El asesinato en Guadalajara de los tres hermanos González Moreno, presuntamente confundidos con su vecino, un agente del Ministerio Público federal, provocó muestras de descontento por la ya añeja inseguridad que predomina en el estado. Un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública y la Fiscalía General de Jalisco, del que Proceso tiene copia, muestra el férreo control que mantiene el CJNG en todos los municipios, pese a que otras bandas criminales pretenden incursionar en la entidad.
GUADALAJARA, Jal.- La lucha entre narcotraficantes por el control del territorio jalisciense ha dejado daños colaterales: asesinatos de inocentes, desplazados, así como desapariciones de civiles y policías.
Protagonizan la batalla principal el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que opera en todo el país, y el Cártel Nueva Plaza (CNP). Sin embargo, el grupo delictivo que encabeza Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, también se enfrenta con los cárteles de Sinaloa, del Golfo y Los Zetas.
Entre las últimas víctimas mortales achacadas al CJNG están los hermanos Luis Ángel, José Alberto y Ana Karen González Moreno, quienes habrían sido confundidos el 7 de mayo con su vecino, el agente del Ministerio Público federal Óscar Cruz Reyes.
El 9 de enero de 2018 se colocó, en un paso a desnivel de la colonia Santa Rita, en Tonalá, una manta en la que se acusaba a Cruz Reyes de recibir recursos de la delincuencia organizada y entregar al consuegro del Mencho, José Luis Gutiérrez Valencia, Don Chelo: “Lic. M.P.F. Oscar Cruz Reyes mordiste la mano q te da de tragar, le mandaste la Marina a Chelo xq te robaron tu camioneta. CJNG”.
Vecinos confirmaron que la vivienda de los hermanos era contigua a la del funcionario de la Fiscalía General de la República (FGR) y que al otro lado vive la mamá del agente del MP federal.
“Creemos que sí los confundieron; eran bien buenas gentes, al igual que su papá, a quien lo conocemos como El Chino, nos saludaba por la mañana cuando venía de regreso de trabajar en el turno nocturno de una maquiladora, muy buena gente él”, comenta un vecino.
Gutiérrez Valencia fue arrestado en enero de 2010 en Puerto Vallarta, bajo el nombre de Antonio Herrera. Formaba parte del Cártel de Sinaloa. Don Chelo llegó a controlar la venta de productos ilícitos en el reclusorio. Dejó la cárcel de Puente Grande el 27 de noviembre de 2017, tras purgar una condena por cohecho y portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército.
Seis días después, Don Chelo fue abatido en un enfrentamiento con marinos en el rancho La Esperanza, de Tonalá.
La sospecha de que fueron confundidos es una de las tres líneas de investigación que sigue la Fiscalía General del Estado (FGE), confirmó su titular, Gerardo Solís Gómez, el lunes 10 de mayo, un día después de que se hallaran los cuerpos de los González Moreno.
El fiscal detalló que el día 7 se registró un ataque contra un vehículo blindado de la FGR en San Pedro Tlaquepaque, cerca del Parián, a las 23:15 horas, es decir, media hora después de la privación ilegal de la libertad de los hermanos.
En ese vehículo iba una persona acompañada por dos agentes de la FGR que hacen labores de escolta. Gerardo Solís omitió decir su nombre, pero mencionó que “tiene domicilio a unos metros, de manera muy cercana del domicilio de los jóvenes, y también tiene un domicilio registrado a una cuadra de donde fue el evento en Tlaquepaque”.
La segunda hipótesis de la FGE es que se trató de una agresión directa contra los hermanos, y la tercera, que fueron confundidos con los escoltas de la persona que custodian. “Siempre existe esa posibilidad (de la confusión), nunca la dejamos de lado, sabemos que esos grupos del crimen organizado tienen que actuar de manera rápida y siempre existe la posibilidad de que hayan cometido algún error”, comentó Solís.
Víctimas
Cuando el comando sacó con violencia a los tres hermanos de la casa de su papá, en la colonia San Andrés, en Guadalajara, algunos vecinos se asomaron para ver qué sucedía. Uno de los sujetos armados apuntó con su arma a los testigos y les dijo: “Todos los pinches mirones dejen de estar chismeando, si no quieren que se los cargue la chingada”. Uno de los presentes comenta que “todos se metieron y se encerraron”.
Después de que el comando de ocho sujetos uniformados, con armas largas, pasamontañas y chalecos tácticos (uno de ellos con las siglas del CJNG), se llevó a los jóvenes, los testigos llamaron al 911, mientras que un familiar se comunicó con Ana, su madre, para decirle que se los habían llevado. La señora no vivía con ellos.
Luis Ángel, de 32 años, era técnico musical egresado de la Universidad de Guadalajara (U de G); estudiaba para ser violinista, pero dejó la escuela por problemas económicos. Recientemente había renunciado a su trabajo e iba a abrir un negocio de impresión en serigrafía. Su amor por la música era tan grande que se tatuó una nota musical en un dedo de su mano derecha.
José Alberto, de 29 años, estudiante de geografía en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la U de G, tenía un promedio de 99, era asistente de investigación e incluso se le entregó en comodato una computadora de la casa de estudios. Con los ahorros de su trabajo logró comprar su propia laptop, que el comando destruyó. Por la tarde, José Alberto trabajaba en la empresa de manufactura electrónica Sanmina. Su padre labora en un sitio similar.
Ana Karen, de 24 años, se ocupaba en una empresa automotriz de la colonia El Refugio. Como le gustaba rescatar perros de la calle, tenía la intención de convertirse en veterinaria o bióloga.
Los cuerpos de los tres jóvenes aparecieron el domingo 9 en el kilómetro 27 de la carretera federal a Colotlán, a la altura de la comunidad El Pueblito, municipio de San Cristóbal de la Barranca. Pero no fue hasta la madrugada del lunes 10 cuando su familia se enteró de que los habían localizado.
Junto a los cuerpos se encontró una manta en que se leía un mensaje amenazante dirigido al gobierno por no uniformar a sus elementos y mandarlos a investigar vestidos de civil. Es la primera vez que el fiscal estatal da a conocer de manera pública el contenido de una manta y menciona por su nombre al CJNG. Siempre se dirigía a ellos como “un grupo delincuencial”.
El martes 11 la U de G convocó a una marcha para exigir justicia por los hermanos González Moreno, así como por otros 16 estudiantes de la casa de estudios, 11 de los cuales permanecen desaparecidos y cinco fueron asesinados desde 2014 a la fecha.
A la protesta, según el rector general de la U de G, Ricardo Villanueva Lomelí, acudieron aproximadamente 10 mil universitarios, entre estudiantes, administrativos y docentes.
El rector expresó que espera se resuelva el homicidio y el caso no se quede en la teoría de la confusión: “Ya basta de hipótesis; que lleguen al final de las cosas y nos digan la verdad de los hechos, es lo que queremos exigir hoy, porque tenemos 12 mil hipótesis de personas desaparecidas”.
Villanueva Lomelí hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que “ofrezcan soluciones a miles de jaliscienses y millones de mexicanos que hoy sufren las consecuencias de vivir en un país que no da ni la más mínima garantía de seguridad”.
El 23 de marzo de 2018 la U de G realizó una marcha masiva para protestar por la desaparición de uno de sus alumnos, así como de los tres estudiantes del CAAV Salomón, Jesús Daniel y Marco Francisco, cuyos cuerpos presuntamente fueron disueltos en ácido.
Homicidios, desplazamientos…
En junio de 2019, seis meses después del inicio de la administración del gobernador Enrique Alfaro, la Secretaría de Seguridad Pública y la FGE concluyeron un estudio para consolidar el proyecto de la Policía Metropolitana.
Dicho estudio también serviría para “entender” el comportamiento del delito doloso en Jalisco, con la posibilidad de definir “regiones, zonas y colonias de mayor incidencia”, así como los horarios en que se ejecutan para “tratar de prevenirlo y/o inhibirlo, y (determinar) los recursos humanos y materiales con los que cuenta la fiscalía del estado para su investigación”.
De acuerdo con ese documento, cuya copia tiene Proceso, la mayor cantidad de homicidios dolosos se concentran en la región centro de Jalisco, principalmente en el área metropolitana, que comprende Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y Tlajomulco de Zúñiga.
Tan sólo en enero de 2021 se cometieron en esta zona 158 asesinatos, mientras que en el resto de la entidad fueron 81.
De los 220 homicidios dolosos cometidos en Jalisco durante febrero pasado, el mes más sangriento de los últimos cinco años, destaca el asesinato de cinco personas en una finca de Tlaquepaque, cometido por un comando el día 10. El día 27, la ejecución de 11 albañiles en la colonia La Jauja, de Tonalá, así como la balacera que se desató el lunes 8 en el restaurante Los Otates –en la zona de Andares, la más exclusiva y vigilada del estado–, con saldo de un hombre privado de su libertad, un sicario muerto y tres lesionados, entre ellos un policía.
Pero sin duda el homicidio que más impactó a la sociedad ocurrió en Puerto Vallarta el 18 de diciembre de 2020. Ese día el exgobernador priista Jorge Aristóteles Sandoval Díaz se encontraba en el restaurante bar Distrito 5, cuando un hombre y una mujer se le acercaron y lo asesinaron por la espalda. A la fecha, se desconoce el motivo del homicidio y no han sido detenidos los dos autores materiales, sólo se arrestó a personal del establecimiento por presunto encubrimiento, al seguir la orden de limpiar la escena del crimen, pero ya fueron liberados.
El estudio elaborado por las dos dependencias estatales cuenta con un mapa, el cual refleja que los 125 municipios del estado son dominados por el CJNG. Sin embargo, se advierte que existe una lucha con otras organizaciones delincuenciales en las 12 regiones de la entidad.
La región centro, que comprende 14 municipios, incluidos los cinco de la zona metropolitana, es peleada por el CJNG y el CNP, cuyo líder, Carlos Enrique Sánchez Martínez, El Cholo, fue levantado el último 18 de marzo por sus rivales. El mismo día su cuerpo fue abandonado en una banca del centro de San Pedro Tlaquepaque, a unos metros de la presidencia municipal.
El CJNG además está confrontado con el CNP en la región sureste, en los municipios de Pihuamo, Tecalitlán y Santa María del Oro; y en el sur, en Zapotlán el Grande, Tuxpan, Tecalitlán y Jilotlán de los Dolores.
En la región sureste, en los límites con Michoacán, Alfonso Fernández Magallón, Poncho Kiringuas, encabeza la lucha del CJNG contra el Cártel de los Viagras, representado por Nicolás Sierra Santana, y el Cártel del Abuelo, que encabeza, Juan José Farías Álvarez, uno de los principales fundadores de las “autodefensas” michoacanas.
En la región norte, en los límites con Zacatecas, se enfrentan tres grupos: el CJNG, liderado por Abel Sandoval Castañeda, El Cuervo; Los Zetas, por Felipe Bañuelos Roldán, y el Cártel del Golfo, encabezado allí por un hombre identificado como El Flaco y/o El 25.
La mañana del viernes 7, cerca de los límites de Jalisco y Zacatecas ocurrió un enfrentamiento en el municipio de Teocaltiche, lo que provocó que casi 700 personas se desplazaran de las siguientes comunidades de Teocaltiche: El Saucito, Rancho Mayor, Rancho El Salto, Agua Tinta, Los Pocitos, Los Sauces, Los Garcías, Rancho Santo y El Rosario.
Inicialmente solicitaron albergue en la parroquia del Divino Salvador, en la delegación de Mechoacanejo. Algunos se fueron después con sus familiares a Teocaltiche, Villa Hidalgo y otros lugares cercanos. El detonante de la violencia fue la desaparición de tres personas en la comunidad de El Saucito, confirmó la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
El gobernador Enrique Alfaro acudió a Teocaltiche tres días después de la violencia y el éxodo, pero durante el fin de semana sólo comentó asuntos deportivos en sus redes sociales.
La región altos norte, en los límites de Aguascalientes y de Guanajuato, donde se encuentran los municipios de Encarnación de Díaz y Lagos de Moreno, la célula Deltas del CJNG está integrada por Roberto Aguiñaga Amézquita, Eduardo Pizano Jiménez, El Loco, y Emmanuel Puga Alonso, El Puga, quienes están en pugna con el Cártel de Santa Rosa de Lima.
En esa misma región, en los municipios de Jalostotitlán, Teocaltiche, San Juan de los Lagos y Villa Hidalgo, los cabecillas del CJNG Mario Contreras Muñoz y Fernando Valencia combaten a los hermanos Ramón y Mario González Martínez, del Cártel de Sinaloa.
Las regiones costa sur y sierra de Amula son dominadas completamente por el CJNG. Pobladores de la zona refieren que por ahí circula sin problemas El Mencho.
El control que ejerce fue descubierto el 4 de junio de 2020, cuando la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda anunció que congelaba mil 939 cuentas bancarias, presuntamente relacionadas con dicha organización criminal. Entre los afectados por el congelamiento estuvieron los ayuntamientos de Autlán de Navarro, Villa Purificación, El Grullo y Casimiro Castillo.
En este último fue asesinado el 11 de marzo el alcalde emecista con licencia y aspirante a la reelección Alfredo Sevilla Cueva. Presuntamente detrás de su homicidio está el CJNG, que no estuvo de acuerdo con que se reeligiera (Proceso 2323).
