Habitantes de los cinco estados por los que pasará el Tren Maya están preocupados porque aún se desconocen las afectaciones que sufrirán los terrenos cercanos o implicados en las obras. Hasta el momento se han promovido aproximadamente dos decenas de juicios de amparo en cuatro entidades, pero quizás las más activas son las que presentaron en Campeche el Colectivo Tres Barrios y pobladores de Candelaria contra eventuales desalojos forzosos de predios, eufemísticamente llamados “relocalización consensuada” por la autoridad federal.
CAMPECHE, Cam.- En su derrotero por Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, el Tren Maya, obra emblemática del sexenio lopezobradorista, desplazará más de 3 mil familias asentadas sobre el derecho de vía, pero es en la capital campechana donde se resentirá el mayor impacto del proyecto, pues trastocará 52 vecindarios.
No obstante, dada la opacidad que envuelve el proyecto, aún se desconoce la magnitud de la afectación. A través del portal de transparencia se solicitó al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales el avalúo maestro para la compra o expropiación de predios en cada tramo del tren, pero esa información se reservó cinco años con la justificación de que su divulgación “representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público y al interés social”.
Por lo pronto, unas 130 familias, que se agruparon en el Colectivo Tres Barrios, libran una lucha jurídica para defenderse del desalojo forzado, lo que tiene en suspenso el plan de terminar la obra antes que acabe el sexenio. Los afectados advierten que llevarán su batalla a instancias internacionales y denuncian presiones y amenazas de gente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), que se tornan más frecuentes conforme se acortan los tiempos fijados para la conclusión de la obra.
“Están en proceso dos juicios de amparo por violaciones al derecho internacional a la vivienda en el marco del proyecto del Tren Maya; son contra el pretendido desalojo forzoso a las familias que habitan en los costados de la vía”, explica Kalycho Escoffié, abogada de los demandantes, quien litiga dos juicios similares en la cabecera municipal de Candelaria, en el sur del estado.
En tres de esas demandas se dictó la suspensión definitiva del proceso de relocalización consensuada hasta que finalicen los juicios, lo que frenó el proceso de negociación de las indemnizaciones e indirectamente trabó las obras en ese sector. En la cuarta, la suspensión aún es temporal.
La abogada, especialista en derecho a la vivienda, explica que los juzgados de distrito otorgaron la suspensión para efectos de que no se puedan realizar entrevistas, visitas, inspecciones ni otro tipo de actividades que requieran el gobierno federal, Fonatur u ONU-Habitat como parte de la primera etapa del proceso de relocalización consensuada, y abunda: “Es una suspensión judicial contra el proceso de relocalización consensuada, pero tiene como efecto colateral que tampoco han podido hacer obras en esta zona”.
Sólo en esos tres barrios de Campeche (Camino Real, Ermita y Santa Lucía) son aproximadamente 300 los predios afectados, en cuyo interior en muchos casos hay más de un hogar, pero no se sabe cuántos más estarían en la misma situación en el municipio, donde además de 52 colonias de la capital, el proyecto impactará a cuatro poblaciones: Ruiz Cortines, Tixmucuy, Chiná y Kobén. La longitud de la vía que cruza la ciudad es de unos 15 kilómetros. En Chiná también hay inconformidad, pero se queda en protestas.
Camino Real, Ermita y Santa Lucía son tres barrios antiguos y populosos. Hay todo tipo de viviendas, añejas y modernas, pequeñas y caserones; humildes y lujosas. Ahí coexisten todo tipo de personas de diferentes niveles económicos, y de los más variados oficios y profesiones, aunque por su cercanía con el mar hay muchas familias de pescadores, sobre todo en los dos primeros vecindarios. Por su trabajo, los pescadores, y las familias que llevan varias generaciones en esos predios, son los más renuentes a la reubicación.
El polígono en Campeche
Campeche forma parte del Tramo 2 del Tren Maya, que corre del municipio de Escárcega al de Calkiní, ambos en esta entidad. Dicho sector incluye una estación en la capital y paraderos en la zona arqueológica de Edzná, así como en las cabeceras de Tenabo, Hecelchakán y Calkiní, donde aún se desconoce la cantidad de familias en situación de “relocalización”.
Comenta Escoffié que en la ciudad de Candelaria, cabecera del municipio del mismo nombre y colindante con Tabasco, son aproximadamente un centenar los predios en riesgo de relocalización. Esta zona está incluida en el Tramo 1 del Tren Maya, Palenque-Escárcega.
De acuerdo con el Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU) del Área de Influencia del Trazo del Tren Maya en Campeche, Campeche, elaborado por el ayuntamiento y ONU-Hábitat con financiamiento del Fonatur, el polígono que el proyecto involucra en esta capital abarca una superficie de mil 325.81 hectáreas.
El polígono se determinó a partir de las vías ferroviarias, “con base en la subdivisión de la estructura urbana propuesta por el Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) 2020-2040 por ser el área de contacto directo con el trazo del tren, por la homogeneidad que presenta en aspectos de carácter social, ambiental, económico, de infraestructura y servicios urbanos de los diversos sectores” que lo componen y “que determinan la ocupación y aprovechamiento del territorio a partir del cual es posible modificar el comportamiento que acontece a favor de una mejora continua en la zona y a favor de ésta con la ciudad”.
El documento precisa que el polígono del PPDU “recorre de forma transversal la ciudad, trastoca a su paso 52 asentamientos urbanos entre colonias, barrios, fraccionamientos y unidades habitacionales que representan 41% de la estructura urbana de la ciudad, lo que permite entender la importancia de la inserción del proyecto Tren Maya y el impacto que éste puede generar para la misma”.
Por ello, resalta la utilidad del PPDU como instrumento estratégico de planeación urbana que normará a largo plazo el desarrollo urbano sustentable y permitirá ordenar y regular los aprovechamientos que el territorio posee, además de “dar certidumbre a las inversiones públicas, privadas y sociales en una de las zonas más importantes del centro urbano”.
El área de influencia se dividió en cuatro grandes zonas: barrios de impacto inmediato; barrios con predominancia de impacto, barrios de impacto moderado y polo de infraestructura.
Ese polígono conjuga una mixtura de condiciones urbanas: crecimiento desordenado, vulnerabilidad a fenómenos naturales, serios problemas de movilidad, fuerte declinación en los barrios tradicionales, grandes y pequeños vacíos urbanos, zonas marginadas, carencia de infraestructura sanitaria y gran deterioro en la infraestructura hidráulica, vías primarias medulares de conectividad que la delimitan, como el libramiento carretero Pablo García y Montilla y el malecón Pedro Sáinz de Baranda, ésta además como uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad, y la intersección de la arteria longitudinal de la ciudad que es la avenida Gobernadores, así como el recorrido de desahogo de aguas pluviales de las principales cuencas y microcuencas municipales que lo atraviesan, “aspectos que se estudian ampliamente para su aprovechamiento o mitigación”.
Por lo anterior, explica, “se replanteó la estructura urbana preexistente con el fin de considerar zonas con dimensiones adecuadas para ser manejadas a nivel barrial”, y precisa que el polígono del PPDU Tren Maya atraviesa toda la ciudad de San Francisco de Campeche desde el cruce de la avenida Héroe de Nacozari y el Periférico Pablo García y Montilla al Sur, hasta el entronque de la Carretera Campeche-Mérida con el mismo Periférico al Noreste.
Falso consenso
Hasta el momento el Tren Maya acumula aproximadamente una veintena de juicios de amparo por diversas causas en cuatro de las cinco entidades que recorrerá. Contra los eventuales desalojos forzosos de predios sólo hay cuatro: los del Colectivo Tres Barrios y los de Candelaria.
Escoffié sostiene que los predios en riesgo de desalojo forzado en Campeche fueron antes que las vías del tren, construidas en los treinta del siglo pasado, para lo cual a los moradores les fueron expropiados parte de sus propiedades, por lo que “a algunos se les indemnizó entonces, pero a la mayoría no”, y ahora nuevamente se les pretende afectar.
“Los vecinos coinciden con Fonatur y el gobierno federal en que es un riesgo vivir ahí (la misma Agencia Reguladora Ferroviaria señaló que sólo durante 2019 hubo 12 accidentes ferroviarios en Campeche) y el peligro aumentará por la velocidad del tren. En lo que no coinciden es en la solución. El gobierno dice que las personas deben ser relocalizadas y las personas dicen que son las vías las que deben ser relocalizadas”, comenta la abogada.
Argumenta que aunque el gobierno, Fonatur y ONU-Hábitat aseguran “que no se obligará a nadie, todo por el entendimiento y el consenso, a los vecinos no les dan margen para consensuar ni decidir nada. Ya decidió Fonatur que pasará el tren por las vías existentes, que las familias tendrán que ser relocalizadas, ya eligió terrenos para relocalizarlas y hasta el diseño de las casas, además en sitios que ni siquiera son idóneos para ellos”, como en el caso de los pescadores, a los que alejarán del mar.
“¿Dónde está la negociación que en teoría debe tener un proceso de consenso? Los quieren sacar sí o sí, por la buena o por la mala. Justo lo que se plantea en estas cuatro demandas de amparo es que realmente se trata de un desalojo forzoso, prohibido por el derecho internacional, pero disfrazado de un proceso de relocalización consensuada. Esto es así porque no se les está dando otra opción”, acusa.
Señala que Fonatur y el gobierno federal “por un lado estigmatizan a los afectados como invasores de terrenos federales y, por otro, les dice que no los sacará a la fuerza y que en lugar de proceder contra ellos los ayudará dándoles casas nuevas, lo cual es una forma de presionar a la gente para que acepten la mal llamada relocalización consensuada”.
Agrega que Fonatur “no tiene ninguna facultad legal para sacar extrajudicialmente a la gente de sus casas” y sólo podría hacerlo a través de una orden judicial precedida por un juicio, si es que en éste se determina el desalojo, “pero en este caso no hay causa justificada legalmente para ello, ni por la vía administrativa y unilateral por parte de las autoridades, que están buscando desalojar a gente sin tener facultades”.
Tampoco se les ha dicho qué pasará con quienes no quieran irse de sus casas, “sobre todo en el caso de Tres Barrios, donde la aplastante mayoría no quiere ser reubicada”, comenta.
Una de las zonas donde al parecer se pretende reubicar a las familias afectadas es la colonia Cuatro Caminos, justo detrás de la estación del tren. Ahí se construyeron ya un par de pequeños departamentos muestra que, aseguran los vecinos, representan lo que será la última planta del multifamiliar. Dicen que serán cinco edificios de ocho pisos, con elevador. Se ubicarán a unos metros de la vía y al lado habrá una plaza comercial y área de juegos.
A 300 metros de ahí se construye un fraccionamiento que, según los vecinos, también tiene relación con el Tren Maya. Ahí serán casas.
Hasta el momento se prevé que la ruta del tren por las cinco entidades provoque desplazamientos en otras zonas urbanas, como Cancún, Mérida, Puerto Morelos, Tenosique y diversas localidades pequeñas.
