En la lucha por el poder en la Ciudad de México se vislumbra el riesgo de que en las campañas electorales se presenten hechos violentos contra candidatos de oposición, dentro de Morena y con aquellos que estén relacionados con grupos del crimen organizado o clientelares cobijados en movimientos sociales, coinciden politólogos de la UNAM y del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).
Aseguran que la capital mexicana no está exenta de vivir hechos de violencia extrema, como ha ocurrido en Michoacán, Veracruz, Oaxaca y otras entidades, donde han sido asesinados candidatos a puestos de elección en zonas marginadas. Pero consideran que, por las características de la capital, es más factible que los aspirantes sean víctimas de amenazas, extorsiones, secuestros, atentados, robos con violencia y otros delitos.
Por eso, añaden, el gobierno de Claudia Sheinbaum, los partidos políticos y sus aspirantes, el Instituto Electoral de la Ciudad de México y la Fiscalía General de Justicia capitalina deben velar para que en las campañas, que comenzarán el 4 de abril, no haya violencia de ningún tipo.
En este sentido se debe evitar que se generen sospechas con hechos como la “muerte accidental” del líder de oposición, Leonel Luna Estrada; la aprehensión de la lideresa de comercio ambulante, Diana Sánchez Barrios, y la orden de captura contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, que pudieran interpretarse como actos generados por motivaciones políticas.
“Estos acontecimientos generan muchas sospechas por todo este concepto que no solamente es de política electoral, sino que tiene que ver con la situación de inseguridad pública, el fortalecimiento de las bandas de la delincuencia y las disputas por los territorios en la Ciudad de México”, asegura Francisco Reveles Vázquez, doctor en ciencia política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Articulista y estudioso de los procesos electorales en la capital del país y, en particular, de las diferentes gestiones del PRD, dice que no recuerda un periodo “tan violento o con eventos tan fuertes como el de ahora en la ciudad. La inseguridad fue creciendo, pero no estaba vinculada con las elecciones. Y ahora lo preocupante es que se están dando justo en esta situación de coyuntura electoral”.
Añade: “No sería muy extraño, porque la seguridad todavía no está garantizada por el gobierno, a pesar de que tenga sus cuentas alegres la jefa de gobierno, de todas maneras a la vuelta de la esquina nos encontramos con hechos donde se presume la participación de cárteles, no solamente en la ciudad, sino en otros estados de los cárteles más poderosos de México”.
Esta situación, afirma Reveles Vázquez, “sí nos debe preocupar bastante, porque el que tan sólo se asomen esos cárteles nacionales a la Ciudad de México nos habla de una vulnerabilidad que tienen los gobiernos de la capital y que no están exentos de verse amenazados por todos esos grupos en estos tiempos de campaña”.
Y sentencia: “Mientras más violencia haya, más inseguridad tendrá el elector para poder decidir de manera libre su voto en las urnas, aunque la ciudad estuviera exenta de estos acontecimientos en las próximas semanas”.
Muertes, detenciones, fichas rojas
En la Ciudad de México han ocurrido al menos tres hechos recientes relacionados con líderes de la oposición a Morena, el partido en el poder, que han levantado más de una sospecha entre analistas políticos, representantes de partidos y la misma ciudadanía, por la cercanía del inicio de las campañas para elegir 16 alcaldes y 66 curules en el Congreso local.
Por orden cronológico, está la orden de aprehensión girada por un juez local el pasado martes 9 contra Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y cuatro presuntos cómplices de la red de prostitución que operaba a su servicio y con recursos públicos cuando fue presidente del PRI capitalino en 2014, y que derivó en la acusación por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa, y de publicidad engañosa y asociación delictuosa.
Si bien desde el 11 de septiembre de 2020 la fiscalía capitalina, a cargo de Ernestina Godoy, anunció que reabriría y ampliaría la investigación que fue “deficiente y omisa”, no fue sino hasta seis meses después cuando la autoridad judicial emitió la orden de captura contra el llamado Príncipe de la Basura.
Ese mismo día se informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda congeló sus cuentas bancarias y que la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Interpol ya lo buscan para detenerlo.
El jueves 11 fue detenida Adriana “N”, una de sus presuntas cómplices. El miércoles 17, la UIF de Santiago Nieto también ordenó congelar las cuentas de Israel Betanzos, actual presidente del PRI-CDMX, y las del coordinador de la bancada priista en el congreso local, Tonatiuh González, quien busca una diputación federal. Ambos son señalados como cómplices de Gutiérrez de la Torre y probables responsables de los delitos de lavado de dinero, corrupción y trata de personas.
La madrugada del domingo 14, el exjefe delegacional en Álvaro Obregón, Leonel Luna Estrada, murió a causa de los golpes que recibió al chocar su auto en el Circuito Interior, en la colonia El Sifón, alcaldía Iztapalapa. De 56 años, era candidato a diputado federal por el distrito 17 en la mencionada alcaldía por la coalición Va por la CDMX (PAN, PRI, PRD) y formaba un bloque de oposición para competir contra su otrora brazo derecho, Eduardo Santillán, quien buscará con Morena gobernar de nuevo esa demarcación.
Además de las dos veces que dirigió el territorio obregonense, donde se ganó críticas de líderes vecinales, Luna es recordado por el polémico papel que jugó como coordinador del PRD en la legislatura local 2015-2018, y el cuestionable manejo de millones de pesos donados para la reconstrucción de la ciudad tras el sismo del 19 de septiembre de 2017, bajo las órdenes del entonces jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera.
A pocas horas de su muerte, la presidenta del PRD local, Nora Arias, exigió una investigación profunda y soltó la idea de que se presenten “sucesos criminales con motivaciones políticas”. Dos días después, el vocero de la fiscalía local, Ulises Lara, presentó los resultados del peritaje: Luna Estrada conducía bajo influencia del alcohol, con exceso de velocidad y falta de pericia, por eso chocó.
El funcionario presentó fotos del paso del auto del experredista por la vialidad, excepto las del momento del choque, pues dijo que ninguna cámara lo captó. No obstante, aseguró que ningún auto lo seguía. Y como no permitió preguntas de la prensa, en el aire quedó la duda de si el auto fue golpeado por otro en la parte trasera del lado derecho, lo que explicaría el golpe con el que quedó la unidad, de acuerdo con fotos filtradas y difundidas en redes sociales. En el círculo que conocía a Luna se dijo que era abstemio.
La noche del miércoles 17, en calles de la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, policías de investigación detuvieron a Diana Sánchez Barrios, lideresa de miles de comerciantes ambulantes en el Centro Histórico, por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.
Horas antes la priista había sido inscrita como candidata a diputada local por el distrito IX, en la alcaldía Cuauhtémoc, por la alianza Va por la CDMX. En la transmisión que hizo en vivo en sus redes sociales Sánchez Barrios señaló que su captura era una “persecución política… un acto del gobierno de la ciudad, que no me quiere permitir participar y que siempre quiere callar a todo lo que se opone a ellos”.
No pasaron ni 12 horas cuando el vocero de la fiscalía local, Ulises Lara, informó que la activista de la comunidad LGBTTTI está relacionada con cinco carpetas de investigación más y que la UIF le congeló sus cuentas bancarias a partir de una denuncia interpuesta el 7 de diciembre de 2020 por recibir “millonarias cantidades” de cientos de personas presionadas para pagar sus cuotas o “cobro de piso” a comerciantes formales y ambulantes.
Sin permitir preguntas de la prensa, Lara dijo que en febrero pasado la fiscalía obtuvo de un juez la orden de aprehensión, pero la ejecutó un mes después, cuando “localizó” a Sánchez Barrios.
Ante el hecho, Alejandra Barrios Richard, madre de la detenida, solicitó y obtuvo un amparo para evitar ser detenida. El lunes 22 Diana fue vinculada a proceso y deberá permanecer en el Centro de Readaptación Femenil de Santa Martha al menos tres meses, en lo que concluye la investigación complementaria.
“No somos iguales”: Sheinbaum
Tras la muerte de Luna y las declaraciones del PRD local, el martes 16 la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México “no existe el riesgo” de que haya hechos criminales con motivaciones políticas en este periodo electoral.
Ante la pregunta de si se podrían presentar crímenes políticos, afirmó: “De nuestra parte, no. No somos iguales, otra vez lo digo. Nosotros vivimos violencia política cuando estuve en la campaña, ustedes pueden recordar, en muchas alcaldías. Eso no va a ocurrir y, para eso estamos aquí, para eso cambió el gobierno”.
El viernes 19, luego de la detención de Sánchez Barrios, rechazó que ésta haya sido por motivos políticos y aclaró que se trata de un asunto penal derivado de denuncias “muy claras” por delincuencia. Y reviró la acusación: “Yo diría al revés: ¿quién pone de candidato a una persona que tiene una orden de aprehensión? O sea, no se puede responsabilizar de un asunto político de una persona que es un delincuente o una delincuente”.
De paso, aseguró: “No establecemos ninguna relación delincuencial con absolutamente nadie, ni tampoco relaciones que tengan que ver con clientelismos políticos ni mucho menos. Siempre hemos luchado contra eso y hoy, como jefa de gobierno, evidentemente no actuamos de esa forma”.
El miércoles 24 aseguró que no firmará ningún acuerdo de civilidad con los partidos políticos de la capital porque “no le corresponde”, pero se ofreció a supervisar que las campañas políticas sean limpias, con libertad y sin violencia. A los candidatos que requieran seguridad, les sugirió acudir a la fiscalía local y a los mecanismos de protección de derechos humanos.
Vulnerabilidad política
Raúl Rosales, investigador de la organización civil Causa en Común –que ha hecho estudios sobre la violencia política en el país durante el actual proceso electoral–, asegura que si bien hasta ahora no se han presentado asesinatos de candidatos como en otras entidades del país, la capital no está exenta de tenerlos.
“Ninguna entidad está excluida de este tipo de hechos, pero quizá en la Ciudad de México no veríamos una violencia política tan extrema como de candidatos asesinados, sino más bien incidentes de amenazas, extorsiones, atentados contra familiares o posibles accidentes que en realidad podrían ser otra cosa”, afirma.
Politólogo e internacionalista por el CIDE, especializado en temas sobre sociedad civil organizada y participación política, considera que, tanto la Ciudad de México como los candidatos que buscarán un cargo público en las próximas elecciones “son vulnerables a este tipo de violencia”. Por ello, considera que “las autoridades deben ofrecer la mayor seguridad posible a aspirantes en situaciones o zonas de alto riesgo e implementar acciones más contundentes para su seguridad”.
Por su parte, los candidatos “ante cualquier situación de violencia que se pudiera presentar en su contra, deben denunciarlo a las autoridades correspondientes para que se les dé seguimiento a cada uno de sus pasos, establecer una línea directa y que no se tenga que llegar al lamentable hecho de que alguno sea asesinado”.
Y sobre las detenciones de candidatos presuntamente involucrados con la delincuencia, Rosales añade: “El problema es que las autoridades electorales tendrían que revisar muy bien los perfiles de quienes se postulan para que, justamente, sean candidatos y candidatas que no tengan investigaciones penales”.
