A diferencia de la Legislatura pasada, en la cual la aplanadora de Morena conseguía lo que quería López Obrador, con la nueva configuración en San Lázaro el partido en el poder deberá negociar las reformas impulsadas desde Palacio Nacional. Es así como la Ley Federal de Revocación de Mandato, la reforma político-electoral y una más sobre la Guardia Nacional, por ejemplo, representarán un reto para el Ejecutivo.
La segunda mitad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador estará enfocada en profundizar los proyectos que impulsa la Cuarta Transformación. Para ello, Morena tiene la tarea de concretar en el Congreso reformas legales y constitucionales prioritarias para el presidente, como la Ley Federal de Revocación de Mandato y tres reformas constitucionales: la político-electoral, otra para la red eléctrica nacional y una más para que la Guardia Nacional se incorpore a la Secretaría de la Defensa.
El miércoles 1, durante la sesión del Congreso para la instalación del Primer Periodo Ordinario de la LXV Legislatura, el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, adelantó que Morena buscará profundizar la vida democrática del país, el cambio de régimen y la transformación de las instituciones.
“Somos un movimiento único y vamos a refrendar y vamos a luchar con unidad, que no les extrañe que coincidimos con el presidente de la República y su agenda prioritaria. Rechazo que haya una obediencia ciega, porque las reformas constitucionales, si no se aprueban por ustedes, no hubiesen sido aprobadas”, aseguró el coordinador de Morena.
Para realizar los planes del presidente en los siguientes tres años y modificar la Constitución, Morena y sus aliados del PT y PVEM en la Cámara de Diputados, más Encuentro Social en el Senado, tendrán que negociar y lograr acuerdos con la oposición.
De acuerdo con los números en San Lázaro, Morena, PT y PVEM suman 278 legisladores y requieren de mayoría calificada, es decir 334 votos de los presentes en la sesión para realizar cambios constitucionales. Mientras que en el Senado tienen 78 y también requieren, cuando menos, las dos terceras partes de los votos, esto es 85.
Al posicionarse sobre el Tercer Informe de Gobierno, el PAN anticipó que no apoyará iniciativas que vulneren la división de poderes o minen los contrapesos constitucionales; el PRI aseguró que no recibirá órdenes del presidente; el PRD abogó por que la Cámara de Diputados recupere su autonomía y Movimiento Ciudadano anunció que harán frente a “los abusos y excesos” que intente imponer al Congreso.
“(Andrés Manuel López Obrador) es un líder político al que ustedes (Morena) le rinden lealtad política. Está bien, nadie les critica eso. Es más, me atrevo a decir que ese es su deber; el problema es cuando se confunde lealtad y política con obediencia ciega”, dijo Jorge Romero, coordinador de los diputados del PAN, en la instalación de la Legislatura.
“Aquí en México están obsesionados por promover la desaparición de los legisladores de representación proporcional, por disminuir los recursos públicos a los partidos políticos y, simultáneamente, están obsesionados por aniquilar al Instituto Nacional Electoral y a los tribunales electorales. No se los vamos a permitir”, dijo Alejandro Moreno, diputado federal y dirigente nacional del PRI.
Aplanadora vs. consenso
La primera sesión de la Cámara de Diputados, el miércoles 1, y la del Senado al día siguiente contrastaron notoriamente. Mientras en la primera Morena y sus aliados se impusieron como aplanadora, en el segundo el partido en el poder analizó artículo por artículo con todas las bancadas hasta lograr un consenso, pese a contar con la mayoría absoluta para su aprobación, esto es la mitad más uno.
En la Cámara de Diputados se trató la nueva Ley Federal de Juicio Político y Declaración de Procedencia, aprobada con 266 votos en favor y 205 en contra, reglamentaria de la reforma constitucional a los artículos 108 y 111, con la cual se establece una regulación para que el presidente de México pueda ser imputado y juzgado durante el tiempo de su encargo, siempre y cuando la resolución en el Senado alcance la mayoría calificada.
Además, obliga a los Congresos locales a acatar las decisiones de desafueros del Congreso federal, y evitar así casos como el del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, acusado de lavado de dinero, delincuencia organizada y defraudación fiscal, y que fue protegido por el Congreso estatal al no homologar la declaración de procedencia contra el panista.
La oposición anunció que presentará una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para echar atrás la reforma, pues considera que será utilizada como un instrumento de persecución política y de venganza contra los adversarios políticos de la Cuarta Transformación.
La revocación
En el Senado se aprobó con 101 votos en favor y dos en contra la Ley de Revocación de Mandato –exigida por el presidente–, luego de que Morena cedió y acordó con los partidos opositores 29 modificaciones, con el fin de evitar que cumplieran su amenaza de acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para impugnarla por considerar que tenía vicios de inconstitucionalidad.
Así, por ejemplo, mientras el llamado bloque de contención, que integran PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, exigía respetar la Constitución y el espíritu de la revocación de mandato con la formulación de la pregunta en sentido negativo, ante la pérdida de confianza de un mandatario, y Morena pretendía promover una pregunta en sentido positivo, como si se tratara de una consulta de ratificación, finalmente se aprobó la suma de las preguntas: “¿Estás de acuerdo en que a (nombre), Presidente/a de los Estados Unidos Mexicanos, se le revoque el mandato por pérdida de confianza o que siga en la Presidencia de la República hasta que termine su periodo?”.
El titular del Ejecutivo, paradójicamente empeñado en impulsar un plebiscito revocatorio sobre su mandato en 2022, ya había manifestado cual, según su interpretación, tendría que ser la pregunta: “Si quieren que renuncie o continúe”.
Sin embargo, de acuerdo con la Constitución, el presidente no puede convocar a un ejercicio de revocación de mandato porque este derecho es exclusivo de los ciudadanos, y sólo podrá realizarse a petición de un número equivalente, al menos a 3% de los inscritos en la lista nominal de electores, siempre y cuando la solicitud corresponda a por lo menos 17 entidades federativas y que represente, como mínimo, a 3% de la lista nominal de electores de cada una de estas localidades.
Además, la Constitución estipula que deberá haber una participación de, por lo menos, 40% de las personas inscritas en la lista nominal de electores, esto es unos 37 millones de personas, para que sea procedente la revocación de mandato. Sólo procederá por mayoría absoluta.
Los pendientes
El miércoles 1, durante su Tercer Informe de Gobierno, López Obrador anunció que la primera reforma constitucional que enviará al Congreso es la de la industria eléctrica, para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, luego de que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica fue suspendida judicialmente ante los amparos que promovieron las empresas al considerar que es inconstitucional.
“Permitirá reparar el grave daño que causó la privatización al sector público y a la economía popular, pues mientras el mercado de esta industria se abrió para dar preferencia a empresas particulares nacionales y, sobre todo, extranjeras con la entrega de subsidios, entre otras prebendas, las plantas de la Comisión Federal de Electricidad fueron completamente abandonadas”, dijo en su informe en Palacio Nacional.
La reforma electoral, que buscará sustituir a los consejeros, también será enviada por el presidente, pero todavía no tiene fecha. Lo que sí se vislumbra es un largo camino para construir consensos sobre ella. El miércoles 1 el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, dijo que la reforma político-electoral será avalada entre agosto y octubre de 2022, pues buscarán consensuarla con los otros partidos, a los que necesita.
Un borrador de la reforma electoral que alista Ricardo Monreal, filtrado el 18 de agosto, un día antes de que López Obrador anunciara que la reforma electoral la enviaría él, como titular del Ejecutivo, propone la renovación de los consejeros y magistrados; para evitar afectar los derechos laborales de los consejeros y magistrados incluiría un transitorio a efecto de que sigan percibiendo sus remuneraciones por el tiempo que les queda en el cargo.
El Congreso también espera una iniciativa que enviaría el presidente para que la Guardia Nacional forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que también se prevé complicado de ser aprobado, pues justamente los partidos de oposición pugnaron para que la Guardia Nacional tenga un mando civil, pese a que, en los hechos, la corporación policial es controlada por los militares.
El camino legislativo de las prioridades presidenciales es un campo minado. Para ello, el presidente designó a su amigo, Adán Augusto López, secretario de Gobernación, y le dio la tarea de “atender” las tres iniciativas de reforma constitucional que se enviarán al Poder Legislativo, papel que desempeñaba Julio Scherer Ibarra, ahora exconsejero jurídico de la
Presidencia.
“Adán me va a ayudar para hacerse cargo de todos los asuntos públicos políticos. La relación con gobernadores, la relación respetuosa con la Fiscalía General de la República y el Poder Judicial, en especial con la Suprema Corte de Justicia, y lo que se tiene que atender en el Poder Legislativo, las nuevas iniciativas de reforma”, dijo el presidente el 31 de agosto último, tras la salida de Olga Sánchez Cordero del Palacio de Cobián y su regreso al Senado.
De acuerdo con el Tercer Informe de López Obrador, el Ejecutivo no intervendrá de manera alguna en las determinaciones del Legislativo: “Se tiene una coordinación entre los poderes a través de la cual se ejerce el diálogo y la cooperación entre las partes, anteponiendo siempre el respeto a la autonomía que emana de la división de poderes.
“Mediante consensos y acuerdos con las distintas fuerzas políticas se impulsó y dio seguimiento a las reformas legislativas que permiten consolidar el proyecto de transformación económica, política y social de México.”
De septiembre de 2020 a junio de 2021, continúa el informe, el Ejecutivo promovió 13 reformas, de las cuales 12 fueron aprobadas por el Congreso, como la Ley de Seguridad Nacional, las reformas y adiciones a la Ley de la Industria Eléctrica y a la Ley de Hidrocarburos.
La cifra es similar al periodo anterior. Entre el 1 de septiembre de 2019 y el 30 de junio de 2020 el presidente presentó 12 iniciativas, que fueron aprobadas en su totalidad, entre ellas la Ley de Amnistía y las reformas a los artículos 108 y 111 de la Constitución.
Ricardo Monreal, personaje clave en el Senado para la aprobación de las reformas que le interesan al mandatario, quien se ha destacado por ser el que más iniciativas presenta, algunas muy controvertidas, como eliminar algunas comisiones bancarias y tasas de interés, logró hasta febrero pasado que se aprobaran 25 iniciativas suyas de 206 que había promovido.
