Marcelo Ebrard fue claro cuando un reportero del New York Times le hizo notar que mientras a los afganos México los recibía con los brazos abiertos, a los migrantes latinoamericanos que llegan por el sur les dedica maltratos y represión: hay que “dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, dijo el canciller, certificando así el doble rasero que aplica el gobierno federal, el cual, en los hechos, le hace el “trabajo sucio” a Washington.
En las últimas dos semanas la política de protección internacional de México exhibió su doble rasero: mientras el gobierno federal ofrecía la bienvenida a los 391 nacionales de Afganistán que llegaron al país con visas humanitarias, agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y soldados de la Guardia Nacional (GN) reprimían con insultos y violencia a cientos de personas centroamericanas, haitianas, venezolanas y de otras nacionalidades que salieron en distintas caravanas en Chiapas.
Así, a la par de que medios internacionales y nacionales celebraban la llegada de los refugiados afganos sanos y salvos a este país, organizaciones de la sociedad civil y agencias de la ONU condenaban las agresiones contra los migrantes, algunos con bebés en brazos, y exigían el cese a la violación de los derechos humanos y del derecho a la protección internacional de las personas migrantes en el sureste.
El 25 de agosto, horas después de darse a conocer el rescate de 24 periodistas afganos que colaboraban con el New York Times y de 100 de sus familiares, el diario neoyorquino publicó un reportaje en el cual Ben Smith, el autor de la nota, preguntó al canciller Marcelo Ebrard Casaubon sobre la diferencia en el trato hacia los refugiados afganos y centroamericanos.
El canciller, al que el presidente Andrés Manuel López Obrador encargó el control de la política migratoria en septiembre de 2019, planteó su intención de “dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”, sugiriendo que los afganos huyen por sus vidas mientras que las personas de Honduras abandonan su país por razones económicas.
Según Felipe Vargas, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, no existe esta dicotomía, ni en la realidad ni en el marco legal de México: “La diferencia que existe entre una persona refugiada de Afganistán con una persona de Honduras, de facto es ninguna”, sostiene el hombre en entrevista.
Afirma que los motivos que empujan a las personas a huir de Centroamérica son multifactoriales; incluyen la pobreza sistemática, pero también implican diversas opresiones, violencias y amenazas para sus vidas y las de sus familiares. “Le falta conocer el testimonio de una persona que se pare enfrente, que le vea a los ojos y que le diga por qué sale de su país y por qué viene a ese lugar incómodo, con tantas violaciones a los derechos humanos, a pedir protección y a buscar una nueva vida”, dice.
Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, abunda en ese sentido: “Pensar que toda la migración que viene del sur viene sólo por razones económicas es verlo de una manera muy simplista; a lo mejor si le pregunta uno a alguien, dice que es para buscar una vida mejor, pero preguntando un poco más te va a decir que secuestraron a su hermano, que una pandilla quería llevar a su hija o que el gobierno lo está persiguiendo”.
En entrevista con Proceso insiste: “Es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del INM o de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
De hecho, Saiz recalca que existe una práctica de racismo y discriminación sistemática en el INM, el cual actúa de manera “descontrolada”.
Así, se niega a ver como “hechos aislados” los golpes que agentes del INM asestaron a integrantes de la caravana –algunos con bebés en brazos–, como lo han planteado el propio Instituto y López Obrador, pues afirma que las personas afrodescendientes “la pasan muy mal” en los centros de detención migratoria.
Y recuerda que el titular del INM, Francisco Garduño Yáñez, afirmó un día que deportaría a las personas “hasta la India, hasta Camerún o hasta África”, y abundó: “Así sean de Marte”.
“Es una institución fuera de control, que ya no le hace caso a la CNDH ni al Poder Judicial (…) nosotros venimos documentando estos abusos por mucho tiempo y ya es una situación intolerable, insostenible; vamos a pedir una reunión con el nuevo secretario de Gobernación y le vamos a entregar las evidencias”, abunda.
Ante la indignación generada en el país por el video que exhibió a dos agentes del INM golpeando en el rostro a una persona migrante en el piso, misma que caminaba en la caravana que salió de Tapachula, el INM –cuya delegación en Chiapas es encabezada por un militar, el general Aristeo Taboada Rivera– anunció la suspensión de sus agentes y la apertura de un oficio en el Órgano Interno de Control.
El escándalo no tuvo mayores efectos: en los días siguientes, agentes del INM y soldados de la GN continuaron sus acciones de hostigamiento contra las personas que pudieron avanzar, hasta que el pasado 31 de agosto tres agencias de la ONU –la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional de Migraciones y la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos– sonaron de nuevo la alarma.
“La continuación de los operativos por parte del INM y la Guardia Nacional hacen necesario un llamado a la implementación de medidas inmediatas de prevención, de no repetición y rendición de cuentas, y a avanzar con la investigación de los casos de violaciones de uso de la fuerza y sancionar a quienes resulten responsables”, refrendaron.
Y expresaron su “preocupación” ante “las amenazas que habrían recibido defensores y defensoras de derechos humanos que están documentando la situación humanitaria y de derechos humanos de las personas migrantes”; de hecho, agentes del INM cerraron el paso a los integrantes del Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano, quienes documentaban el violento operativo que los uniformados estaban llevando a cabo en San Felipe, Escuintla.
“Detener toda la migración”
Después de una baja sustancial en la llegada de personas a Estados Unidos en 2020, derivada de la pandemia de covid-19, los flujos migratorios se volvieron a disparar este año: en julio, las autoridades detuvieron o expulsaron a México a cerca de 212 mil personas que trataron de ingresar a su territorio, la cifra más alta desde marzo de 2000; una cuarta parte eran ciudadanos mexicanos, 45% del Triángulo Norte de Centroamérica y el 29% restante de otros países.
Al igual que el de su antecesor, Donald Trump, el gobierno de Joe Biden puso la migración en el centro de la agenda bilateral con México, negociada tras bambalinas en medio de donaciones de millones de vacunas. Y, al igual que en la pasada administración, el gobierno de López Obrador aceptó hacerle el “trabajo sucio” a su vecino del norte: por una parte, cierra el paso a las personas mediante el despliegue de la GN y del INM en el sureste, y por otra parte acepta a las personas devueltas en caliente por las autoridades de Estados Unidos.
Entre enero y agosto de este año, las autoridades migratorias mexicanas han reportado la detención de 147 mil 33 personas, tres veces más que en el mismo periodo del año pasado. De las 117 mil 52 personas detenidas entre enero y julio, 106 mil 253 provenían de Centroamérica y el resto de Cuba y Sudamérica. El INM reportó que deportó a 54 mil 231 de ellas, casi todas a Honduras y Guatemala.
De hecho, el pasado 30 de agosto López Obrador sostuvo, desde Chiapas, que “vamos a seguir conteniendo” la migración, aunque repitió que su administración busca que los gobiernos de la región resuelvan las “causas de raíz” de la salida de personas de Centroamérica.
El secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, fue todavía más nítido el pasado 27 de agosto, cuando aseveró que el Ejército había completado una serie de “actividades operativas” con una meta bien definida: “Tienen diferentes objetivos, el principal: el detener toda la migración, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur, con efectivos para poder rescatar a los migrantes”, declaró en conferencia de prensa en Chiapas.
Con el despliegue militar en la frontera sur y la amenaza de una deportación, miles de personas deben quedarse en Tapachula para tramitar documentos con el INM o la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que con un presupuesto de apenas 40 millones de pesos demora meses en analizar los casos y rendir su decisión –a pesar de la ayuda de la ACNUR–, lo que genera desesperación entre los solicitantes de refugio.
“Cuidados discursivos”
Además de la labor de contención, en las últimas semanas resurgió el tema del programa Quédate en México, también conocido como Protocolos de Protección a Migrantes, una medida que el equipo de Ebrard y el de Trump negociaron en secreto en Washington durante el periodo de transición, que fue aplicado apenas tres semanas después de la toma de posesión de López Obrador.
Esa medida fue criticada con vehemencia por las organizaciones defensoras de derechos humanos, que la tacharon como una “política inhumana” y violatoria de los derechos al refugio. Bajo el plan Quédate en México, las autoridades de Estados Unidos retornaron a cerca de 72 mil solicitantes de asilo extranjeros a México, para que esperen de este lado de la frontera que un tribunal migratorio de Estados Unidos determine su suerte.
Al poco tiempo de llegar a la Casa Blanca, Biden emitió una orden ejecutiva para desaparecer el Quédate en México. Sin embargo, el pasado 24 de agosto, la Suprema Corte estadunidense ordenó al gobierno de Biden que retome de inmediato la política de Quédate en México. Organizaciones de la sociedad civil de México y Estados Unidos y agencias de la ONU condenaron en bloque la resolución judicial, y urgieron al gobierno mexicano a rechazar la reimplementación del programa.
Al día siguiente, la Cancillería mexicana emitió una postura confusa: en un comunicado la dependencia afirmó que “no se posiciona” con respecto al fallo, el cual “no tiene una implicación directa en la gestión migratoria” del gobierno, y a pesar de ello indicó que sostendrá un “diálogo técnico” con Washington para “evaluar los escenarios en la gestión de flujos migratorios ordenados, seguros y regulares en la frontera común”.
Preguntado en la mañana siguiente, López Obrador se negó a aportar un comentario adicional y dijo: “Yo respondo con lo que informó ayer la SRE, suscribo lo mismo, esa es mi opinión: lo que dio a conocer la SRE sobre este asunto”, declaración que José Miguel Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch para las Américas, equiparó a una “retórica de Cantinflas”.
Vargas afirma que, para él, la postura del gobierno “es clara”. Precisa: “De facto se aceptan las devoluciones de personas no mexicanas aquí en la frontera norte, se aceptó en su momento con el MPP, y por lógica y por el tipo de relación que tiene el gobierno actual con la administración de Biden, yo creería que lo van a aceptar de nuevo, quizá siempre con los cuidados discursivos que tienen, con este manejo de redes sociales, y demás, como muy garante de derechos humanos, pero sin ninguna claridad ni rendición de cuentas”.
“No es lo que nosotros quisiéramos”, lamenta por su parte José Moreno Mena, presidente de la Coalición Pro Migrante de Tijuana. “Nosotros habíamos manifestado que México debería de rechazar este tipo de medidas (…) sabemos que el gobierno mexicano no está capacitado para hacer frente a situaciones como ésta, para ofrecer ayuda humanitaria, y lo ha demostrado a través de la historia.”
Expulsiones masivas
Aparte de Quédate en México hay otro candado en la frontera norte, que la hace todavía más hermética para quienes aspiran a pedir protección: el 20 de marzo de 2020, después de declarar la crisis sanitaria por la pandemia de covid-19, la administración de Trump implementó una nueva modalidad de devolución sistemática de personas a México, invocando el llamado Título 42, sin siquiera iniciar trámites para analizar las solicitudes de refugio de quienes llegan a su frontera.
Al igual que con Quédate en México, la Cancillería aceptó recibir a las personas devueltas en caliente; en sólo un año de aplicación –de marzo de 2020 a marzo de 2021–, más de 530 mil personas fueron retornadas a este lado de la frontera, entre ellas 16 mil menores de edad no acompañados, según reportó Los Angeles Times.
La expulsión masiva de solicitantes de asilo provocó un colapso de los albergues en los municipios de la frontera norte de México, donde se amontonan miles de personas en una espera interminable, alimentada por la esperanza de que sus casos se destraben algún día y puedan entrar a Estados Unidos.
En condiciones de hacinamiento y a la intemperie, sufren secuestros, robos, extorsiones, violaciones, trata de personas u homicidios: desde enero de este año la organización Human Rights First reportó al menos 6 mil 356 ataques violentos contra personas expulsadas a México, mientras que 83% de los solicitantes fueron agredidos o amenazados en el último mes.
Ante la situación catastrófica en el norte del país, los gobiernos de Biden y López Obrador implementaron una nueva modalidad, denunciada de nuevo por organizaciones de la sociedad civil y las agencias de la ONU en el país: las autoridades trasladan ahora a solicitantes de asilo hacia municipios del sur de México –Tapachula o Villahermosa–; ahí, narra Vargas, agentes del INM y soldados de la GN los custodian hasta el municipio de Guatemala más cercano y los abandonan a su suerte, en la tarde o noche.
