A partir de que recibió una denuncia anónima, pero llena de datos precisos, el diputado federal Francisco Exsome pidió a la Comisión de Energía de San Lázaro, a la Comisión Reguladora de Energía y a la FGR que se investigue la presunta operación de una extensa red de contrabando de combustibles. A través de ella, según el informante, se escamotean al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos y a Pemex más de 40 mil millones al mes. Proceso investigó la estructura de la red señalada…
GUADALAJARA, Jal.- Funcionarios, políticos y reconocidos empresarios presuntamente estarían involucrados en el contrabando de combustible que ingresa por la frontera norte y se distribuye mediante empresas legales que supuestamente evaden al fisco alrededor de 15 mil millones de pesos al mes, según una denuncia anónima que el diputado federal Ricardo Francisco Exsome Zapata, integrante de la Comisión de Energía, recibió el 10 de febrero pasado.
En el documento se detalla cómo opera una red que trafica con hidrocarburo ilegal y se describe su ruta de distribución, básicamente en Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, Nuevo León, Estado de México y Sonora. Conforme a estos datos, dos de cada tres pipas vendidas en el país provienen del contrabando.
Con base en este reporte, el legislador morenista informó el 18 de febrero que presentó una denuncia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y solicitó al Servicio de Administración Tributaria (SAT), a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), a la Fiscalía General de la República (FGR) y a Pemex atender el problema.
Hasta el pasado 26 de marzo, cuando solicitó licencia por tiempo indefinido para contender por la alcaldía de Veracruz, Exsome no volvió a tocar el asunto públicamente. Pero este semanario investigó a las principales empresas presuntamente involucradas en la venta de combustible robado y encontró que algunas, en lugar de importarlo como tal, lo hacen pasar por hidrocarburos accesorios a fin de evadir impuestos.
En Jalisco, empresarios gasolineros de Guadalajara que cuentan con franquicias de Pemex confirmaron que les ofrecen parte del combustible que ingresa ilegalmente por Matamoros, Tamaulipas. Los reclamos por la venta ilegal se han ventilado públicamente desde hace tres años, pero a la fecha no se ha castigado a nadie.
Según la denuncia que llegó a San Lázaro, las pérdidas para Pemex por este “huachicoleo” pueden superar los 40 mil millones de pesos mensuales.
La red de distribución
Gasolineros afectados por la operación de esa red han detectado que el contrabando de gasolina se realiza por Reynosa, Matamoros y Nuevo Laredo, en Tamaulipas.
En la denuncia se le atribuye a Nexoil SA de CV la importación de combustible como si fueran lubricantes, aditivos, petroquímicos o refinados de petróleo para evadir el pago de Impuesto Especial sobre Productos y Servicios.
Los socios de Nexoil son Martín Pazarán Alcántara y Carlos Antonio Pazarán Benavides, éste último exlíder de Morena que en abril de 2018 se incorporó al PAN y formó parte de su directiva en Atizapán de Zaragoza, Estado de México. Dijo que cambió de partido “asqueado ante la corrupción, transas y cochinero de Morena”.
Al ingresar al país el combustible –se detalla en el documento mencionado–, Karina Melissa Guerrero Rodríguez lo mueve a través de Kame Combustibles y Marvic Petroleum. En internet Kame se anuncia como el principal distribuidor de combustible en el norte, con presencia en Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua y Coahuila.
El portal de Marvic Petroleum sólo dice que vende gasolina y diésel certificado y que tienen “socios de primer nivel en Estados Unidos”.
Esas empresas no están en el Registro Público de Comercio (RPC) de la Secretaría de Economía, pero aparecen en la auditoría CVM2800352/2019, efectuada en noviembre de 2019 por la Dirección de Auditoría de Comercio Exterior del gobierno de Tamaulipas al “contribuyente” Roberto Sánchez Chávez, quien figura como “chofer”.
Según la auditoría, el 15 de ese mes se fijó un punto de revisión en la carretera Monterrey-Reynosa para verificar la importación legal “de las mercancías (…) en transporte dentro del territorio nacional”. En el flujo vehicular se detectó una pipa y al preguntar a su chofer, Roberto Sánchez, qué transportaba, respondió que aceite.
Entregó una carta poder emitida por María José Poblano Gutiérrez a favor de Karina Guerrero, que amparaba 37 mil litros de diésel. Poblano es socia, junto con Eduardo Pablo Vélez, de Autotransporte de Carga Especializado Marvic, también señalada de participar en la red ilegal.
El chofer también mostró la factura emitida por Kame Combustibles a la empresa Proveedora de Fluidos Mexicanos, por los 37 mil litros de diésel ULSD, y se especificaba que el pedimento iba a bordo del vehículo VP108.
Sin embargo, la pipa del chofer era JVP12, no VP108. Al cotejar los pedimentos, uno correspondía a 30 mil 427 litros de aceite de diésel con azufre inferior a 15 PPM y otro a 30 mil 94 litros de diésel con azufre con 15 TTN. Y las facturas no cumplían los requisitos fiscales, por lo que se procedió al embargo precautorio.
Al respecto, en la denuncia se expone que para vender el combustible suelen emplearse pedimentos auténticos que alteran y reutilizan hasta 50 veces.
También se dice que en el último bimestre de 2020 Karina Guerrero facturó más de 2 mil millones de pesos por la venta de más de 115 mil litros de hidrocarburo a más de 230 empresas distribuidoras, comercializadoras y estaciones de servicio en distintas entidades.
Un presunto cliente de Guerrero Rodríguez es Maquiladora de Lubricantes –su nombre comercial es Maqlub–, fundada en 1993 en Nuevo León. Según el folio mercantil electrónico 4233, del RPC, los socios son Manuel Izaguirre Mireles y Lorenzo Barrera Segovia, este último fundador del banco Base.
Maqlub, dice la denuncia, es proveedora de Diésel Max Internacional, ubicada en Culiacán, Sinaloa, y cuyos accionistas son Francisca Aurelia Flores, Benjamín Ramírez, Adriana Valenzuela y Daniel Uriarte Rodríguez, este último representante legal de Mega Gasolinera Especializada, que abrió en 2012 en Guadalajara sin permiso municipal y se amparó para funcionar.
Igualmente Maqlub surte a Faja de Oro Abastos, de Culiacán, que tiene tres accionistas: el notario 19 de Culiacán, Héctor Rodolfo Ibarra Jumilla; el abogado Antonio Ibarra de Rueda, que en 2015 apoyó a la organización Mexicanos Primero con un amparo para obligar a la Auditoría Superior de la Federación a castigar el desvío de recursos en materia educativa; y Jesús Alfonso Ibarra Salgado, padre del exdiputado local de Sinaloa Jesús Alfonso Ibarra Ramos.
Este último, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción, benefició a Casas Giro –cuyos socios son su hermano Juan Pablo y su padre– con contratos superiores a 126 millones de pesos cuando fue coordinador con entidades federativas y asesor del oficial mayor de la Sagarpa, entre julio de 2014 y agosto de 2015.
Familias y exfuncionarios
Entre otros detalles, la citada denuncia señala que Karina Guerrero vende combustible ilegal a Energética Carvel, que en diciembre de 2018 fue investigada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), tras el decomiso en Chihuahua de dos pipas con combustible robado y la extracción ilegal de un ducto de Pemex, como publicó el portal El Fronterizo.
Los socios de la empresa son Carlos Alberto Velázquez Nieto y Homar Prieto Barrera, éste también dueño de la gasolinera Combustibles Juan Pablo II, intervenida en esa misma fecha por la SEIDO.
Energética Carvel surte a Fase Chihuahua, cuyos socios –según el folio mercantil 14069 del RPC– son Roberto, María Elena, Leonardo David y Luis Jorge, de apellidos Nahle Ortiz. Este último es miembro del Consejo de Administración del Grupo Fase y Gasolineras Torre Naranja.
La familia Nahle Ortiz realiza negocios a través de varias empresas con gobiernos estatales y municipales, entre ellos los de Chihuahua; Torreón, Coahuila; Guanajuato y Durango.
Otros de los clientes de Energética Carvel –siempre en la denuncia anónima– son Servicio Vialidad y Servicio y Lubricantes Luga, localizados en Chihuahua. El primero tiene como socios a Manuel y Carlos Martínez Márquez, quienes tienen sendos permisos para vender gasolinas y diésel. Los accionistas de Luga son Lucano García y Abdón Vargas Cienfuegos, representante de Servicio Saye SA de CV, señalada de dar litros de menos.
Según el citado documento, Karina Guerrero también vende combustible a Servicio Express Paje, que se encuentra en Culiacán. Sus socios son Alejandro Gurrola Quintero y Jesús Francisco Villarreal Cabada, éste también es representante legal de la gasolinera Servicios Agsa.
Según a la denuncia, otras gasolineras que presuntamente compran huachicol en Culiacán son: Kail Servicios, El Rayo Servicios, Gasolinera Rindemás, Centro Trailero el Pueblito, Servicios y Gasolinera La Costerita, Servicio Express de Bachigualato, Servicios Revolución, Gasolinera Bravo, 777 MSI Diamante, Servicios Grupo Águila, Servicios Auxiliares de Sinaloa, y Petroaguila, así como Servicios y Combustibles Tepuche, de Ciudad Obregón, Sonora.
Kail Servicios, Petroáguila y Servicios Grupo Águila pertenecen a la familia Aguilar. En el Grupo Águila aparecen como socios Arturo, Amyra y Alfonso Aguilar Bazúa. En 2009 ella fue secretaria particular del presidente de la Comisión Estatal de Acceso a la Información en Sinaloa, mientras que Alfonso fue postulado en 2016 por Movimiento Ciudadano para regidor de Culiacán, pero dejó la candidatura, y en 2018 fue candidato a diputado local suplente del mismo partido, pero perdió la elección.
Arturo Aguilar Salazar, representante del Grupo Águila, ha sido proveedor de combustible para la Delegación del IMSS en Sinaloa. Se le reconoce como empresario destacado en la entidad. Su hermana María de los Ángeles es administradora de Masgas Corporativo. El apoderado legal de Centros de Servicio Santa Fe es Alfonso Aguilar Franco.
El Rayo Servicios, otra de las empresas mencionadas, es originaria de Culiacán. Sus socios son Miguel Ángel Covarrubias Rico, Issele Paulina, Shamira y Griselda López Rico, así como Helga Patricia Rico Sánchez.
Ésta última figura como representante de Servicios Costa Rica, Servicio Belisario, Gasolinas Fari de Sinaloa, Servicios San Ramón y el Rayo Servicios. Fue demandada en noviembre de 2004, en Guadalajara, por su exabogado Yamil Abel Hamdem Cano, por no pagarle 12 millones de pesos por honorarios, gastos de juicio e intereses, de acuerdo con el expediente 1125/2004, radicado en el Juzgado Quinto de lo Civil.
En 2009 Hamdem Cano denunció a los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en materia Civil del Tercer Circuito, al considerar que favorecieron a la demandada, según publicó en 2015 Proceso Jalisco, cuando el asunto aún no se resolvía.
Gasolinera Rindemas tiene como socios a Luis Antonio de Saracho Fuentevilla y a Jaime Humberto Tamayo Félix, este último, expresidente del Patronato de Bomberos de Culiacán.
Los socios de Centro Trailero el Pueblito, Luis Antonio y Jesús Humberto Calderón Romero, han sido beneficiarios de Senasica, con sus empresas Rastro y Frigoríficos de Culiacán y el rastro FAPSA y Asociados. Otro accionista es Carlos Calderón Romero, quien dirige la Central Campesina Independiente.
Servicios y Gasolinera La Costerita y Servicio Express de Bachigualato cuentan con los mismos accionistas: Jesús Ramón Zamudio Gurrola, Patricia Ruiz Cabada y Guadalupe Gurrola Quintero.
En tanto que Servicios Revolución, Servicios Auxiliares de Sinaloa y Gasolinera Bravo tienen socios en común: Imelda Zamora Bastidas, Iván Zamora Valle y Denisse Aglaé Valle Zamora. Una de las socias de Gasolinera Bravo es Adelita Zamora Ontiveros, consejera del PRI en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, según acta con fecha 25 enero 2020.
Luis Guillermo Ibarra Salgado, socio de Servicios Auxiliares de Sinaloa y representante legal de Faja de Oro KZ4, fue proveedor de combustible para la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán.
“Bandera blanca”
En Jalisco, empresarios gasolineros afectados por esta venta ilegal confirmaron los hechos denunciados, pero solicitaron el anonimato al considerar que detrás del contrabando puede estar la delincuencia organizada.
Recuerdan que el líder de la Coparmex en Parral, Chihuahua, Uriel Loya, denunció en mayo de 2018 el robo y la venta clandestina de combustible y fue asesinado cuatro meses después.
Los gasolineros consultados identifican como “bandera blanca” a las estaciones que compran combustible ilegal, lo que significa que no son franquicitarios de Pemex.
En junio de 2020 detectaron que en Guadalajara empezó “el huachicol fiscal” y aseguran que para diciembre de ese año aumentó. Los denunciantes estimaron que los empresarios que adquieren ese combustible obtienen una ganancia que va de 40 centavos a cuatro pesos por litro.
Señalan que una forma de detectar qué estaciones venden hidrocarburo ilegal es observar los precios: “Si te cuesta menos de 20 pesos, de seguro es del huachicol fiscal, y si a eso le sumas que le ponen naftalina, se llevan más ganancia”.
Recuerdan que 45% de las gasolinas son importadas, por lo que piden que la CRE o el SAT revisen las facturas del combustible y se controlen los permisos de importación y la calidad del producto.
Proceso buscó a Pablo González, dirigente de la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros, para conocer su postura, pero no respondió. De igual manera, el viernes 9 este semanario buscó al representante legal de Nexoil, Francisco Acevedo Castro, para incluir su versión en este reportaje, pero una secretaria contestó que se encontraba en una reunión y ofreció devolver la llamada. No lo hizo. Antes, Acevedo envió una carta al portal de El Universal para rechazar los señalamientos contra él y aseveró que todas las importaciones de esa empresa son lícitas.
En tanto, en las oficinas de Maqlub una empleada del área de logística respondió a Proceso que los trabajadores no están autorizados a emitir ningún tipo de declaración.
Kame Combustibles sólo cuenta con un perfil de Facebook donde remite hacia un sitio web que ya no existe. Se envió un mensaje por Messenger a la empresa, pero no hubo respuesta.
Al marcar al número telefónico de Energética Carvel, la llamada fue atendida por la asistente del director, quien dijo que regresaría la llamada, pero eso no sucedió. En Marvic Petroleum, cuyo número difundido en internet corresponde a la ciudad de Monterrey, nadie tomó la llamada.
