Durante años Austreberto Herrera impuso su ley en Pantelhó y lo hizo después de deshacerse de algunos de sus parientes. La comunidad vivía aterrorizada por ese hombre, que todo lo resolvía a tiros. Y aunque ahora está preso, sus hijos continúan su legado de terror contra las comunidades indígenas. Es por eso que, alegan sus fundadores, surgió el grupo de autodefensa El Machete. Mientras tanto el pánico sigue imperando entre la población y la cabecera municipal parece un pueblo fantasma.
PANTELHÓ, CHIS.- El 3 de agosto de 2019, cuando la Fiscalía General del Estado (FGE) ejecutó una orden de aprehensión –que había estado guardada cuatro años– contra Austreberto Herrera Abarca, se pensó que el terror de los pobladores de las comunidades indígenas de esta localidad –tomada ahora por el Ejército y la Guardia Nacional– había llegado a su fin.
Pero los hijos de Austreberto, Dayli de los Santos y Rubén Estanislao Herrera Gutiérrez, de inmediato asumieron el control y mando de la organización que forjó su padre a lo largo de 20 años y que desde entonces ha sembrado el miedo entre sus adversarios políticos y toda la población.
Desde su celda en el penal de El Amate, Austreberto Herrera no estaba desconectado de lo que sus hijos hacían desde 2019, cuando fue llevado preso, hasta el pasado miércoles 7, cuando éstos huyeron de Pantelhó, según dijeron líderes de algunas comunidades, tras el asesinato de Simón Pedro Pérez López, activista y defensor de los derechos humanos.
Paradójicamente, Austreberto Herrera, a quien sus adversarios acusan de ser el autor de varios crímenes, era el juez municipal en Pantelhó desde 2002.
Hace seis años, en abril de 2015, Austreberto y sus hijos Dayli de los Santos y Rubén Estanislao protagonizaron un enfrentamiento contra otros Herrera, a los que mataron a tiros: Édgar Eleazar Herrera Trejo, de 33 años, y Carlos Trejo Hernández, de 54. Por estos hechos fue capturado.
“Fue una matazón entre los Herrera”, dice un vecino de Pantelhó; tras el hecho, “don Austreberto y sus hijos se impusieron sobre los demás miembros de los Herrera, a quienes asesinó o logró que se fueran de Pantelhó”.
“Si fueron capaces de matar y expulsar de Pantelhó a los propios miembros de su familia, ¿qué no podrían hacer contra cualquier otro cristiano?”, dice otro vecino que también pide el anonimato.
Entre los habitantes de Pantelhó se decía que Austreberto, un ladino o caxlán, como llaman entre los pueblos indígenas a los mestizos, había matado a uno de sus hermanos, por lo que siempre vivía con el temor que sus sobrinos quisieran cobrar venganza.
Y no era para menos, años atrás del enfrentamiento de abril de 2015, cuentan los pobladores que tienen miedo a revelar su identidad, el propio Dayli de los Santos, cuando apenas tenía 16 años, en una cantina se cansó del bullyng y las amenazas que le hacía su primo Hiram Herrera, por su labio leporino.
Tras la discusión, cuando Hiram amenazó ir por su arma, Dayli le dio alcance y antes de que éste abriera su vehículo le disparó todas las balas de su pistola.
El cuerpo de Hiram quedó tirado junto a su vehículo. Austreberto, el juez municipal, para protegerlo lo envió a uno de sus ranchos en la montaña, donde estuvo escondido varios meses. Por ese crimen fue llevado preso, no Dayli sino un policía municipal, Ricardo del Carpio, recuerdan los habitantes de la localidad.
Después unos sicarios “se echaron” a Aldegundo, hermano de Hiram, dice otro ciudadano de Pantelhó, quien refiere que mientras los Herrera sigan libres, cualquiera que declare contra ellos pone en riesgo su vida.
Les adjudican otros crímenes, como el de Enriqueta López, esposa de Gabriel Herrera, asesinada cuando regresaba de San Cristóbal de Las Casas, a donde fue a denunciar a Austreberto por las amenazas de muerte. Más tardó en denunciarlo que la información en ser filtrada desde la propia fiscalía hacia Austreberto.
El 22 de noviembre de 2018 otro hijo de Gabriel Herrera, Eleazar Herrera López, quien había huido de Pantelhó por temor a su tío y sus primos, fue emboscado y acribillado. El crimen quedó impune y nunca se investigó a los principales sospechosos.
Temerosos siempre de sus enemigos, de que pudieran sorprenderlos y matarlos, los Herrera se hicieron de armas. Hacían gala de su arsenal en cada oportunidad para infundir miedo entre los pobladores.
“Don Austreberto era malencarado, cara de bravo pues, con una cicatriz en el rostro; al parecer fue del Ejército, porque siempre usaba playeras verdes militares”, dice otro lugareño que quedó cuidando su casa mientras su esposa y sus hijos huyeron buscando refugio en otro municipio.
Señalaron sus vecinos que ante el temor de ser emboscados, los Herrera contrataron pistoleros que cuidaran su integridad. Uno de ellos, famoso por su puntería, es conocido como Johny El Campechano.
Desde su cargo de juez municipal y respaldado por su grupo organizado, erigió un poder caciquil donde manipulaba a los alcaldes que entraban y se iban. Controlaba siempre el recurso de la obra pública.
El poder caciquil de Austreberto Herrera y el poder político municipal del ayuntamiento de Pantelhó eran uno mismo; había una fusión que a los pobladores indígenas de más de 80 comunidades aledañas les impedía protestar, exigir obras o rendición de cuentas a sus autoridades. Cuando lo hacían les iba muy mal. La intimidación y la amenaza por medio de las armas era una herramienta efectiva para mantener la paz en el pueblo. En el caso extremo, el asesinato y la desaparición forzada eran lo común.
El rumor de una laguna con cocodrilos en uno de los ranchos de Austreberto y sus hijos, donde desaparecían personas, circulaba entre el pueblo; esto causaba más pavor entre los indígenas de la región.
Elecciones tras elecciones, bajo las siglas del PRD, controlaban todo vía el miedo y la amenaza; cuando no, recurrían a la compra y la coacción de los votos. Los electores tenían que entregar fotos que demostraran que habían votado por el sol azteca.
Los tsotsiles de Pantelhó vivían sometidos ante el terror que provocaban las camionetas con hombres vestidos de civil, fuertemente armados, que muchas veces acompañados por patrullas de policías municipales recorrían las comunidades donde las autoridades percibían brotes de inconformidad.
Entre 2018 y 2021, a los Herrera las autoridades les adjudican 11 asesinatos de líderes y miembros de comunidades que se atrevieron a retarlos.
Uno de los crímenes que más sacudió a los indígenas tsotsiles y tseltales fue el de Enrique Pérez Pérez, quien había tenido la idea de crear un grupo armado para defender a las comunidades.
Cuando Pérez empezó a organizarse la información llegó hasta las autoridades municipales y su brazo civil armado. Lo cazaron “hasta que lo venadearon en su milpa”. Ahora su imagen es un símbolo más de lucha de las autodefensas, y lo reinvidicaron el domingo 18 con una gran imagen en el centro del acto que protagonizaron con más de 43 mil 500 personas de 86 comunidades que les manifestaron su respaldo.
Señalan que las denuncias eran contraproducentes, pues más tardaban en denunciar penalmente que las denuncias en ser filtradas a los Herrera para que los agraviados se retractaran.
Cacique caído
En 2018, cuando Santos López Hernández ganó las elecciones municipales en Pantelhó, sabía que para poder gobernar debía deshacerse del juez municipal, por lo que movió sus influencias ante la Secretaría General de Gobierno y la FGE para que desempolvaran las órdenes de captura contra Austreberto Herrera Abarca por los crímenes que tenía en su haber.
Pero Austreberto Herrera no iba a ser detenido en su bastión, en Pantelhó, donde difícilmente entraría la Policía Estatal para ejecutar una orden así. Por ello le tendieron una emboscada: el 3 de agosto de 2019 viajó a Tuxtla con una contadora a cobrar un recurso que se le asignaría y cuando estaba a punto de llegar al banco fue capturado y llevado preso al penal de El Amate.
Pero con su captura no paró todo; las tropelías de los hijos, Dayli de los Santos y Rubén Estanislao, fueron en aumento, apuntaron líderes de diversas comunidades en un oficio del que Proceso tiene copia.
Sobre todo estaban enojados con el alcalde Santos López Hernández, de quien por fin pudieron deshacerse cuando en agosto de 2020 fue acusado y detenido por el delito de acoso y abuso sexual contra dos de sus colaboradoras, por lo que fue encarcelado en el penal de El Canelo en Chiapa de Corzo, donde aún permanece.
Ante la negligencia de las autoridades estatales de frenarlos, desde San José Buenavista Tercero, las comunidades empezaron a organizarse para poner fin a este grupo civil armado que operaba en la cabecera municipal.
Una de las últimas denuncias antes de la irrupción de las autodefensas fue el 26 de junio de 2021, ante la secretaria general de Gobierno, Victoria Cecilia Flores Pérez.
Decenas de líderes de diversas comunidades, con los sellos de sus respectivas autoridades ejidales, nombres y firmas, exigieron en una extensa petición a la funcionaria estatal su intervención para frenar al grupo. Pero nada hicieron para frenarlos.
Más tardó en llegar ese oficio de petición a la funcionaria estatal que éste en ser filtrado a la alcalde de Pantelhó, Delia Janeth Velasco Flores, y por ende a los hermanos Herrera, que de inmediato esperaron al grupo y empezaron las amenazas e intimidación contra quienes habían firmado el documento.
Así fue como alcanzó la muerte a Simón Pedro Pérez López, activista y defensor de los derechos humanos, aunque no firmó la carta ni llegó a entregarla a Tuxtla; los autores intelectuales de su asesinato sabían que había asesorado a los líderes de las comunidades para hacer la denuncia.
Las bombas de los Herrera
Los Herrera sabían que desde las comunidades un grupo armado fuerte se estaba organizando contra ellos, por lo que, si bien en cantidad podrían superarlos, echaron mano de otro recurso para esperarlos y atemorizarlos: el uso de artefactos explosivos.
Se las ingeniaron para allegarse de un experto en bombas. Consiguieron dinamita y todo lo necesario. Cuando se enteraron de la irrupción de las autodefensas, la madrugada del miércoles 7 de julio colocaron una bomba en la entrada de Pantelhó para detonarla a su paso.
La bomba no causó baja alguna en las autodefensas El Machete; lo cierto es que se ha guardado hermetismo sobre ella: no se sabe quién la hizo estallar, pero seis o siete casas quedaron destrozadas.
Otro artefacto explosivo era trasladado ese mismo día por un grupo de hombres leales a los Herrera justo a la altura del Colegio de Bachilleres 59; la bomba explotó y todos volaron en pedazos.
Aunque los pobladores dicen que iban cuatro personas en el vehículo, ante el hermetismo de la FGE, Proceso sólo ha podido confirmar las muertes en esa explosión de Ever Waustorf, al parecer un policía municipal, y José Abarca Cancino.
Éstos no fueron los únicos explosivos vinculados a los Herrera. En la comunidad Nuevo Israelita, en el vecino municipio de Simojovel, una familia completa de ladinos o caxlanes desapareció de dos viviendas el día que mataron a Simón Pedro. El vicario de la pastoral social de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Mercelo Pérez Pérez, fue quien siguió de cerca este hallazgo de los lugareños.
Fueron a ver las dos casas y encontraron un artefacto explosivo en cada una. Tras reportarlo a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Guardia Nacional, una de las bombas pudo ser desactivada y desmantelada; la otra no: tras cinco horas de operación se decidió evacuar el poblado y hacer una detonación controlada.
Dos casas volaron en pedazos en Nuevo Israelita, mientras que aterrorizados, sus pobladores escucharon a los lejos el sonido ensordecedor. En una de esas casas vivía Hugo Rolando Arévalo Abarca, quien fue detenido por la FGE y vinculado a proceso esta semana por un juez de control, señalado como autor del asesinato de Simón Pedro Pérez López. Aunque muchos en Pantelhó creen que lo mataron otros sicarios.
El domingo 18 uno de los mandos de las autodefensas El Machete dijo ante periodistas que lo abordaron, que dos bombas más habían sido localizadas enterradas en otra comunidad, en San Francisco El Triunfo, municipio de Pantelhó. Y que ahí, agregó, los pobladores todos los días “le echan agua para evitar que se sobrecaliente y explote con el intenso calor”.
Y que de ello ya había dado parte él mismo a un mando del Ejército, para que fueran a inspeccionarla y desactivarla. Hasta el viernes 23 ninguna autoridad había dicho nada al respecto.
Lo cierto es que el día de la explosión de la bomba, la población de Pantelhó huyó aterrorizada. El pueblo quedó semivacío.
Las autodefensas han advertido en sus comunicados que no nacieron para enfrentar al gobierno estatal o federal, sino al “narcoayuntamiento” de Pantelhó y el grupo civil armado de los Herrera. Y que tan pronto la región quede libre de esos “criminales” –como los llaman– y que puedan elegir a sus propias autoridades, ellos mismos se disolverán.
Por eso exigen ahora la renuncia de la alcalde Velasco Flores y del alcalde electo perredista que tomará posesión el 1 de octubre próximo, Raquel Trujillo Morales, a quienes identifican como “cómplices” de los Herrera.
Los señalamientos contra los Herrera han quedado tanto en los dos comunicados emitidos por las propias autodefensas como en las denuncias donde desde semanas y meses antes los pobladores advertían del peligro de este grupo armado.
El Ejército y la Guardia Nacional, así como decenas de policías estatales mantienen tomada la plaza y establecieron retenes en los principales accesos al pueblo. Nadie entra ni sale sin ser revisado. Pantelhó es otro pueblo donde ahora las calles permanecen semidesiertas.
Muchos pobladores tiene miedo a hablar, pues mientras los Herrera sigan libres, el peligro no termina para ninguno de sus enemigos que se atrevan a señalarlos.
Las autodefensas El Machete y los líderes de las comunidades les adjudican a los Herrera la muerte de al menos 11 indígenas en los últimos tres años, así como una desaparición forzada, a decir de los comunicados y denuncias públicas que han emitido.
