El caso de Eduardo Ravelo Echeverría, quien murió después de ser presuntamente violado y torturado por policías yucatecos, detonó la indignación ciudadana y reactivó los reclamos de organizaciones que luchan por la defensa de los derechos humanos y que han advertido que desde hace años algo se pudre en el estado. Sólo de 2018 a 2020 han sido reportadas 22 personas fallecidas bajo custodia policial. Pero las corporaciones no actúan solas… cuando se dan a conocer los decesos, se activa un mecanismo de encubrimiento integrado por dictámenes alterados, omisiones de la fiscalía y hasta de la Comisión de Derechos Humanos del estado.
MÉRIDA, Yuc.- El clamor retumbó hasta el gobierno federal: se exige justicia para José Eduardo Ravelo Echeverría, el joven veracruzano que murió el martes 3 después de ser presuntamente violado y torturado por policías yucatecos.
Si bien las autoridades dijeron que su caso no quedará impune, ninguna posición asumieron sobre una cauda de denuncias por personas que han perdido la vida bajo custodia policial en Yucatán, y que de 2018 a 2020 asciende a 22 casos. Además, entre 2020 y junio de 2021 se abrieron 315 actas de investigación por tortura, sin que a la fecha se haya judicializado alguna.
“Desde hace muchos años insistimos en la profundidad de la crisis de derechos humanos que padecemos en Yucatán, porque son muy reiteradas las denuncias, no sólo de tortura. Lamentablemente es un horror la cantidad de personas que tenemos fallecidas bajo custodia policial”, denuncia la activista Martha Capetillo Pasos, integrante del Equipo Indignación, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos.
Sólo en 2020 se documentaron mediáticamente por lo menos cinco casos de tortura y arrestos arbitrarios que terminaron en la muerte del detenido.
En febrero de 2020 Gaspar Avelino Sulub Cimé fue detenido cuando se trasladaba en un taxi con su familia. Horas después se les informó de su deceso “por broncoaspiración”. Una necropsia particular determinó que fue torturado y falleció ahogado en su propia sangre.
Sulub fue arrestado tras participar en una protesta en el palacio municipal de Progreso. Luego de su muerte, la policía detuvo sin motivo a su hija Daphne, quien denunció ante el Ministerio Público que su padre había sido asesinado por policías. La joven fue liberada por la presión mediática que ejercieron familiares.
En abril de ese año Ronald Richmond Díaz fue encontrado colgado en un árbol. El informe oficial determinó que se trató de un suicidio, pero su esposa divulgó sus sospechas de que lo mataron policías con los que tuvo un conflicto y simularon su suicidio para ocultar el crimen. Un dictamen forense particular arrojó que el cuerpo tenía huellas de tortura.
En octubre de 2020 José Santiago Medina Naal, La Cuca, paciente psiquiátrico, fue detenido en su casa por policías estatales; días después su cuerpo fue hallado en una charca a la vera de la carretera Hunucmá-Sisal. Murió por asfixia mecánica (ahorcamiento), según el dictamen pericial.
Un mes después Osmar López Manzanilla murió tras ser detenido por policías estatales, presuntamente estaba en posesión de droga. La captura ocurrió sobre la carretera Chichulub-Uaymitún. La necropsia determinó que fue torturado, presentaba golpes en la cara y fractura de nariz. Murió estrangulado.
Por ese caso, cuatro agentes quedaron vinculados a proceso, lo cual se logró después de que su padre ejerció presión mediática porque los agentes primeramente fueron liberados.
El 24 de diciembre de 2020 José Luis Cauich Yerbes fue arrestado en la comisaría de Xcanchakan por escandalizar en la vía pública. Falleció en la patrulla cuando era trasladado a Tecoh. La causa oficial: asfixia mecánica por oclusión de vías aéreas (broncoaspiración). Sus familiares denunciaron tortura y cuatro policías fueron imputados por homicidio calificado.
Otros casos
Al sumarse al reclamo de justicia por lo ocurrido a José Eduardo, la directora en México de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Stephanie Brewer, hizo pública en su cuenta de Twitter la respuesta que recibió de la Fiscalía General de Estado (FGE) de Yucatán a una solicitud de información que le formuló sobre los casos de tortura denunciados en 2020 y 2021.
Según el documento, firmado por Eulogio Canché Pool, director de Investigación y Atención Temprana de la dependencia, en 2020 se iniciaron 212 actas de investigación por denuncias de tortura y en 2021, hasta el 3 de junio, otras 103. Al día de hoy ninguna carpeta o averiguación previa ha sido consignada o judicializada.
A mediados de noviembre de 2020 la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) informó que documentó mediante procesos de quejas el fallecimiento de 22 personas que estaban detenidas y en custodia de policías municipales o estatales de 2018 a noviembre de 2020. Las causas fueron diversas, desde aparentes suicidios en cárceles municipales hasta “maltrato”.
Según el informe, en 2018 se documentaron ocho fallecimientos de detenidos bajo custodia de policías municipales y uno de la estatal; en 2019 fueron cuatro los casos, tres bajo responsabilidad de agentes municipales y uno de estatales, y en 2020 fueron 10 decesos, seis con cargo a policías municipales y cuatro a estatales.
A solicitud de esta corresponsal, la Codhey informó que emitió 48 recomendaciones por tratos crueles, inhumanos o degradantes, de diciembre de 2006 a julio de 2021. Estas fueron contra la Secretaría de Seguridad Pública, la FGE y varios ayuntamientos, y nueve más por tortura, aunque el recuento de casos quedó en pausa debido a que el personal fue retirado a sus casas por la llegada del huracán Grace.
Con motivo de la Cumbre de Premios Nóbel que se celebró en esta ciudad en octubre de 2019, el Equipo Indignación les dio la bienvenida a los participantes con una carta en la cual denunciaban las violaciones a los derechos humanos en la entidad. Parte de ella aludía a las corporaciones policiales:
“Bienvenidas, bienvenidos a Yucatán, un lugar en el que tienen pocas probabilidades de sufrir un asalto o fallecer por violencia proveniente del crimen organizado o de la delincuencia común, y es por esa razón que presume su paz y seguridad, aunque la tortura y los tratos crueles sean infligidos de manera sistemática e impune durante las detenciones policiacas.”
Días antes, otro joven detenido falleció en una celda de la cárcel municipal de Oxkutzcab. Oficialmente “se suicidó”. No obstante, la versión no fue creída por sus familiares y amigos, quienes iniciaron una revuelta que terminó con el incendio del palacio municipal y de varias patrullas, así como diversos detenidos por esos desmanes que se desataron por el clamor de justicia.
“Es una situación muy persistente desde hace muchos años en Yucatán. Hemos insistido ante distintos gobiernos, no sólo nosotros, también los relatores de derechos humanos y de tortura, en que en cualquier fallecimiento bajo custodia policial debe descartarse la tortura, es decir, hemos exigido un protocolo para descartar tortura en estos casos, pero no hemos tenido ninguna respuesta y sí, en cambio, la persistencia de la impunidad”, denuncia Martha Capetillo, quien desde 2010 ha defendido a las víctimas.
“Creo que el único caso que fue llevado ante un juez es el que ocurrió en Tecax, en 2016, que fue un año fatídico”, comenta. Se trató de la tortura policial sobre un joven detenido –que no falleció– que fue videograbada y difundida en redes sociales por otro policía, quien, en venganza, también fue torturado por sus compañeros.
“La propia Codhey emitió una recomendación por el joven detenido, pero no por el policía maltratado, de quien ya no tuvimos noticias”, añade.
De igual manera, recuerda la muerte en 2016 de otra persona en la cárcel de la comisaría de Temax. “Antes de morir contó también a su mamá lo que le hicieron los policías y le dijo ‘no voy a sobrevivir’, pero el dictamen del forense estableció que la causa de su muerte fue por ‘parasitosis’”.
Organismo cómplice
La abogada reprocha que la Codhey en ninguna de sus recomendaciones a las corporaciones “se atreve a mencionar la palabra tortura” y opina que esto se debe a que “hay todo un entramado institucional de encubrimiento”.
Argumenta que, aunque el “arma más fuerte” de la Codhey para erradicar la tortura y los abusos policiales son sus recomendaciones, éstas son tardías y no las publicita. “Las emite dos o tres años después de los hechos y no menciona la palabra tortura”.
También critica que estos crímenes policiales se pretendan afrontar sólo con cursos de capacitación, cuando quienes los perpetran deben ser investigados, de acuerdo con los más altos estándares de derechos humanos, judicializados y sancionados.
“La Codhey es verdaderamente negligente y también el Congreso estatal es responsable, porque es el que nombra al titular de Derechos Humanos”, agrega.
Capetillo Pasos también habla sobre la muerte de Robert Tzab, caso que la organización Indignación acompaña legalmente desde 2010, pero que la fiscalía estatal “ha cerrado reiteradamente y nosotros a punta de amparos lo hemos reabierto para que se siga investigando por tortura (policial)”. El homicidio sigue impune.
“En Yucatán tenemos una tremenda crisis de derechos humanos. La denuncia es permanente y también es permanente la intención de las autoridades de no tocar ningún caso. Sea el responsable una corporación municipal, estatal o federal, el mecanismo que se activa de encubrimiento es el mismo.
“La FGE no pasa ningún caso; hasta ahora no ha pasado ningún caso de tortura con excepción de ese de 2016. Ese mismo año igual nosotros supimos de dos fallecidos por infartos, uno en la cárcel municipal y otro en el traslado, epidemia de infartos en personas detenidas, y hasta ahora el forense encubriéndolos”, insiste.
Dice sobre José Eduardo: “Tenemos una actuación distinta del forense. Estamos atentos de lo que está ocurriendo y este caso está poniendo luz sobre el horror que vivimos en Yucatán. Estos casos que suelen comenzar con una detención arbitraria, ilegal y violenta desencadenan en demás violaciones”.
Denunció que al gobierno estatal –en la anterior y actual administración– se les ha insistió en la integración de una comisión multidisciplinaria de especialistas independientes que investiguen, informen y emita recomendaciones sobre las agresiones y violaciones policiales.
“Hay camino, hay ruta para enfrentar y erradicar la tortura, hay recomendaciones de los relatores internacionales, hay camino y guía, pero no han querido (las autoridades). Lo que sí hay es una absoluta determinación para no enfrentar los casos de tortura y, por el contrario, encubrirlos”, sostiene.
Abogado también de Indignación, Jorge Fernández Mendiburu considera que el escándalo mediático en el cual se enfrascaron las instituciones involucradas en el caso de José Eduardo desvía la atención de los dos temas fundamentales: la grave situación de violación a los derechos humanos cometidos por cuerpos policiacos y el acceso a la justicia para las víctimas, lo que incluye la sanción a los responsables, reparación del daño y medidas de no repetición desde la perspectiva de derechos humanos.
“Esto exhibe que en Yucatán las instituciones son disfuncionales para investigar este tipo de delitos; pareciera la existencia de un contubernio para que no se llegue a la verdad histórica y al castigo a los responsables”, dice.
