Señor director:
En relación con la nota “Fundación Mary Street Jenkins: Los enredos de una herencia”, publicada en la edición 2329 de Proceso, le envío la siguiente información que será del interés de los lectores de la revista.
La Fundación Mary Street Jenkins ha realizado siempre sus operaciones en apego a la normatividad aplicable y sus estatutos.
Ante la persecución que padeció por parte de Rafael Moreno Valle, entonces gobernador de Puebla, quien buscaba apropiarse de la fundación, se actuó con responsabilidad y legalidad para proteger el patrimonio y la continuidad de los cientos de donativos que otorga la Fundación Mary Street Jenkins.
De hecho, desde 2014 la Junta de Beneficencia poblana fue informada del donativo en favor de Fundación Bienestar de Filantropía e, incluso, autorizó los estatutos que permitieron el donativo.
A finales de ese mismo año la fundación cambió legalmente su domicilio al estado de Jalisco. Actualmente es supervisada administrativamente por las autoridades jaliscienses, por lo cual no está sujeta a la jurisdicción de la Junta de Asistencia de Puebla.
Respecto de las órdenes de aprehensión que se citan, se precisa que dichas medidas son ilegales, pues violentan el principio básico de cosa juzgada, toda vez que los miembros de la familia y sus abogados, quienes están localizables, fueron exonerados en mayo de 2018, después de una exhaustiva investigación, por lo que actualmente están sujetos a un ilegal doble juzgamiento por los mismos hechos, lo cual viola sus derechos humanos.
Es fundamental señalar que el patrimonio de la fundación se destina a la asistencia social, como lo demuestran las obras de la institución en beneficio de la sociedad mexicana, incluyendo, desde luego, a la poblana. Por ello se niega categóricamente sustracción alguna del patrimonio. Los bienes de la fundación, en su gran mayoría, se encuentran en México. No se sacaron del país.
La fundación puntualiza que es nula la actuación del juzgado 60 de la Ciudad de México, que habría ordenado el supuesto embargo en su contra. Así lo reconoce el propio juzgado.
La familia Jenkins de Landa, sus abogados y la Fundación Mary Street Jenkins no utilizan ni requieren operadores políticos y refrendan su confianza en la independencia, objetividad y autonomía del Poder Judicial.
Atentamente,
Virgilio Rincón,
abogado de la Fundación MS Jenkins
