Las medidas que implantó el gobierno federal para revertir la reforma energética del anterior sexenio afectaron un ambicioso proyecto del gobernador poblano Miguel Barbosa, consistente en abrir la generación de energía eléctrica a productores privados, acorde con la reforma energética del sexenio pasado. Lo peculiar del modelo del mandatario estatal es que lo encargó a un grupo de exlegisladores panistas encabezado por Roberto Gil Zuarth y otros implicados por Emilio Lozoya en el caso Odebrecht.
PUEBLA, Pue.- A contracorriente de la política energética de Andrés Manuel López Obrador, el gobernador Miguel Barbosa Huerta contrató, desde el arranque de su gestión, la asesoría del panista Roberto Gil Zuarth para diseñar un modelo que convertiría a Puebla en un paraíso para inversionistas privados de las llamadas “energías limpias”.
Aunque Barbosa nunca mencionó en sus campañas de 2018 y 2019 una propuesta para el sector energético, el 1 de agosto de 2019 anunció la creación de la Agencia Estatal de Energía de Puebla (AEEP), como una de sus principales estrategias para impulsar el desarrollo de la entidad.
En un acto oficial del 2 de marzo de 2020, Gil Zuarth fue el encargado de presentar el Modelo de Federalismo Energético Sustentable para Puebla, elaborado –afirmó– por un grupo “multidisciplinario y plural de profesionales” a petición del gobernador.
En el presídium también estaba el exsenador panista Jorge Luis Lavalle Maury, a quien Barbosa mencionó como copartícipe en la elaboración de este proyecto que convertiría a Puebla en exportador de energía. Gil Zuarth y Lavalle fueron presentados en la ceremonia como directivos del Centro de Estudios sobre Federalismo, del cual no se encontró antecedente.
En su presentación, Gil Zuarth detalló que ya estaban detectadas 1 millón 400 mil hectáreas –equivalentes a 40% del territorio poblano– aptas para invertir en energía eólica, solar, geotérmica, de biomasa e hídrica, entre otras. También habló sobre el proyecto de desarrollar en la entidad una red de ductos y tanques de almacenamiento de gas y petrolíferos.
El panista anunció que contaba con un portafolio de empresarios interesados en invertir cerca de 40 mil millones de pesos en esos proyectos energéticos.
Sorprendió la participación de los dos panistas en un gobierno de la 4T, además de por la amistad de ambos con el fallecido exgobernador Rafael Moreno Valle, a quien acompañaron en su proyecto de dirigir al PAN nacional y en su afán de conseguir la candidatura presidencial.
Gil Zuarth fue uno de los abogados que defendió ante el tribunal electoral el triunfo de Martha Érika Alonso, esposa de Moreno Valle, en los comicios de 2018, cuando el hoy gobernador Barbosa denunció fraude.
Días antes de la presentación de la AEEP, Barbosa confirmó a medios locales que Gil Zuarth era su asesor en energías y asuntos legislativos.
La cercanía entre ambos surgió cuando Gil Zuarth sucedió a Barbosa en la presidencia del Senado, en 2015.
En el acto del 2 de marzo de 2020, el mandatario poblano se dirigió así a sus excompañeros legisladores:
“Agradezco a mis amigos exsenadores Roberto Gil y Jorge Luis Lavalle, expertos en la materia. Tan brillante Roberto Gil como antes. Hoy somos aliados, antes no. Este gran proyecto habla de un conocimiento de lo que se discutía en el Senado cuando éramos compañeros legisladores.”
A mediados de ese año, Gil Zuarth y Lavalle Maury, junto con otros panistas, fueron implicados por Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, en la entrega de sobornos para la aprobación de la reforma energética que abrió a la inversión privada áreas antes reservadas al Estado en la generación de energías.
El pasado 9 de abril Lavalle Maury fue detenido luego de que se hiciera público un video donde uno de sus colaboradores recibía fajos de billetes de un supuesto funcionario de Pemex.
El 12 de abril, el periódico Milenio publicó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) denunció a Gil Zuarth ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por detectar movimientos bancarios que no correspondían a sus declaraciones fiscales. El panista retó a la institución a probar esas acusaciones.
A partir de la detención de Lavalle Maury, algunos medios han advertido que las acusaciones de Lozoya pueden implicar de nueva cuenta a Barbosa. El 14 de abril, el columnista Mario Maldonado escribió en El Universal:
“Según fuentes del gobierno, (la aprehensión de Lavalle) se trata del inicio de nuevas detenciones relacionadas con los sobornos recibidos por diversos políticos para la aprobación de la reforma energética, una trama en la que están involucrados gobernadores como el morenista del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa, y los panistas de Querétaro, Francisco Domínguez, y Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca.”
Los socios de Gil Zuarth
Gil Zuarth, quien fue secretario técnico de la Alianza Federalista, formada por 10 gobernadores, es socio del despacho Accuracy Legal and Consulting, junto con Lavalle Maury (hoy preso), Salvador Vega Casillas –otro de los exsenadores panistas acusado por Lozoya– y Carlos Lezama Fernández del Campo, quien fue secretario técnico del Senado cuando Gil presidió la mesa directiva.
En su página web, el despacho promueve, entre otras, una especialización en “derecho de la energía”: “Representamos a empresas nacionales y extranjeras ante Pemex Exploración y Producción, lo que le ha permitido contar con experiencia directa en la transición a la liberalización del sector energético en el país”.
La firma es identificada como autora de amparos interpuestos por diversas empresas contra la reforma a la Ley de Energía Eléctrica promovida por el gobierno de López Obrador. Gil Zuarth lo ha confirmado al defender, ante estos señalamientos, su derecho a ejercer su profesión y a representar “los intereses legítimos de los gobernados que resientan sobre su libertad o patrimonio ante el atropello del Estado”.
Accuracy Legal and Consulting está enlistada en el padrón de proveedores de los gobiernos de Puebla y Tamaulipas. Y Gil Zuarth también es asesor y consejero jurídico del gobernador tamaulipeco Francisco Javier García Cabeza de Vaca, cuyo desafuero fue aprobado el 30 de abril en el Congreso federal.
De hecho, Gil es uno de los abogados defensores de García Cabeza de Vaca junto con Carlos Lezama Fernández del Campo. Todos ellos convivieron con Barbosa en el Senado, cuando se aprobó la reforma energética que impulsó el entonces presidente Enrique Peña Nieto.
Entre los señalamientos contra García Cabeza de Vaca está el de beneficiarse con la venta y arrendamiento de predios para la operación de parques eólicos en Tamaulipas. Según la información expuesta por la UIF, un presunto prestanombres del mandatario, Baltazar Higinio Reséndez Cantú, socio de la empresa Enerxiza Wind, se alió para operar el parque eólico El Cortijo con la española Acciona Energía, sancionada por participar en la trama de corrupción de Odebrecht.
Santiago Nieto, titular de la UIF, ha señalado que la reforma energética de Peña Nieto, más que representar la llegada de energías limpias, abrió a un grupo de políticos y funcionarios un esquema para hacer negocios privados.
Modelo frustrado
El Modelo de Federalismo Energético Sustentable que Gil Zuarth planteó para Puebla antes de la contrarreforma energética, pretendía generar un entorno institucional atractivo para las inversiones en el sector de las energías renovables.
Con las metas de reducir 22% la emisión de gases de efecto invernadero en la entidad, permitir el acceso a energéticos “baratos y limpios”, alentar la competitividad, generar empleos “bien pagados” y alentar la conversión tecnológica, el modelo contemplaba todo tipo de facilidades para que las empresas generadoras de energía se instalaran en territorio poblano.
Incluía instrumentos como el Programa para el Fomento del Desarrollo Energético Sustentable y un fideicomiso con recursos públicos y privados para garantizar la ejecución de los proyectos, además de un banco de tierras ya identificadas para inversiones en ese rubro: 620 mil hectáreas para eólicas, 450 mil para solar, 250 mil para geotérmica y 120 mil para hídrica.
Asimismo se contemplaba un Cuarto de Datos para aportar todo tipo de información a fin de que las empresas redujeran “costos, tiempo y riesgos” en sus decisiones de inversión.
Como la “impronta” de Barbosa, se incluyó en el modelo un “Fondo del Bienestar para Desarrollo de Puebla”, que se nutriría con recursos de los empresarios para ejecutar obras y programas de desarrollo social y regional, lo que facilitaría la “licencia social” para las inversiones energéticas.
La AEEP podría actuar también como socio estratégico de las inversiones y ser un interlocutor e intermediario con los órganos y dependencias reguladoras de la federación.
Aparte del portafolios de potenciales inversionistas por más de 40 mil millones de pesos, el modelo presentado por Gil Zuarth incluía la reducción de trámites para las empresas, así como un programa que arrancaría de manera inmediata para que todas las dependencias estatales sustituyeran sus fuentes de electricidad con “energías limpias” contratadas con productores privados.
Rodrigo Osorio Díaz, director de la AEEP, dijo que ya contaban con 16 cartas de intención firmadas para invertir más de 20 mil millones de pesos en energías renovables y gas natural, así como en incrementar la capacidad logística y de terminales de almacenamiento estratégico para combustibles.
En eso estaban, cuando el 29 de abril de 2020 el Centro Nacional de Control de Energía emitió el acuerdo con el que quedaron suspendidas las pruebas preoperativas y autorizaciones de nuevas centrales eléctricas, eólicas y fotovoltaicas.
Unos días después, el 15 de mayo, la Secretaría de Energía publicó el acuerdo con el cual se privilegió a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la generación de energía por medios convencionales.
Osorio Díaz reconoció que Puebla tenía en puerta siete proyectos fotovoltaicos y eólicos, que quedaron en suspenso con estos acuerdos. El mandatario poblano justificó entonces que el proyecto de la AEEP seguía en pie, al incluir la propuesta de ductos de gas natural y almacenamiento de combustibles, “y no sólo energías renovables”.
En rueda de prensa el pasado 18 de febrero, Barbosa declaró: “Teníamos compromisos para invertir ya 38 mil millones de pesos, pero todo está parado, el covid lo paró todo, y el destino de la reforma al modelo energético también va a afectar, para bien o para mal”.
El 24 de febrero, cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley de Energía Eléctrica, que reconoció a la CFE como el principal productor, proveedor y vendedor de energía del país, el gobernador dijo sentirse “satisfecho del avance legislativo”, aunque aclaró que ahora habrá que esperar las acciones legales que interpondrán los “intereses afectados” por el nuevo modelo energético.
