Un informe del Centro Agustín Pro Juárez documenta que en dos años de existencia la Guardia Nacional ha recibido un número creciente de denuncias por graves violaciones a los derechos humanos. Además, sus controles institucionales son inefectivos, tanto los externos –como la FGR o la CNDH, que muestran “complacencia” ante los abusos que cometen los efectivos castrenses– como los internos, en particular la Unidad de Asuntos Internos, cuyo titular, el general David Enrique Velarde Sigüenza, estuvo presuntamente vinculado a casos de tortura cuando fue director de la Policía Judicial Militar.
Sin efectivos controles internos ni externos, la Guardia Nacional (GN) cumplió dos años de existencia conservando las prácticas de abusos de las Fuerzas Armadas, mientras el presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia una reforma constitucional para que la agrupación forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), lo que “culminaría una abdicación del poder civil ante el militar”, alerta el informe Poder Militar. La Guardia Nacional y los riesgos del renovado protagonismo castrense, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).
En más de 300 páginas –resultado de múltiples solicitudes de información a distintas dependencias– esta organización civil que desde hace tres décadas ha representado a víctimas de abusos militares y policiacos, confirma cómo ha ido cobrando fuerza el poder castrense en el país, acentuándose la militarización durante el gobierno de López Obrador, quien, como político opositor, fue un duro crítico de la estrategia de seguridad pública militarizada de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, misma que se comprometió a revertir durante su campaña por la presidencia en 2018.
“Tenemos una militarización que se ha agudizado a partir de al menos 10 cambios legales muy profundos y duraderos por su propia naturaleza, y sin duda alguna el Ejército obtuvo el marco legal que buscó en los sexenios de Calderón y de Peña”, advierte Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro Prodh, tras urgir a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a definir de una vez por todas la constitucionalidad de cuatro leyes secundarias impugnadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), durante la gestión de Luis Raúl González Pérez.
Publicado en el contexto del segundo aniversario de la creación de la GN, el informe del Centro Prodh da cuenta de la falta de controles considerados en la reforma constitucional que le dio vida.
“Vemos mucha complacencia con la profundización de la militarización, mientras que los controles no están funcionando como deberían, los externos y preexistentes como la CNDH y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una complacencia excesiva con las Fuerzas Armadas; los controles externos específicos que se crearon con la GN, como la supervisión parlamentaria por parte del Senado, no están siendo exhaustivos, tanto así que el informe de la GN de 2020 no se ha presentado; mientras que los controles internos, que es la Unidad de Asuntos Internos, están en manos de personajes con antecedentes muy preocupantes en materia de derechos humanos, lo que implica que no van a funcionar adecuadamente”, resalta Aguirre en entrevista.
Hasta marzo de este año, la GN estaba formada por 101 mil 182 integrantes, 75% de origen castrense, con 28 coordinadores estatales provenientes de la Sedena y cuatro de la Secretaría de Marina (Semar).
De los más de 100 mil efectivos de la GN, menos de 20% acreditaron exámenes de control de confianza, “sólo se han practicado 19 mil 402 procesos de evaluación”, lo que para el Centro Prodh “hace más grave esa fragilidad en los controles internos”.
Dentro de la estructura de la GN “el único control interno relevante” considerado en la Ley de la GN es la Unidad de Asuntos Internos, cuyo titular es nombrado por el presidente de la República.
En la actualidad, quien encabeza la Unidad es el general David Enrique Velarde Sigüenza, personaje con un negro historial durante su paso por la Policía Judicial Militar (PJM), dependiente de la Procuraduría General de Justicia Militar.
Desde 2003 Proceso ha dado cuenta de que durante su paso por la PJM estuvo involucrado con su personal en actos de tortura contra miembros del Ejército con el propósito de vincular al general Ricardo Martínez Perea con el Cartel del Golfo en Tamaulipas. Igualmente este semanario consignó los señalamientos que la CNDH hizo contra el general.
El nombre de Velarde Sigüenza también salió a relucir por hechos similares ocurridos durante el gobierno de Calderón: toleró la tortura de soldados para encauzar a oficiales de alto rango por delincuencia organizada, robo y desaparición forzada. En tanto que en 2015, como responsable del Octavo Regimiento Mecanizado, estuvo a cargo de la vigilancia de la seguridad perimetral del Cefereso de Almoloya de Juárez, cuando, a través de un túnel construido exprofeso, se fugó el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera el 11 de julio de ese año. (Proceso 1889, 1914, 1933, 2018, 2020 y 2022).
Sobre el funcionamiento de la Unidad de Asuntos Internos, información obtenida por el Centro Prodh revela que del 27 de mayo de 2009 al 10 de marzo de 2021 la dependencia integró 4 mil 867 expedientes contra los integrantes de la GN, de los cuales 3 mil 483 se encuentran en trámite, mil 370 fueron concluidos, y de estos 39 considerados procedentes, mil 331 improcedentes, y 14 acumulados.
El documento refiere que entre los expedientes que procedieron, 25 tienen señalamientos por “vínculos con la delincuencia organizada” de sus elementos, “sugiriendo que eran indagados por la propia Guardia”.
Sobre el uso de la fuerza, el informe del Centro Prodh refiere que a solicitud expresa la GN notificó que hasta marzo pasado, sus miembros habían participado en 161 eventos, y en todos hicieron uso de sus armas, reconociendo que tenían “33 registros de denuncias o quejas por uso excesivo de la fuerza”, detalle que el cuerpo de seguridad indicó que “se encuentra reservada cinco años”.
Sobre el empleo de la fuerza letal, hasta el 10 de marzo de 2021, la GN reportó 63 eventos, en los que habrían falleció 108 personas, de las cuales 14 fueron integrantes de la corporación, cinco civiles y “89 agresores”. Sobre la última identificación, el informe alerta que con ello la GN hace “eco de la manera en que las Fuerzas Armadas tradicionalmente han reportado los ‘saldos’ de sus operaciones”.
A través de solicitudes de información sobre el número de quejas que ingresaron a la CNDH contra miembros de Fuerzas Armadas, incluida la GN, el Centro Prodh advierte que no se ha acabado la inercia de abusos, frente a los que el organismo presidido por Rosario Piedra Ibarra “denota una efectividad raquítica”.
Así, en el caso de la GN, del 13 junio de 2019 al 24 de febrero de 2021, la CNDH integró 451 expedientes de queja en contra del cuerpo de seguridad, y sólo emitió una recomendación.
En una revisión de la base de datos que el organismo entregó al Centro Prodh se advierten quejas motivadas por violaciones graves a derechos humanos, entre ellas detenciones arbitrarias (72 quejas), tortura (7), tratos crueles, inhumanos y degradantes (57), privación de la vida (cinco) y desaparición forzada (dos quejas), agregando expedientes por uso arbitrario de la fuerza, falta de legalidad, cateos ilegales, intimidación y violencia excesiva al llevar a cabo detenciones, entre otro tipo de abusos.
La situación no es muy distinta tratándose de los expedientes abiertos por la CNDH en contra de personal de la Sedena y de la Semar, dependencias que sólo fueron señaladas con una recomendación cada una por Piedra Ibarra, por hechos ocurridos durante la actual administración.
El cúmulo de quejas contra la Sedena de diciembre de 2018 a febrero pasado fue de 876, entre las cuales persisten violaciones graves: 119 corresponden a detención arbitraria, 26 a tortura, 78 por tratos crueles, inhumanos y degradantes, 15 privaciones de la vida y 10 desapariciones forzadas.
En el caso de la Semar en ese mismo periodo acumuló 339 quejas por detención arbitraria (62), tortura (14), tratos crueles (37), privación de la vida (dos) y desaparición forzada (seis), como los abusos más graves cometidos por el personal naval.
Al igual que en la base de datos de la GN, en los reportes de quejas presentadas contra Sedena y Semar, abundan las denuncias por empleo arbitrario de la fuerza, intimidaciones, retenciones ilegales, cateos ilegales, y de manera particular la apropiación ilegal de bienes.
En el ámbito jurisdiccional, el informe del Centro Prodh resalta que, al igual que la anterior Procuraduría General de la República (PGR), la FGR mantiene una política de “refrendar una prácticamente nula capacidad de investigación ante denuncias por abusos castrenses”, entre ellos los cometidos por la GN.
En materia de desaparición de personas, la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición por Particulares de la FGR, tiene integradas 97 carpetas de investigación de casos en los que están involucrados miembros de las Fuerzas Armadas, pero la Fiscalía sólo ha ejercido acción penal en cinco casos.
En cuanto a casos de tortura, la Fiscalía Especializada en Tortura tiene 2 mil 125 averiguaciones previas en las que están involucrados militares (en mil 466 casos) y marinos (en 659 expedientes), en tanto que existen otras 207 carpetas de investigación (bajo el nuevo sistema de justicia penal) en que se señala a 133 soldados y a 74 marinos de cometer tortura. De todas esas indagatorias, la dependencia de la FGR sólo ha obtenido una sentencia condenatoria.
“Lo que muestran las cifras es que se fueron deteniendo abusos más graves. No tenemos en este sexenio un Tanhuato o eventos como Tlatlaya, y en eso sí ves que permean las órdenes del presidente de no cometer masacres, pero simultáneamente el número tan alto de quejas, es indicativo de que persisten las violaciones a derechos humanos, de ninguna manera se puede decir que ya se erradicaron”, apunta Aguirre.
Punto de “no retorno”
En el informe se toman siete casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas por elementos de la GN o Fuerzas Armadas durante esta administración: en octubre de 2019 en Tepochica, Guerrero; Carbó, Sonora, en enero de 2020; Nuevo Laredo, Tamaulipas, en julio de 2020 y febrero de 2021; La Boquilla, Chihuahua, septiembre de 2020; Chiapas, marzo de 2021 y Sonora, mayo de 2021. Advierte que en cinco casos hubo algún posicionamiento público por parte de autoridades castrenses, mientras que por parte de la FGR no hubo reacción al especto, en tanto que la CNDH se pronunció sólo en tres casos.
De acuerdo con el documento, lo anterior demuestra que frente a “las inercias relacionadas con el abuso de la fuerza (…) no se están activando los controles externos, sino que –como en el pasado– se continúa dejando a las propias Fuerzas Armadas y a la Guardia Nacional el procesamiento de tales casos, aún cuando en nuestra historia reciente ese procedimiento ha desembocado en impunidad”.
En ese sentido parecería ir la “directiva para la atención inmediata y reparación integral del daño de personas presuntamente afectadas en sus derechos humanos por parte de persona de la Guardia Nacional durante el desarrollo de operaciones de seguridad pública”, publicado el 28 de septiembre de 2020, pero fechado el 4 de ese mes y firmado por Luis Rodríguez Bucio, comandante de la Guardia Nacional.
El documento analizado en el informe del Centro Prodh, “regula el procedimiento para realizar el pago de indemnización” a las víctimas de la GN, con el acompañamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y la CNDH.
Siendo la Dirección General de Derechos Humanos y Vinculación Ciudadana de la GN (DGDHyVC) la encarga de tramitar las indemnizaciones económicas, la directiva señala que se materializarán a través de un convenio en el que la CNDH deberá emitir “un acuerdo donde se señale que el asunto ha quedado totalmente concluido”, es decir el cierre de la queja.
En el ámbito jurisdiccional, el artículo 19 de la Directiva establece que una vez que el agente del Ministerio Público Federal o local conozca del caso, la “DGDHyVC intervendrá para que el Convenio formalizado sea ratificado ante la autoridad ministerial por el presunto afectado, quien deberá manifestar que se ha reparado el daño y en su caso otorgar el perdón”.
Santiago Aguirre apunta que uno de los objetivos del informe Poder Militar es advertir que una reforma constitucional como la anunciada por López Obrador para que en 2023 la GN pase a formar parte la Sedena, “sería un punto de no retorno que cambiaría por completo la naturaleza de las Fuerzas Armadas y la propia GN”.
El defensor reconoce, sin embargo, que hasta ahora todos los partidos sin distingo “han sido muy complacientes con las Fuerzas Armadas. Lo ha sido el PAN en el sexenio de Calderón, el PRI en el sexenio de Peña. Por eso subsiste el riesgo de que ya puestos a votar, todo mundo termine doblegado ante este nuevo protagonismo castrense”.
