El Anexo 23 del Capítulo Laboral del T-MEC abre la puerta a los sindicatos de Estados Unidos y Canadá para bombardear a México con demandas de revisiones obrero-patronales, como las que el país enfrenta en los casos de General Motors en Silao y Tridonex en Matamoros. Consultados al respecto, especialistas en estos temas exponen los puntos débiles del gobierno mexicano para hacer frente al problema, entre ellos la lenta puesta en marcha de la reforma laboral y la operación de funcionarios inexpertos.
A un año de la actualización del tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), la economía más poderosa del mundo ya llevó a nuestro país ante el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MLRR) que está incluido en el acuerdo comercial.
Presionado ante futuras solicitudes de revisiones obrero-patronales, como es el caso de las plantas de General Motors (GM) en Silao, Guanajuato, y Tridonex en Matamoros, Tamaulipas, y una lenta puesta en marcha de la reforma laboral, el gobierno mexicano participa en ese mecanismo con funcionarios improvisados, a diferencia de sus pares estadunidenses.
La carencia de experiencia de la parte mexicana no es asunto menor ante la tradición proteccionista del gobierno estadunidense en materia comercial, mucho menos frente a la promesa de su presidente, Joe Biden, de apoyar incondicionalmente a los sindicatos de su país, a los que se les atribuye “la creación de la clase media estadunidense”, según un artículo del Chicago Tribune del 13 de mayo último.
De hecho, el Anexo 23 del Capítulo Laboral del T-MEC, donde se establece el MRR, fue impulsado por el ala demócrata –partido de Biden– del Congreso estadunidense, integrándolo en el Protocolo Modificatorio negociado a finales de 2019 por el entonces subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Jesús Seade Kuri.
Kenneth Smith Ramos, socio de la consultoría Agon-Economía-Derecho-Estrategia, e inicial jefe de la negociación técnica del T-MEC, advierte en entrevista con Proceso:
“El gobierno de Estados Unidos fue cuidadoso de tomarse el tiempo para analizar cualquier evidencia que le presentaran los sindicatos y estar seguro de que casos como los de General Motors y Tridonex se pusieran sobre la mesa y pasaran la prueba de la risa, es decir, que no pudieran ser descartado fácilmente, porque lo que suceda en estas primeras controversias de alguna manera marcará la tónica de cómo va a ser la relación dentro del T-MEC en materia laboral.”
También maestro en economía internacional por la Universidad Johns Hopkins, School of Advanced International Studies, considera que el capítulo laboral en cuestión es el más avanzado de la relación comercial de América del Norte.
“Ya estaba cerrado en la negociación original. Sin embargo, la Cancillería, bajo la administración del presidente López Obrador, aceptó medidas adicionales por presión de los demócratas para obtener el voto favorable en el Congreso de Estados Unidos, lo cual abre la puerta para que los sindicatos estadunidenses encuentren un terreno fértil para lanzar cualquier cantidad de demandas y ver cuál pega.”
De acuerdo con la Guía de Acción para México. T-MEC y su mecanismo laboral de respuesta rápida, elaborado conjuntamente por la Secretaría de Economía y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), México se comprometió a garantizar que sus trabajadores puedan acceder a una negociación colectiva auténtica, para lo cual es indispensable la existencia de una efectiva democracia sindical y el ejercicio pleno de la libertad de asociación por parte de los trabajadores.
“El MLRR se diferencia de otros mecanismos de resolución de controversias en que las sanciones comerciales no son aplicables al sector productivo, sino que aplican directamente a las empresas y éstas pudieran hacerse extensivas a la cadena de valor de productos manufacturados, impactando así sus exportaciones”, señala el documento publicado en enero.
Para el caso de México, basta con la presunción de una denegación de derechos para que se active el MLRR. Además, la carga de la prueba recae en el país demandado.
De llegar a conformarse un panel, ya sea en el caso de Tridonex o de GM, los tres árbitros independientes e imparciales que lo forman pueden solicitar que se realice una visita al centro de trabajo observado con la finalidad de contar con mayor evidencia para dirimir las controversias. Las sanciones pueden ir desde la imposición de aranceles hasta el bloqueo a la importación.
Para el director del Comité Nacional Laboral del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Álvaro Alejandro García Parga, no hubo sorpresa ante la solicitud de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos para que el gobierno revisara la situación laboral en la planta de autopartes y en la automotriz.
“No sorprende que ya tengamos dos solicitudes. Incluso, desde que entró en vigor el acuerdo, en el sector ya teníamos conocimiento de que aparecerían. Transcurrieron algunos meses y ya están aquí”, señala en entrevista con este semanario.
“El gobierno de Estados Unidos está decidido a utilizar los mecanismos que están en el tratado, sabemos que el Anexo 31A y 31B, sobre todo el 31A, no están para quedarse en el papel. Sabemos que es parte de la agenda del partido que lleva el presidente Biden el que impulsó esta adenda al T-MEC”, dice el empresario.
La defensa mexicana
La presión de Estados Unidos hacia México en materia laboral va en aumento. El 29 de junio último, por iniciativa de Estados Unidos, se realizó la primera reunión del Consejo Laboral del T-MEC –fue virtual–, a la que asistieron por parte de ese país Thea Lee, subsecretaria adjunta de Asuntos Internacionales del Departamento del Trabajo, y Joshua Kagan, representante comercial adjunto interino para Asuntos Laborales de la Oficina del Representante Comercial.
De parte de Canadá acudieron Rakesh Patry, director general de Asuntos Laborales Internacionales e Intergubernamentales, del Ministerio de Empleo y Desarrollo Social, y Andrew McCracken, director de Política Comercial de América del Norte, del Ministerio de Asuntos Globales.
Mientras que por México asistieron Alejandro Encinas Nájera, jefe de la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales de la STPS, así como Ricardo Aranda Girard, director general de Disciplinas de Comercio Internacional de la Secretaría de Economía.
De acuerdo con la declaración conjunta, se discutieron “a profundidad” temas como la implementación en curso de la reciente e histórica reforma a la legislación laboral de México, el requerimiento del acuerdo para que cada parte prohíba la importación a su territorio de mercancías procedentes de otras fuentes producidas en su totalidad o en parte por trabajo forzoso u obligatorio y las políticas laborales clave para los trabajadores migrantes, principalmente.
Destaca la participación de Thea Lee, quien en su historial figura como una activista que aboga por los derechos de los trabajadores a nivel nacional e internacional durante más de 30 años. Antes de su cargo actual, fue presidenta del Economic Policy Institute, un progresista grupo de expertos en favor de los trabajadores en Washington, desde enero de 2018 hasta mayo de 2021.
Lee conoce las entrañas de la vida sindical estadunidense y sabe con lujo de detalles sus necesidades y oportunidades, ya que de 1997 a 2017 se desempeñó como subdirectora de personal, directora de políticas y economista internacional en jefe de la Federación Estadunidense del Trabajo-Congreso de Organizaciones Industriales, organización de 56 sindicatos nacionales e internacionales que representa a más de 12.5 millones de personas y que presentó la denuncia contra Tridonex.
Sus otras credenciales son trabajar en el Comité Asesor sobre Política Económica Internacional del Departamento de Estado, en el Comité Asesor del Banco de Exportación e Importación, así como en la Comisión de Revisión Económica y de Seguridad de Estados Unidos y China de 2018 a 2020.
Por el contrario, Encinas Nájera –hijo del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas Rodríguez– carece de tablas que lo acrediten como experto en el área laboral y comercial que le permitan negociar con la férrea Lee.
Encinas es maestro en ciencias políticas por la Universidad Autónoma de Barcelona y licenciado en ciencias políticas y administración pública por la UNAM. Fungió como asesor en el Senado y en la presidencia del Instituto Belisario Domínguez. Fue consultor de la Fundación para el Fortalecimiento de los Gobiernos Locales, así como jefe de la Unidad Departamental de Servicios Sociales y Educativos de la Delegación Coyoacán.
El mexicano tampoco compite con Rakesh Patry, quien desde 2014 es responsable de la supervisión de las actividades internacionales de trabajo del gobierno, incluyendo la negociación e implementación de disposiciones laborales en los acuerdos de libre comercio de Canadá, la programación de asistencia técnica y la participación de Canadá en foros multilaterales de trabajo, como los de la Organización Internacional del Trabajo.
Puntos flacos
México también está en desventaja a causa de la lenta implementación de la reforma laboral, pues Estados Unidos invertirá 130 millones de dólares para ello, según la vicepresidenta Kamala Harris.
De acuerdo con la Secretaría de Economía, para el 1 de mayo de 2021 el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral habría asumido las funciones de legitimación de contratos colectivos de trabajo, mientras que las funciones conciliatorias y jurisdiccionales serán asumidas por las autoridades federales y locales en tres etapas completadas para 2022.
El director del Comité Nacional Laboral de Index, García Parga, expone: “No es un tema de claridad en las reglas en materia laboral; lo que hace falta es que termine de implementarse la reforma. Sí lo necesitamos porque ahora el nuevo centro federal va a ser el encargado de todos los elementos que serán clave para asegurar el cumplimiento y que la nueva vía del voto libre y secreto de los trabajadores se realice; entonces, estamos a la mitad de la transición, pero el T-MEC ya entró en vigor”.
Por su parte, Kenneth Smith, quien fue representante de la Secretaría de Economía en la embajada de México en Washington de 2013-2017, relata que mediante Agon, de la cual es socio, varias empresas se han apegado a un programa de auditorías internas que sirven “como un ejercicio de medicina preventiva” y de esa manera puedan hacer una lista de los asuntos que tienen que cumplir, no sólo la empresa, sino también el sindicato correspondientes.
“Estamos trabajando en eso con el sector automotriz, agroindustrial y químico para reducir al máximo las posibilidades de que puedan ser señaladas, y si son señaladas, pues tiene que haber un acompañamiento para entablar comunicación entre las empresas y el gobierno de México, porque el mecanismo no está estructurado de tal manera que las empresas puedan defenderse directamente, sino que lo harían a través de Estado-Estado”, agrega.
El experto confiesa que los sindicatos y empresas estadunidenses, más allá de los derechos de los trabajadores mexicanos, ven en el Anexo del Capítulo 23 del T-MEC “una herramienta muy poderosa” para señalar posibles violaciones, que algunos pueden ser reales y otros tantos “frívolos”, con el objeto final de tratar de frenar el éxito exportador de sectores como el automotriz, la manufactura aeroespacial, electrónica, electrodomésticos, el acero, la industria química, el sector agrícola y la minería, principalmente.
“La clave será, en el momento en que el gobierno mexicano decida actuar en defensa de las empresas nacionales, qué tan abiertos van a ser en su defensa. Yo creo que hay que dar el beneficio de la duda y ver cuál va a ser el accionar en las próximas semanas y meses. Estos dos casos (Tridonex y GM) van a ser un poco el termómetro de lo que venga.”
