En Chihuahua el proceso de elección se polariza en torno a la figura de la candidata panista a gobernadora Maru Campos, vinculada a proceso por formar parte presuntamente de la “nómina secreta” de César Duarte. El PAN, el PRD y priistas cercanos a Duarte, así como los expresidentes Calderón y Fox, la apoyan con tal de que Morena no llegue al poder. Por lo pronto, ante la posibilidad de que Campos obtenga fuero constitucional si gana la gubernatura, la fiscalía sigue aportando pruebas en las dos causas contra ella: por la nómina secreta y por cohecho en su gestión municipal.
CHIHUAHUA, Chih.- La vinculación a proceso de la candidata panista a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, detuvo la avalancha de apoyo social que logró mientras el caso permaneció en pugna política y sumó a su favor los liderazgos nacionales de la oposición.
Campos atrajo a líderes de la extrema derecha del PAN con el lema #HastaDondeTope y la consigna de no dejar llegar a Morena al poder en Chihuahua. A ellos se agregaron el PRD y priistas allegados al exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en Miami, sujeto a un proceso de extradición.
La panista es candidata de la alianza Nos Une Chihuahua (PAN y PRD). El PRI se unió a esta alianza con otras candidaturas, pero por la gubernatura postuló a Graciela Ortiz González.
Tres de los abogados panistas defensores de Campos son exprocuradores: Francisco Molina Ruiz lo fue del estado con el gobernador Francisco Barrio Terrazas y después el presidente Ernesto Zedillo lo nombró comisionado del Instituto Nacional de Combate a las Drogas; Arturo Chávez Chávez fue procurador de Chihuahua y de la República en el gobierno de Felipe Calderón, y Arturo Lozano Gracia lo fue de la República en el gobierno de Zedillo.
A su vez, en las redes sociales convergen los mensajes de militantes de Morena, de Movimiento Ciudadano (MC), así como de activistas y funcionarios allegados al gobierno de Javier Corral Jurado.
Morena y MC abrieron espacios a activistas y panistas del gobierno de Corral que no fueron tomados en cuenta por Acción Nacional en Chihuahua. Miguel Riggs, uno de los principales colaboradores del gobernador y exsíndico de Chihuahua, será el candidato a la alcaldía capitalina por MC; Carlos Borruel Baquera, exdirector de la Comisión Estatal de Sustentabilidad y Vivienda, será candidato a diputado por Morena.
Esos dos partidos junto con el del Trabajo, el PRI local y Redes Sociales Progresistas pidieron al Instituto Estatal Electoral (IEE) analizar la candidatura, porque el artículo 23 de la Constitución local impide que sea candidata una persona con un auto de vinculación o vinculada a proceso. El artículo 12 de la misma legislación, añaden, pide comprobar que la persona candidata tenga un modo honesto de vivir y lo mismo establece el artículo 24 de la Constitución federal.
El IEE sólo tomó en cuenta que las candidatas y candidatos cumplieran los requisitos que les pide esa institución. Morena y MC impugnaron la candidatura y la decisión está en manos del Tribunal Estatal Electoral. Al respecto, la defensa de Campos Galván presentó ante el Tribunal Superior una queja contra el acto de vinculación a proceso.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) se mantiene al margen, ya que su dirigente, María Ávila Serna, también está vinculada a proceso junto con Campos por el delito de cohecho pasivo en consumación continuada, como autores. Se les acusa de ser parte de la “nómina secreta” del exgobernador César Duarte.
Después de la vinculación, el PVEM anunció que está en proceso de cambios con rostros nuevos y se deslindó de los militantes que “hayan incurrido en faltas”.
Con Campos y Ávila fue procesado el excoordinador de la bancada del PRI en el Congreso local, Rodrigo de la Rosa Ramírez, acusado de recibir ilegalmente 2.5 millones de pesos del erario, en tanto que la panista habría obtenido más de 9 millones y Ávila, 3.8 millones (causa penal 2821/2020).
Al conocerse su vinculación a proceso, Campos declaró en rueda de prensa que eso no la hacía culpable, sino que apenas iniciaba el procedimiento judicial. Dos días después el presidente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, la acompañó en su registro como candidata panista a gobernar el estado.
Estirpe política
Campos es hija de Manuel Campos Cepeda y de María Eugenia Galván Antillón, quien tiene una amplia trayectoria política desde los ochenta y actualmente es la directora de la Comisión Estatal de Protección de Riesgos Sanitarios.
Galván Antillón también fue directora de Gobernación en el gobierno municipal de Luis H. Álvarez. En el gobierno estatal de Francisco Barrio fue titular del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, directora del Instituto Chihuahuense de la Salud, y en 2000 fue diputada plurinominal por el PAN y el PVEM.
Por su parte, Campos Galván milita en el PAN desde su juventud. Estudió derecho en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Chihuahua y tiene dos maestrías: por la Universidad de Georgetown y por el ITESM campus Ciudad de México.
Posteriormente fue secretaria estatal de Acción Juvenil de su partido, diputada plurinominal federal de 2006 a 2009 y delegada de Liconsa. Entre 2013 y 2016 fungió como legisladora local.
En 2016 se convirtió en la primera alcalde de Chihuahua y se reeligió en 2018, pero el año pasado solicitó licencia para contender por la gubernatura. En la contienda electoral, junto a sus posturas contra el matrimonio igualitario y el aborto, el eje principal de su discurso es que el gobierno federal la persigue porque Corral Jurado pretende entregar el estado a Morena.
El domingo 4, durante el arranque de campaña, Campos le pidió al dirigente nacional panista que le ayude a “poner orden en la casa” para evitar que Morena llegue al poder. Este mensaje ha hecho eco en el grupo panista que la impulsa, pero también en el PRI allegado a César Duarte y en el PRD. A la defensa de la candidata panista se sumaron dos expresidentes de la República y el líder perredista Jesús Ortega, en sus respectivas cuentas de Twitter.
El miércoles 7 se sumaron a la campaña de Campos dos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto cercanos a César Duarte: José Luis de la Madrid, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Social, y Gustavo Chávez, exdelegado de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Otros políticos involucrados en la nómina secreta son candidatos por Morena: el senador Cruz Pérez Cuéllar enfrenta un juicio de procedencia desde el año pasado y recientemente fue designado candidato a la alcaldía de Juárez. Anteriormente fue dirigente de MC y en ese cargo supuestamente aceptó el soborno de Duarte. También ha sido dirigente estatal y diputado local del PAN.
El periodista y alcalde de Juárez con licencia Armando Cabada Alvídrez, candidato a diputado por Morena, fue señalado por actos de corrupción durante su administración municipal y dirigía el Canal 44 cuando presuntamente recibió dinero de Duarte.
Audiencia de vinculación
Los pasados jueves 1 y viernes 2, en más de 30 horas de audiencia de vinculación a proceso los abogados de Campos Galván y Ávila Serna cometieron dos errores:
El defensor Pedro Gómez Ibarra presentó una prueba de que se había entrevistado con César Jáuregui Moreno, secretario del ayuntamiento de Chihuahua y exlegislador panista también señalado por la nómina secreta. Pero el Ministerio Público demostró que en la fecha y hora de la supuesta entrevista, Gómez Ibarra se encontraba en el Tribunal, cotejando el expediente frente al juez, junto con la representación social.
Gómez Ibarra expresó al juez que se proceda contra él y que afrontará las consecuencias de sus actos. La prueba fue descartada.
Posteriormente Francisco Molina trató de justificar otro pago de 1 millón de pesos presuntamente ilegal que recibió el despacho de abogados de Manuel Campos Galván, hermano de la alcalde con licencia, por un servicio que nunca prestó. Sin embargo, se comprobó que los documentos aportados no provenían del despacho sino que fueron plagiados de la página de internet https://www.icex.mx. También fueron descartados como prueba.
Otra prueba cuestionada fue una llamada telefónica entre el exsecretario de Hacienda Jaime Herrera Corral (ahora testigo protegido) y Jáuregui Moreno sobre la nómina secreta y los pagos que Hacienda entregó a los acusados.
Jáuregui Moreno presentó meses atrás esa grabación en rueda de prensa, pero Herrera Corral respondió en otra conferencia de prensa que la llamada fue editada y está fuera de contexto. El juez también la desechó.
El martes pasado, en entrevista con Carmen Aristegui, el gobernador Corral dijo que esa y otras pruebas de la defensa las ha presentado también César Duarte para evitar su extradición.
El gobernador advirtió que María Eugenia Campos busca tener fuero para no ser procesada y destacó el trabajo de investigación del Minsterio Público, así como la entereza del Poder Judicial que no cedió ante las presiones.
Añadió Corral que los abogados panistas de la candidata le pidieron desistirse de la denuncia, pero él no accedió. El juez dio seis meses como plazo para concluir la investigación, fecha que coincidirá con la toma de protesta del nuevo mandatario estatal. En caso de ganar Campos, no llegaría al juicio oral.
El Ministerio Público presentó los recibos de la nómina secreta con las firmas de los beneficiarios, certificados por el notario número 4, Luis Raúl Flores Sáenz, quien semanas antes negó en medios de comunicación locales que él hubiera notariado los recibos, ya que no lo recordaba. Hace dos semanas el gobierno estatal lo suspendió mientras se realizan las indagatorias. El notario es cuñado del exsecretario general de Gobierno Mario Trevizo Salazar.
La defensa también presentó pruebas de que Campos no aprobó las cuentas e iniciativas de Duarte, pero el juez Samuel Uriel Mendoza Rodríguez determinó que hay elementos suficientes para iniciar el proceso penal contra los tres imputados, ya que la mayoría de las pruebas aportadas por el Ministerio Público no fueron desacreditadas.
Los tres imputados enfrentan el proceso en libertad, pero deben pagar una garantía de 500 mil pesos y tienen prohibido salir del país, así como acercarse a los testigos del caso.
Además, Campos Galván enfrenta otro proceso por cohecho y uso indebido de atribuciones. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción la acusa de haber recibido, como alcalde, sobornos por 1.3 millones de pesos en 2017 y 2018 para alterar procesos de licitación en contratos de cinco empresas –vinculadas entre sí– para la limpieza y el mantenimiento de camellones, parques y jardines.
