Un acuerdo entre Sacyr-Vallehermoso y Pemex para ganar peso en las decisiones de Repsol ocasionó en 2011 una furibunda reacción del presidente de ésta, Antonio Brufau. Según documentos de la causa Tándem contra directivos de la trasnacional española, las cúpulas de ésta y de su principal inversionista, La Caixa, consiguieron frustrar aquella alianza, para lo que recurrieron al espionaje y a una campaña de prensa contra el crecimiento del capital mexicano…
Madrid.- Los principales directivos de Pemex en los gobiernos de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto fueron espiados en España desde que la petrolera y la constructora Sacyr-Vallehermoso sindicaron las acciones que poseían en Repsol –en agosto de 2011– para tener un mayor peso en la toma de decisiones en la petrolera española, ante los desacuerdos que mantenían con la gestión de su presidente, Antonio Brufau.
Esa alianza provocó un duro enfrentamiento, al grado de que la prensa de este país desplegó una campaña acusando a Pemex de pretender terminar con la “españolidad” de Repsol. Sin embargo, ahora se conoce que en su ataque la cúpula de Repsol y de CaixaBank –accionista de referencia en la petrolera hispana– ordenó espiar al presidente de Sacyr, Luis del Rivero, porque se sentía amenazada por la operación con Pemex.
Para llevar a cabo este trabajo contrataron al entonces comisario de la Policía Nacional, José Manuel Villarejo, quizás el máximo concertador de operaciones clandestinas de las “cloacas del Estado”, quien durante dos décadas ha beneficiado lo mismo a los gobiernos del Partido Popular que del Socialista Obrero Español, como a la élite empresarial, representantes de bancos y compañías, algunas de las que incluso cotizan en el IBEX-35, la poderosa Bolsa de Valores española.
Esto se desprende de la macrocausa Tándem, en su pieza separada número 21 (conocida como “Wine”), investigada por el Juzgado Sexto de Instrucción de la Audiencia Nacional, que preside el magistrado Manuel García Castellón.
La operación Tándem se convirtió en un dolor de cabeza tanto para la monarquía como para la clase política y empresarial españolas por las profundas raíces de las actividades presuntamente delictivas que el comisario Villarejo realizó y que afectan a esos poderes.
‘Pájaros en el alambre’
Repsol fue la “empresa favorita” durante el gobierno de Felipe Calderón, según acusaciones públicas del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Con Calderón como titular de Banobras y luego como secretario de Energía del gobierno de Vicente Fox, se le otorgó a Repsol un jugoso contrato para la explotación de la Cuenca de Burgos (Tamaulipas), pero nunca incrementó la producción de gas. No obstante, en el periodo presidencial de Calderón se le otorgó otro contrato multimillonario como intermediario para importar gas natural de Perú para la Comisión Federal de Electricidad.
Brufau llegó a la presidencia de Repsol en 2004 con el apoyo de Pemex y de La Caixa –principal accionista de la petrolera–, pero nunca impulsó un plan estratégico con México.
Pese a ello, la compañía española no tuvo reparo en espiar a los funcionarios calderonistas de Pemex, según se desprende de la diligencia que el juez emitió el 14 de abril pasado para citar a declarar a varios de los investigados, del informe de la Fiscalía Anticorrupción y de los cuadernos personales de Villarejo, incautados por la policía en su domicilio y a los que este semanario tuvo acceso.
Los informes de los investigadores documentaron que, para este trabajo, Villarejo espió ilegalmente el flujo de llamadas que Del Rivero mantuvo con el entonces director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, con quien concretó el pacto de sindicación de las acciones en Repsol el 29 de agosto de 2011.
Asimismo demostraron el flujo de llamadas telefónicas con José Manuel Carrera Panizzo, quien en ese momento fungía como titular de PMI Comercio Internacional y como tal representaba a Pemex en el Consejo de Administración de Repsol.
Carrera Panizzo –luego colaborador de Emilio Lozoya en el gobierno de Peña Nieto– fue sancionado en julio de 2019 por actos de corrupción en el caso AgroNitrogenados, e inhabilitado 10 años.
La diligencia recoge el tráfico de llamadas que Del Rivero (citado como RIO, River o LR) mantuvo con al menos tres números con prefijo de México, pertenecientes a Pemex. En algunas de esas llamadas el entonces presidente de Sacyr “les ha animado a iniciar acciones contra la ruptura unilateral del pacto sindicado entre PM (Pemex) y SV (Sacyr-Vallehermoso), comprometiéndose a mantener contactos personales para informarles de las irregularidades que según él habrían cometido tanto RP (Repsol) como SV”. Asimismo, identifica un número telefónico con prefijo en México de la filial de Sacyr.
El espía también rastreó las llamadas con el español Luis Mañas Antón, consejero de varias filiales de la petrolera mexicana en España y exempleado de Repsol.
Villarejo elaboró un informe por separado de Luis Mañas, quien participaba con Carrera Panizzo en las negociaciones con Sacyr.
En agosto de 2019 este semanario dio a conocer que Luis Mañas fue compañero de Suárez Coppel y de Agustín Carstens (exgobernador del Banco de México) en la Universidad de Chicago, donde cursaron el doctorado en economía entre 1982 y 1986 (Proceso 2231). Carstens lo llegó a contratar como asesor en la Secretaría de Hacienda durante su paso por el gobierno calderonista.
En España, Mañas Antón ocupó varios cargos en Repsol, incluida la Dirección de Finanzas durante la presidencia de Alfonso Cortina. Pero abandonó la compañía a la llegada de Brufau en 2004. De hecho, éste llegó al cargo con el respaldo de los votos de CaixaBank y Pemex, el principal socio industrial.
Algunos de estos datos sobre las relaciones de Mañas Antón con Suárez Coppel y Agustín Carstens también son recogidos por Villarejo en una de las libretas que contienen sus apuntes.
En uno de esos cuadernos, a los que el corresponsal tuvo acceso, el polémico policía escribió una lista de casi 30 actores y una nomenclatura para entender los informes que elaboró para Repsol y CaixaBank: Pemex aparece como PM; Suárez Coppel como SC; Carrera Panizzo es CP; Luis Mañas, LM…
El documento identificado como “IFWine2-22.22.11”, que presumiblemente entregó a sus clientes, recoge una idea global del entramado societario del Grupo PMI (Pemex) fuera de México, haciendo alusión a que a través de ésta se realizó “la compra de acciones de Repsol en septiembre de 2011 por parte de Pemex”.
El amigo Calderón
Con fecha 12 de diciembre de 2011, Villarejo apuntó información de contexto que Proceso dio a conocer año y medio antes, en marzo de 2010 –pero sin citar la publicación–, en relación con un rancho cuya propiedad se atribuye al entonces presidente Calderón, en Ayapango, a las faldas de los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, y apunta a las “muchas reformas a cargo del erario” que se hicieron.
En otro apunte manuscrito Villarejo refiere que “en México los directivos de Pemex habían acelerado los preparativos de su estrategia. Recibieron de (Felipe) Calderón el visto bueno, antes de la salida de Ernesto Cordero de la Secretaría de Hacienda”, quien “renunció en septiembre de 2011”, para irse a la campaña presidencial rumbo a 2012.
Complementa su apunte: “Ignacio Quezada, director de Finanzas de Pemex y muy cercano a Cordero, es quien agiliza los recursos públicos para comprar las acciones (de Repsol)”.
Los investigadores sospechan que la contratación del Grupo Cenyt, propiedad de Villarejo y su socio Rafael Redondo, para espiar todo lo relacionado con la alianza Sacyr-Pemex, fue ordenada desde las más altas esferas de Repsol y de CaixaBank. El precio de esos servicios oscilaba entre 675 y 925 mil euros, aunque hasta ahora la policía ha documentado abonos por más de 400 mil euros.
Por ello, el juez García Castellón ordenó el 14 de abril la declaración judicial “con la condición de investigados” de Brufau, el presidente de la petrolera, y de Isidro Fainé, entonces presidente de La Caixa, el tercer banco más importante de España. También citó como investigados a Luis Suárez de Lezo, secretario general del Consejo de Administración de Repsol, y a los directivos Juan de Amunategui (Repsol), Joaquín Uris Lloret (Repsol) y Antonio Masanell Lavilla (CaixaBank).
El 7 de mayo Brufau y Fainé se tuvieron que sentar en el banquillo para responder a las preguntas del juez y la fiscalía. Los dos trataron de desvincularse de dicho contrato.
Fainé dijo: “No participé ni en la selección ni en la contratación ni en el pago del proveedor, ni tenía la más mínima idea de la empresa que Repsol había contratado ni de quién era el señor Villarejo, ni mucho menos si se había contratado a un funcionario de policía en activo”.
Brufau también negó su participación o conocimiento en la contratación de la empresa del excomisario. Según fuentes jurídicas, aseveró: “Nunca jamás di instrucción alguna en ese sentido”. Sin embargo manifestó que su actuación estuvo encaminada a “salvaguardar los intereses legítimos de todos los accionistas de Repsol, incluida La Caixa”, frente al pacto de Sacyr y Pemex, “claramente lesivo para los intereses sociales”.
Desde Pemex siempre se acusó a Brufau de argumentar una defensa de los intereses de la petrolera, cuando en realidad buscaba blindar su gestión, en la que no sólo era presidente, sino también consejero delegado, los máximos cargos en la compañía.
En la causa existen pruebas de que el encargo habría sido realizado de forma directa por el entonces jefe de seguridad de Repsol, el comisario en excedencia Rafael Araujo Bernabé, y el entonces director del área de seguridad de CaixaBank, el comisario jubilado Miguel Ángel Fernández Rancaño, como lo señala el juzgado.
El 9 de abril pasado la Fiscalía Anticorrupción entregó una documento al juzgado con diversas diligencias, que incluye un informe del chief compliance officer de Repsol, Enrique Hernández Pérez, en el cual se señala “la intervención de Antonio Brufau (…) en la contratación del grupo Cenyt para investigar a Luis del Rivero y defenderse así del intento de aquel, aliándose con Pemex, de tomar el control de la compañía”.
Añade que de las “habituales conversaciones que Antonio Brufau mantenía con el presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, y dada la confluencia de intereses de ambos en defenderse frente a Luis del Rivero y Pemex, acordaron compartir los servicios de información contratados al Grupo Cenyt”, y asegura que, en su condición de presidente de Repsol, “no quedó al margen de la contratación de Grupo Cenyt”.
También se advierte que el poderoso banquero Isidro Fainé recibía los informes elaborados a partir de ese encargo.
Ante el juez, Luis Suárez de Lezo, secretario general del Consejo de Administración de Repsol, rechazó su responsabilidad en la contratación y calificó la operación de Sacyr-Pemex como un “auténtico concierto hostil” contra Repsol con el propósito de “robar” la tecnología de la petrolera hispana para perforaciones en aguas profundas. Este exdirectivo dejó su cargo en febrero de 2020 con una indemnización de casi 20 millones de euros.
En su declaración ante el juez, el 17 de diciembre pasado, Luis del Rivero, expresidente de Sacyr y principal víctima del espionaje, aseguró que siempre sospechó que sus conversaciones telefónicas con directivos de Pemex fueron interceptadas ilegalmente por Villarejo, entonces destinado en comisión de servicio en la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, confirmaron fuentes jurídicas.
El viejo agente fue detenido por la Unidad de Asuntos Internos de la Policía Nacional en noviembre de 2017, como principal acusado en la Operación Tándem, por los que permaneció en prisión preventiva (hasta marzo pasado) por los presuntos delitos de organización criminal, cohecho y blanqueo de capitales, que aún son investigados; con él fueron detenidos otros comisarios, como él, provenientes de la lucha antiterrorista contra ETA o contra el yihadismo.
Su domicilio y el de su socio, Rafael Redondo, fueron registrados y les fueron incautados numerosos documentos, discos duros y pendrives con casi 40 terabytes de informes de investigaciones clandestinas, videos y audios comprometedores acerca de políticos, empresarios y la familia real.
En la audiencia, Del Rivero relató, al responder a su abogado Jaime Campaner, que el espionaje ordenado por Repsol y CaixaBank tenía como propósito “descarrilar” la operación con Pemex, que había sido autorizada por el Consejo de Administración de Sacyr el 29 de agosto de 2011, antes de hacerse pública.
“Me duele por España, porque con la operación con Pemex, Repsol habría sido la primera compañía en reservas propias del mundo, por encima de Exxon”, dijo.
Al fracasar la operación, 10 de los 19 consejeros de Sacyr que inicialmente aprobaron la alianza con Pemex, modificaron su voto tras el ataque de Repsol y destituyeron a Del Rivero el 20 de octubre de 2011. Uno de ellos fue el vicepresidente Manuel Manrique, quien se convirtió en su sucesor en la presidencia de la constructora. “Moralmente es muy duro ser expulsado de una empresa que es como tu hijo”, señaló Del Rivero.
Éste respondió también a su abogado que la noticia de su alianza con Pemex “no le hizo ninguna gracia” a Brufau, una de cuyas primeras acciones fue impulsar una declaratoria del Consejo de Administración que acusaba a Sacyr y a Pemex de encabezar una operación “hostil”, y que la alianza constituía un “conflicto de intereses” (Proceso 1822).
Fue entonces cuando promovió la dura campaña en la prensa de su país, a la que se sumó el expresidente Felipe González, quien acusó a México y a Pemex de no garantizar la “españolidad” de Repsol, y pidió que Pemex cuidara exclusivamente “los intereses mexicanos”.
