La primera participación en México de la Oficina de la ONU de Servicios para Proyectos –en coordinación con el Insabi– en la compra de medicamentos e insumos médicos resultó un fiasco: errores y omisiones en la planeación gubernamental –además de que el gobierno federal retiró de los trámites a las instituciones que sí sabían cómo hacerlo– amenazan con dejar gravemente desabastecido al sector salud en todo el país…
El desabasto de medicamentos en el sistema público de salud se agravará en los próximos meses a consecuencia de deficiencias en la planeación y en la ejecución de la primera compra consolidada de medicamentos e insumos médicos realizada por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS) y el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar (Insabi).
El Insabi no previó que la mayor parte de los medicamentos comprados para 2021 no llegarán a las instituciones de salud sino hasta el próximo junio, y no tiene claridad sobre dónde las almacenará ni cómo las transportará; por si fuera poco, la institución deja la responsabilidad a los hospitales e institutos: los instruyó a que, por lo pronto, consigan sus propios medicamentos y que participen con sus recursos en el tema logístico.
Mediante un convenio firmado el 31 de julio de 2020, el Insabi y la UNOPS acordaron que la agencia internacional gestionaría las compras de medicinas para el gobierno mexicano desde finales de 2020 hasta 2024, a cambio de “costos de recuperación” totales de hasta 109 millones 745 mil dólares, de los cuales 27 millones 363 mil dólares –558 millones de pesos– corresponden a 2021.
Con este convenio, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador anhelaba que la UNOPS le resolviera el problema de desabasto que arrastra desde el arranque del sexenio, cuando le quitó al IMSS la tarea de adquirir los insumos médicos y vetó a las empresas mayoristas, con el argumento de que este modelo favorecía a los oligopolios y la corrupción.
Sin embargo, al firmar el convenio a finales de julio de 2020, era imposible que los insumos llegaran a las farmacias de las instituciones de salud en enero de 2021, pues la complejidad y la magnitud de estos procesos implican meses para la preparación de las licitaciones, para la fabricación de millones de insumos médicos y su traslado. Así, la UNOPS realizó la “compra expedita” y entregó desde enero las 210 claves de medicamentos de patentes que el gobierno federal consideró “priorizados”, y empezó el proceso de licitación de las demás claves en febrero.
Aunque la UNOPS y el Insabi trabajan de la mano en el tema de medicamentos, ambas instituciones manejan información distinta y hasta contradictoria.
En un oficio de febrero pasado dirigido a las instancias de salud pública, el Insabi insinuó que la agencia internacional no pudo comprar 48% de las 3 mil 866 claves de medicinas que el gobierno esperaba adquirir por su conducto en 2021, e indicó que las que sí pudo conseguir –aunque parcialmente– llegarán el próximo junio.
La UNOPS, por su parte, aclara a Proceso –en respuesta a un cuestionario– que “el gobierno mexicano, a través del Insabi, ratificó el requerimiento de compra para 2021 de 2 mil 34 claves, de las cuales mil 403 corresponden a medicamentos y 631 a material de curación”; aparte, la agencia precisa que los insumos médicos llegarán en mayo, “como acordado” con el Insabi.
En otras palabras: ni las cifras de claves de medicamentos ni las fechas de entregas coinciden entre ambas instituciones.
La diferencia no es anodina. Si la UNOPS tiene razón en que cumplió con su parte del convenio al conseguir 2 mil claves para mayo, quiere decir que el Insabi no constituyó reservas de medicamentos ni se organizó para comprar las claves faltantes, y por lo tanto es responsable del desabasto; en el caso contrario, si el instituto dio cifras correctas, implica que el organismo de la ONU no cumplió su compromiso.
En paralelo al cuestionario a la UNOPS, Proceso mandó otra serie de preguntas al Insabi, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, la dependencia federal agregó “precisiones” a las respuestas que la UNOPS envió a este semanario; entre ellas, confirmó que la agencia internacional “excluyó” mil 391 claves del proceso de licitación, “debido a que estas claves no son consolidables debido (sic) al bajo requerimiento para abasto”.
“Bajo su estricta responsabilidad”
En ausencia de una estrategia clara para solucionar el problema, el Insabi está redirigiendo las responsabilidades hacia los hospitales e institutos de salud: el pasado 26 de febrero Adalberto Javier Santaella Solís, coordinador de abasto en la dependencia, instruyó a los “titulares de las instituciones del sector” que consigan por su cuenta las medicinas que no fueron compradas, y les ordenó tomar las acciones necesarias “para garantizar contar (sic) con abasto suficiente” hasta el próximo mes de junio.
“La determinación de las acciones específicas que se establezcan en cada institución quedan bajo su estricta responsabilidad”, les notificó en el oficio número INSABI-UCNACEM-CA-91-2021.
En este oficio, el funcionario planteó que, de las 3 mil 866 claves de medicinas que el gobierno mexicano buscaba comprar por conducto de la UNOPS para 2021, no se obtuvieron mil 849 claves: 231 de ellas no fueron consolidadas –como vacunas contra el virus del papiloma humano–, otras mil 391 fueron “excluidas” por la UNOPS, mientras que 227 fueron licitadas pero no recibieron ninguna oferta.
Por otra parte, informó que 2 mil 17 claves recibieron oferta, fueron adjudicadas parcialmente o siguen en negociación, y la mayor parte llegarán en junio.
Además de la llegada tardía e incompleta de los medicamentos, el Insabi enfrenta otro problema mayor: aún no sabe cómo almacenará las millones de cajas en las condiciones sanitarias requeridas –en cámaras frías, por ejemplo– ni cómo las distribuirá a los hospitales e institutos de salud esparcidos en ocho zonas a lo largo del país. Este servicio multimillonario, que en el modelo anterior era cubierto por las empresas mayoristas, quedó fuera del convenio con la UNOPS.
El Insabi está diseñando una contratación consolidada que ampare el “servicio integral de logística, recepción, almacenamiento, distribución y recolección de bienes terapéuticos y demás insumos para la salud”, y obligará a los institutos de salud a participar en la financiación del servicio.
“Hacemos de su conocimiento que es indispensable adherirse a dicho proceso”, instruyó Anabel Naachiely Romero López, directora general de Coordinación de los Hospitales Federales de Referencia, en un correo que mandó el pasado viernes 26 de marzo.
Versiones extraoficiales de la UNOPS aseguran que la colaboración entre ambas instituciones se basa en la “buena fe”, y que los procesos de adquisición de medicinas para 2022 y 2023 arrancarán con mucho más antelación –a partir del próximo junio–, lo que debería evitar el problema del desabasto en el futuro.
El Insabi y la UNOPS publicaron un comunicado conjunto el pasado 23 de marzo en el cual presumieron que, desde enero, se han entregado 98 millones de unidades de medicamentos “priorizados” y que las compras consolidas ya permitieron un ahorro de 117 millones de dólares en comparación con los precios que pagó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) el año pasado. El boletín no mencionó los plazos de llegada de las demás medicinas ni abordó el tema de la logística.
La UNOPS explica a este semanario que los ahorros generados ya han cubierto los costos indirectos de recuperación para los cuatro años de ejecución del proyecto, y abundó: “Se estima tener mayores ahorros en las siguientes semanas”.
El 11 de agosto de 2020, apenas dos semanas después de la firma del convenio, el Congreso agregó un párrafo al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el cual estableció que la ley no se aplicará en la adquisición de “bienes o prestación de servicios para la salud que contraten las dependencias y/o entidades con organismos intergubernamentales”.
Con este párrafo, los procesos de compra de medicamentos realizados por la UNOPS –pero también la compra de vacunas contra el covid-19– escapan a la ley mexicana en materia de contratación pública, y los contratos no se pueden consultar en la plataforma gubernamental Compranet. De hecho, en lo que va de 2021 no aparece un solo contrato celebrado por el Insabi en la plataforma Compranet.
Datos duros
Aunque López Obrador suele restar importancia al problema del desbasto o insinúa que se trata de una campaña de sus adversarios en su contra, el tema ha sido una piedra en el zapato del gobierno de la Cuarta Transformación desde un principio, que se ha profundizado en sus primeros dos años.
Algunos datos duros exhiben la gravedad de la situación: en 2020 el IMSS no pudo surtir 16 millones de medicamentos; el Insabi no consiguió una cuarta parte de las medicinas que sus médicos recetaron; la tasa de sobrevivencia de los niños con cáncer se derrumbó de 80% a 65%, y se dejó de vacunar contra la tuberculosis a 90% de los niños del país.
Estos datos fueron recopilados por el proyecto Cerodesabasto, lanzado al inicio del sexenio por la iniciativa Nosotrxs –entre cuyos integrantes figuran Cuauhtémoc Cárdenas, Mauricio Merino, José Ramón Cossío, Clara Jusidman y Martha Lamas– y en el que participan actualmente 53 organizaciones. El Insabi y la UNOPS ya han externado su voluntad de abrirse a la colaboración con el proyecto.
En el curso de este mes el colectivo publicará un informe sobre el estado actual del desabasto, basado en más de 700 solicitudes de información y en un sistema digital de denuncia ciudadana; Andrés Castañeda, quien dirige la iniciativa, adelanta a Proceso que el informe exhibe que “los años 2019 y 2020 han sido lamentables” en cuanto “a la crisis en el acceso a los medicamentos”.
El experto señala que, aunque la irrupción de la pandemia de covid-19 derrumbó 52% el número de consultas –en parte porque la gente dejó de acudir a los servicios de salud–, se observó un incremento en el número de recetas no surtidas en comparación con 2019.
Resalta que el gobierno federal “subestimó la complejidad de la compra” y, tras recalcar que existen “buenas intenciones” para garantizar el acceso a los medicamentos, dice que “no podemos predicar la lucha contra la corrupción en detrimento del derecho a la salud”. Precisa que la iniciativa no tiene ningún “afán de confrontación” con el gobierno.
El desabasto es producto de una serie de malas decisiones que tomó el gobierno de López Obrador desde el periodo de transición y se agravó en los años siguientes a raíz de políticas públicas mal planeadas y ejecutadas, como lo documentaron el periodista Alejandro Melgoza y la abogada Denise Tron en una investigación publicada por el colectivo Impunidad Cero en febrero pasado.
La investigación mostró que el problema nació cuando López Obrador convirtió la Oficialía Mayor de la SHCP en el área de las compras consolidadas de todo el gobierno federal, incluyendo las medicinas, que en sexenios pasados estaban a cargo del IMSS, el cual contaba con un equipo de personas familiarizadas con el complejo proceso de compras masivas de medicamentos.
Los contratos incluían la adquisición, el almacenamiento y la distribución de los insumos, y el IMSS los solía licitar con al menos seis meses de antelación, el tiempo necesario para constituir reservas y preparar los traslados.
Con el argumento de que ese modelo estaba plagado por la corrupción, la SHCP vetó a las principales empresas mayoristas –Farmacéuticas Maypo, Grupo Fármacos Especializados y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipos Médicos, filial de Laboratorios Pisa– y se encargó de buscar las medicinas en el mercado internacional, en coordinación con la Secretaría de Salud y con ayuda de la UNOPS.
A pesar de las buenas intenciones, las compras consolidadas de 2019 y 2020 resultaron un fiasco. En el convenio con la UNOPS, el propio gobierno federal reconoció que “un alto número de claves fueron declaradas desiertas debido a que, entre otros, no se presentaron proveedores al proceso, o lo hicieron con precios mayores a los de referencia”; en consecuencia, se agravó el desabasto y el gobierno terminó adjudicando contratos de manera directa y a costos altos.
En febrero pasado la Auditoría Superior de la Federación publicó un amplio informe de auditoría de desempeño, en el cual concluyó que, debido a la mala coordinación entre la SHCP y la Secretaría de Salud, a la ausencia de “criterios metodológicos”, a la falta de rendición de cuentas y a la gestión “deficiente”, “no se propiciaron las mejores condiciones de compra para el Estado ni se garantizó el cumplimiento del derecho de protección a la salud de la población”.
El gobierno federal dio un golpe de timón a su estrategia. Mediante el convenio entre el Insabi y la UNOPS, encargó al organismo internacional la responsabilidad de gestionar las licitaciones internacionales para la compra de medicamentos, una labor que ya había hecho en el pasado a escala mucho menor en países como Honduras o Nicaragua, o en un estado de Brasil, por ejemplo.
