Si bien el itinerario de los migrantes siempre es accidentado, en el caso de la avalancha de haitianos en el sur de Chiapas llegó a su límite. Llevan semanas resistiendo la intimidación de las autoridades migratorias, los embates de la Guardia Nacional y el rechazo de los lugareños. Arrancados de su territorio por la violencia y los fenómenos naturales, ellos y sus compañeros de ruta de otros países de la región –e incluso de África– luchan por su sobrevivencia. Están solos y hoy viven en un infierno llamado Tapachula.
TAPACHULA, CHIS.- Hacinados en cuartuchos o vecindarios por los que pagan sumas estratosféricas, estigmatizados por su condición de inmigrantes y presas de la incertidumbre, entre 40 mil y 50 mil haitianos, centroamericanos, sudamericanos y otros procedentes de países africanos deambulan por las calles de esta ciudad fronteriza.
Sumados a los 353 mil tapachultecos, estos inmigrantes sobreviven en la precariedad. Muchos están a punto de colapsar, cansados de esperar. Los agobian la discriminación y xenofobia de las autoridades, pero sobre todo el rechazo de la población local.
Los haitianos –mayoría en esta ocasión– recurren a todo para hacer más llevaderos sus días inciertos. Muchos venden comida, aguas frescas y refrescos embotellados, que trasladan en carretillas; otros ofrecen sus servicios en plena vía pública, como coser y reparar ropa; las mujeres tejen rastas y ponen extensiones de pelo a quien se los solicite o bien manicure o pedicure, algunos muestran sus habilidades como peluqueros.
También hay quienes venden frascos de aderezos haitianos, unos se ponen sus casacas y acuden a las telefónicas mexicanas donde cambian chips a los celulares. Esas escenas se observan en todas las calles donde aparecen los inmigrantes.
Pocos son los haitianos que han sido contratados en el servicio de limpia municipal y ahora barren las calles. Lo hacen cabizbajos, en silencio. Están por todos lados. Nunca antes los tapachultecos habían visto una avalancha de tales dimensiones en el centro de esta ciudad fronteriza. Muchos desesperan porque las autoridades tardan en resolver su estatus migratorio.
La odisea
Jean Pierre Dupré, quien viajó de su natal Haití a Venezuela y lleva meses caminando hacia Estados Unidos, dice que estar en Tapachula es lo peor que le ha pasado; en ningún otro país de su accidentado itinerario ha sufrido tantas restricciones y agresiones, asegura.
Duerme hacinado en un cuarto, al lado de ocho de sus connacionales. Algunos, dice, llevan incluso un año esperando salir de Tapachula. Esa situación los estresa y los torna violentos, de ahí las peleas frecuentes en las calles y en los parques.
En las oficinas del Instituto Nacional de Migración (INM), en las de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y las del Alto Comisionado de las Naciones Unidas de Ayuda a Refugiados se observan todos los días largas filas –se inician desde el amanecer– de inmigrantes que esperan ser atendidos.
Las calles aledañas se han convertido en un caos. Hacen falta baños públicos, contenedores de basura; la infraestructura resulta insuficiente para esta creciente población flotante que quiere salir de la ciudad y no puede.
Edú Deveaux, una joven haitiana, salió de su país rumbo a Colombia; de ahí subió por Panamá y recorrió todo Centroamérica hasta llegar a Tapachula, donde tiene más de un mes varada. Ha sufrido discriminación, comenta; no le dan trabajo porque es negra y por su condición de extranjera irregular.
Joseph Fabré inició su migración hace tres meses. Dice que en ningún lugar le había tocado sufrir tanto como en Tapachula, donde el derecho al libre tránsito es violado por las autoridades mexicanas.
Al igual que muchos compañeros de viaje, insiste en que quiere irse de la ciudad, pues las rentas son tan altas que ya no pueden pagarlas, por eso muchos pernoctan en los parques. Su propósito, relata, no es quedarse en Tapachula, sino irse a otras ciudades del país o incluso llegar a Estados Unidos o Canadá.
José Pascual Necochea Valdez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en la Costa de Chiapas, dice que la migración está desbordando los límites de la tolerancia. Le preocupa la poca atención que las autoridades en sus tres niveles de gobierno le están dando a esta crisis.
Puntualiza: esta movilización masiva de migrantes es un riesgo de salud pública que las autoridades sanitarias no han volteado a ver, hay desempleo, hacinamiento y aglomeraciones en parques, plazas y mercados.
El empresario teme que esto llegue a un punto en donde se promuevan actividades ilegales al no tener ya los migrantes recursos para subsistir en esta ciudad. Es altamente probable que tras esto se incremente la prostitución, la venta de drogas, la venta ilegal de bebidas alcohólicas y el ambulantaje.
Según Necochea Valdez, los migrantes se dejaron engañar por el discurso de un presidente en campaña y luego electo, quien dijo que las puertas estaban abiertas para todos los migrantes. A finales de 2018, tras las primeras caravanas de migrantes, la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, incluso refrendó ese discurso en Suchiate.
El discurso, la realidad
La realidad contradice ese doble discurso, pues los migrantes se toparon con un muro instalado en la frontera sur que se llama Tapachula; la frontera sur de Estados Unidos se extendió hasta la frontera sur mexicana, donde se construyó finalmente el muro que ahora estamos pagando los mexicanos, sostiene el empresario José Pascual Necochea Valdez.
Y añade: “Esto ya se salió de control”. Si bien los servicios públicos no eran los mejores para la población local, ahora la ciudad está colapsada. Según sus cálculos, son ya 120 mil los migrantes varados, quienes se sumaron a los casi 360 mil tapachultecos.
Jorge Eduardo Elorza, empresario hotelero del centro de Tapachula, sostiene que en esta región de la frontera sur la migración es desordenada. Las autoridades les pintaron una situación de bonanza y bienestar a muchos migrantes, que resultaron no ser ciertas.
Aquí no hay empleos para los mexicanos, menos aún para quienes migran sin papeles. Aquí la realidad es lacerante para ellos, abunda.
Se queja porque esos migrantes no tienen dinero para pagar hoteles como los del centro de Tapachula; prefieren pagar rentas en posadas y vecindarios de las colonias de la periferia.
Para César Cañaveral, coordinador de Dimensión Pastoral de Movilidad Humana de la Diócesis de Tapachula y párroco de la iglesia del Señor de Esquipulas en esta ciudad, el gobierno está rebasado.
Si bien ahora la crisis la detonaron los migrantes haitianos, el gobierno no debe perder de vista que también hay cubanos, dominicanos, hondureños, nicaragüenses, salvadoreños y venezolanos.
El hacinamiento, puntualiza, es provocado por el propio gobierno. Si hoy habla de una contención migratoria, su discurso es muy contradictorio.
“No sólo estamos viviendo una crisis migratoria, esto es ya una emergencia migratoria, Tapachula es una ciudad muy pequeña para albergar a miles de migrantes, y no tenemos los suficientes recursos para darles atención”, dice Cañaveral, quien también es director del Albergue Belén para migrantes.
Señala que los migrantes son presa fácil para el gobierno. Las autoridades los sacan de los hoteles y los llevan a la Estación Migratoria Siglo XXI, que es una verdadera prisión.
Y aclara: las caravanas se generan porque los migrantes ya no quieren quedarse en Tapachula, sino seguir migrando; las caravanas son una acción desesperada para ellos.
Acá no hay trabajo, sería darle una carga pesada a Tapachula. Por eso el silencio cómplice del municipio y del gobierno estatal; las políticas migratorias del gobierno mexicano son las ocurrencias del presidente en su mañanera de cada día, insiste el párroco de la iglesia de El Señor de Esquipulas.
Dice estar en desacuerdo con las formas como el gobierno reprime a los migrantes: “Creo que deberíamos ser más humanos”. Los migrantes ya no quieren estar acá, ellos necesitan un documento para transitar. En su desesperación buscan la manera de sobrevivir en Tapachula, ganar dinero de la venta callejera, del ambulantaje.
Una ciudad atribulada
En el primer cuadro de Tapachula hay hacinamientos en colonias como Los Ángeles, El Paraíso, Xochimilco, Casas Geo; también proliferan en la periferia tapachulteca.
En entrevista, Wilner Meteleus, quien se define como un investigador social, internacionalista y es presidente del Comité Ciudadano en Defensa de los Naturalizados y Afromexicanos (CCDNAM), externa su preocupación por la flagrante violación a los derechos humanos de sus connacionales.
Meteleus dice que miles de migrantes haitianos y de otras nacionalidades están varados, sin trabajo ni recursos para comer o pagar una renta; lo peor, carecen de acceso a los servicios de salud.
Según el activista, hay un doble discurso del gobierno mexicano. Por un lado el presidente Andrés Manuel López Obrador dice en las mañaneras que se respetan y respetarán siempre los derechos humanos de los migrantes, pero en la realidad eso no es así, pues en Tapachula hay represión, persecución y una cacería indiscriminada contra los migrantes.
La brutalidad de los agentes del INM y de la Guardia Nacional para reprimir cualquier intento de querer romper el muro que se les ha impuesto a los migrantes está documentada, asegura Meteleus.
Y califica a la Estación Migratoria Siglo XXI como una prisión que hoy alberga a unos 600 de los migrantes haitianos, por más que el gobierno insista en crear un “campamento humanitario”. No es más que un juego de palabras para llamarle así a otra prisión que pretenden habilitar.
Como nunca antes, Tapachula es ahora un infierno para los haitianos y migrantes de otros países. Deportar a un haitiano en las condiciones en las que ahora se encuentra ese país, es un crimen. Pues ellos vienen huyendo de la violencia, inseguridad, hambre, desempleo y los desastres naturales que han devastado ese pequeño país del Caribe.
Meteleus rechaza los supuestos “campos humanitarios” que, insiste, son centros de concentración ilegales contra la migración y contrarios a la normatividad internacional, por lo que exige al gobierno de López Obrador facilite los trámites administrativos de la migración ante las instancias correspondientes y garantice las condiciones humanitarias a los migrantes durante su estancia en el país.
Resistencia y denuncia
Meteleus dice que México dejó de ser solidario con los migrantes como en el siglo pasado: hoy se observa un grave retroceso.
Irineo Mujica, representante de la organización Pueblos sin Fronteras, coincide con Meteleus. Con lo que pasa ahora en la frontera sur, la lucha y la defensa de los derechos humanos a favor de los migrantes ha retrocedido como 15 años, asegura el activista, al tiempo que anuncia que iniciará un ayuno a favor de los migrantes frente a la Comar, para denunciar la persecución brutal de que son objeto, similar a la de 2007.
“Hemos retrocedido en materia de derechos humanos. La realidad está aquí. Los hermanos migrantes nos dicen: ‘Estamos acorralados: dónde vamos a dormir, dónde vamos a comer; no nos quieren dejar salir de Tapachula’.”
Le preocupa, dice el activista, quien prepara una caravana de migrantes para el miércoles 15, que el gobierno federal no atienda la migración en la frontera sur, así como el discurso de López Obrador, quien miente al decir que los protege para que no corran riesgos en su itinerario.
Su manera de protegerlos, asegura Mujica, es paradójica, pues le está haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos; ha hecho de la política del garrote su política migratoria. “Siento que este gobierno es racista contra los negros, discriminan a los negros, la cultura negra es despreciada”.
Recuerda que, como presidente de Estados Unidos, Donald Trump era racista, y aunque ya se fue dejó escuela y formación en los funcionarios mexicanos como Francisco Garduño, quien ya debió haber renunciado a su cargo, pero López Obrador lo sigue sosteniendo.
Dice que la migración en la frontera sur no puede contenerse sólo con violencia. Acá en esta región no ha evolucionado la política migratoria; por el contrario, hay una involución. Y aunque las autoridades de la 4T “se digan de izquierda, son elitistas y discriminadores”, remata Mujica.
El activista de Pueblos sin Fronteras y Luis Villagrán han hecho sinergia para interponer recursos de amparo por violación a un trámite administrativo migratorio, que no debe superar los 30 días –algunas veces demora meses–; hay casos en que los solicitantes han sido citados para enero o febrero de 2022.
Ambos buscarán interponer otros recursos de amparo por violación al libre tránsito.
