Entre 2019 y 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores otorgó contratos a empresas de subcontratación, mediante las que ingresaron en su nómina cientos de empleados con sueldos de entre 30 mil y 90 mil pesos mensuales. Llaman la atención tres grupos: uno cercano al canciller Marcelo Ebrard desde que fue jefe de Gobierno capitalino, en especial ligados a sus mentores Manuel Camacho y Elba Esther Gordillo o relacionados con la construcción de la Línea 12 del Metro; otros provienen del entorno de José Antonio Meade… y además hay periodistas.
Mediante tres contratos millonarios otorgados al grupo de outsourcing favorito del gobierno de Enrique Peña Nieto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) subcontrató a mil 588 personas por “servicios especializados” entre 2019 y 2020; entre ellas algunas cercanas al canciller Marcelo Ebrard Casaubon, quienes cobraron salarios de entre 30 mil y 90 mil pesos mensuales netos, fuera de la nómina de la Cancillería.
La SRE trató de ocultar la lista de estos “prestadores de servicios”, entre quienes figuran una hija de Manuel Camacho Solís y un yerno de Elba Esther Gordillo –dos aliados políticos de Ebrard–, uno de sus antiguos colaboradores que estuvo brevemente prófugo por irregularidades en la Línea 12 del Metro, el periodista Fernando Coca Meneses (autor de un libro que exculpa a Ebrard de los problemas de dicha línea), el abogado de su exesposa, o de la periodista Isabel Arvide Limón, meses antes de su cuestionado nombramiento como cónsul en Estambul.
Según un listado de las 641 personas pagadas como prestadoras de servicios en distintos febrero, junio y octubre de 2020 que tiene Proceso, también se encuentran excolaboradores de José Antonio Meade Kuribreña, candidato presidencial priista en 2018 y funcionario de primer nivel de los sexenios de Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto.
Varios de los cercanos a Ebrard fueron adscritos a la Dirección General del Servicio Exterior y de Recursos Humanos (DGSERH), encabezada por Moisés Poblanno Silva, incondicional de Ebrard y de José Antonio Domínguez Carballo, quien fuera abogado del canciller y es ahora titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la Cancillería.
Formalmente, los prestadores de servicio eran reclutados como “técnicos especializados”, “asistentes ejecutivos” o “técnicos profesionales” en el consorcio que formaron We Keep On Moving, Adper, Intermex y otras empresas de la red de sociedades del empresario Jorge Salim Fahrur Pérez, las cuales obtuvieron contratos por más de 5 mil millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto.
La SRE entregó tres contratos a ese grupo por un total de 285 millones de pesos, sin IVA: el primero lo otorgó en marzo de 2019, tras un proceso de licitación pública en el que sólo participó el consorcio ganador, y la dependencia adjudicó los siguientes dos de manera directa. Para 2021, la Cancillería cambió de proveedora: otorgó un contrato de 161 millones 460 mil pesos –sin IVA– a un consorcio encabezado por el Corporativo Sag de To, también en licitación pública de un solo participante.
Desde enero pasado Proceso pidió a la Cancillería la lista de personas subcontratadas por We Keep On Moving. Después de una primera negativa y la intervención del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el pasado jueves 1 la SRE mandó un oficio de su Comité de Transparencia, el cual declaró “formalmente la inexistencia” de la información.
Previo a publicar este reportaje, Proceso preguntó a la Cancillería el motivo por el cual afirmó que la lista no existía. La dependencia respondió que “sí existe dicha información, no obstante no se encuentra en poder de la SRE, toda vez que derivado de los contratos celebrados con la empresa We Keep On Moving, SA de CV es el prestador de servicios quien está en posesión de la información de los perfiles”.
La Cancillería también dijo que “ninguna área de la Cancillería está involucrada en la selección del personal, ya que ésta es una responsabilidad de la empresa contratada”. Insistió en que la empresa “es la responsable de proporcionar el servicio solicitado por la SRE, por lo que la Dependencia no participa en la selección de personal, ni lo subcontrata, y mucho menos existe una relación laboral con la Administración Pública Federal, por lo que no existe selección de personal”. Por el mismo motivo, la SRE afirmó que no cuenta con una muestra de currículos que le pidió este semanario.
En resumen, según su versión, la SRE gastó cerca de 300 millones de pesos en dos años para pagar a cientos de “técnicos” que no seleccionó, de quiénes no tiene currículos, con quienes no mantuvo relación laboral, y de los cuales no quedan registros en sus archivos.
Esta argumentación es, evidentemente, una mentira: en la lista de Proceso aparecen los nombres, el área de adscripción, el perfil y el sueldo mensual neto de los prestadores de servicios, mientras los metadatos del documento indican que su autor más reciente fue Héctor Morales Osorio, subdirector de Contratos con Terceros en la Cancillería, prueba que la dependencia sí tuvo la lista.
La conexión del Metro
Para reducir los costos políticos del colapso de la Línea 12 del Metro capitalino, Ebrard y sus cercanos difundieron en medios la versión de que su administración entregó su obra emblemática en buen estado en 2012, pero que su sucesor, Miguel Ángel Mancera, la saboteó mediante el cierre temporal de 14 estaciones y la falta de mantenimiento para descarrilar las ambiciones presidenciales de Ebrard y dañar, de rebote, a López Obrador.
Uno de los principales impulsores de esta narrativa fue Fernando Coca Meneses, periodista que publicó en diciembre de 2020 el libro La Línea Dorada: los lobos al acecho. En su manuscrito y en numerosas entrevistas que dio después del colapso, Coca ha culpado a Mancera, a los sucesivos directores del Metro o a las empresas constructoras, en una férrea defensa de Ebrard y de Mario Delgado Carrillo, entonces secretario de Finanzas.
Al menos entre junio y octubre de 2020, es decir seis meses antes de publicar su libro, el periodista fue subcontratado en la SRE a través de We Keep On Moving como “asistente ejecutivo A”, con un sueldo de 60 mil pesos. La Cancillería informó a Proceso que, hasta la fecha, el periodista sigue “activo” como prestador de servicios. En el mismo periodo Fernando Coca Maldonado, hijo del periodista y titular de un máster en “administración y negocios del futbol”, cobró como “técnico especializado K”, por 27 mil pesos mensuales.
Ebrard ha colocado en la Cancillería a varias personas responsables de obras de la Línea 12 durante su administración, ya sea por vía del outsourcing o mediante nombramientos formales.
A través de We Keep On Moving, la dependencia fichó a Moisés Guerrero Ponce, quien durante la administración capitalina de Ebrard fue director de Construcción de Obras Civiles en el Proyecto Metro. En julio de 2015 estuvo prófugo varios días por las irregularidades detectadas en la Línea 12, junto con otros dos exfuncionarios del Proyecto Metro. Libró la orden de aprehensión gracias a un amparo.
En la SRE, Guerrero estuvo adscrito por lo menos entre febrero y finales de 2020 a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo como “administrativo especializado C”, con un sueldo de 36 mil pesos.
En la SRE, Guerrero se encontró con varios excolegas del Metro, quienes trabajan en la planta de la dependencia: está, por ejemplo, Martha Zamarripa Rivas, subdirectora jurídica del STC Metro entre 2009 y 2012, quien fue nombrada embajadora de México en Belice a pesar de no tener ninguna experiencia diplomática; o Juan Carlos Mercado Sánchez, titular de la Dirección General de Bienes Inmuebles y Recursos Materiales (DGBIRM) y otrora subdirector financiero del Metro, quien en 2014 fue inhabilitado 20 años y condenado a pagar una multa de 2 millones y medio de dólares por las irregularidades detectadas en contrataciones de la Línea 12. Estos cargos le fueron retirados por el Órgano Interno de Control (OIC) del Metro el 9 de abril de 2018.
Lealtades
Ebrard tuvo dos mentores en la política: el primero y principal, el priista Manuel Camacho Solís, regente del Distrito Federal durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Fue su incondicional operador político y secretario de Gobierno en la capital. Ambos caminaron juntos durante más de una década y media, renunciaron al PRI en el mismo momento y buscaron en 2000 una fórmula para que el veterano se lanzara por la presidencia y el joven por la capital mediante el efímero Partido de Centro Democrático.
A finales de los ochenta Camacho presentó a Ebrard con Elba Esther Gordillo, entonces recién nombrada presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y ahí empezó una larga relación de amistad e intereses políticos comunes. Todavía en 2011 Gordillo respaldó en público las aspiraciones presidenciales de Ebrard, a quien se refirió en una ocasión como uno los tres “amores” que tuvo en su vida.
Guadalupe Elvira Camacho Velasco, hija de Camacho Solís, fue subcontratada en octubre de 2020 como “técnico especializado F” en la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, donde recibió un sueldo de 50 mil pesos; la mujer sigue “en activo” hasta la fecha.
Asimismo, hasta 2004 Carlos Fernando de León Fernández estuvo casado con Mónica Tzasna Arriola Gordillo, una de las hijas de Elba Esther Gordillo, quien falleció en 2016. Ambos procrearon a Othón Francisco, Emiliano y Regina de León Arriola. De León Fernández laboró por lo menos en junio y octubre de 2020 en la Cancillería, subcontratado como “técnico especializado D” por 60 mil pesos, y sigue “en activo”.
Luis Ernesto Salomón Delgado, un expriista de Jalisco, también es cercano a Gordillo: en 2018 fue miembro fundador del movimiento Maestros por México, el cual busca derrocar a Juan Díaz de la Torre al frente del SNTE. Como prestador de servicios en la SRE, cobró 90 mil pesos mensuales, al menos entre junio y diciembre de 2020.
En febrero, junio y octubre la Cancillería subcontrató como “técnico especializado” –con un sueldo de 42 mil pesos– a Alejandro Pascal Cabral, quien en 2015 fue abogado de Mariagna Prats Donovan, la primera esposa de Ebrard. En aquel entonces, el gobierno de Peña Nieto investigaba la casa de Ebrard en la colonia Roma, y congeló las cuentas bancarias de Prats y de la empresa Constructora Enalser, propietaria legal del edificio. Por lo menos entre junio y octubre de 2020, la Cancillería también subcontrató como “administrativo especializado” al hijo del abogado, Christián Pascal Flores, con un sueldo de 30 mil pesos.
Óscar Manuel Argüelles Dorantes, quien lleva más de una década y media moviéndose entre vocero oficial y oficioso de Ebrard, operando con bajo perfil sus relaciones públicas y campañas políticas, también encontró refugio en la Cancillería después que Porfirio Muñoz Ledo lo sacara de la vocería de la Cámara de Diputados; tuvo un cargo de “asistente ejecutivo B” en la Dirección General Adjunta de Recursos Humanos, donde cobró 55 mil pesos por mes.
La dependencia también pagó a la periodista Isabel Arvide Limón un sueldo de 60 mil pesos mensuales en febrero de 2020, semanas después de que pidió a López Obrador que dejara de pagar publicidad oficial a los medios que le peguen –entre ellos Proceso– y en su lugar distribuyera los recursos entre otros medios, incluyendo el suyo. En julio de ese año, López Obrador la nombró al Consulado de México en Estambul, donde fue señalada por los malos tratos que infligió a subordinados.
La Cancillería subcontrató, en la oficina de Ebrard, al empresario Javier Gutiérrez Muro Pliego, dueño de la constructora Grupo GLL Construcciones, SA de CV, quien en la administración capitalina de Ebrard fungió como “agente inmobiliario” del gobierno en la empresa paraestatal Servicios Metropolitanos, SA de CV. Estuvo en nómina como “asistente ejecutivo” de febrero a octubre, por 42 mil pesos.
De igual forma la SRE le pagó 90 mil pesos a Gonzalo Nadal Álvarez, quien presume en su cuenta de LinkedIn ser dueño de la empresa de guaruras On Partners, y otros 60 mil pesos a Óscar Ricardo Valero Recio, el exembajador de México en Argentina, quien fue removido después de su detención por dos robos en ese país.
La gente de Meade
Además de los cercanos de Ebrard, la Cancillería subcontrató a través de We Keep On Moving a por lo menos seis personas vinculadas al equipo de José Antonio Meade Kuribreña, quien en la administración de Peña Nieto encabezó las secretarías de Relaciones Exteriores, Desarrollo Social (Sedesol) y Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Entre diciembre de 2019 y abril de 2020 Daniel Millán Valencia, otrora encargado de medios internacionales de Meade, fue subcontratado como “técnico especializado K” en la SRE con un sueldo de 90 mil pesos; al regresar asumió la vocería de la institución, de la que ascendió a jefe de Oficina de Ebrard.
Esteban González Mancha, quien fue coordinador de Agenda y Relaciones Públicas de Meade en la SHCP y sustituyó a Millán como director de Comunicación Social en la Cancillería de Ebrard, fue subcontratado a lo largo de 2020 por 90 mil pesos mensuales.
María Esther Lazacno Escamilla, exesposa de Eduardo del Río Holguín, el otrora vocero de Meade, cobró 80 mil pesos en la Cancillería como “técnico especializado A”, en el área de recursos humanos; Pedro Rafael Hernández Coss, quien colaboró con Meade en la Sedesol, recibió 60 mil pesos mensuales; Edmundo Montes de Oca Ibarra, otro excolaborador de la Sedesol, entró con 42 mil pesos, y Rubén Mendoza Huerta, del equipo de Meade en la SHCP, recibió 30 mil pesos.
