Este viernes 13 se instaló en México la mesa de negociación entre gobierno y oposición de Venezuela. De acuerdo con especialistas consultados por Proceso, tal diálogo se centrará en las estrategias a seguir para aliviar las crisis económica, social y sanitaria que enfrenta el gobierno de Nicolás Maduro. La salida de éste del poder no está en la agenda, pero las pláticas podrían conducir, por ejemplo, al cese de las sanciones internacionales contra el régimen de Caracas y a unas posibles elecciones regionales democráticas.
BOGOTÁ.- Las negociaciones entre el gobierno y la oposición de Venezuela, que se desarrollan desde este viernes 13 en México, estarán acotadas de principio a fin por la decisión del régimen de Nicolás Maduro de no ceder en nada que ponga en riesgo su permanencia en el poder.
Y esto parece estar asumido por la propia oposición venezolana, que ha aceptado que un punto central de la agenda de negociaciones sea el de lograr acuerdos para aliviar las severas crisis social, económica y de salud que enfrenta el país desde 2014 y que se ha agudizado por la pandemia del covid-19.
El tema de la crisis política estará presente pero no será prioritario en estos diálogos que arrancaron el viernes 13 en la Ciudad de México.
“Por eso en esta negociación no se va a lograr una solución definitiva al problema venezolano”, dice el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello Benigno Alarcón.
Maduro, asegura el académico a Proceso, “puede estar dispuesto a hacer concesiones, pero no a arriesgar el poder por esas concesiones”.
En ese sentido, hay “líneas rojas” que los negociadores de Maduro –su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra; el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez; y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez– nunca van a cruzar.
Una de esas “líneas rojas” es la aspiración de la oposición de crear las condiciones para que se produzca un cambio político en el país. “Justamente lo que el gobierno no está dispuesto a permitir es que se produzca ese cambio político”, afirma Alarcón.
Aun en esas condiciones hay espacio para lograr acuerdos que permitan el ingreso masivo de alimentos, medicinas y vacunas contra el covid-19, y para liberar a un número importante de los 268 presos políticos que, según la ONG Foro Penal de Venezuela, tiene el régimen.
Stalin González, uno de los delegados de la oposición en los diálogos en México, adelantó que el tema humanitario será fundamental. “México es hoy un lugar para debatir, conciliar y construir salidas a la emergencia humanitaria compleja que vivimos”, aseguró el exdiputado en una declaración que fue interpretada en círculos de dirigentes opositores en el exilio como una muestra del pragmatismo que se verá en los diálogos y que se puede expresar en acuerdos que interesan a las dos partes.
“Estamos hablando –dice Alarcón– de la vacunación contra el covid-19 y de algunos temas relacionados con las condiciones humanitarias del país, que son críticas, porque ni el gobierno ni la oposición quieren mantener a la gente sometida a esas condiciones de vida tan complicadas.”
Hasta el jueves 12, sólo 3.9% de la población estaba completamente vacunada, porcentaje muy por debajo de la media mundial (31%) y latinoamericana (40%), según el portal Our World in Data de la Universidad de Oxford.
Ocho años de crisis
Tanto la oposición –representada en México por los partidos Acción Democrática, Primero Justicia, Un Nuevo Tiempo y Voluntad Popular– como el gobierno de Maduro llegan a la mesa de negociaciones debilitados tras ocho años de confrontación a través de los cuales el ciudadano común ha visto un deterioro constante de sus condiciones de vida.
El PIB ha perdido 77% de su valor entre 2013, año en que Maduro llegó al poder, y 2020, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y el salario mínimo mensual, que asciende a 10 millones de bolívares, equivale apenas a 2.40 dólares, lo que no alcanza ni para un kilo de carne.
Según el Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF), una canasta básica familiar cuesta al mes mil 256 millones de bolívares (303 dólares), lo que significa que se requieren 125 salarios mínimos para adquirirla. La hiperinflación, que en los últimos 12 meses llegó a mil 984%, de acuerdo con el OVF, pulveriza el salario de los trabajadores y ha llevado a la virtual dolarización de la economía.
“Tenemos una economía destruida y millones de venezolanos subsisten con las remesas de los migrantes o con el asistencialismo lumpenizado del régimen, que les da unos cuantos productos alimenticios al mes, como para no morir de hambre”, señala el economista Manuel Sutherland, un marxista que considera al chavismo un proyecto “fundamentalmente capitalista”.
Según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, que realizan cuatro universidades, la pobreza afecta a 94% de la población y la pobreza extrema a 64%. Además, nueve de cada 10 familias pasan hambre.
El colapso social, el fracaso de la estrategia opositora y el desaliento generalizado que produce la imposibilidad de resolver la crisis política por la vía electoral por los candados clientelares e institucionales que impone el régimen a través del control de todos los poderes del Estado, han acabado por pasar la cuenta a todos los actores políticos.
El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, del partido Voluntad Popular, tiene un magro 13% de apoyo ciudadano, mientras que Maduro tiene solo 9%, según la encuestadora Delphos.
Los incentivos para negociar
El coordinador de la maestría en estudios internacionales de la Universidad de los Andes en Colombia Víctor Mijares señala que, a pesar de la debilidad de Maduro, éste “tiene el control efectivo del país, aunque sea un país en ruinas, y eso hace que su costo de salida del poder sea muy alto”.
Esto, de acuerdo con Mijares, significa “que no existe ningún incentivo para que él (Maduro) y los dirigentes chavistas dejen el poder”.
Pero debido a las sanciones internacionales, que han agudizado la caída que arrastra la economía venezolana desde 2014, y al cerco diplomático que han tendido Estados Unidos y la Unión Europea en torno al régimen chavista, Maduro podría tener incentivos para abrir el juego electoral en comicios que no pongan en riesgo su permanencia en el cargo.
De acuerdo con el cronograma electoral venezolano, el próximo 21 de noviembre deberán celebrarse comicios regionales para renovar 23 gubernaturas y 335 municipios.
Para Mijares, “todo indica que Maduro ha tomado conciencia de la necesidad de ceder, y esa necesidad de ceder es permitir elecciones competitivas en los niveles inferiores, como las gubernaturas y los municipios, pero no en los superiores (Presidencia y Congreso)”.
El doctor en ciencias políticas de la Universidad de Hamburgo señala que, en ese sentido, las elecciones regionales de noviembre próximo le ofrecen al presidente venezolano la posibilidad de mostrar al mundo un rostro diferente al que ha exhibido en comicios anteriores, en los que, según la oposición, el chavismo se ha valido de toda clase de tretas para arrasar electoralmente.
Mijares considera que ese es un camino que Maduro está dispuesto a transitar para buscar legitimidad internacional y una flexibilización de las sanciones económicas, a lo cual podría ser más proclive el actual mandatario estadunidense Joe Biden de lo que fue su antecesor.
El politólogo y experto en relaciones internacionales señala que por ello se puede esperar en estas negociaciones “una tendencia de los voceros oficiales a darle un respiro y una mayor representación política a la oposición de cara a las elecciones regionales de noviembre”.
Lo que se podría ver en esos comicios, asegura, es “un repliegue táctico del chavismo, que puede ceder estados y municipios, pero sin ceder la renta y el control de las instituciones”.
Maduro ya ha anunciado que eliminará las figuras de los “protectores”, que son funcionarios regionales designados por él mismo para controlar la mayor parte del presupuesto en los estados y municipios ganados por la oposición.
Además, la Asamblea Nacional de Venezuela, dominada por el chavismo luego de que la oposición se marginó de los comicios legislativos de diciembre pasado, renovó en mayo anterior al Consejo Nacional Electoral y, por primera vez, dos de los cinco rectores no están ligados directamente al régimen, aunque éste mantiene el control del organismo.
La oposición considera a Maduro un “dictador” y un “usurpador”, pero hasta el autoproclamado presidente encargado, Juan Guaidó, tendrá un delegado en México –Tomás Guanipa, quien hasta el pasado miércoles 11 fue su “embajador” en Colombia–, mientras que otro conocido dirigente opositor, Henrique Capriles, estará representado por el exdiputado Stalin González.
Para Mijares, el hecho de que Guaidó y Capriles participen a través de delegados en los diálogos en México, aunque no reconozcan a Maduro como presidente por considerar fraudulentos los comicios de mayo de 2018, en los que se reeligió, es otra muestra de pragmatismo.
“La oposición –dice el politólogo– no va a poder empujar de buenas a primeras una transición democrática, pero tratará de jugar un juego de larguísimo plazo, de recuperar espacios y de tener cierto protagonismo electoral, lo que podríamos ver en las elecciones regionales de noviembre”. De alguna manera, señala, lo que estaría buscando la oposición es “tratar de romper el sistema autoritario desde abajo, aunque esto es una apuesta muy difícil de alcanzar, porque los poderes regionales están muy acotados”.
Capriles se pronunció hace unos días a favor de la participación de la oposición en las elecciones de noviembre y de postular candidatos de unidad en los estados y municipios, mientras que Guaidó no ha fijado una postura.
Guaidó aseguró el pasado jueves 12 que en la oposición “hay unidad para enfrentar los procesos que vienen en la negociación” y dijo que los diálogos deben conducir a “lograr un cambio en Venezuela”.
Maduro, cuya cuestionada reelección en 2018 lo habilita en el cargo hasta 2024, podría ser sometido a un referendo revocatorio a partir del 10 de enero próximo, cuando su segundo mandato cumple tres años, pero se desconoce si ese tema estará en la mesa de negociaciones en México.
El activista opositor Nicmer Evans considera que los delegados de Guaidó y Capriles en México deberían impulsar un acuerdo para realizar el próximo año un referendo revocatorio “sin las trabas y obstáculos que suele poner el régimen para impedir que se realicen este tipo de procesos”.
Ese, asegura, “sería un éxito de la oposición, salir con una fecha y con condiciones para un referendo revocatorio, porque si todo queda en pedir elecciones presidenciales equitativas eso no va a conducir a nada”.
Maduro dijo el pasado jueves 12 que su gobierno está dispuesto a que “los diálogos de paz” en México sirvan para “fijar un cronograma electoral bueno, estable y sólido”, aunque no precisó si ese cronograma incluiría un referendo revocatorio o, eventualmente, comicios presidenciales adelantados.
Las sanciones, moneda de cambio
Alarcón señala que la principal “moneda de cambio” que tiene la oposición en los diálogos en México es la eventual flexibilización de las sanciones económicas de Estados Unidos y la Unión Europea, las cuales precipitaron la debacle de PDVSA, la empresa petrolera estatal.
Cuando Maduro asumió el poder, en 2013, PDVSA producía 2.8 millones de barriles diarios de crudo; pero la falta de inversión, la corrupción y la dilapidación de recursos en los años de bonanza petrolera provocaron la paulatina asfixia de la empresa, que en 2018 sólo produjo 1.3 millones de barriles por día, menos de la mitad que cinco años antes.
Cuando Maduro inició su segundo mandato, en enero de 2019, Juan Guaidó se declaró presidente encargado alegando un proceso electoral fraudulento. Estados Unidos, la Unión Europea y varios países latinoamericanos reconocieron al dirigente opositor como mandatario legítimo, desconocieron al gobernante chavista e impusieron al país sanciones económicas.
Los hidrocarburos de PDVSA enfrentan desde entonces un bloqueo en el mercado occidental, y Venezuela quedó sin acceso a varios insumos y diluyentes para procesar el crudo y mantener operativa la infraestructura petrolera, lo que profundizó la caída de la producción.
Al entrar en vigor las sanciones, Venezuela producía 1.2 millones de barriles diarios de petróleo, cifra que cayó a 337 mil en junio de 2020 y que ha mostrado en el último año una ligera recuperación. En julio pasado se ubicó en 512 mil barriles diarios, que se destinan en su mayoría al consumo interno.
Según Alarcón, la oposición mantendrá un estrecho contacto con Washington y con la Unión Europea durante la ronda de conversaciones, “para que en caso de que haya algunas concesiones que sean atractivas pueda haber como contraprestación un ablandamiento de las sanciones”.
Estados Unidos dijo el jueves 12, por conducto del vocero del Departamento de Estado, Ned Price, que está dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela si se producen “avances significativos” en las pláticas.
Alarcón sostiene que las sanciones son “el principal punto de apalancamientos que tiene la oposición en esta ronda y puede ser que ese factor haga alguna diferencia” con respecto a las negociaciones que se realizaron en 2017 en República Dominicana y en 2019 en Barbados y Oslo, las cuales fracasaron.
Mijares considera que para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que es el anfitrión, es “muy importante que las negociaciones salgan bien y se logren acuerdos” porque podría presentar ese hecho como un triunfo de la diplomacia mexicana.
“Parece –dice Mijares– que López Obrador le agarró el gusto a la política exterior luego de sostener en los últimos años que la mejor política exterior es la política interior. Esta mediación le puede dar una proyección importante en el contexto latinoamericano como un líder de la izquierda regional.”
