Sala Superior del TEPJF confirmó la sanción de 28 millones de pesos a García por la aportación indebida de sus familiares a la campaña.
Sin embargo, los magistrados se mostraron extrañados debido a que el INE no señaló, en lo particular, la participación que el candidato tuvo en ese esquema en el que los recursos que llegaron habían salido de tres empresas del padre del candidato: Firma Jurídica Fiscal de Abogados SC, Firma Contable y Fiscal Contadores Financieros SC, y Saga Tierras y Bienes Inmuebles SA de CV.
Por ello le pidieron al órgano electoral que se pronunciara sobre la relación de García con este esquema de triangulación del respaldo de los familiares a su causa.
