La historia reciente del municipio de Valparaíso muestra el grado que alcanzó la violencia armada en Zacatecas desde el año pasado, cuando un convoy del CJNG arribó a dicho municipio y proclamó el inicio de su ofensiva para someter a otros grupos delictivos. En esta región los civiles armados instalan retenes ilegales, amenazan y asesinan a trabajadores de la salud y provocan que éstos dejen de atender a la población de comunidades y rancherías, así como numerosas familias dejan sus hogares en un intento de escapar de las balaceras.
Zacatecas, Zac.- Una docena de camionetas, rotuladas con las siglas CJNG y con hombres portando armas de grueso calibre, irrumpieron la noche del 21 de abril de 2020 en la cabecera municipal de Valparaíso y se estacionaron durante horas frente a la Presidencia Municipal.
Los habitantes de este municipio recuerdan que así comenzó la ola de violencia en esta región oriente del estado. “¡Pura gente de papá Mencho!”, gritaban los civiles armados, quienes se videograbaron para enviar un mensaje amenazante a sus rivales. Los videos tomados por ellos y por algunos pobladores circulan en las redes sociales.
Valparaíso se convirtió en las últimas semanas en punto neurálgico de la “guerra” entre los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que ha dejado casi un centenar de muertos y provocado el desplazamiento forzado de muchas familias, quienes abandonan sus hogares en las comunidades de la sierra por miedo a ser víctimas de los constantes enfrentamientos.
Con la llegada de los “jaliscos”, como los nombran los pobladores, comenzaron los asesinatos de presuntos integrantes de grupos rivales y el clima de terror en las comunidades de la sierra. “En los caminos empezaron a poner retenes, te preguntaban a dónde te dirigías, te revisaban la camioneta”, relata Juan, comerciante de la cabecera municipal que, como otros que comparten sus testimonios, piden el anonimato.
Autoridades de seguridad pública del estado confirman que hace seis meses comenzó a agudizarse la inseguridad y con ella la ola de violencia, cuando pistoleros del Cártel de Sinaloa irrumpieron en el municipio e iniciaron una disputa encarnizada con el CJNG por las rutas hacia Nayarit, Jalisco y Durango.
En San Juan Capistrano, comunidad serrana de 399 habitantes, no olvidan la tarde del pasado 23 de junio, cuando “comenzaron a escucharse las ráfagas rumbo a la sierra”. Inició así una cruenta batalla afuera del poblado que se prolongó hasta las primeras horas del día 25. Pistoleros de los dos cárteles mencionados se enfrentaron con granadas y rifles de alto poder.
El gobierno de Zacatecas informó que a las 15:00 horas llegaron al lugar militares, efectivos de la Guardia Nacional, policías estatales, de investigación y peritos de la Fiscalía de Justicia del estado, que levantaron 18 cadáveres y decenas de armas, además de encontrar tres camionetas, una de ellas calcinada.
El secretario de Seguridad Pública, Arturo López Bazán, declaró que se trató de una emboscada. Integrantes del Cártel de Sinaloa hicieron circular en las redes sociales un video en el que presumen haber matado a 43 sicarios del CJNG. Un habitante de San Juan Capistrano dice: “Creo que fueron más muertos, estuvo muy fea la balacera”.
Trabajadores de la salud, bajo fuego
El sacerdote franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado, párroco de la comunidad de Santa Lucía de la Sierra, murió el lunes 12, al quedar en medio de un enfrentamiento en la carretera que conecta a Valparaíso con El Mezquital, municipio de Durango, a donde oficiaría una misa.
La noticia de un nuevo enfrentamiento en San Juan Capistrano corrió como pólvora el primer día de julio. La vocería de Seguridad del estado confirmó el hecho y dio a conocer que soldados, guardias nacionales y policías estatales se dirigían a la zona. La versión de al menos 35 sicarios muertos se difundió en la prensa local. Sin embargo, el gobernador, Alejandro Tello, negó que se hayan encontrado cadáveres y hasta puso en duda el enfrentamiento:
“Hago de su conocimiento que en el reporte del supuesto enfrentamiento en la comunidad de San Juan Capistrano, del municipio de Valparaíso, el Grupo de Coordinación Local confirma que no se encontraron cuerpos sin vida”, publicó el mandatario en Twitter y Facebook.
A la par, el gobierno de Jalisco condenó el asesinato de dos paramédicos ocurrido en Valparaíso. El 30 de junio el médico pasante Luis Armando Montes de Oca Armas y el chofer de la ambulancia, Octavio Romero, trasladaron a una mujer con complicaciones de parto del hospital regional de Huejuquilla el Alto, Jalisco, a Fresnillo, Zacatecas. No regresaron a tiempo, por lo que las autoridades de salud jaliscienses reportaron su desaparición.
Los paramédicos fueron interceptados por un grupo delictivo cuando regresaban a Huejuquilla el Alto. Policías municipales de Valparaíso encontraron esa misma noche sus cuerpos con heridas de bala, a unos metros de la ambulancia quemada, en la comunidad La Florida. El crimen provocó indignación y agudizó el miedo entre la población.
Autoridades de seguridad de Zacatecas y Jalisco reforzaron la presencia de corporaciones policiacas en la zona limítrofe, pero la medida no ha frenado la violencia. El viernes 2 el cadáver de un hombre fue colgado en un puente vehicular de la cabecera municipal.
Hace dos semanas médicos y enfermeras que trabajaban en centros de salud de comunidades de la sierra abandonaron éstos y pidieron ser reubicados por temor a la violencia. El presidente municipal, Eleuterio Ramos Leal, confirmó el cierre “temporal” de las unidades médicas en las localidades de San Juan Capistrano, Ameca el Viejo y Santa Lucía de la Sierra.
Lo mismo solicitaron los médicos y enfermeras del centro de salud de San Antonio de Padua, corroboró Norma Angélica Castorena, líder del Sindicato de Trabajadores de Salud en el estado, quien manifestó que sus compañeros fueron removidos mientras “se tranquilizan las cosas”.
Conmocionó al gremio médico el caso de la radióloga María Esther Talamantes, asesinada por un grupo armado cuando se trasladaba del municipio de Jerez, por la carretera que cruza la sierra, a Valparaíso, donde daba consultas en el hospital público.
La doctora viajaba en su camioneta, con su esposo, a la altura de la comunidad serrana de Villahermosa, Jerez, cuando un grupo armado le marcó el alto en un retén ilegal. Ella aceleró y le dispararon. Una bala le entró en una pierna, provocando que perdiera el control del vehículo y se volcara. Peritos de la Fiscalía de Justicia del estado determinaron que murió desangrada.
Las unidades móviles o caravanas de salud suspendieron también sus visitas a las comunidades rurales de Valparaíso. Los trabajadores sanitarios se sienten expuestos al transitar por terracerías y brechas, en las que han sido interceptados en retenes montados por grupos de la delincuencia organizada.
Pero además “los criminales llevaban a sus heridos a los centros de salud, exigiendo a punta de pistola que uno se los atienda. Luego eso provoca problemas con sus contrarios y entonces vienen las amenazas”, revela una pasante de medicina que participó en la marcha de trabajadores de la salud realizada el sábado 10 en la ciudad de Zacatecas en demanda de justicia para sus colegas asesinados.
En la unidad médica de Santa Lucía de la Sierra se atendía a pobladores de cuatro localidades; a la de San Juan Capistrano acudían de ocho localidades, y el centro de salud de Ameca el Viejo brindaba servicio a siete rancherías. Ahora todos tienen que trasladarse al municipio de Huejuquilla el Alto o a la cabecera municipal de Valparaíso, lamenta el alcalde Ramos Leal, perredista que fue reelecto en los comicios del 6 de junio.
Desplazamientos
La presencia de gente armada merodeando sus comunidades y los constantes enfrentamientos provocaron el desplazamiento de familias en las sierra de Valparaíso.
“No hay comunidades que hayan quedado solas o abandonadas, pero sí tenemos desplazamiento de familias en San José del Refugio y Crucero de Santa Cruz, que son las últimas comunidades del estado y colindan con Jalisco, Nayarit y Durango”, revela Ramos Leal.
“No es un problema acentuado grave, que identifiquemos como de alto impacto –comenta–, pero sí hay familias que, ante la presencia constante de gente armada y de enfrentamientos, prefieren retirarse de sus casas de manera temporal. Se están viniendo a la mancha urbana, a otras ciudades donde tienen familiares”.
Consultado acerca de la actual crisis de seguridad, el magistrado presidente del Poder Judicial del estado, Arturo Nahle García, señala que la ola de violencia que se vive ahora es “el inicio de una nueva guerra entre estos cárteles” (el CJNG y el de Sinaloa). Con su experiencia como procurador de Justicia del estado en el sexenio del priista Miguel Alonso Reyes ve difícil que una estrategia de seguridad pueda contener esta “nueva guerra”.
El también gobernador priista Alejandro Tello Cristerna clamó por ayuda al presidente Andrés Manuel López Obrador, al admitir: “Es lamentable lo que estamos viviendo. Estamos al límite de las capacidades de lo que el estado puede hacer frente a la delincuencia organizada”, declaró el mandatario antes de reunirse el jueves 8 con la secretaria de Seguridad y Protección ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, quien le prometió enviar más guardias nacionales.
