Señor director:
Dirijo esta carta al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha definido su administración como cercana a la gente; a los encargados de Pensionissste, Iván Pliego, y a su personal de mandos medios y superiores, quienes mantienen una política de puertas cerradas contraria a la del mandatario. En mi caso se han comportado distantes, de puertas cerradas, injustos y opacos.
De poco han servido los intentos de regular las empresas de outsourcing; hoy en el gobierno recibimos trato de empleados de segunda.
Inicié mi empleo en Pensionissste el 16 de febrero de 2005, contratado directamente por el gobierno como agente promotor, así consta mi certificación ante la Consar (1504053909).
Por convenir a la dependencia, mi área fue tercerizada inicialmente con la empresa Cos Campestre, S.A. de C.V. (actualmente, inhabilitada por irregularidades en el manejo del personal). La firma dejó de pagarnos en marzo de 2019 y vinieron meses de trabajo sin salario.
La “estabilidad” llegó el 8 de julio de 2019, cuando Servicios Integrados Trujillo Romano, S.A. de C.V., ganó la licitación.
El 7 de mayo presenté mi inconformidad por correo electrónico ante las autoridades de Pensionissste (Ricardo Jiménez, jefe de servicios, con copia para Palmira Sandoval, subdirectora comercial, y para Héctor Olivas, subcontralor comercial).
La inconformidad estuvo orientada en malas prácticas de la gerente regional y de un recién seleccionado gerente comercial. Estas irregularidades y otras, así como la inconformidad, también fueron mencionadas y probadas a la representante de la empresa, Jocabeth Abigail Peña Martínez. No hubo respuesta alguna de las autoridades.
Posterior a la denuncia, el 14 de mayo último fui citado en una reunión donde fui grabado en video (sin documentos por escrito de mi consentimiento), para notificarme mi baja y una acusación en mi contra por acoso sexual a un hombre, presuntos señalamientos que recibieron por correo electrónico.
Durante el encuentro me mostraron unas hojas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero no me permitieron leerlas, procediendo a mi despido, previa amenaza de ser “marcado gravemente para que no vuelva a trabajar en el gremio”.
Todo ocurrió sin oportunidad de defenderme. Sostengo que los hechos que se me imputan son falsos. Tampoco me solicitaron mis herramientas de trabajo (tableta) ni me hablaron de una liquidación o finiquito.
El despido también alcanzó a mi gerente Óscar Trinidad Márquez Cid, quien fue cesado por interceder en mi favor.
En una reunión virtual, grabada el lunes 17 de mayo, la representante de la empresa en compañía de la gerente regional dan a conocer mi separación del puesto y de mi gerente, e invitan a los compañeros a levantar denuncias por las supuestas prácticas: un linchamiento público.
La situación y condiciones de mi despido son informadas el 20 de mayo por correo electrónico a las mismas autoridades que se denunciaron los malos manejos. No hubo respuesta. De igual manera, el domingo 23 de mayo expuse mi caso vía mail al vocal ejecutivo Iván Pliego, con copia al contralor normativo, Simón Geluda. Tampoco tuve respuesta.
El tema es delicado, pues además de vulnerar mis derechos civiles, jurídicos y laborales, nos dejan en total indefensión. La denuncia de malas prácticas tiene una reacción desmedida y premeditada para acallar al mensajero, con el despido y el tema de acoso sexual por parte de quien se ostenta como representante legal de la empresa.
Recurro a esta misiva porque es evidente que no hay voluntad de que yo sea escuchado por parte de quienes hoy ocupan un cargo público, irónicamente en la administración que se dice cercana a la gente; y sin ánimos de politizar, al menos la política al interior de Pensionissste es de puertas cerradas hacia el personal tercerizado.
Atentamente,
César Adrián Hernández Ávila
