Señor director:
Le saludamos cordialmente desde el Consejo Directivo Colegiado del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt (Siintracátedras). Le solicitamos amablemente nos conceda el derecho de réplica en torno a la columna “Conacyt, el nuevo reto”, del doctor Ernesto Villanueva, publicada en la edición impresa de la revista el 12 de septiembre de 2021.
Queremos comenzar la presente réplica haciendo notar que el tono y la forma en el que el doctor Villanueva ha hecho sus comentarios sobre el proyecto de defensa colectiva de derechos humanos laborales, que hemos emprendido, no es diferente del adoptado por el propio Conacyt en sus comunicados públicos, toda vez que nos señala como un grupo sindical reducido, irresponsable, privilegiado y cuyas solicitudes financieras son excesivas e ilegales.
Consideramos que tanto el Conacyt como el doctor Villanueva han construido sus argumentos contra nuestras demandas a partir de una narrativa de confrontación y de descalificación que en nada abona a la búsqueda de diálogo y, mucho menos, a la libertad sindical.
Manteniendo el ánimo constructivo que caracteriza nuestro actuar, queremos hacer las siguientes precisiones:
El doctor Villanueva señala que el Siintracátedras sólo está constituido por 43 personas, y menciona el actual registro de la asociación sindical ante la Secretaría del Trabajo. Al respecto aclaramos que nuestro sindicato agremia a 308 personas y se encuentra en proceso de actualización del padrón ante las instancias respectivas. No somos un grupo reducido de personas y nos encontramos en constante crecimiento en materia de afiliación.
En cuanto a las demandas del Contrato Colectivo de Trabajo presentado al Conacyt, a las cuales hace alusión el doctor Villanueva, es importante mencionar que la propuesta ha estado acompañada siempre de una voluntad de negociación sobre cada una de sus cláusulas. Desde el inicio de las negociaciones se ha dicho de manera muy clara a los representantes del Consejo que todas las propuestas de carácter económico que no formen parte de prestaciones garantizadas en nuestros contratos individuales, son negociables y no representan el punto central de nuestra lucha colectiva.
En lo que respecta al fondo de ahorro y el estímulo mensual al proyecto, mencionados por el doctor Villanueva, es importante aclarar que estas prestaciones ya están reconocidas por el propio Conacyt en nuestros contratos individuales, de modo que no se trata de cargos adicionales para el presupuesto federal. Nuestra demanda principal es la defensa de nuestro derecho a la estabilidad laboral, no el aumento de prestaciones o salarios.
Si bien hemos planteado un estímulo quinquenal en casos de evaluaciones altamente satisfactorias (no mensual, como erróneamente lo señala el columnista), es importante señalar que esta propuesta busca dar un giro a la perspectiva punitivista de las evaluaciones a las que somos sometidos anual y trianualmente, propiciando la calidad vía el estímulo y no de la afectación del derecho a la estabilidad en nuestros trabajos.
Desde el inicio del programa, pero especialmente desde el comienzo de la actual administración, los despidos por motivos de evaluaciones no satisfactorias (que se basan en las opiniones de las instituciones receptoras y son elaboradas en múltiples ocasiones por personal que posee conflicto de intereses y ejerce abuso de poder contra las cátedras) han aumentado en más de 600%, amenazando constantemente la estabilidad laboral de los catedráticos que conformamos el programa.
Quienes integramos este sindicato no estamos contra las evaluaciones, pero sí de que sean utilizadas como un método punitivo que sirve al desmantelamiento de nuestros derechos laborales. Las evaluaciones deben ser armónicas con la protección de los derechos laborales y procurar la mejora cualitativa y sustantiva de la ciencia. Para que esto suceda deberían ser orientativas, reducir su margen de arbitrariedad, incorporar una perspectiva de género y considerar las desigualdades con las que se hace ciencia en el país.
El doctor Villanueva hace una sobredimensión tendenciosa con relación en nuestras expectativas salariales, cuando afirma que las demandas salariales que sostenemos son más altas que las de un profesor de tiempo completo titular C de la UNAM ($32 mil pesos mensuales), e, incluso, aún más de lo que devenga un investigador titular C de Centro Público de Investigación ($42 mil pesos netos).
Lo que el doctor Villanueva no menciona es que: 1) El salario bruto de las cátedras es de 30 mil 676 pesos y no ha aumentado desde 2014, sufriendo cada año una pérdida constante respecto de la inflación; 2) Gran parte de nuestros colegas con plaza en las universidades y centros públicos de investigación gozan del derecho al aumento salarial, los estímulos por productividad, el ascenso en el escalafón académico y la defensa colectiva de sus derechos laborales; 3) Las cátedras recibimos un estímulo mensual para el desarrollo de nuestro proyecto de investigación que reemplaza el acceso a los recursos para hacer ciencia en las instituciones a las que somos comisionados.
Este estímulo es invertido en compra de reactivos, materiales de laboratorio, pago para publicaciones internacionales, trabajo de campo, participación en congresos y todas las actividades sustanciales para sostener la exigencia de productividad a la que somos sometidos. No se trata pues de un sobresueldo ni de una exigencia adicional.
Parece que, con sus palabras, el doctor Villanueva admite una clasificación entre investigadores de primera y de segunda clase, al reiterar que nuestra comunidad no tiene los mismos derechos de los que sí gozan nuestros colegas con plaza en las universidades y los CPI.
Nos parece un argumento por demás regresivo que señale que, al firmar el contrato individual de ingreso al programa, las cátedras no tengamos derecho a proponer cambios en nuestras condiciones de trabajo, especialmente cuando éstas han detonado despidos injustificados y afectación a derechos fundamentales.
Cuando el doctor Villanueva afirma que una huelga en nuestro sector afectaría de manera negativa a las cátedras y al sector de ciencia, olvida que la huelga es un derecho y una corresponsabilidad. De modo que la posibilidad de conjurarlo no sólo está del lado de quien hace la demanda de derechos, sino también de quien insiste en negarlos.
Nuestras demandas de estabilidad laboral para una ciencia con pertinencia social se posicionan más allá de un eje pro o anti AMLO. Nos negamos a simplificar de este modo nuestra lucha, al mismo tiempo que sostenemos que ningún gobierno democrático puede ser construido sin la garantía de los derechos humanos laborales.
Rechazamos tajantemente la posición del doctor Villanueva, que pretende encasillarnos como enemigos del gobierno, y le invitamos a una reflexión más crítica de la situación laboral que se vive en estos momentos en el sector HCTI.
El Siintracátedras se suma a la exigencia de justicia laboral para todos los trabajadores de la ciencia, pero también para las nuevas generaciones que, pese a su potencial traducido en proyectos doctorales exitosos, no han podido incorporarse al mercado laboral debido a la persistencia de un modelo neoliberal regresivo en derechos humanos fundamentales como el trabajo.
Atentamente,
Consejo directivo colegiado del Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores de Investigación de Cátedras Conacyt
Respuesta de Ernesto Villanueva
Señor director:
Doy puntual respuesta a los datos y juicios que me imputa el sindicato.
1.- Dice que tiene 308 agremiados. Es su dicho y seguramente puede ser cierto, si se les da el voto de confianza. Lo cierto, empero, es que en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) sólo aparecen registrados 43. En ningún momento he señalado que sus pretensiones sean ilegales. El hecho es que sus demandas forman parte del Contrato Colectivo presentado ante la JFCA. El impedimento legal, en todo caso, se encuentra en el Conacyt y en la Presidencia de la República de la que depende directamente, que no pueden satisfacerlas sin violar la ley.
2.- El sindicato señala que es incorrecto que requiera un aumento salarial, sino sólo un aumento quinquenal por únicamente un mes. Esta interpretación debería precisarla por escrito en su propuesta de contrato colectivo. La cláusula 46 del Contrato Colectivo de Trabajo presentado por el Siintracátedras ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, dispone textualmente: “Cuando la cátedra tenga una evaluación quinquenal satisfactoria (ojo: no “altamente satisfactoria”, como dice aquí el sindicato) recibirá un estímulo al desempeño por la cantidad de $40,000 (cuarenta mil pesos 00/100 MN) un mes después de recibir el resultado”. Se entiende que esa mejora salarial no es por un mes o dos, sino de manera permanente. El vocablo “quinquenio”, según el diccionario de la Real Academia Española, significa: “Incremento económico de un sueldo o salario correspondiente a cada cinco años de servicio activo”. Recuérdese, como lo apunta el sindicato, que sus agremiados ya cuentan con esa antigüedad, pues las cátedras se crearon desde 2014. La interpretación que hice es la generalmente aceptada. El quinquenio existe en áreas del sector público, pero se trata de incrementos de 5% del sueldo en promedio. En ningún caso más de 100% cada cinco años, como proponía el sindicato, antes de su aclaración interpretativa.
3.- El sindicato no señala que busca que el estímulo mensual de 30 mil pesos que perciben sus agremiados y todos se integre al sueldo para que los 61 mil pesos que percibe sean considerados como parte del salario.
Este hecho, que en principio parecería plausible, en realidad lo es menos porque generaría una presión enorme al erario para efectos de jubilación, toda vez que se trata de varios miles de académic@s, tanto de las cátedras como de las instituciones públicas de educación superior y ello tendría un efecto paradójico en perjuicio de lo que ahora existe, pues implicaría un rediseño integral del Presupuesto de Egresos de la Federación.
No es por falta de ganas, sino por ausencia de condiciones. El STUNAM, un sindicato combativo, publicó a propósito del tema un desplegado en Proceso en la misma edición donde apareció mi texto, cuyo título es ilustrativo: “En defensa del presupuesto destinado a la educación”.
4.- Como parte de su narrativa para victimizarse, el sindicato habla de que busca la estabilidad laboral. Y esa prestación ya la tienen los titulares de las cátedras, pues ahora se firman contratos indeterminados, no sujetos ni al tiempo de comisión en las instituciones receptoras ni a los proyectos de investigación. Se utiliza la frase efectista de que se ha aumentado el despido no justificado en más de ¡600%!, pero esa expresión carece de la mínima evidencia de su dicho.
5.- En las instituciones de educación superior la regla es que la evaluación se haga por pares académicos por méritos y sin intervención alguna de la representación sindical. Ese mecanismo se encuentra en las legislaciones internas de dichas instituciones. Ver, a vías de ejemplo, el capítulo II del Estatuto de Personal Académico de la UNAM, especialmente el artículo 14 y el capítulo A de las Bases para la clasificación, promoción y otorgamiento de estímulos al personal académico del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (Cinvestav), especialmente los artículos A1 y A2, donde se validan mis asertos.
Y en el caso de las cátedras solamente tienen el carácter de rescisión cuando se incumple el objeto de la contratación, causal prevista en el artículo 47, fracción XI, de la Ley Federal del Trabajo.
6.- Por el señalamiento que me hace el sindicato, de que observo investigadores de primera y segunda, en realidad quien lo hace es el propio sindicato, pues lo que señalé es que debe prevalecer lo previsto en el artículo 123, apartado B, inciso V de la Constitución sobre salario igual a trabajo igual, que rechaza el propio sindicato en su proyecto de contrato colectivo para ubicarse en una esfera de superioridad moral con relación en quienes laboran en las demás instituciones de educación superior.
7. El sindicato sostiene que hice una “sobredimensión tendenciosa” (sic) al comparar sus ingresos deseables con los existentes en la UNAM y los centros públicos de investigación, pero no me objeta que busca un incremento sustancialmente mayor a los habidos en este momento en la UNAM y que no cambiarán en los próximos años en forma significativa. En la UNAM, además del doctorado como punto de partida, se requiere tiempo en pasar de un sitio del escalafón a otro (por lo menos 10 años) para llegar a titular C y acreditar haber dirigido tesis doctorales.
8.- Al hacer una revisión de las principales economías de América Latina, por cuanto al ingreso mensual neto percibido por académicos con grado de doctor, titulares de tiempo completo en universidades públicas, encontré (sumando información de bases de datos disponibles con la que me fue proporcionada por colegas de esos países para precisar los ingresos netos que varían de un país a otro), lo siguiente: Argentina, profesor titular con 10 años de antigüedad (Universidad de Buenos Aires) 96 mil 300 pesos argentinos netos igual a 19 mil 450 pesos mexicanos. En Brasil, un profesor de tiempo completo de la Universidad de San Pablo con antigüedad entre dos y cinco años tiene un ingreso neto de 8 mil 300 reales, lo que equivale a 31 mil 553 pesos mexicanos.
En síntesis, en las tres principales economías de América Latina los sueldos no son precisamente los más deseables, pero es lo que existe y no veo que haya cambios sustanciales de un año para otro.
Atentamente,
Ernesto Villanueva
