Los recientes desastres naturales han exhibido estrategias erróneas, improvisaciones y opacidad de las autoridades gubernamentales, señalan especialistas en protección civil y prevención de catástrofes. También advierten que en el caso del gobierno federal la 4T no marca su distancia de otros sexenios; por ejemplo, opera igual que el de Enrique Peña Nieto, porque la ayuda a los damnificados está centrada en una institución y no en los afectados.
Los gobiernos han tomado decisiones erróneas ante los desastres causados por fenómenos naturales; tampoco hay claridad en la aplicación de los protocolos de actuación ante las amenazas climatológicas y existe uso discrecional y con enfoque de clientelismo político sobre los recursos públicos para atender a los damnificados, advierten expertos de protección civil y prevención de desastres naturales que fueron consultados por Proceso.
Pese a la extinción del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (Fonden), instrumento que durante décadas fue utilizado en México para atender las emergencias sociales y estructurales causadas por la naturaleza, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador poco se ha diferenciado de las administraciones pasadas en la manera de enfrentar las tragedias, esto es inyectando como sello personal la distribución directa de recursos e “individualizando” los apoyos sociales.
En noviembre de 2020, año en el cual se emitieron 46 declaratorias de desastre, la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, reconoció 238 mil damnificados tras las inundaciones en Chiapas, Tabasco y Veracruz por las lluvias y el desfogue de una presa hidroeléctrica en Tabasco.
El 9 de septiembre de 2021, en un informe rendido por diversos funcionarios públicos durante la conferencia matutina de López Obrador, las cifras tras el paso del huracán Grace son las siguientes: 101 mil 83 viviendas dañadas de 3 mil 703 comunidades en 149 municipios de Veracruz, Puebla e Hidalgo. En ese momento no había datos oficiales del desastre en Ecatepec, Estado de México, donde las proyecciones locales hablaban de 30 mil damnificados.
En la conferencia de prensa con el presidente, el secretario de Bienestar, Javier May Rodríguez, explicó que del total de viviendas afectadas sólo se destinarían apoyos para 64 mil 513 familias en apego al censo y valoración del personal de la dependencia.
Sobre la dispersión de recursos públicos en efectivo, May Rodríguez dijo que del 14 al 21 de septiembre se entregarían 35 mil pesos por vivienda afectada, lo que equivale a un gasto de dos mil 258 millones de pesos; también dio a conocer que se repartirían 47 mil 484 apoyos emergentes de 4 mil 500 pesos cada uno, equivalentes a 214 millones de pesos.
Sobre la atención a la infraestructura carretera y de caminos, el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz Leal, cuantificó en dos mil 169 millones de pesos los costos de reparación de 359 vialidades.
El 19 de enero último la Secretaría de Gobernación publicó en el Diario Oficial de la Federación los lineamientos de operación del Programa para el Bienestar de las Personas en Emergencia Social o Natural, para el ejercicio fiscal 2021. De acuerdo con la publicación, el secretario de Bienestar es el distribuidor de los recursos para “mitigar la vulnerabilidad” de los afectados, para “complementar” las estrategias de los programas sociales y de protección civil”.
Hacen agua
Un ejemplo sobre la errática coordinación en materia de protección civil, de acuerdo con expertos, es la inundación del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No.5, de Tula, Hidalgo, donde oficialmente murieron 14 pacientes de covid-19 por falta de oxígeno.
Para Luis Eduardo Pérez-Ortiz Cancino, quien fue el director de Análisis y Gestión de Riesgos del Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred) en el gobierno de Felipe Calderón, y responsable de las áreas de protección civil en Iztapalapa y Atizapán de Zaragoza, el caso del hospital de Tula es un indicador de que “al parecer” lo que ha fallado en las últimas semanas son los sistemas de alerta temprana.
La tragedia, agrega, también refleja que no se han atendido de manera atinada los protocolos de actuación preexistentes, fallas en las que estarían involucradas las autoridades de los tres niveles de gobierno.
“No puedo decir que hay un culpable porque es un tema sistémico y está haciendo crisis”, aclara el investigador que en 2016 fue reconocido con la Medalla al Mérito de Protección Civil de la Ciudad de México.
Si bien la Ciudad de México ha tenido avances en la creación de un sistema de alerta temprana, los esfuerzos no han sido parejos en el resto de las metrópolis, y mientras ello no ocurra “vamos a seguir teniendo problemas y pérdidas”, advierte el especialista.
A decir de Pérez-Ortiz Cancino, los gobiernos deben adaptarse a la velocidad con la cual las circunstancias están cambiando. La transformación “debe ser colectiva, inteligente, estratégica y mucho más agresiva porque las amenazas socio-naturales están haciendo crisis”.
Daniel Rodríguez Velázquez, catedrático de la UNAM y experto en cambio climático y en prevención de desastres, considera que a los peligros naturales que confluyen con las vulnerabilidades sociales se suma, desde hace varios años, el debilitamiento de las instituciones civiles, “y se le carga más la mano a las Fuerzas Armadas no sólo por su capacidad logística, sino por su capacidad presupuestaria –sobre todo en este sexenio– que se plasmó en el Plan Nacional de Desarrollo (porque) la acción del Estado frente a los desastres les corresponde”.
Al considerar que no hay un enfoque de derechos humanos en la atención de los desastres, Rodríguez Velázquez identifica improvisación en la atención de fenómenos hidrometeorológicos de las últimas semanas, pese a que durante años se han ido construyendo los atlas de riesgo de diagnóstico de protección civil y medio ambiente; hay elementos de diagnóstico y prevención, hay experiencia acumulada, hay aprendizajes, se supone, pero seguimos repitiendo lecciones no aprendidas o aprendidas de manera parcial y fragmentada”.
Sobre la desaparición del Fonden, Rodríguez alerta que “la mayor parte de los recursos fue para atender las necesidades de un Estado damnificado, pues cerca de 60% se fue en infraestructura carretera, eléctrica e hídrica. Entonces, ¿cómo se atienden las necesidades sociales?”.
Asistencialismo
De la revisión del Tercer Informe de Gobierno de López Obrador es posible advertir la manera con la cual se distribuyó el Fonden de 2002 a la fecha, destacando que de 2018 a 2020 se erogaron 49 mil 309.6 millones de pesos.
De ese monto, 28 mil 760.1 millones de pesos, es decir 58.32%, fue destinado a infraestructura carretera e hidráulica y urbana; en tanto que para el apoyo a damnificados fue de seis mil 489. 6 millones (13.16%); para vivienda, 640.7 millones de pesos; para infraestructura de salud, 248.2 millones (0.50%); para instalaciones educativas, cinco mil 685.8% (11.33%), y para infraestructura militar y naval, tres mil 148.7 millones de pesos (6.38%).
Para el catedrático de la UNAM, la desaparición del Fonden apunta hacia la “discrecionalidad y opacidad en el uso de recursos públicos, sin que se tenga claridad sobre los diagnósticos y los soportes que van a dar pie a la asignación de fondos” porque que no se detalla en los Lineamientos de Operación para Atender Daños Desencadenados por Fenómenos Naturales Perturbadores, publicados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana el 13 de agosto último en el Diario Oficial de la Federación.
De la adopción del modelo de transferencias económicas a damnificados vía la Secretaría de Bienestar, considera que emula la estrategia asumida por el gobierno de Enrique Peña Nieto después del temblor de septiembre de 2017, en la cual se distribuyeron tarjetas Bansefi-Fonden a los afectados en los estados y en las colonias populares de la Ciudad de México. “Cada quien tenía que ver a quién contrataba… al electricista, al albañil”.
Miembro del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, profesor del diplomado Desastres y cambio climático en el Instituto Mora, y uno de los organizadores del foro La reconstrucción participativa. La ciudad de queremos frente al desastre”, realizado en diciembre de 2017 por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, entre otras actividades, Daniel Rodríguez Velázquez cuestiona la manera con la cual el gobierno de López Obrador atiende a los damnificados.
“Parece que olvida que las reconstrucciones exitosas son aquellas en la cual la política pública no fragmenta ni individualiza a las personas que son víctimas de desastre; no es posible la política de que cada quien se rasque con sus propias uñas”.
Abunda que “ante una mayor dispersión de subsidios, si no hay resultados, se puede culpar a la gente porque no saber usar el dinero, tiene un efecto un tanto perverso”.
Insiste en que las transferencias monetarias “que individualizan los procesos van a hacia la lógica de tener una clientela entre la población damnificada, que está muy sensible. Esto permite, de alguna manera, establecer una relación, digamos, asistencialista y paternalista que elimina las iniciativas comunitarias, de solidaridad colectiva, dándole un protagonismo al gobierno que acaba siendo lesivo”.
El investigador asegura que las transferencias van contra los lineamientos de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, “que apunta que deben ser políticas públicas de otra naturaleza y otro enfoque, centrado en las necesidades de las personas, no en una institucionalidad”.
En materia de prevención de desastres, asegura Daniel Rodríguez, el gobierno de López Obrador no ha sido distinto a sus antecesores. “Hay una especie de austeridad permanente”.
