En su denuncia de hechos del 20 de agosto pasado, el exdirector de Pemex Emilio Lozoya Austin mencionó que dos de sus antiguos colaboradores –Rodrigo Arteaga Santoyo y Francisco Olascoaga Rodríguez– tenían evidencias de la trama de corrupción que implicaba a varios exsenadores del PAN y del PRI para la aprobación de la reforma energética. Sin embargo, esos “testigos clave” no sólo refutan a su exjefe, sino que ahora forman parte de la defensa de Jorge Luis Lavalle Maury, el único exlegislador preso por este caso.
La ruptura entre el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y sus antiguos colaboradores en esa dependencia mantiene en vilo las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una decena de exlegisladores del PAN y del PRI acusados por el exfuncionario de recibir presuntos sobornos a cambio de aprobar la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
Ante las desavenencias de Lozoya con Rodrigo Arteaga Santoyo, su secretario particular en Pemex, y Francisco Olascoaga Rodríguez, su director de Administración, ambos testigos se negaron a rendir su declaración ministerial y a aportar las evidencias, que presuntamente incluyen videos y recibos de las presuntas entregas de dinero por más de 80 millones de pesos a los legisladores.
No obstante, los testimonios de ambos imputados, a los que Proceso tuvo acceso, forman parte de la defensa del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, actualmente preso y sujeto a proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho.
En entrevistas por separado ante el abogado José Zapata, defensor particular de la defensa de Lavalle Maury, Olascoaga y Arteaga refutan toda la narrativa construida por Lozoya en su denuncia de hechos del 20 de agosto de 2020 para solicitar un criterio de oportunidad que le permitió librar la cárcel tras su extradición a México, pese a las dos causas penales que enfrenta por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En ambos documentos que equivalen a un dato de prueba, Arteaga y Olascoaga niegan todos los señalamientos de Lozoya y rechazan tener en su poder los recibos y videos que, según él, iban a aportar a la indagatoria del caso Odebrecht para acreditar los presuntos sobornos entregados por el gobierno de Peña Nieto a senadores del PRI y del PAN para la aprobación de la reforma energética.
Se conoce un video en el que se observa a Lavalle Maury y a su antiguo colaborador Rafael Caraveo Opengo –secretario técnico del Senado en la pasada Legislatura– cuando recibían dinero en efectivo de un funcionario de Pemex no identificado. En la videograbación se habla de 18 y de 19 entregas de dinero entre operadores del PAN y funcionarios de Pemex en el sexenio de Peña Nieto.
Lozoya afirmó en su denuncia ante la FGR que existía un video por cada una de las entregas de dinero a los enviados del PAN y que Arteaga y Olascoaga podían aportar esa evidencia. Sin embargo, con la aparición de ambos testigos en la defensa de Lavalle Maury, ambos excolaboradores de Lozoya negaron la existencia de esos videos.
Desde noviembre de 2020, Arteaga y Olascoaga habían sido identificados por la FGR como “testigos rebeldes”, quienes, lejos de colaborar con la fiscalía, se negaban a comparecer ante las autoridades: incluso presentaron juicios de amparo en contra de cualquier orden de presentación o de captura girada en su contra (Proceso 2298).
Cuatro meses después no sólo se comprueba que ambos excolaboradores de Lozoya se muestran renuentes a corroborar la versión del exdirector de Pemex; ahora niegan los hechos y admiten ser parte de la defensa de Lavalle Maury para refutar la teoría del caso de la FGR.
Fuentes judiciales consultadas por Proceso aseguran que la entrevista que Olascoaga y Arteaga rindieron para rechazar la entrega de dinero al exsenador del PAN va a dificultar los procesos penales contra todos los exsenadores y exsecretarios de Estado acusados por el propio Lozoya de recibir sobornos para la aprobación de la reforma energética y el financiamiento ilícito de campañas electorales.
Sin embargo, la FGR todavía puede poner en duda las declaraciones de Olascoaga y Arteaga, argumentando que ambos testigos se negaron a comparecer ante el Ministerio Público cuando se solicitaron sus declaraciones, además de que esas entrevistas no podrán convertirse en medios de prueba hasta que ambos comparezcan en juicio y puedan ser contrainterrogados por la propia fiscalía.
Contabilidad negada
Secretario particular de Emilio Lozoya en la Dirección General de Pemex, Rodrigo Arteaga Santoyo es citado seis veces por el propio Lozoya en su denuncia presentada ante la FGR el 20 de agosto de 2020; mientras que Francisco Olascoaga Rodríguez, quien era el jefe de administración de la Oficina de Lozoya, aparece en cinco ocasiones.
De acuerdo con Lozoya Austin, junto con la fallecida empresaria Fabiola Tapia Vargas, hermana del contratista de Pemex Juan Carlos Tapia, y su exjefe de ayudantes, José Velasco Herrera, también fallecido, Arteaga y Olascoaga fueron testigos y encargados de la trama en la que aparecen implicadas 70 personas, incluyendo a exsenadores, tres expresidentes y al menos tres exsecretarios de Estado.
Es decir, de cuatro testigos de los hechos, dos (Tapia y Velasco) murieron por causas naturales, mientras que otros dos (Arteaga y Olascoaga) refutan la versión del exdirector de Pemex.
En su denuncia ante la FGR, Lozoya relata que Odebrecht transfirió, entre el 28 de abril y el 18 de junio de 2012, 3 millones 150 mil dólares de una empresa offshore a la compañía Latin America Asia Capital Holding LTD, de la cual él era accionista junto con su hermana Gilda Lozoya.
A esa cifra iban a agregarse 850 mil dólares para sumar 4 millones de dólares que Odebrecht supuestamente entregó al equipo del Peña Nieto, cuando éste era presidente, incluyendo a su colaborador en Hacienda, Luis Videgaray Caso, como un presunto soborno que se iba a destinar al pago de adeudos de la campaña presidencial de 2012.
Según Lozoya, esos recursos fueron utilizados para liquidar las deudas que la campaña de Peña Nieto tenía con consultores extranjeros que lo asesoraron durante las elecciones presidenciales de 2012, con pleno conocimiento de Videgaray Caso.
De toda esta trama, Lozoya afirmó que esos hechos le constaban al señor Arteaga Santoyo, su entonces secretario particular. Sin embargo, el aludido lo negó al responder un cuestionario de 21 preguntas contenidas en tres hojas.
En la entrevista con los defensores de Lavalle, Arteaga niega que haya conocido de instrucciones que Peña Nieto y Videgaray le hubieran dado a Lozoya sobre las transferencias de dinero para el pago de sobornos a legisladores del PAN y del PRD y el financiamiento ilícito de campañas electorales entre 2012 y 2015.
Siempre a pregunta de los abogados José Zapata y Felipe Gómez Mont, el exsecretario particular de Lozoya también niega tener en su poder recibos firmados por Caraveo sobre las entregas de dinero.
Esos recibos eran parte de los datos de prueba que el exdirector de Pemex se comprometió a aportar en las causas penales que se abrieron para investigar los presuntos sobornos entregados por el gobierno de Peña Nieto.
Además, rechaza tener algún video donde se hayan grabado las entregas de esos presuntos sobornos, contrario a lo señalado por Lozoya en el sentido de que existen grabaciones diferentes a la que fue difundida de manera anónima el 16 de agosto de 2020; es decir, días antes de que Lozoya presentará su declaración de 63 páginas en la que imputa a 70 personas presuntos actos de corrupción.
Arteaga afirma que tampoco le entregó dinero a Olascoaga para que él se lo diera a Lavalle Maury; lo que sí admite es haber conocido al exdirector de Odebrecht en México, Luis Alberto de Meneses Weyll, pero niega cualquier operación ilícita en la que ambos hayan participado.
–¿Tiene conocimiento de que entre 2013 y 2014, Meneses Weyll entregaría dinero a legisladores para beneficiar a Odebrecht? –se le preguntó al abogado Zapata luego de que reconociera su relación con el directivo de Odebrecht.
–No.
En su declaración de agosto de 2020 Lozoya afirmó que Arteaga llevaba la contabilidad de los sobornos entregados a legisladores del PAN.
“Para no dejar tanto dinero en las oficinas, las entregas eran puestas a disposición del grupo del PAN el mismo día o un par de días después. La contabilidad de esos recursos la llevaba el testigo Rodrigo Arteaga Santoyo y yo se lo reportaba de forma verbal a Luis Videgaray Caso en reuniones de trabajo donde lo veía”, explicó el exdirector de Pemex.
Sin embargo, Arteaga refutó estar al tanto de esa contabilidad: “Eso es falso”, respondió cuando fue cuestionado por los abogados de Lavalle Maury.
“No eran mis funciones”:
Olascoaga
En 26 preguntas que le hicieron los abogados del exsenador del PAN, Jorge Luis Lavalle Maury, Francisco Olascoaga Rodríguez negó cualquier participación en las negociaciones para la aprobación de la reforma energética, argumentando que eso no correspondía con sus funciones administrativas.
Según Lozoya, Olascoaga fue su principal operador para la entrega de sobornos a legisladores y diputados del PAN, una orden que recibió de Peña Nieto y Luis Videgaray para lograr la aprobación de la reforma energética y sus leyes secundarias.
Sin embargo, Olascoaga niega haber participado de manera directa o indirecta en la entrega de 80 millones de pesos al entonces senador Lavalle, por medio de Rafael Caraveo, quien fue contador y secretario particular del legislador panista.
“No tuve tratos con senadores, empresarios ni diputados, no participé de ninguna manera (en las negociaciones de la reforma energética), no era mi función”, sostuvo Olascoaga en su comparecencia voluntaria.
También rechaza que se haya guardado dinero en efectivo en los baños de la oficina alterna de Pemex, rentadas por la dependencia para Lozoya en Montes Urales 425, declaración que no corresponde directamente a Lozoya, sino a su exjefe de escoltas, Norberto Vargas.
A lo largo de la entrevista, Olascoaga también refuta las entregas hasta por 80 millones de pesos a Caraveo Opengo por órdenes de Lozoya, supuestamente ocurridas en el sótano de la sede del Senado en las oficinas alternas de Montes Urales 425.
Según Lozoya, Olascoaga hacía las entregas de dinero a los legisladores del PAN en efectivo y con billetes en denominaciones de 200, 500 y mil pesos.
“En todos los casos fue en esta Ciudad de México. El señor Francisco Olascoaga cuenta con un video en el que se observa la entrega de dinero, consistente en múltiples fajos de billetes de diversas denominaciones, empacados en bolsas transparentes de tipo bancario, al enlace del PAN. Persona a quien me comprometo a presentar y quien exhibirá el video citado”, de acuerdo con un extracto de la declaración del exdirector de Pemex.
De nueva cuenta, Olascoaga niega todo y afirma que es falso que posea videos por cada una de las entregas y rechaza cualquier contacto con la empresaria Fabiola Tapia Vargas –accionista de la empresa contratista de Pemex, Construcciones Industriales Tapia–, quien, de acuerdo con Lozoya, iba a fungir como intermediaria entre Odebrecht y los legisladores del PAN que exigían sobornos para aprobar la reforma energética.
Debido a que los testimonios de Arteaga y Olascoaga hablan de los presuntos sobornos entregados no sólo al exsenador panista Lavalle Maury, sino a otros legisladores de ese mismo partido y del PRI, la defensa de otros imputados por Lozoya podría recurrir a esos mismos testigos para tratar de refutar al exdirector de Pemex.
Los testimonios de los excolaboradores de Lozoya podrían beneficiar en el futuro a los actuales gobernadores de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y de Querétaro, Francisco Domínguez, exsenadores del PAN imputados por el exdirector de Pemex en el texto de su denuncia presentada ante la FGR el 20 de agosto de 2020.
De igual forma, queda en duda la acusación contra los exsenadores David Penchyna, del PRI, y Salvador Vega Casillas y Ernesto Cordero Arroyo, del PAN.
Hasta el momento, la FGR sólo cuenta con un video sobre el caso de los presuntos sobornos entregados por Pemex a exlegisladores, por lo que la ausencia de ese dato de prueba también podría ser decisiva en el primer gran caso de corrupción a nivel federal que debería resolver la fiscalía.
