El uso de tarjetas electorales –censurado por el presidente López Obrador en el caso de Adrián de la Garza, candidato priista para Nuevo León– no es nuevo y se ha generalizado en todos los partidos, incluido el del mandatario: Morena. De hecho, en 2011 el candidato del PRD a la gubernatura del Estado de México, Alejandro Encinas –hoy prominente funcionario de la 4T– se valió de la tarjeta La Cumplidora para cosechar votos. Hoy esta misma tarjeta la distribuye Ricardo Gallardo en San Luis Potosí, impulsado por la alianza PT-PVEM, pero en este caso la Fiscalía Especial de Delitos Electorales no actúa.
Desde la aparición de las tarjetas La Efectiva y La Cumplidora en las elecciones para gobernador del Estado de México en 2011, las denuncias por el uso electoral de plásticos y cartones con promesas de depósitos en efectivo antes o después de la jornada electoral se han multiplicado en cada elección, pero en ningún caso se ha sancionado a las autoridades, partidos y candidatos señalados por sus adversarios políticos.
La polémica por el uso de estas tarjetas no sólo se centra en la probable compra de votos a cambio de dinero, sino también en el presunto financiamiento ilícito utilizado para el fondeo de los plásticos, como ocurrió en los comicios presidenciales de 2012 y el uso de las tarjetas Monex y Soriana para el pago de la estructura de campaña de Enrique Peña Nieto, entonces candidato del PRI a la Presidencia de la República.
Entre los principales operadores de este tipo de estrategias se encuentran exfuncionarios y políticos señalados públicamente por manejos irregulares, como Héctor Serrano Cortés –el actual diputado federal del PT y exsecretario de Gobierno de Miguel Ángel Mancera–, integrante de la campaña de Ricardo Gallardo Cardona, candidato del PT-Partido Verde a la gubernatura de San Luis Potosí.
En el caso de la Tarjeta Rosa que ofrecen candidatos del PRI a las gubernaturas de Querétaro y Nuevo León, es evidente su similitud con los plásticos para depositar el “salario rosa” que entrega el gobierno del Estado de México a mujeres de esa entidad y cuyo registro de marca corresponde a las autoridades que encabeza el gobernador de la entidad, el priista Alfredo del Mazo.
Una búsqueda hemerográfica realizada por Proceso revela que en el actual proceso electoral se han presentado 22 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales por el uso de tarjetas y vales de apoyo como estrategia electoral, en las que se involucra a candidatos a gobernadores y alcaldes de Morena, PRI, PRD, PAN, Partido Verde y PT.
Sin embargo, la más notoria es la del presidente Andrés Manuel López Obrador contra el candidato de la alianza PRI-PRD a la gubernatura de Nuevo León, Adrián de la Garza, por la entrega de la Tarjeta Rosa en sus actos de campaña, con el argumento de que se trata de una estrategia de compra de votos.
A raíz del pronunciamiento de López Obrador, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, de la FGR, inició una carpeta de investigación para indagar la entrega de esos plásticos en actos proselitistas del abanderado del PRI, lo que originó señalamientos contra el mandatario por su intromisión en la campaña electoral.
La respuesta de los partidos de oposición, tanto los que integran la alianza Va por México –PAN-PRI-PRD– como de Movimiento Ciudadano, fue presentar denuncias similares contra seis candidatos de Morena y sus aliados PT-Verde por el uso y entrega de tarjetas de cartón o plástico como parte de sus promesas de campaña en Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y la Ciudad de México.
De promesas y compra de votos
En las elecciones para gobernador del Estado de México en 2011, la alianza PRI-Partido Verde, que postuló a Eruviel Ávila Villegas como su candidato a gobernador; la coalición Unidos Podemos Más, formada por PRD, PT y Convergencia, con Alejandro Encinas Rodríguez como su abanderado, comenzaron la entrega de tarjetas en sus campañas.
En su libro Memoria de la elección de gobernador en el Estado de México 2011, Encinas escribió que entregaba La Cumplidora en sus actos de campaña con el compromiso de que, en caso de ganar la contienda, los tenedores de las tarjetas tendrían acceso a todos los programas sociales que formaban parte de su campaña, muy similares a los que ya ofrecía el gobierno capitalino en esa época.
“La propuesta la presentamos el segundo día de campaña, el 17 de mayo de 2011, en el municipio de Chalco y tuvo una gran acogida”, según Encinas.
La respuesta del PRI mexiquense fue casi inmediata, lanzó su propia tarjeta: La Efectiva, para impulsar a Ávila como su candidato a la gubernatura. Y le añadió valor: no sólo sería útil para después de la jornada electoral como un programa de gobierno, sino que programó depósitos los días previos a los comicios “para apoyar” a sus bases partidistas, expuso Encinas.
Y añadió: “En el caso de La Cumplidora, se entregó más de 1 millón de tarjetas. Sin embargo, el PRI replicó –como lo hizo con todas nuestras propuestas– con la entrega de la tarjeta La Efectiva, la que se respaldó con recursos económicos y con las tarjetas Soriana y Rosa, tarjetas telefónicas para llamar al extranjero y las de los programas sociales del gobierno local, a las que se inyectaron grandes recursos. Incluso, el viernes previo a la jornada electoral, el 1 de julio de 2011, se depositaron hasta mil 500 pesos a los beneficiarios de los programas sociales, que podían retirarse de cajeros automáticos”.
Pese a las denuncias del PRD, no hubo ninguna investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales sobre el financiamiento que recibió La Efectiva, cuyo registro de marca fue tramitado por Apolinar Mena Vargas, un colaborador de Ávila que después se integró a su administración, primero como secretario de Comunicaciones y Transportes y posteriormente como secretario técnico del gabinete.
Mena Vargas obtuvo el registro de la marca La Efectiva en octubre de 2011 y fue titular de los derechos para la explotación del nombre de esta tarjeta hasta el 11 de febrero de 2016, cuando finalmente transfirió los derechos para el uso de la marca al gobierno mexiquense.
Un operador versátil
En el caso de La Cumplidora, si bien fue diseñada por el PRD para la campaña de Encinas en 2011, la marca fue registrada por Gerardo Antúnez Gutiérrez, un personaje cercano a Héctor Serrano Cortés, actual diputado federal por el PT.
Con una amplia trayectoria en el PRI, Serrano comenzó a colaborar con el PRD tras la victoria de Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno capitalino, acercamiento que mantuvo con López Obrador como jefe de Gobierno. Ya en la administración de Marcelo Ebrard, se colocó como subsecretario de Gobierno y se convirtió en uno de los principales operadores políticos.
En diciembre de 2010, rumbo a las elecciones presidenciales y el relevo político en la capital, Serrano fundó Vanguardia Progresista, su propia corriente política dentro del PRD, para impulsar al entonces procurador capitalino, Miguel Ángel Mancera, candidato del sol azteca para relevar a Ebrard.
Vanguardia Progresista se convirtió en la tribu mancerista del PRD y fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial por Antúnez Gutiérrez, el mismo que hizo los trámites en el caso de La Cumplidora.
Según consta en documentos oficiales, Antúnez ingresó los papeles para el registro de aquella tarjeta el 15 de diciembre de 2010, pero no le fue otorgado hasta el 20 de mayo del año siguiente. Y como la vigencia de cualquier marca es de 10 años, el operador de Serrano Cortés renovó el registro en diciembre de 2020.
En el actual proceso electoral la incorporación de Serrano a la campaña de Ricardo Gallardo Cardona, candidato al gobierno de San Luis Potosí por la alianza Juntos Haremos Historia –formada por el PT y el Partido Verde–, el uso de La Cumplidora ahora está en manos de esas organizaciones políticas, a pesar de que se creó por instancias del PRD.
Antúnez ha registrado más marcas para Serrano y su familia, incluido el medio digital Tiempos Modernos y noticiastm.com.mx, que operaba en un edificio de tres pisos ubicado en Obrero Mundial 184, en la Ciudad de México, donde hoy tiene sus instalaciones el diario Contrarréplica, también propiedad de Serrano, según lo ha reconocido él mismo.
La entrega de La Cumplidora ha sido denunciada por los partidos Movimiento Ciudadano, Morena y por la alianza PAN-PRD: arguyen que con ella se violan los artículos 6 y 7 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que prohíben solicitar votos por paga, promesas de dinero o cualquier otra contraprestación.
Sin embargo, en las querellas presentadas hasta el momento no se menciona el fondeo de esas tarjetas, ya que las promesas de campaña del equipo de Gallardo Cardona prometen “activarlas” el 6 de junio, es decir, el mismo día de la jornada electoral.
Denuncias en cascada
De acuerdo con una búsqueda realizada por Proceso, hasta ahora ocho candidatos y candidatas al cargo de gobernador en el actual proceso han sido denunciados por el uso de tarjetas con fines electorales.
En Nuevo León se presentaron tres querellas contra los contendientes de las tres principales coaliciones: Clara Luz Flores, de Morena-Verde-Nueva Alianza, por la tarjeta Nuevo León; Adrián de la Garza, del PRI-PRD, por la Tarjeta Rosa, y Fernando Larrazábal, del PAN, por la Tarjeta Mujer Vale Más.
En Querétaro, los denunciados son Mauricio Kuri, del PAN, por la Tarjeta Contigo, y Abigaíl Arredondo, del PRI, por la Tarjeta Rosa; en Guerrero, Mario Moreno Arcos, de la alianza PRI-PRD, por promoverse con la Tarjeta Guerrero Joven, y en Baja California Sur, Francisco Pelayo, el abanderado de la coalición PRD-PAN-PRI, por la Tarjeta Unidos Contigo.
A ellos se suman al menos dos candidatos a alcaldes de Morena en la Ciudad de México: Víctor Hugo Romo, en Miguel Hidalgo, y Evelyn Parra, en Venustiano Carranza. Lía Limón, abanderada de la coalición Va por México –PAN, PRI y PRD– a la alcaldía de Álvaro Obregón, enfrenta una denuncia similar por la entrega de la Tarjeta Aliada.
Los candidatos de Morena a las presidencias municipales de Guadalajara, Carlos Lomelí, y Puerto Vallarta, Luis Michel, también enfrentan denuncias por la posible compra de votos mediante el uso de plásticos que se activarían en caso de que ganen los comicios.
Los candidatos a alcaldes de Mérida, Jorge Carlos Ramírez Marín (PRI); de León, Alejandra Gutiérrez (PAN); de Tuxtla Gutiérrez, Oswaldo Ochoa (Va por México), y de Matamoros, Luis Coronado (PRI), están en una situación similar.
El representante de Morena ante el Instituto Nacional Electoral, Sergio Gutiérrez Luna, también presentó una denuncia contra el gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel, y el candidato de la alianza PRD-PRI-PAN, Mario Zamora Gastélum, por la entrega de las tarjetas recargables Puro Sinaloa.
De acuerdo con la querella, en 2020, en plena pandemia, el gobierno de Sinaloa comenzó a distribuir ese plástico con montos de 350 pesos. El tiraje inicial fue de 1 millón 600 mil tarjetas en 2020; este año se elevó a 4 millones de tarjetas con un saldo de 200 pesos.
Según Morena, se han conformado padrones de beneficiarios integrados por mujeres, jefas de familia y personas adultas mayores para, de esta manera, comprar el voto en los comicios del próximo 6 de junio, por lo que se podrían configurar los delitos de desvío de recursos públicos y compra de votos.
Como en el caso de Monex, prácticamente en ninguna de las denuncias se ha investigado el financiamiento de las tarjetas. Es factible que en esta ocasión tampoco haya sanción para este tipo de delitos electorales.
