Al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, Luis Echeverría Álvarez enfrentó a principios de este siglo un juicio por genocidio –tanto por la matanza de Tlatelolco en 1968 como por el “Halconazo” de 1971–, al tiempo que él y su familia acrecentaban su riqueza por medio de una docena de empresas inmobiliarias, cuya existencia sale a la luz pública con motivo de una demanda laboral interpuesta por uno de sus exempleados. A escasos cuatro meses de que cumpla 100 años, el expresidente vive recluido en una habitación de su residencia en San Jerónimo. Personas que trabajaron para él dicen que sus hijos lo despojaron y lo tienen en el abandono… Eso sí, a salvo de la justicia.
El expresidente Luis Echeverría Álvarez casi alcanza un siglo de edad y pasará a la historia como responsable de la matanza de Tlatelolco en 1968 y del “Halconazo” de 1971. Pero también por la riqueza que hizo crecer bajo la égida del poder presidencial, con la creación de una docena de empresas inmobiliarias que le han generado a su familia millones de pesos desde 1976 y que ahora salen a la luz por un juicio laboral.
En 2006 Echeverría fue el primer presidente de México sometido a juicio. En noviembre de ese año se libró una orden de aprehensión en su contra como presunto responsable del delito de genocidio por la masacre del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, cuando fungía como secretario de Gobernación, y de la matanza del 10 de junio de 1971 ya como presidente.
Sin embargo, por su edad y estado de salud, ambos cargos los pasó en prisión en su residencia de San Jerónimo y luego de tres años fue exonerado.
Al mismo tiempo que era llevado a juicio, la suerte sonreía a los hijos de Echeverría, pues en pleno arraigo domiciliario del presidente en su residencia de Magnolia 131, en San Jerónimo, fueron notificados que una sola de sus empresas, Club y Residencias de Cuernavaca, SA, propietaria de las instalaciones del Hotel Camino Real Sumiya en Jiutepec, Morelos, había registrado un incremento de capital de 24 millones de pesos.
Según la escritura pública 178253, expedida ese día por el notario 2 de Cuernavaca, Hugo Salgado Castañeda, el capital social de la empresa pasó de 38 millones 170 mil 167 a 62 millones 170 mil 767 pesos –un incremento real de 24 millones–, situación que se notificó durante la asamblea ordinaria de accionistas encabezados por su hija, María del Carmen Echeverría Zuno (Apro, 2 de enero de 2007).
La riqueza de Echeverría quedó bajo el control de algunos de sus hijos. Está concentrada en 12 empresas: Administradora de Inmuebles Citlali, SA; Inmuebles Superación, SC; Inmuebles Abril, SC; Inmuebles Potam, SC; Inmuebles Cocori, SC; Inmuebles Nainari, SC; Club y Residencias de Cuernavaca, SA de CV; Cuernavaca Primavera, SA; Operadora de Hoteles y Restaurantes Sumiya, SA de CV; Bello Caribe, SC; Inmuebles Pez, SC; y Bella Ixtapa Inmobiliaria, SA.
En 2002, a los 80 años del expresidente, algunos de sus hijos lograron que “les donara” el total de los bienes, con lo que dejó de ser usufructuario vitalicio de la riqueza generada por esos negocios inmobiliarios. Se trató de un despojo porque esa cesión la hicieron a sus espaldas, dice Heraclio Bonilla, quien fue abogado del exmandatario.
El expresidente, de acuerdo con personal que trabajaba para él y que también fue despedido de forma injustificada por los hijos, quedó recluido, abandonado, en su propia casa. Próximo a cumplir 100 años, el 17 de enero, Echeverría vive arrinconado en una recámara de lo que fue su residencia, aseguró María Modesta Gil Cedillo, quien fue su asistente personal durante 25 años, hasta que fue despedida con agresiones de sus hijos, en diciembre de 2018, motivo por el que también están demandados penal y laboralmente (Proceso 2209).
Ahora, como responsables de las empresas, los hijos del expresidente perdieron un juicio laboral por el que tendrán que pagar 9 millones de pesos, aproximadamente, a quien fuera su contador, Raúl Olvera Gómez.
El juicio ha permitido develar la fortuna que acumuló Echeverría muy al estilo del dictador chileno Augusto Pinochet, pues al mismo tiempo que era enjuiciado políticamente, los negocios familiares se multiplicaban y se hacia más rico junto con su familia.
En el juicio iniciado en 2015 ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México, Junta Especial Número Nueve, con el número de expediente 601/2015, resultaron condenados los hijos del expresidente al pago de las prestaciones reclamadas por su extrabajador.
“Sin embargo, mediante un juicio de amparo, totalmente cuestionable, seguido ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia del Trabajo de la Ciudad de México, lograron revertir temporalmente la decisión de la Junta. Pero al interponer el trabajador recurso de revisión en contra de la sentencia de amparo, logró que el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Primer Circuito, en el Toca 48/2020, con fecha 28 de enero de 2021, dejara sin efectos la sentencia de amparo y se restituyera al trabajador en los derechos obtenidos mediante el referido laudo”, señaló el abogado Heraclio Bonilla, ahora litigante del contador.
En declaraciones a Proceso, el abogado señala que recientemente los familiares de Luis Echeverría incumplieron una oferta de pago a su excontador, pensando que aún pueden negociar el resultado del laudo. “Sin embargo, pierden de vista que ya están fuera de tiempo y oportunidad para lograrlo, pues en las actuales condiciones, sólo es cuestión de tiempo ejecutar el referido laudo”.
Peor aún, señala Bonilla, están poniendo en riesgo más de 50 millones de pesos de su patrimonio, por obligaciones incumplidas ante instituciones que protegen los derechos sociales de los trabajadores, pero todo depende de la rapidez con que resuelvan nuestro asunto.
De alguna manera, los Echeverría siguen siendo “buenos clientes”, dijo el abogado Heraclio Bonilla Gutiérrez.
La plusvalía del poder político
Al echar un vistazo a las empresas de la familia Echeverría, de acuerdo con documentos del Registro Público de la Propiedad y Comercio, el origen de sus negocios inmobiliarios se remonta al 9 de junio de 1976, cinco meses antes de abandonar Los Pinos.
Bajo la escritura pública 69276 y el permiso 14081 de la Secretaría de Relaciones Exteriores, constituyó la empresa Investigaciones Agroindustriales, SA, con instalaciones y terrenos federales concedidos en Cuernavaca al Ceestem, ente concebido en 1974 como un proyecto para el desarrollo de los países latinoamericanos (Proceso 948).
Ese poder presidencial que usó desde Los Pinos lo replicó entre las propiedades que utilizó ilegalmente para reconvertirlas en plazas comerciales y zonas residenciales con lagunas artificiales, hoteles de lujo con cascadas, proyectos de campos de golf en tierras comunales y decenas de terrenos frente a las playas de Cozumel, en Quintana Roo.
Uno de estos negocios inmobiliarios lo hizo con el antiguo rancho de La Soledad, que perteneció al también expresidente Manuel Ávila Camacho, así como amplias extensiones de zonas boscosas protegidas al norte de la capital morelense, sobre las que hoy se encuentran enclavados el fraccionamiento Bosques de la Cañada, el centro comercial Los Laureles y la tienda de autoservicio Superama.
“El clímax del éxito en los negocios inmobiliarios del expresidente llegó en junio de 1983, en que Echeverría conquistó lo que en su tiempo se consideró la ‘joya de la corona’, al comprar acciones de las empresas Parque Residencial Sumiya, SA, y del Club y Residencias de Cuernavaca, propietario del Hotel Camino Real Sumiya y parte de la cadena Real Turismo, que agrupaba la cadena de hoteles Camino Real y Calinda.
“Su ingreso al Consejo de Administración se formalizó hasta junio de 1993, al comprar un millón de nuevas acciones por un monto de un millón de pesos (Proceso 1014).
“Para alcanzar sus ambiciones, el expresidente obtuvo de Banca Cremi un crédito por 115 millones de pesos orientados a la ‘construcción parcial’ del hotel, aunque en menos de 60 días lo concluyó y abrió al público, con 163 habitaciones y siete suites. El hotel está ubicado sobre terrenos de la antigua Hacienda de Cortés, donde años atrás la actriz estadunidense Bárbara Hutton construyó una mansión que pretendió ser copia fiel del palacio imperial japonés de la familia real Sumiya.”
La propiedad fue adquirida por Echeverría y sus socios mediante el pago de un “saldo fiscal” que la señora Hutton tenía con el gobierno. En el proyecto Condominio Residencial Kloster Sumiya –con espacio para 274 lotes de 722 metros cuadrados– se invirtieron 31 millones 660 mil 225 dólares.
Entre los socios del hotel figuran María del Carmen Echeverría Zuno de Porras; Ricardo Salinas Pliego, dueño de Televisión Azteca; David Ibarra Muñoz, exsecretario de Hacienda; José Luis Pontones Llarena; José de los Ríos Hernández, y los hermanos Francisco y Juan Kladt Sobrino, los mismos que en 1995 pretendieron –sin éxito– construir un club de golf en el municipio de Tepoztlán.
Sin embargo, también hubo tragos amargos: el 2 de abril anterior autoridades municipales de Cozumel le embargaron 14 terrenos al expresidente, por adeudar 18 millones de pesos en impuesto predial. La familia, declarada en rebeldía por la autoridad, fue advertida del adeudo desde 2005. Los terrenos, con vista al mar, se ubican en la zona hotelera norte de la isla, muy cerca del campo de golf.
Hoy Echeverría y su familia pasan otro trago amargo: perdieron el juicio laboral que interpuso uno de sus empleados.
