Directora surgida de la segunda generación del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) de la UNAM, sindicalista de larga trayectoria, no se quedó con la protesta en la boca y decidió ir a los tribunales para defender la existencia del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine. Una jueza acaba de fallar a su favor en primera instancia, impidiendo su extinción por dos razones: porque está en la ley y porque no se acreditó la corrupción aludida por el gobierno para cancelar el fideicomiso.
La cineasta mexicana Marcela Fernández Violante, aguerrida defensora de la cinematografía nacional desde finales de los años sesenta, vuelve a la lucha con la espada desenvainada.
En enero pasado la realizadora de De todos modos, Juan te llamas (1974), Cananea (1976), Misterio/Estudio Q (1980) y Acosada (2002), entre otros largometrajes, interpuso un juicio de amparo para suspender la desaparición del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) de la Ley Federal de Cinematografía, uno de los 109 fideicomisos cuya eliminación fue aprobada por la Cámara de Senadores en octubre pasado (Proceso, 2292).
Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador quien publicó en el Diario Oficial de la Federación, el 2 de abril del 2020, un decreto donde ordenó la extinción de estos fideicomisos públicos como parte de su plan de austeridad (Proceso 2269), y en distintas ocasiones resaltó que los recursos de esos fondos eran utilizados “con poca transparencia y son una puerta para la corrupción”.
Fernández Violante (Ciudad de México, 1941), titular de la Sección de Autores y Adaptadores del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica de la República Mexicana (STPC), manifiesta por teléfono que se encuentra entusiasmada porque la jueza del Décimo Segundo Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Blanca Lobo Domínguez, resolvió el 1 de marzo suspender de manera definitiva la extinción del Fidecine, por lo cual la Secretaría de Cultura y el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) no podrán decretar su desaparición.
Es decir, no se puede suscribir ningún convenio de extinción o terminación del Fidecine.
La resolución de la jueza argumenta que “el fomento a la industria cinematográfica es una cuestión de orden público y de interés social, cuya paralización conlleva una afectación al interés general; por tanto, si el acto reclamado tiende a extinguir el fondo creado para fomentar la industria cinematográfica, ello impacta contra el derecho a la cultura de todos los mexicanos”.
La directora y guionista, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos (CUEC) –ahora Escuela Nacional de Artes Cinematográficas de la UNAM–, participó durante varios años como secretaria general del STPC, junto con la actriz María Rojo y otros miembros de la comunidad del séptimo arte, en el difícil combate para incluir el Fidecine en el artículo 33 de la Ley Federal de Cinematografía (Proceso 1287).
Fue aprobado en diciembre de 1998 y publicado en el Diario Oficial en enero de 1999, con el siguiente objetivo:
“Será el fomento y promoción permanentes de la industria cinematográfica nacional, que permita brindar un sistema de apoyos financieros, de garantía e inversiones en beneficio de los productores, distribuidores, comercializadores y exhibidores de películas nacionales.”
En los artículos 34 al 38 se explica cómo se integrará y laborará el Fondo.
Al extinguir el Fidecine, el abogado Ernesto Sánchez, hijo de Fernández Violante, explica también vía telefónica que “se borraron años de lucha”, y le propuso a su mamá buscar el amparo:
“Fui con el destacado abogado Eduardo de la Parra Trujillo, quien fue mi maestro, y él realizó los conceptos de violación. Es decir, creó toda la estructura del amparo, yo sólo lo apoyé, y lo principal es que esa desaparición del Fidecine viola los derechos culturales previstos tanto en la Constitución como en tratados internacionales, y con base en eso la jueza determinó que sí eran procedentes y otorgó la suspensión del acto reclamado. Esto es que se debe notificar, tanto a Presidencia como a todas las autoridades señaladas como responsables, de la suspensión del acto reclamado. ¡Quiere decir que se para la extinción del fideicomiso!”
En cambio, con otro fideicomiso, el Fondo para la Producción Cinematográfica de Calidad (Foprocine) no se puede interponer amparo porque no está en la Ley, dado que fue creado por voluntad presidencial.
Contra la forma
Sánchez resalta que se rechaza la forma empleada para desaparecer al Fidecine, y afirma tajante:
“Se dijo que había mucha corrupción, lo cual nunca se probó.”
Y señala que se realizaron muchas películas gracias al Fidecine:
“Por eso se pidió el amparo, aunque con pocas posibilidades de obtener una sentencia favorable, debido a que ahora el presidente está intimidando al Poder Judicial, y otra vez el mismo asunto de que hay corrupción, sin comprobar. Nosotros no pensábamos ganarlo.”
Por ello recibe el fallo como una buena noticia, si bien inmediatamente aclara que “todavía no se resuelve el fondo del amparo”:
“Aunque se otorgó la suspensión, el juicio de amparo va a continuar. Las autoridades podrían meter un recurso de revisión o el quejoso Fernández Violante, y el caso puede llegar hasta la Suprema Corte. Ahora la pelota estará en la cancha de las autoridades responsables, que son la Secretaría de Cultura, la Cámara de Diputados y la de Senadores, y obviamente Presidencia. Ya nosotros cumplimos. Pero sí me preocupa, porque después de los amparos contra la Ley de la Industria Eléctrica, el presidente está amenazando incluso a nuestros jueces con que se les investigue, diciendo de manera muy ligera que hay corrupción.”
Fernández Violante –cuyo primer trabajo profesional fue el corto documental Frida Kahlo (1972) y es pionera en la revalorización de la pintora– enfatiza que no conoce a la jueza, y “francamente no esperábamos tener ninguna respuesta, fue una sorpresa que la jueza haya otorgado la suspensión definitiva de la desaparición del Fidecine”. Su hijo acentúa:
“¡Es suspensión definitiva!, pero, como mencioné, aún sigue el juicio. Y no conocemos a la jueza. Tú presentas la demanda y el sistema te indica quién la llevará, uno no escoge al juez o a la jueza”.
Y precisa:
“La suspensión de la desaparición del Fidecine sólo es efectiva en particular para mi mamá, como persona. Los efectos de una sentencia de amparo no son generales, sino particulares.”
Ello en alusión a que algunos productores y cineastas, según entiende, “igual se ampararon, y esos juicios los lleva De la Parra Trujillo, aunque no todos prosperaron, pero el de Fernández Violante sí fue un amparo icónico”.
En efecto, rememora que él labora el amparo del área de Autores y Adaptadores del STPC como apoderado de su mamá, y Fernández Violante presentó el amparo por derecho propio y se lo otorgaron a ella. Y dice que en el expediente se argumenta que, si se necesitaba dinero para parar el coronavirus, “debieron suspender los fondos por contingencia, pero no desaparecerlos”.
Subraya:
“Si se trataba de sacar dinero, se podría obtener de los proyectos Tren Maya, Chapultepec, la refinería de Dos Bocas en Paraíso, Tabasco, y el Aeropuerto de Santa Lucía. Por la cancelación del aeropuerto de Texcoco se pagaron millones de pesos. Sin embargo, le quitan presupuesto a la cultura, la ciencia y la tecnología. Entonces, lo que es un gobierno de izquierda resultó ser mucho más neoliberal que el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).”
¡Ya basta!
Fundadora y presidenta de la Asociación Cultural Matilde Landeta y creadora del corto documental Matilde Landeta, pionera del cine nacional (1982), Fernández Violante exalta:
“¡Ya basta!… Es golpe tras golpe al cine y a la cultura. A pesar de que estamos confinados por el covid-19, hay que hacer algo. No podemos cruzar los brazos.”
Hacia 1968 comenzó a filmar el largometraje Gayosso da descuentos, pero lo interrumpió por el estallido del conflicto estudiantil. También ha sido maestra del CUEC.
En 1996, como titular del STPC (creado en 1945 por el cinefotógrafo Gabriel Figueroa, el actor Jorge Negrete y el comediante Mario Moreno Cantinflas, entre otros), suscribió una alianza con el sector productivo y el sector social para la reactivación de la industria cinematográfica a través de acciones políticas y jurídicas que culminaron en La Ley Federal de Cinematografía.
Para 2004 encabezó la lucha en defensa del Imcine, los Estudios Churubusco y el Centro de Capacitación Cinematográfica ante el Congreso de la Unión, y logró “un punto de acuerdo” con las fracciones de la Cámara de Diputados para impedir su desaparición, propuesta por el entonces presidente Vicente Fox (Proceso 1411).
La cineasta recibió en 2006, de manos del rector de la UNAM Juan Ramón de la Fuente, la medalla Sor Juana Inés de Cruz por su trayectoria académica como universitaria y como realizadora, y en 2007, en la Cámara de Diputados, por parte de Foro Femenino AC, le fue otorgada una presea en reconocimiento a su lucha en pro de los trabajadores y creadores de cine.
Y aunque está recuperándose de una caída por las escaleras de su casa, enfatiza que no piensa bajar la guardia.
