París.- El costo humano de los 20 años de guerra contra los talibanes y Al-Qaeda que libró Estados Unidos a la cabeza de la Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad en Afganistán –una coalición de 51 países–, es muy alto.
Según estimaciones de dos organizaciones independientes –Costs of War Project, del Instituto Watson de la Universidad de Brown, e Icasualties– que recopilan y analizan datos sobre las guerras llevadas en Afganistán e Irak por fuerzas multinacionales, 2 mil 442 soldados estadunidenses murieron en Afganistán y 20 mil 662 fueron heridos. Icasualties señala que mil 144 militares de la coalición perecieron en distintos operativos; Costs of War menciona la muerte de 3 mil 800 soldados y agentes de seguridad privados contratados por el Pentágono.
Los investigadores del Instituto Watson calculan que las fuerzas policiacas y militares afganas perdieron entre 66 mil y 69 mil hombres. Les fue difícil evaluar el número de bajas que sufrieron los talibanes, calificados por Washington y Kabul como “fuerzas insurgentes antigubernamentales”, y los de Al-Qaeda y del Estado Islámico (EI), clasificados como terroristas. Los expertos hablan de más 51 mil muertos.
Pero los más afectados son los civiles. Según datos oficiales reunidos por la Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA), tanto las bombas disparadas por la aviación estadunidense y afgana como los ataques perpetrados por los talibanes y los atentados de Al-Qaeda y el EI costaron la vida a 47 mil 245 adultos y niños hasta finales de 2020.
Pero los expertos de la ONU, así como Catherine Lutz, corredactora del informe del Instituto Watson, insisten en que esa cifra dista de reflejar la realidad.
Las estadísticas afganas sólo toman en cuenta las víctimas directas e inmediatas de los ataques y dejan fuera a los afganos que mueren a consecuencia de las heridas o de la destrucción de la infraestructura (hospitales, redes de abastecimiento de agua y alimentos…).
Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, 2 millones 700 mil afganos tomaron la ruta del exilio –100 mil de ellos en los cuatro últimos meses– mientras que el número de desplazados internos alcanza 4 millones.
El pasado 26 de julio la UNAMA expuso que había registrado 5 mil 183 víctimas civiles –mil 659 muertos y 3 mil 254 heridos– durante los últimos seis meses, un aumento de 47% comparado con el mismo periodo de 2020.
El desglose es demoledor: 46% de las víctimas civiles son mujeres y niños, siendo 32% del total menores de edad. Los grupos antigubernamentales son responsables de 64% de las muertes o de las lesiones a la población civil: 39% se deben a los talibanes, 9% al EI y 16% a terroristas no identificados. Las fuerzas militares y policiacas afganas así como grupos progubernamentales mataron o hirieron a 25% de las víctimas civiles mientras que 11% perdieron la vida atrapados en tiroteos.
Washington siempre se muestra renuente a reconocer su responsabilidad en decesos de civiles afganos y cuestiona sistemáticamente las cifras de la UNAMA, insisten los autores del informe de Costs of War Project. Explican, por ejemplo, que reportaron 546 civiles muertos y 209 heridos por los bombardeos de las fuerzas aéreas en su balance de víctimas de 2019, mientras que el Pentágono se aferró a sus cifras de 97 muertos y 59 lesionados.
Los mismos investigadores del Instituto Watson recalcan que entre 2015 y 2019 las autoridades castrenses estadunidenses repartieron un total de 2 millones de dólares entre 455 familiares de víctimas de su aviación militar; pero hasta la fecha se niegan a calificar estos pagos de “compensación” o “reparación” y se empeñan en hablar de “expresión de pésame, simpatía y buena voluntad”.
Entre los civiles víctimas de los talibanes destacan también 300 intérpretes afganos –o sus familiares– que trabajaron con el ejército estadunidense, según el recuento de la organización No one left behind (Ninguno debe quedarse atrás) que defiende al personal contratado en Afganistán por el Pentágono.
La situación de estos empleados afganos que la Casa Blanca no se apresuraba a rescatar creó una polémica tan fuerte en las últimas semanas en los rangos de militares aún en activo que convivieron con ellos y en las asociaciones de veteranos de guerra, que la Casa Blanca tuvo que tomar medidas de urgencia.
El pasado 25 de julio Joe Biden anunció la creación de un fondo de 100 millones de dólares para iniciar la evacuación de 19 mil intérpretes y auxiliares afganos y de sus familias –alrededor de 80 mil personas– y de 200 millones de dólares suplementarios para atender sus necesidades más apremiantes.
Esas sumas no tardarán en aumentar exponencialmente, pues Washington deberá mantener materialmente a estos miles de afganos en “centros de acogida” en bases militares en territorio estadunidense o repartidos en Catar, Baréin y otros países de la región aún no dados a conocer, mientras obtengan su special immigrant visa (SIV), otorgada exclusivamente a los iraquíes y afganos reclutados por el Pentágono.
Los trámites para obtener la SIV pueden durar hasta siete años. El pasado 22 de julio la Cámara de Representantes aprobó medidas legislativas que, en principio, limitarán el tiempo de espera a un año y medio.
Sea cual sea su monto, los gastos ocasionados por la reubicación de los intérpretes y auxiliares afganos son una gota de agua comparados con las sumas exorbitantes que Estados Unidos desembolsó para financiar su guerra contra el terrorismo en Afganistán, “apaciguar” el país y capacitar a sus fuerzas de seguridad militares y civiles, tres objetivos oficiales de esa guerra de dos décadas que distan de haber sido alcanzados.
Según los investigadores del Costs of War Project, Washington gastó 2 mil 261 billones de dólares en esta guerra.
En su último informe, publicado en 2020, el Pentágono señala que los gastos meramente militares de su intervención en Afganistán suman 817 mil millones de dólares. Capacitar y armar a las fuerzas armadas terrestres y aéreas y las fuerzas policiacas afganas costó 88 mil millones de dólares. Intentar frenar el cultivo y el tráfico de heroína movilizó más de 9 mil millones de dólares pero no impidió que Afganistán sea actualmente el mayor proveedor mundial de ese narcótico.
