La solicitud que la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas hizo al Cártel del Golfo para que les permita acudir al predio La Bartolina, donde se ha encontrado media tonelada de restos humanos, refleja la desesperación de los familiares de desaparecidos ante la incapacidad de las autoridades tanto para ayudarlos en su búsqueda como para identificar unos 2 mil cuerpos ya exhumados en la entidad. “No nos va a alcanzar la vida para identificarlos. De nada sirve estar saque y saque cuerpos que no se pueden reconocer”, resume Geovanni Barrios, presidente de la organización Justicia Tamaulipas.
REYNOSA, Tamps.- En medio de cruentas confrontaciones en la inestable frontera tamaulipeca, el Cártel del Golfo (CDG) anunció que varios grupos que lo integran –los Escorpiones, los Metros y los Rojos– establecerían una tregua para “dar tranquilidad” a la población.
El cártel hizo el anuncio –que sorprendió a la población del estado– por medio de mantas desplegadas en diversos puntos de la entidad.
Igual de insólita que la tregua fue la solicitud de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de Tamaulipas que pidió públicamente a los líderes de la agrupación criminal que le permitiera a los familiares ingresar al predio de La Bartolina, en Matamoros, donde ha sido encontrada más de media tonelada de resto
humanos.
La propuesta fue de inmediato impugnada por otros organismos y colectivos. Por ejemplo, Josefina de León, directora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas (Redetam) –organización que actualmente acompaña a 179 familias– se deslindó del pronunciamiento que hizo el colectivo reynosense. Argumentaron que ellos, como buscadores y víctimas, no se relacionan con criminales.
“Desconocemos el origen de la Unión. No sabemos quiénes son. Nunca hemos tocado el tema de organizaciones que se dedican a actividades de forma ilícita. Sólo hacemos búsqueda de desaparecidos e impulsamos la búsqueda a través de políticas públicas, pero hasta ahí”, dice en entrevista telefónica.
De igual forma el organismo ciudadano Justicia Tamaulipas señala que la asistencia a La Bartolina sólo servirá a las autoridades para tomarse la foto, pues en otras búsquedas pasadas no han dado resultados. Y aclara que esa media tonelada de huesos referida es sólo una cifra para provocar psicosis, pues representa el equivalente a unos 26 cuerpos.
Narcomantas
En la madrugada del 26 de julio fueron desplegadas en varios municipios de Tamaulipas mantas con un texto suscrito por los jefes de tres grupos que integran al CDG. Dicho texto establecía que a partir del 19 de ese mes dejaban de enfrentarse en solidaridad con la población de la entidad.
Las mantas decían: “Lo primordial es que los pueblos que cuentan con nuestra presencia se sientan seguros con ella, sin preocupación alguna, firmando entre nosotros la paz y fortaleciendo la unión de nuestras plazas, demostrando ante todo que el Cártel del Golfo tiene principios, y su mayor prioridad es la tranquilidad del estado y la tranquilidad de los pueblos. En honor a nuestros compañeros caídos en la guerra y en muestra de respeto y solidaridad que le tenemos a todo el pueblo en general, viva la paz en Tamaulipas”.
Firmaban los jefes del CDG: SC-XIX, grupo Scorpión; Primito, grupo Metros; y Tampico, grupo Rojos.
Se reportó la colocación de este mensaje en espacios públicos de Reynosa, Matamoros, San Fernando, Méndez y Burgos, entre otros municipios.
La tregua iniciaba después de que el pasado 19 de junio se registró en Reynosa una masacre de 15 civiles en colonias populares de la zona suroriente de esa ciudad, provocada por disputas internas del CDG. Al parecer, los asesinatos ocurrieron por orden de Édgar Valladares, El Maestrín, líder de los Escorpiones en Río Bravo, para calentarle la plaza al Primito, su rival de Reynosa.
El 28 de julio, luego de que las mantas fueron desplegadas, El Maestrín fue ejecutado junto con otra persona. Sus cuerpos fueron encontrados en un coche en la vía Reynosa-Río Bravo.
Dos días después, el 30 de julio, la Unión de Colectivos de Madres de Desaparecidos de Tamaulipas, que representa a unas 200 familias, levantó la mano en la tregua y pidió a otro grupo del mismo cártel, Los Ciclones, que les permita ingresar al predio de La Bartolina. Elaboró el texto la abogada Delia Quiroa Flores que busca a su hermano Roberto secuestrado el 10 de marzo de 2014 y quien, supone, puede estar enterrado en el polígono conocido también como La Cocina y la Brecha del Infierno.
“Líder de los Ciclones del CDG de Matamoros: en nombre de 200 familias con personas desaparecidas, le envío este mensaje: le pido, le ruego, le suplico que tengamos una tregua de paz. Esto con la finalidad de un día, si encontramos a nuestros desaparecidos, poder morir en paz”, dice el texto publicado en redes sociales y en el que señala que, como las autoridades no buscan, la desesperación los ha movido a comunicarse directamente con el cártel.
El texto dice que si les permiten acceder al sitio se identificarán con una pañoleta blanca amarrada en el codo izquierdo y llevarán banderas blancas en señal de paz. Expone que si su petición es aceptada, Los Ciclones se lo hagan saber con la colocación de una manta, “o de la mejor forma para ustedes”.
Quiroa Flores también publica un video en su cuenta de Facebook en el que, con velo negro, una veladora y el retrato de su hermano, lee el comunicado que hizo público.
Al día siguiente la Redetam publicó en redes sociales una carta en la que desconoce el origen del pronunciamiento de la Unión y respaldaba a los colectivos de búsqueda que no tienen relación con esa organización. Precisó que la labor de los buscadores radica únicamente en la localización.
“Aclaramos que #REDETAM DESCONOCE y se DESLINDA de ese grupo y del contenido expresado en esa nota”, apuntó el organismo.
Quiroa Flores aclara en entrevista que ella habla a nombre de las familias que integran cuatro colectivos, entre los que se encuentra el 10 de marzo, bautizado así en referencia a la fecha de desaparición de su hermano. Expresa que esos colectivos reúnen a familiares de víctimas de Miguel Alemán, Victoria, Matamoros, Reynosa y Río Bravo.
Precisa que ella y su familia salieron huyendo de Reynosa después del secuestro de Roberto. Dice que está en el Estado de México con sus hijos y su madre, María Icela Valdez, quien en 2019, en Palacio Nacional, se postró ante el presidente Andrés Manuel López Obrador con el propósito de demandar ayuda para encontrar a su hijo desaparecido (Proceso 2226).
Explica que la idea de pedir la tregua al CDG surgió luego de ver las mantas en las que sus grupos pactaban un cese al fuego interno. Les solicitaron ayuda porque las autoridades no han trabajado para resolver el problema de los secuestrados.
“Si se fija yo digo que es Unión de Colectivos de Madres Buscadoras de 200 familias. No son todos los colectivos. Ellas (las otras organizaciones) se ponen en peligro solas al deslindarse”, dice.
El 31 de julio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que preside Rosario Piedra, emitió un comunicado en el que se declara dispuesta a acompañar a la Unión en su búsqueda en La Bartolina, y llama a autoridades estatales y federales para que den protección a las familias y ayuden en la localización.
Según Karla Quintanilla, presidenta de la Comisión Nacional de Búsquedas (CNB), desde 2017 fue descubierto en Matamoros ese sitio de cremación clandestina, ubicado a 12 kilómetros de la costa del Golfo de México, cerca de la ciudad de Brownsville, Texas. Como referencia sobre la gravedad del caso, dijo que de ese lugar se había extraído media tonelada de huesos calcinados.
Sobre este llamado de Quiroa Flores y el colectivo que representa, Josefina de León dice que, independientemente de que la Redetam se deslinde, se debe destacar que ahí hay un llamado de auxilio de familias que demandan ayuda de las autoridades.
“No sabemos quiénes son ese grupo, pero esas familias requieren atención de parte de las instituciones. Pero lo que me queda claro no es el sentido de esa tregua, pues no es un llamado con lo que nos involucramos. Lo que sí resalto de la persona que se manifiesta en la carta es que, si hacen este llamado, es porque hay una ausencia de participación de las autoridades”, explica.
De León ve con reserva el acompañamiento a la Unión de Buscadoras que anunció la CNDH, pues dice que la función de este organismo debe ir más allá: con actuaciones, en lugar de sólo estar a un lado de las víctimas. “Debe documentar todo y señalar las violaciones que se realizan, y hacer la recomendación necesaria, no sólo en instancias nacionales, sino a nivel internacional”, considera.
Dice que la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, como asociación civil, no ha establecido nunca contacto con agrupaciones criminales, porque no las han necesitado, ya que su función es la de buscar, no perseguir a delincuentes.
Considera que en el predio de La Bartolina hay muchos más restos que los 500 kilogramos que informó la CNB. En Tamaulipas hay otros terrenos similares detectados en la última década, cuya existencia la Redetam dará a conocer en un informe forense que publicará en las próximas semanas.
Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, pide que no sean criminalizadas las buscadoras que pidieron colaboración de los criminales, pues su acción supone que están desesperadas y buscan la ayuda que las autoridades le niegan.
Y dice que la incursión de la CNB programada en La Bartolina sólo tendrá efecto si la autoridad permanece en el predio, hasta que agoten ahí la investigación, no como lo han hecho hasta ahora: entran al lugar y luego se retiran, con lo que la escena se contamina cuando queda desprotegida.
“Lo que se requiere en Matamoros es una mesa urgente de trabajo interinstitucional que involucre a los gobiernos federal y de Tamaulipas con un compromiso público hacia las familias. Si no se hace de manera organizada, lo demás será mediático o una simulación”, dice y considera que debe ser la CNDH la que convoque a las partes.
Geovanni Barrios, presidente de la asociación civil Justicia Tamaulipas dice que no acudirá a las jornadas de exploración en el cementerio clandestino matamorense porque no recibió una invitación formal. No cree en la intención que motiva a las autoridades, pues parece que más que buscar desaparecidos, lo que quieren es reconocimiento mediático a su actividad.
Recuerda que recientemente hubo en Reynosa una jornada de búsqueda en el panteón municipal del Sagrado Corazón. Había cinco puntos con cadáveres, pero no exhumaron todos debido a que los funcionarios establecieron los trabajos para un número determinado de días, cuando el plazo se cumplió ya no siguieron.
“En La Bartolina es lo mismo, sacaron fragmentaciones y no informan a familiares ni a nadie. Buscan un impacto mediático, para que la gente diga que están trabajando. Aquí crearon una psicosis en las familias, al decir que encontraron media tonelada de restos humanos, pero no dicen que los huesos de cada cuerpo humano pesan entre 18 y 15 kilos. Si lo dividimos entre los 500 kilos, da unos 25, 26 cuerpos, pero decirlo así no tiene el mismo impacto que señalar que hallaron media tonelada de fragmentación humana”, comenta.
Recuerda que el hallazgo de La Bartolina no es nuevo: data de 2017. Desde entonces “han estado yendo”, pero “ahora ir ahí es lo mismo que pasó con el Sagrado Corazón, pues no sirve sacar cuerpos si no se pueden identificar”, lamenta.
También recuerda que en el municipio de Miguel Alemán, personal forense extrajo hace dos años 250 cuerpos y hasta ahora han identificado sólo 20. “No nos va a alcanzar la vida para identificarlos. De nada sirve estar saque y saque cuerpos que no se pueden reconocer. Hay unos 2 mil cuerpos sin identificar en el estado. Que saquen más cuerpos no es la solución”, estima el activista, quien busca a su hijo quien también se llama Geovanni, secuestrado el 24 de abril del 2008.
Dice que si bien las autoridades refieren que la cifra de desaparecidos en Tamaulipas ascendía a 11 mil en la pasada década, los organismos civiles estiman que de 2000 a la fecha el número aumentó a 30 mil.
Juana María Prado Vega, del colectivo Todos Somos Uno Buscando Nuestros Desaparecidos en Nuevo Laredo, no cree en el llamado para pactar una tregua con los criminales, pues considera que la labor de este tipo de colectivos es únicamente de localización.
“A mí me da tristeza todo eso, pero la verdad nosotros sólo queremos encontrar a nuestra gente. No queremos saber nada de delincuencia organizada ni de cárteles. Sólo queremos encontrarlos, como estén. No hacemos nuestro el llamado”, dice sobre la petición de Quiroa.
Juana María busca a su esposo Pedro Jesús Castro Villarreal, desaparecido el pasado 23 de abril en un punto cercano del kilómetro 26 de la Carretera Monterrey-Nuevo Laredo. Era chofer de la aplicación Didi que salió de la capital de Nuevo León por pasaje en la frontera tamaulipeca y ya no volvió.
Su agrupación reporta 157 desaparecidos en esta vía interestatal del año pasado a la fecha, de los cuáles seis han regresado con vida y uno ha sido localizado fallecido.
El jueves 12, unas 15 integrantes de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras acudieron a La Bartolina acompañados de personal de la CNDH, pero no pudieron ingresar porque no iban acompañadas de alguna autoridad ministerial.
Quiroa, quien encabezó la caravana que partió de Reynosa, resguardada por la Guardia Nacional y la Policía Estatal, se dijo indignada porque el predio está protegido sólo por unas cintas amarillas y no hay trabajos sobre el área donde, dijo, puede estar el familiar de cualquiera de las personas que realizan búsquedas.
