A finales de 2019, antes de que Jaime Bonilla Valdez asumiera como gobernador de Baja California, los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción denunciaron que varios integrantes de su equipo de transición presuntamente pidieron “moches” a empresarios del estado. A partir de entonces comenzaron los desencuentros y en menos de dos años ese organismo está descabezado, dicen los consejeros ciudadanos que lo conformaron. Ese socavamiento, comentan, es obra de Vicenta Espinoza Martínez, titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública.
La titular de la Secretaría de la Honestidad y Función Pública de Baja California (SHFP), Vicenta Espinoza Martínez, ha operado para descabezar el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), un organismo que ha resultado incómodo para el gobernador morenista Jaime Bonilla Valdez, sostienen los consejeros ciudadanos del organismo.
Los desencuentros comenzaron antes de la toma de posesión de Bonilla, quien asumió el cargo el 1 de noviembre de 2019. Dos meses atrás, durante el periodo de transición, Rosendo Colorado García, operador político en Mexicali, señaló a Cynthia Gissel García Soberanes, futura secretaria de Bienestar en el estado, de estar implicada en la trama de una entrega de entre 24 y 28 millones de pesos por parte de empresarios a cambio de futuros contratos gubernamentales.
Las acusaciones sobre la presunta corrupción no sólo involucraban a Cynthia Gissel, también incluían al oficial mayor, Jesús Núñez Camacho –los dos dejaron sus cargos en diciembre de 2019–, y al secretario de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. Faltan tres meses para que concluya la administración de Bonilla y la SHFP no ha resuelto el problema, mientras que la Fiscalía General del Estado le dio carpetazo por no encontrar pruebas en la entrega de los millonarios recursos.
El 19 de diciembre de 2019 se suspendió una reunión donde se aprobaría el exhorto para investigar los “moches”, presuntamente solicitados por el gobierno bonillista a empresarios a cambio de futuros contratos y desde entonces el SEA no ha podido sesionar.
¿Qué responde a la acusación de que el gobierno descabezó el Sistema Estatal Anticorrupción?, se le pregunta a Espinoza Martínez, quien evade la respuesta con otra interrogante: “¿En estos tres años has visto que ha funcionado?”.
Y añade: “Se suspendió la reunión porque nunca se solicitó ante el órgano que se hiciera el exhorto. Simplemente lo querían imponer… Fue de las primeras sesiones que acudí y ahí nos percatamos que (el SEA) estaba fragmentado, que había problemas”.
El SEA, único ente autónomo del gobierno que abordaría el tema junto con la Unidad de Inteligencia Financiera, se frenó. La administración de Bonilla terminó de paralizarlo al remover al secretario técnico, suspender a la directora administrativa y a seis de los ocho consejeros ciudadanos que impulsaban la indagatoria.
Luego de pretender impulsar una investigación, el SEA quedó sin personal independiente del gobierno; incluso dos de los consejeros ciudadanos que quedaron concluyeron su periodo el jueves 15. En otras palabras, el organismo encargado de elaborar políticas públicas anticorrupción y lanzar exhortos para enmendar entuertos sobre posibles actos de corrupción se quedó sólo con representantes gubernamentales.
En entrevista con Proceso, Colorado García dice que él sólo operó el dinero de Mexicali, aunque, asegura, tuvo conocimiento que empresarios de Tijuana y Rosarito también fueron convocados para aportar recursos durante la etapa de transición. Las indagaciones sobre este tema nunca prosperaron.
Asedio y fractura
Envuelto en una espiral de reuniones suspendidas, el SEA, cuyo presupuesto es de 15 millones de pesos, se fracturó.
Único sistema en el país que cuenta con una representación paritaria en el Comité de Participación Ciudadana (CPC), órgano donde se toman las decisiones sobre exhortos de corrupción y aprobación del diseño de políticas públicas en materia anticorrupción, está formado por 11 consejeros ciudadanos, quienes eligen a su presidente, y 11 consejeros de gobierno.
Cuando Bonilla llegó al gobierno, el exdirigente de la Coparmex Francisco Fiorentini Cañedo fungía como cabeza del SEA.
Los consejeros fueron electos por un “comité seleccionador” que aprobó el Congreso local y nadie impugnó a los 15 consejeros ciudadanos que forman el SEA, aunque sólo 11 están en el CPC.
Por los periodos escalonados que tienen, de los 15 consejeros sólo ocho siguen vigentes; de éstos, dos han entrado en pugna con los otros seis, entre ellos el actual presidente, Eduardo Arredondo Uribe, quien asumió el cargo el 15 de julio de 2020.
Los otros dos consejeros son Ricardo Zurita y Edgardo Silva, a quienes respalda la SHFP. Ambos desconocieron a Arredondo Uribe y asumieron que Silva es la cabeza del SEA, pues, aducen, le correspondía por prelación.
El gobierno de Bonilla también reconoce a Silva. A ello se debe que en las sesiones convocadas por Arredondo para tratar de nuevo el tema del exhorto por los “moches” y la entrega de notarías a familiares del exgobernador Xicoténcatl Leyva Mortera, no se atendieran. Lo curioso es que cuando Silva convocaba, los seis consejeros restantes no acudían, por lo que nunca hubo quórum.
El 4 de mayo pasado, como parte de la disputa por la presidencia del SEA, Arredondo alertó al resto de sus compañeros sobre el uso de documentación apócrifa para convocar a sesión por parte de Silva.
Después de seis convocatorias hechas por Silva, acudió el 26 de junio de 2021 la titular de la SHFP para, junto con el consejero Ricardo Zurita, denunciar a sus colegas y pedir que se les suspendiera. Y así ocurrió, dos días después los seis consejeros ciudadanos fueron suspendidos temporalmente.
La misma funcionaria inició el 14 de abril de 2021 una auditoría al SEA. Ese día, el secretario técnico, Luis Irineo, rechazó la incursión contable pues, dijo, el único órgano autorizado por la Ley Estatal Anticorrupción que puede hacerlo es el llamado “órgano de control”.
Estuvo a punto de ir a la cárcel por ese rechazo; finalmente se optó por suspenderlo. La directora administrativa, Yolanda Fierro, también fue sancionada por negarse a prestar las instalaciones para que Silva y Zurita, junto con otros representantes de gobierno, sesionaran el pasado 30 de junio.
Fierro arguyó que el lugar era pequeño, lo que imposibilitaba la sana distancia, pero la reunión sí se llevó a cabo. Silva y Zurita emitieron un comunicado en papel no membretado para anunciar la suspensión de los consejeros y la decisión de remover y cesar en definitiva a Luis Irineo.
Hoy, el SEA opera sin secretario técnico; tampoco cuenta con directora administrativa, sin un presidente reconocido legalmente por el Sistema Nacional Anticorrupción, según se pudo comprar en su página en internet, ni con consejeros ciudadanos. Los dos que aún se mantienen concluyeron su periodo el jueves 15.
La versión oficial
–¿Los consejeros sostienen que no son funcionarios y, por lo mismo, no pueden suspenderlos? –se le pregunta a la titular de la SHFP.
–Tienen una responsabilidad para combatir la corrupción y su función es atender todas las sesiones y administrar correctamente los recursos que se otorgan para combatir la corrupción. Por supuesto que tengo facultades y atribuciones.
–¿Quién puede convocar a sesión?
–Los funcionarios que marca la ley y el presidente en turno, que en este caso es Edgardo Silva. La ley marca cuatro funcionarios con firma y así lo hicimos.
“El SEA funciona con leyes inventadas por alguien que cree puede utilizarlo a su modo. Ni siquiera son leyes, ya la Suprema Corte emitió una sentencia y envió el engrose al Congreso local en donde solicita que se corrija la ley conforme a la ley nacional”.
–Pero los cambios son responsabilidad del Congreso, no de los consejeros.
–Por supuesto que es el Congreso.
–¿Y cuál es la ley que funciona en tanto el Congreso hace los cambios?
–La nacional. La otra ya no está vigente porque hay una sentencia. Somos el único estado que tiene la ilegalidad.
–Por lo que se ve, el problema es a cuál presidente reconocen.
–A Edgardo Silva lo reconoce el Sistema Nacional. Está registrado en la plataforma y ellos tienen un documento notariado con la certificación del sistema. El presidente legítimo es Silva, y Arredondo fue votado ilegalmente por cuatro consejeros, ni siquiera por mayoría ni por el órgano de gobierno; ellos no pueden convocar. La ley se la pasaron por no sé dónde.
Vicenta Espinoza sostiene que, al acudir a la primera sesión del SEA, se percató de una división. “Estaba fracturado”. Asegura que optó por escuchar a las dos partes y desde su punto de vista son los consejeros Silva y Zurita quienes están en lo correcto:
“Vimos (dos grupos): uno que acataba la legalidad y otro que hacía lo conveniente para sus intereses personales. Eso no lo sabíamos… hasta ahora.
–¿Cuáles son los intereses personales?
–No sé realmente cuáles, pero pareciera que no quieren que funcione el SEA debido a que, me imagino, protegen algunos grupos de poder político, como el caso de las cámaras. Es lo que creo.
“… No han informado a la ciudadanía de lo que es el SEA. Nosotros, como autoridad, estamos sujetos a que ellos nos hagan recomendaciones y exhorten a cumplir en el combate a la corrupción, pero también ellos tienen que participar en políticas públicas y no han hecho absolutamente nada más que gastarse por tres años 15 millones de pesos presupuestados y que desafortunadamente nadie los había auditado hasta ahora.”
–Tengo entendido que la Auditoría Superior del estado los ha auditado en tanto nace el órgano de control que debe crear el Congreso local.
–No, no, no. Nunca los han auditado; es la primera vez.
–En la sesión del 30 de junio se dijo que descubrieron nombramientos irregulares, ¿cuáles son?
–Son seis: Francisco Fiorentini Cañedo, no tiene título ni los conocimientos, no cumple con el reglamento; Jorge Topete Calvario, tampoco cumple con el reglamento; Arredondo Uribe, que tiene una peculiaridad más importante, está afiliado al PAN desde 1995 y la ley lo prohíbe; Omar Marrón no cumple con el reglamento, debe ser profesional en la materia y es oncólogo, y Claudia Téllez, quien no tiene los años de experiencia y nunca ha contribuido a temas de transparencia.
“Todos los consejeros fueron nombrados por un comité seleccionador aprobado por el Congreso local. Ninguno fue impugnado en su momento y no corresponde al secretario ejecutivo nombrarlos. Ahora el gobierno de Bonilla quiere sugerir otro comité seleccionador y que haya nuevas designaciones.”
Luego de aparecer en conferencia de prensa, respaldando a los dos consejeros que pidieron la remoción de los otros seis, se le pregunta de nuevo a la funcionaria si el gobierno pretende descabezar y acabar con el SEA
–No, no, al contrario.
–Por cierto, ¿cómo va la denuncia que hizo ante usted Colorado García sobre los “moches”? Ya pasó mucho tiempo.
–Ahí sigue, en el procedimiento. Uno no acudió a la cita y el otro se reservó el derecho. Los vamos a volver a citar.
–¿Es correcto nombrar de comisionado del sistema penitenciario a uno de los acusados, Jesús Núñez Camacho?
–Pues mientras esté en investigaciones, todos tienen presunción de inocencia…
