En medio de la polémica provocada por la resolución de la Suprema Corte que declara inconstitucional la penalización del aborto en el país, la ministra Margarita Ríos desglosa sus argumentos en favor de dicha medida, explica por qué es tan necesaria y comenta los escenarios que podrían suscitarse si algunos congresos locales se resistieran a armonizar sus criterios sobre el tema con el Poder Judicial federal.
Después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto en el país el pasado martes 7 –al invalidar el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que imponía hasta tres años de cárcel a la mujer o persona gestante que interrumpiera de manera voluntaria su embarazo–, en las redes sociales se viralizó un argumento de la ministra Ana Margarita Ríos Farjat en defensa de la histórica decisión.
“Lo que hay, en cambio –dijo la ministra–, son sofismas de estar en contra de la vida, ya sea por ignorancia, por egoísmo o por otros prejuicios. Una visión que obnubila el problema de las personas con capacidad de gestar que se enfrentan a esta disyuntiva. Lo reduce a que es culpa de la ‘ignorancia’. Y viene entonces una paradoja: como es culpa de la ignorancia, la mujer tiene que ser sancionada con prisión.
“Si no es por ignorancia, es por mala o egoísta, porque las ‘buenas mujeres’ culminan la gestación y entregan en adopción al bebé. Otra simplificación. Como es moralmente mala, amerita prisión. Si no es por ignorante o por mala, entonces es por irresponsable o porque ‘no se cuidó’, pues por más desesperación o desolación que sienta, debería resistir. Si no resistió, entonces es promiscua e irresponsable: prisión.
“No creo en estos reduccionismos. Estoy en contra de estigmatizar a quienes toman esta decisión que, me parece, si ya de por sí es difícil y dura por la carga moral –social, pero profundamente individual y espiritual–, no debería serlo más por la fuerza del derecho. Nadie se embaraza en ejercicio de su autonomía para después abortar.”
Mientras la ministra argumentaba, afuera de la SCJN grupos católicos y conservadores autollamados “provida” y rebautizados por colectivas feministas como “anti-derechos”, protestaban por segundo día, pues desde la víspera se anticipaba el sentido de la resolución.
Al responder un cuestionario que le envió la reportera, Ríos Farjat indica que ese discurso surgió porque “una reflexión seria” sobre la interrupción legal del embarazo “sólo puede llevarse a cabo si se toma en cuenta que no es una decisión sencilla ni agradable, sino todo lo contrario”.
Más allá de las reacciones, para la abogada, quien además es poeta, la sentencia de la SCJN es histórica porque “es el primer pronunciamiento de un tribunal constitucional en Latinoamérica sobre el uso del derecho penal en relación con la interrupción voluntaria del embarazo, más allá del simple análisis de excluyentes de responsabilidad. Por primera vez se pone el énfasis en el reconocimiento del derecho a decidir y a la autonomía reproductiva de la mujer y de las personas gestantes”.
La sentencia también salda una deuda histórica. México es un país de tradición conservadora, con una fuerte influencia de la Iglesia Católica y leyes restrictivas en esta materia en muchos estados, aunque en los últimos años algunos congresos locales han aprobado la interrupción legal del embarazo. En julio pasado Veracruz se convirtió en el cuarto estado, después de Hidalgo (2021), Oaxaca (2019) y la Ciudad de México (2007).
La votación alcanzó una mayoría que supera los ocho votos en el pleno de la SCJN, por lo que jueces locales y federales están obligados a resolver con los criterios de la Corte, además de que mujeres y personas con capacidad de gestar podrán solicitar amparos en caso de ser criminalizadas en cualquier estado de la República.
El hecho también tiene una gran importancia simbólica, añade Ríos Farjat, “pues representa un avance en el impulso al derecho a la igualdad, así como en la eliminación de perjuicios y estigmas que laceran profundamente la dignidad de quienes se enfrentan a esta decisión tan dura”.
–¿Qué tuvo que pasar para que llegáramos hasta aquí? –se le pregunta a la ministra.
–La respuesta duele: injusticias. Que el derecho no se hiciera cargo de una realidad y más bien la negara al grado de impedir que el Estado proveyera de seguridad y servicios de salud a las mujeres que enfrentan problemas inimaginables. Mujeres desangrándose en condiciones insalubres, en los oscuros rincones de la perversidad. Niñas en pobreza forzadas a llevar a término embarazos. ¿Qué más tuvo que pasar y sigue pasando? Muchos años de intolerancia, de incomprensión, de juzgar con gran facilidad los problemas ajenos, de nula misericordia.
–Además de fundamentar sus resoluciones en un estricto apego a la ley y a la Constitución, ¿considera que la llamada ‘Marea Verde’ influyó en la decisión?
– Como grupo social, las mujeres hemos sufrido una discriminación histórica, incluso sofisticada, porque ahora se ve un fenómeno curioso: hay quienes impulsan políticas de género o discursos de género, pero que en realidad no toman con seriedad ni con empatía a las mujeres y sus temas. A la mujer le ha costado mucho trabajo todo, no vivimos hoy movimientos espontáneos sino resultados históricos a partir de la resistencia, sufrimientos, estoicismo o valentía de nuestras madres, abuelas, de muchas generaciones de mujeres que nos han precedido. Por eso todas somos una sola gran mujer ante la historia, muy digna, muy comprometida, luchadora y también cariñosa.
–¿La Corte rebasó por la izquierda al Ejecutivo y al Legislativo, que ha pateado el tema fuera de su agenda?
–La Corte no rebasa, su compromiso es con la Constitución y con los derechos humanos que ésta protege, claro, en el marco de la división de poderes.
“Evolución jurídica”
Ríos Farjat señala que la sentencia es parte de una evolución jurídica que abarca la Convención Americana de los Derechos Humanos, que México suscribió en 1981; la propia Constitución, en particular la reforma en Derechos Humanos de 2011; decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y algunos precedentes de la SCJN.
Por ejemplo, en 2008 la SCJN declaró constitucional despenalizar el aborto hasta la semana 12 de gestación en el entonces Distrito Federal, validando la norma emitida por la Asamblea Legislativa local, y en 2018 la propia Corte resolvió que las instituciones de salud deben contar con políticas de salubridad para atender, sin dilación alguna, casos urgentes de interrupción legal del embarazo en caso de violación.
Para Ríos Farjat, presidenta de la primera sala de la SCJN, a la luz de este proceso evolutivo lo que resolvió el pasado 7 de septiembre el máximo tribunal para concluir que la persona gestante tiene derecho a la dignidad humana, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad, a la igualdad jurídica, a la salud y a la libertad reproductiva, era “previsible; doloroso para algunas, gozoso para otras, pero en todo caso inevitable.
“El producto de la concepción, si bien es el origen de todos los seres humanos, no está considerado persona aún con capacidad de ejercer derechos. Durante la gestación, en un determinado momento surge la actividad cerebral, se desarrolla el sistema nervioso, empieza a sentir. No es en el día uno. Por eso la sentencia del martes 7 establece que el aborto puede ser interrumpido solamente dentro de un cierto plazo cercano al inicio de la gestación.
“No es claro el asidero constitucional de utilizar el derecho penal en contra de alguien que está ejerciendo derechos tutelados, aunque la decisión que toma sea impactante para otras personas. Lo que se observa es un esfuerzo por justificar moralmente una política criminal fallida que sólo conduce a la clandestinidad y no evita los embarazos no deseados ni los abortos.”
Sobre los retos que enfrenta el país para un reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y garantizar que tengan acceso a abortos seguros, la ministra considera fundamental una reforma a la Ley General de Salud para orientar el acceso a servicios médicos de calidad, disponibles, aceptables, asequibles y respetuosos para las mujeres y personas gestantes.
–La Corte despenalizó el aborto, pero en muchos estados hay mujeres presas, no por aborto, sino por delitos relacionados con el aborto como el “homicidio en razón de parentesco”, “infanticidio” y “omisión de cuidados”. ¿Qué hacer frente a esto?
–Si parece poca la estadística de mujeres presas por aborto, no significa que la criminalización sea una política efectiva, al contrario, es más bien indicativo de la clandestinidad que provoca. Es más común que quien aborte se desangre, se enferme o se cause un daño permanente a que acabe en la cárcel. Respecto a los otros delitos, cometidos en contra de otras personas, siempre me han parecido alarmantes, pero deben siempre analizarse tomando en cuenta el interés superior de la infancia y la perspectiva de género. Es importante generar políticas públicas de prevención, después de investigaciones muy serias, para determinar por qué suceden estas conductas, qué las detona.
En cuanto a la resistencia en Congresos locales como el de Jalisco, que anticipa que no armonizará su Código Penal al criterio emitido por la Corte porque “no está obligado”, Ríos Farjat dice que es posible pero indeseable que se generen “resistencias políticas por parte de algunos congresos”.
Sin embargo, señala que, en virtud del artículo primero constitucional, todas las autoridades tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, y los Congresos podrían actuar conforme al parámetro de regularidad constitucional vigente y reformar sus legislaciones a fin de garantizar plenamente el derecho a la autonomía reproductiva, en relación con sus derechos a la salud, dignidad y libre desarrollo de la personalidad.
“No sé si decidan hacerlo, pero en todo caso la Judicatura ya tiene un precedente que la obliga a no penalizar abortos voluntarios. Lo que sí creo que puede suceder es que la sociedad se movilizará si percibe inacción de sus congresos o instituciones, y litigará para procurar la emisión de lineamientos claros.”
Dos días después del fallo de la Corte sobre el Código Penal en Coahuila, ministros y ministras establecieron por mayoría otro precedente, al declarar inconstitucional la “protección a la vida desde la concepción” en Sinaloa, con lo que no se puede negar el acceso al aborto con base en este tipo de cláusulas.
Además resolvieron que no es competencia de las entidades federativas determinar cuándo empieza la vida, y que ninguna Legislatura puede restringir los derechos de las personas ya nacidas anteponiendo la protección de un feto o un embrión.
