Los proyectos de ocho prisiones para reos federales entregados a ocho consorcios privados durante el gobierno de Felipe Calderón encierran todo un entramado de delitos que la Fiscalía General de la República investiga contra un grupo de 20 personas, entre funcionarios y exfuncionarios del propio Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta de la 4T, de acuerdo con la indagatoria del caso, a la cual este semanario tuvo acceso. Uno de los principales objetivos de la fiscalía es Sergio Montaño Fernández, exoficial mayor de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna.
La acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) prepara contra Sergio Montaño Fernández, uno de los colaboradores más cercanos a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública federal, por la adjudicación directa de ocho contratos para la construcción y operación de cárceles federales privadas, revela que el exservidor público operó en un contexto de conflicto de interés por su relación con la empresa consultora que elaboró el proyecto.
De acuerdo con la carpeta de investigación, Montaño Fernández, en su calidad de Oficial Mayor de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal, cargo que ocupó entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012, utilizó un estudio realizado por la consultora McBains Cooper para impulsar y justificar los contratos de prestación de servicios (CPS) que se firmaron durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón para la construcción y operación de ocho centros penitenciarios.
Tras apoyarse en McBains Cooper para cabildear el proyecto entre 2008 y diciembre de 2010, dentro del propio gobierno y con la iniciativa privada, Sergio Montaño se convirtió en el director general de McBains Cooper México, el 13 de octubre de 2014, por lo que en la denuncia anónima que dio origen a la indagatoria se presume la existencia de un conflicto de interés que se deriva de esa relación laboral, pese a que ésta se dio posterior a su desempeño como servidor público.
Montaño Fernández es parte de un grupo de 20 funcionarios y exfuncionarios que fueron citados por la FGR ante un juez de control para ser imputados por un presunto daño a las arcas públicas por 62 mil 840 millones de pesos, derivado de la firma con sobreprecios de los contratos adjudicados por la extinta SSP a la iniciativa privada, con el fin de construir y operar ocho centros carcelarios de mediana y alta seguridad, para ser habitados por reos federales.
La audiencia de imputación en la que se iban a exponer los datos de prueba que existen contra Montaño fue aplazada por el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, Ganther Alejandro Villar Ceballos, hasta el 18 de octubre próximo, debido a que así lo solicitaron tanto la Fiscalía General de la República como algunos defensores de los imputados.
De acuerdo con la causa penal, cuatro de los 20 involucrados en este caso van a ser imputados por asociación delictuosa y ejercicio indebido de atribuciones y facultades, incluyendo a Sergio Montaño; mientras que el resto de los indiciados sólo serán acusados del segundo delito.
Una revisión del expediente indica que el exoficial Mayor de la FGR y otros exservidores públicos son quienes autorizaron y firmaron los contratos respectivos, mientras que el resto de los indiciados son acusados de firmar convenios modificatorios, en algunos casos, para justificar retrasos en la entrega de las cárceles federales, y en otras situaciones para autorizar la entrega de recursos adicionales para los consorcios constructores, por problemas como inundaciones y cuestiones de seguridad por presuntas extorsiones del crimen organizado durante las obras de edificación de los centros carcelarios.
Existen otros convenios modificatorios en los cuales se ajustan cambios de denominaciones o en la entrega de alimentos, uniformes y enseres menores que también fueron incluidos en la persecución penal por parte de la FGR.
La indagatoria por presunta corrupción a la que Proceso tuvo acceso consta, hasta el momento, de siete tomos y casi un centenar de anexos en los cuales se incluyen todos los contratos y convenios modificatorios que se han firmado por parte de las autoridades y los consorcios involucrados, así como registros públicos de las empresas beneficiarias de los Contratos de Prestación de Servicios (CPS) y de las empresas que fueron subcontratadas para las obras, operación y mantenimiento de los centros penitenciarios financiados por la iniciativa privada.
El papel de McBains Cooper
En la denuncia anónima que dio pie a la indagatoria la FGR explica los procesos que utilizó Montaño para justificar los contratos de prestación de servicios adjudicados de manera directa a ocho consorcios privados por 199 mil 476 millones de pesos durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón, costo que en 2020 se incrementó a 212 mil 258 millones de pesos por la actualización mensual que se debe realizar por concepto de inflación, de acuerdo con los contratos.
En la carpeta de investigación se adjunta una presentación en formato PowerPoint que Sergio Montaño Fernández, ya en su calidad de director general de McBain Cooper, expuso ante inversionistas de Perú en noviembre de 2014 y en la cual el exservidor público revela los detalles de la alianza que formó con la consultora inglesa para cabildear y concretar el proyecto de Genaro García Luna para la privatización de las cárceles.
La denuncia inicial sobre el caso de los penales federales advierte que la presentación es clave para entender la intervención de McBains Cooper en todo el proyecto, ya que en ese documento se afirma que la consultora inglesa participó desde el inicio del proyecto hasta su conclusión, incluyendo el cálculo de los espacios requeridos por cada centro penitenciario.
Según la citada presentación, de la cual este semanario también tiene copia, la consultora inglesa determinó la capacidad de cada uno de los penales, así como de cada módulo al interior de las cárceles federales, calculando el número de internos procesados y sentenciados.
En total se proyectaron 20 mil espacios para reos, pese a que la reforma en materia de justicia penal, para el uso en México del Sistema de Justicia Oral Adversarial, que se aprobó en 2008 con entrada en vigor de manera escalonada a partir del 1 de enero de 2009, tenía el propósito totalmente opuesto a la previsión de más cárceles: la disminución de la prisión preventiva contra las personas y la descompresión de las prisiones mexicanas.
Además, McBains Cooper “intervino en la determinación de las condiciones que debían cumplir los terrenos donde estarían construidas las cárceles, así como en la estructuración del programa arquitectónico de los mismos; calcularon los costos de construcción de operación y mantenimiento; (y) establecieron los estándares de calidad y desempeño requeridos a las empresas seleccionadas previamente para ser beneficiadas por los contratos”.
Una vez que comenzó el proceso de adjudicación directa, la consultora –de la cual Sergio Montaño se convirtió en directivo– también participó en la evaluación de las propuestas presentadas por los interesados y en la estructuración de los contratos y la elaboración de anexos técnicos, es decir, que McBains intervinó en todo el proceso de la mano del excolaborador de García Luna.
Derivado de lo anterior, la imputación que la Fiscalía General de la República pretende presentar contra Sergio Montaño Fernández enfatiza que el exfuncionario “fungía como oficial Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública, encargo público que inició el 6 de diciembre de 2006 y concluyó el 30 de noviembre de 2012.
“Y para noviembre de 2014 dicha persona ya representaba a la empresa de consultoría McBains Cooper en México, como managing director”, actuación que para la FGR se tradujo “en contratos opacos y altos costos de operación, contrario al objetivo argumentado para su contratación”.
Estos contratos consideraban una inversión inicial de 32 mil millones de pesos, es decir, 4 mil millones de pesos por cada prisión, “bajo el esquema de contratos de prestación de servicios (CPS) otorgados por adjudicación directa para la construcción, equipamiento y operación de los centros con vigencia hasta el año 2032.
“Los contratos son a 22 años, la construcción y equipamiento se realizaría en los dos primeros años, y los 20 restantes estaban considerados para la operación y prestación de servicios”, señala la denuncia.
Sin embargo, estos montos no incluían el costo en seguridad y el pago de nóminas de los custodios, ya que ambos rubros son responsabilidad del Estado.
La indagatoria no abunda en la participación e intervención del entonces subsecretario del Sistema Penitenciario, José Patricio Patiño, quien calculaba que mediante el esquema de los CPS el gasto del gobierno federal por cada interno bajaría de 690 a 230 pesos, beneficio que al final no se tradujo en ahorros, derivado de que el número de personas internas fue disminuyendo como consecuencia de las reformas en materia penal y de derechos humanos que redujeron el uso de la prisión preventiva para sólo ocho delitos considerados de alto impacto, como el homicidio doloso, delincuencia organizada y trata de personas.
Cabildeo empresarial
El proyecto para aprobar los CPS, según lo reconocen McBains Cooper y Sergio Montaño en la exposición que presentaron ante inversionistas de Perú, comenzó con el cabildeo de la consultora y los funcionarios responsables del proyecto ante el entonces presidente de la República Felipe Calderón y el secretario de Hacienda y Crédito Público Ernesto Cordero, dependencia que en febrero de 2010 otorgó una primera autorización para avanzar en el proyecto mediante un oficio emitido por la Unidad de Inversiones.
“Ante lo innovador del sistema en el sector se requirieron acciones tales como: 1) Presentación del Sistema y sus ventajas ante la oficina de la Presidencia de la República para su aprobación, ocupada por el licenciado Felipe Calderón Hinojosa 2) Cabildeo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados (para) la autorización del presupuesto plurianual.”
Además, la propia consultora, en conjunto con mandos de la propia Secretaría de Seguridad Pública federal, que entonces dirigía Genaro García Luna, participaron en el proceso para el “acercamiento con las empresas para hacer notar los beneficios y rendimientos de sus inversiones”, así como en la contratación de despachos para asesorar a la SSP en los aspectos financieros, técnicos y legales del proyecto.
Incluso, McBains Cooper revela que, a petición de la extinta SSP, se establecieron una serie de requerimientos “que dificultaron la participación de empresas extranjeras de la convocatoria” y que se permitió a las empresas participantes, algunas sin experiencia en el ramo, la subcontratación de servicios, lo que a juicio de la indagatoria rompió con el argumento de que las adjudicaciones directas estaban justificadas por tratarse de un tema de seguridad nacional.
“Sin embargo, la puesta en riesgo de la seguridad pública, que se tomó como excusa para la adjudicación directa de contratos, quedó desvanecida en el ejercicio mismo de los permisos de la subcontratación de otras empresas, pues naturalmente a estas debía dotárseles de la información necesaria para la construcción y administración de los servicios de los centros penitenciarios y, por ello, la reserva de la confidencialidad del proyecto quedaba expuesta”, señala la carpeta.
La indagatoria también enfatiza que al momento de la firma de los primeros siete contratos en diciembre de 2010 y de la firma del octavo en marzo de 2011 “no existía ninguna disposición legal expresa que permitiera fundamentar la participación del sector privado en servicios para el funcionamiento y operación de los Centros Federales de Readaptación Social”, observación que es parte de las irregularidades que la Auditoría Superior de la Federación ha señalado en la adjudicación, contratación, construcción y operación de los llamados CPS.
Señalados
Pese a que la lista de imputados por el caso de los penales federales implica a 28 funcionarios y exfuncionarios de los gobiernos de Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto y hasta del actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador, en la indagatoria se reconoce que solamente cuatro exfuncionarios autorizaron la adjudicación y firma de los ocho contratos otorgados a la iniciativa privada.
Se trata del exoficial Mayor de la extinta SSP de enero de 2007 a diciembre de 2012, Sergio Montaño Fernández; así como de sus entonces subordinados Arturo Sosa Viderique, director general de Administración entre 2011-2012; Antonio Romero y Zertuche, director general de Administración en el mismo periodo (2011-2012), y Marco Antonio Villareal Gutiérrez, director de Adquisiciones de la desaparecida SSP en 2011.
Al resto se les pretende imputar la firma de convenios modificatorios entre 2012 y 2019, por lo que se incluye a los tres últimos coordinadores de penales federales, el general Sergio Alberto Martínez Castuera, quien se encuentra actualmente en funciones, y a sus antecesores en el cargo, el también general Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra, absuelta de manera definitiva en el proceso penal que se le siguió por la evasión de Joaquín El Chapo Guzmán del penal federal del Altiplano.
Además, se incluyen a todos los que hayan ocupado el cargo de director general de Administración en el Órgano Administrativo Desconcentrado en Prevención y Readaptación Social (OADPRS) de 2010 a la fecha, y a todos los que hayan fungido como director de Adquisiciones de ese mismo organismo.
De acuerdo con la revista Contralínea, la indagatoria que en junio último sólo contemplaba a exmandos policiales y penitenciarios, en octubre de 2020 también incluía al expresidente Felipe Calderón y su ex secretario de Hacienda Ernesto Cordero, pero en la audiencia inicial sobre el caso que se aplazó para el próximo 18 de octubre, Calderón y Cordero no estaban implicados para ser imputados de manera formal.
Por lo que se refiere al exsecretario de Seguridad Pública Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por lavado de dinero y narcotráfico, se tiene conocimiento de que ya existe una orden de aprehensión en su contra por administración fraudulenta, fraude genérico y ejercicio ilícito del servicio público.
Hasta el momento, a la FGR le hace falta avanzar en la integración de datos a la carpeta de investigación sobre los beneficios personales que los exfuncionarios obtuvieron por dichos proyectos, actos de corrupción que han sido señalados por el presidente López Obrador en sus conferencias mañaneras.
