Michoacán no conoce la paz desde hace décadas, pero en 2006 comenzó ahí una estrategia de seguridad fallida que hasta la fecha tiene a la población sometida a los grupos criminales que se disputan su territorio. Sin embargo, el gobernador Silvano Aureoles, señalado él mismo por presuntos vínculos con criminales, decidió denunciar la operación de los cárteles sólo tras la victoria electoral de sus rivales políticos.
Morelia, MicH.- La madrugada de aquel miércoles de 2006 en que un comando armado arrojó seis cabezas humanas en la pista de baile del centro nocturno Sol y Sombra, del municipio de Uruapan, fue el principio de un desastre para Michoacán. Los enfrentamientos, las ejecuciones y las feroces disputas por el control de territorios se convirtieron en un realidad cotidiana en la que el gran ausente ha sido el Estado mexicano.
Han trascurrido tres lustros desde ese 6 de septiembre de 2006, cuando el entonces presidente Felipe Calderón, y como gobernador Lázaro Cárdenas Batel, echaron a andar el Operativo Conjunto Michoacán, con el que se inició la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
Hoy Michoacán permanece colapsado en materia de seguridad. Organizaciones criminales se disputan el territorio con el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), que con el paso de los años se consolidó como la fuerza delictiva con mayor expansión en la entidad.
Con el gobierno saliente de Silvano Aureoles Conejo, el estado ha visto transitar tres administraciones en constante conflicto con el gobierno federal, rebasadas por la delincuencia organizada y con señalamientos de presuntos acuerdos y vínculos con organizaciones criminales.
El costo de sangre que ha pagado el estado en dos décadas se incrementó de manera exponencial durante el gobierno silvanista: de los 765 homicidios dolosos registrados por la Fiscalía General del Estado (FGE) en 2015 –año de su arranque–, para 2020 pasó a mil 976.
El panorama no mejora en este 2021. En junio las carpetas de investigación ya ascendían a mil 64.
Según el Informe de Seguridad presentado durante la conferencia matutina presidencial del pasado miércoles por el comandante de la Guardia Nacional, Luis Rodríguez Bucio, los homicidios dolosos en Michoacán suman mil 280 en 2021, lo que ubica a la entidad entre las cinco con mayor número de casos en el país.
Criminalidad a tope
Michoacán es geográficamente estratégico para el arribo y distribución de estupefacientes: el puerto de Lázaro Cárdenas es punto clave para la llegada de drogas desde Sudamérica, China e India.
Para mayo la Secretaría de Marina ya registraba 211.5 kilos de clorhidrato de cocaína asegurados en el puerto. En 2020 la dependencia reportó 307.86 kilos asegurados de embarques provenientes de Colombia y Ecuador.
La colindancia de Lázaro Cárdenas con la región de Tierra Caliente, y las ventajas de ésta en rutas para la distribución y producción de drogas, ha hecho de la zona el epicentro de la criminalidad que afecta a todas las regiones de Michoacán.
Los 17 municipios que forman la zona acumulan en este siglo 2 mil 711 homicidios dolosos. En 11 de ellos sus años con mayor número de casos corresponden al actual sexenio estatal y principalmente a los municipios de Buenavista, Múgica, Huetamo, Aguililla y Apatzingán.
Aguililla es claro ejemplo del costo que paga la sociedad por la disputa de territorios entre las bandas delictivas. Los enfrentamientos entre integrantes del CJNG y Cárteles Unidos (CU) –que aglutina fuerzas de Los Viagras, el Cártel de Tepalcatepec, los Caballeros Templarios, Blancos de Troya y La Nueva Familia Michoacana– han evidenciado la ausencia de la autoridad ante la población sometida o desplazada.
“No hagamos más dramas de lo que significa un hecho doloroso como lo que pasó el lunes”, pidió Silvano Aureoles en octubre de 2019, dos días después de que 13 elementos de la Policía estatal fueran emboscados y asesinados en Aguililla. Cinco familias decidieron no acudir al homenaje luctuoso encabezado por el gobernador, mientras que otras, presentes en el evento, exigieron al mandatario dejar de enviar a los policías al matadero y lo acusaron de “asesino”.
Hasta 2020, en el periodo de gobierno de Aureoles Conejo habían fallecido en servicio 71 policías, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal; 34 de ellos por accidente automovilístico y 37 por arma de fuego en enfrentamientos. El año más letal fue 2019, con 24 casos. La FGE tiene registradas, de 2015 a 2020, 2 mil 714 denuncias por homicidio doloso y lesiones dolosas en las cuales las víctimas son policías.
No fueron los elementos caídos en Aguililla, ni los otros que han fallecido en servicio los que motivaron que en 2020 el gobernador declarara el 24 de julio como el Día del Policía Caído en Michoacán. Su intención fue homenajear a su secretario de Seguridad Pública, Martín Godoy Castro, a un año de haber muerto tras desplomarse el helicóptero en que se transportaba.
Godoy Castro llegó a la entidad junto con Alfredo Castillo Cervantes –apodado El Virrey por los michoacanos– cuando este último fue designado, en enero de 2014, por el entonces presidente Enrique Peña Nieto comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral del estado frente a la proliferación de grupos de autodefensa en Tierra Caliente.
Fueron constantes las informaciones periodísticas sobre los presuntos vínculos de Godoy Castro con grupos dedicados al robo de combustible, la operación de deshuesaderos y el secuestro. Pese a ello Aureoles decidió mantenerlo como procurador hasta que en 2018 Godoy presentó su renuncia con la infructuosa aspiración de ocupar el mismo cargo en Jalisco, en la administración de Enrique Alfaro. Aureoles lo revivió y en abril de 2019 lo designó secretario de Seguridad Pública del estado.
El llamado “clan castillista” se fortaleció aún más ese mismo año, cuando el gobernador designó como sustituto de Godoy a Israel Patrón Reyes, quien arribó a Michoacán en 2015 al amparo de Martín Godoy.
En defensa propia
Las fuerzas de seguridad del estado están en entredicho no sólo por falta de efectividad sino también por su comportamiento. La Comisión Estatal de Derechos Humanos registró de 2015 a la fecha 3 mil 110 quejas contra la Secretaría de Seguridad Pública local, y 2 mil 522 contra la FGE.
Uno de los momentos representativos de los abusos de las fuerzas de seguridad se registró en abril de 2017, en la comunidad indígena de Arantepacua, municipio de Nahuatzen: 800 policías estatales irrumpieron abriendo fuego en el poblado purépecha con la supuesta consigna de recuperar vehículos retenidos por la comunidad, lo que dejó un saldo de 38 detenidos, una decena de heridos y cuatro comuneros muertos, entre ellos un menor que salía de clases.
Por eso, históricamente los pueblos originarios de Michoacán han generado sistemas de seguridad propios para hacer frente a los grupos delictivos. Tras la irrupción de un grupo armado en Tarecuato, que baleó la jefatura de tenencia el pasado miércoles 14, las comunidades indígenas se encuentran en alerta.
“Vemos que la situación más crítica es en las áreas que colindan y son entradas para Tierra Caliente, por ejemplo en la zona de Uruapan y la de Los Reyes, donde las comunidades reportan más broncas”, refiere Pavel Guzmán, integrante del Consejo Supremo Indígena.
Por ese motivo diversas comunidades han gestionado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad el reconocimiento de sus cuerpos de seguridad para la portación de armas, pero no han tenido éxito, apunta.
A pesar de ello, cuerpos de seguridad indígenas operan de manera coordinada con fuerzas federales y estatales en comunidades purépechas como Cherán, Santa Cruz Tanaco, San Felipe de los Herreros y Sevina.
Otras poblaciones han buscado protegerse mediante autodefensas armadas. Los movimientos encabezados por Hipólito Mora y José Manuel Mireles en Tierra Caliente fueron emblemáticos, pero la intervención del gobierno de Peña Nieto acabó por desarticular a unos y pervertir a otros, como lo hizo también la infiltración de la delincuencia organizada.
Grupos de esa índole vuelven a surgir en Michoacán. El más reciente, Pueblos Unidos, es integrado por habitantes de Ario de Rosales, Taretan, Salvador Escalante y Nuevo Urecho. El viernes 16 hizo acto de presencia con camionetas y hombres armados en la turística cabecera municipal de Pátzcuaro, a fin de acudir al llamado de transportistas de la región.
En las elecciones de junio pasado, Hipólito Mora compitió bajo las siglas del Partido Encuentro Solidario por la gubernatura del estado; Estephania Valdés, viuda de Mireles, lo hizo por Morena para diputada local por Coalcomán. Ninguno ganó.
Los cruzados
Aureoles emprendió su propia cruzada para denunciar la presunta injerencia de grupos delincuenciales en el triunfo electoral del candidato de Morena-PT a la gubernatura, Alfredo Ramírez Bedolla.
La operación de la delincuencia en los comicios michoacanos no es nueva: en 2011 siete candidatos a alcaldes abandonaron sus aspiraciones por presiones del crimen organizado o por tener presuntos vínculos con el narcotráfico. En 2015 el exlíder de autodefensas Enrique Hernández, candidato de Morena a la alcaldía de Yurécuaro, fue asesinado a balazos; en 2018 fueron ultimados cuatro candidatos de diferentes partidos.
El propio Aureoles fue señalado en 2018, a través de un video difundido en redes sociales por Nicolás Sierra Santana, líder de Los Viagra, quien acusó al mandatario de ofrecerle dinero en dos ocasiones: en 2015, 1 millón de pesos para aportarle votos en su carrera por la gubernatura, y en 2018, 10 millones a cambio de garantizar la seguridad en el estado.
A lo largo del proceso electoral del presente año proliferaron los señalamientos sobre la operación de la delincuencia a través de intimidaciones y amenazas a precandidatos y candidatos. No obstante, en las Mesas de Gobernabilidad para el seguimiento de la contienda, la preocupación central se enfocaba en la negativa de varias comunidades indígenas a la instalación de casillas.
Poco antes, el 29 de mayo, Michoacán vivió una jornada violenta con el bloqueo de al menos 11 puntos carreteros en Tierra Caliente y la quema de un par de vehículos en Morelia. El secretario de Seguridad Pública, Israel Patrón, aseguró: “No tiene nada que ver con el ejercicio del proceso electoral, se trata principalmente del control delincuencial de la zona”.
El pasado 6 de junio, día de las elecciones, fueron constantes los reportes ante el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) sobre presencia de grupos o personas armadas en los municipios de La Huacana, Múgica, Santa Clara del Cobre y Los Reyes. El gobierno de Aureoles no se pronunció al respecto.
El peregrinar de Aureoles para denunciar “lo ocurrido” en Michoacán arrancó 10 días después de que el IEM realizó los cómputos oficiales de la elección a gobernador que colocaron al morenista Ramírez Bedolla como ganador. El mandatario acudió el 23 de junio al noticiero de Ciro Gómez Leyva con sus señalamientos sobre las “narcoelecciones” para iniciar su cruzada “por la verdad y la defensa de la democracia”.
