Una investigación de la organización internacional Oceana revela las carencias de México en materia pesquera y advierte conflictos entre el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador con sus pares de Estados Unidos y Canadá en el contexto del T-MEC. Además, da cuenta que el gobierno de la 4T administra los recursos pesqueros con información obsoleta y fuentes opacas, y otorga permisos a ciegas. Señala que los recortes de recursos públicos en este gobierno impiden inversiones e investigaciones que ayuden a saber qué tiene México en sus mares y costas.
Mientras el acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) obliga a todos los socios a cumplir cabalmente en materia de conservación y manejo sostenible de los recursos pesqueros, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador carece de un diagnóstico actualizado sobre la condición real de los mares nacionales.
Con información obsoleta, la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) otorga permisos a ciegas para el usufructo de especies marinas, algunas de ellas sobreexplotadas, como el mero, huachinango, atún de aleta azul, pulpo y diversas especies de tiburones.
El Instituto Nacional de Pesca (Inapesca) sólo ha actualizado la Carta Nacional Pesquera (CNP) –documento sobre las estrategias y acciones que se deben cumplir para regular el sector en México– cinco veces desde que fue creada en el año 2000, pese a los constantes cambios climáticos, biológicos, comerciales y sociales alrededor de esta industria.
Además, ambas instituciones dependientes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) han padecido recortes presupuestales que impiden inversiones, investigación y la adecuada operación de la política pesquera en los más de 11 mil kilómetros de costas del país, desde las playas de Tijuana hasta el Caribe.
En su Capítulo 24, dedicado al tema de Medio Ambiente, el T-MEC señala en el artículo 24.17, titulado Pesca de Captura Marina Silvestre: “Las partes reconocen su papel como principales consumidores, productores y comercializadores de productos pesqueros, y la importancia de los sectores marinos para su desarrollo y para el sustento de comunidades, incluyendo aquellas dedicadas a la pesca artesanal, de pequeña escala y nativa”.
México, Estados Unidos y Canadá también reconocen la necesidad de acción individual y colectiva en los foros internacionales para abordar los problemas urgentes de recursos resultantes de la sobrepesca y de la utilización no sostenible de los recursos.
El acuerdo comercial compromete a las tres economías a promover y facilitar el comercio de pescado y productos pesqueros obtenidos y manejados de manera sostenible y legal; también se asegura que el comercio de estos productos no esté sujeto a barreras innecesarias o injustificadas al comercio.
Esteban García-Peña Valenzuela, director de Campañas de Pesquerías de Oceana, la mayor organización internacional que desde 2001 se dedica exclusivamente a la protección de los mares, advierte en entrevista con Proceso que México tiene una política muy débil en la materia.
“Sobre todo, no se alcanza a conocer cuál es la realidad y el potencial de los recursos pesqueros. Es muy grave porque no sabemos cuánto nos queda, cuánto se puede pescar o si el sector va en un franco retroceso. La información con la que se toman las decisiones es obsoleta y poco transparente. En México se pesca a ciegas.”
Y agrega: “Cuando dices que estamos pescando a ciegas quiere decir que el gobierno está otorgando permisos para pescar quién sabe qué”.
Director de 2003 a 2013 de Manejo Integral de Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, García-Peña Valenzuela reitera que en México no hay certeza de lo que se está explotando porque las autorizaciones que la autoridad otorga son laxas.
“Yo te doy permisos para que pesques escama, puede ser cualquiera de las 368 especies de escama o puede ser cualquier otra cosa que la puedes pescar en Veracruz, Yucatán o en Baja California.”
Sin criterios
Biólogo y maestro en ecología y ciencias ambientales por la UNAM, García-Peña elaboró con Oceana la Auditoría Pesquera 2.0, una continuación de la Auditoría Pesquera presentada en junio de 2019 y que en la nueva versión incluye un Índice de importancia relativa de la pesquería.
La investigación revela que las pesquerías reconocidas por su volumen y su valor en la Carta Nacional Pesquera, no necesariamente son las que involucran a un mayor número de pescadores y, por el contrario, benefician a un grupo reducido de permisionarios.
La Auditoría Pesquera 2.0 consideró que “es necesario reevaluar la manera con la cual se determina la importancia de una pesquería en el país, dejando de lado el paradigma de volumen y valor monetario, tratando de equilibrar al considerar lo que la producción representa en términos de participación social (número de permisos y embarcaciones) y papel en la seguridad alimentaria nacional (consumo nacional)”.
De acuerdo con la auditoría para la gestión y extracción de las 735 especies que se pescan en México, la CNP las agrupa en 83 fichas informativas, una por cada pesquería en el país.
De las 83 pesquerías, 52 son aprovechadas en su máxima capacidad, lo que representa 63% de todas. Hay 14 pesquerías (17%) en deterioro por sobreexplotación. Únicamente 11 (13%) tienen potencial para incrementar su aprovechamiento y otras seis (7%) presentan una situación desconocida.
De las 83 pesquerías, sólo 21 o 25% cuenta con un Plan de Manejo Pesquero, instrumento que establece las condiciones y los procesos para el manejo sostenible y la conservación de cada pesquería.
De su análisis, Oceana encontró que el Inapesca carece de protocolos definidos, así como de criterios claros o transparentes para la investigación pesquera.
“Esto se ve reflejado en las fichas de la CNP: las fuentes de información, así como el origen de sus datos, se desconocen o son secretas. Sólo 4% de estas fichas contiene datos e información pública disponible para poder corroborarla. El resto (96%) carece de fuentes verificables”, señaló el documento.
Con esos datos México se comprometió en el T-MEC a prevenir la sobrepesca, la sobrecapacidad y tendrá que reducir la captura incidental de especies no objetivo y juveniles.
El T-MEC, acuerdo comercial que sustituyó al Tratado de Libre Comercio de América del Norte, promueve la recuperación de poblaciones en sobrepesca para todas las pesquerías marinas, así como la protección del hábitat marino mediante la cooperación de los tres países, para prevenir o mitigar los impactos adversos significativos de la pesca.
El 2 de diciembre último, el panel de Alto Nivel para una Economía Oceánica Sostenible, al cual México pertenece, presentó una nueva agenda en la cual los países se comprometen para 2025 a gestionar de manera sostenible 100% del área oceánica bajo su jurisdicción, lo cual involucra a energías renovables, tema actualmente relegado por el gobierno de López Obrador, que le ha dado prioridad a la producción de combustibles fósiles.
Sin embargo, hasta este 2021 México carece de información y presupuesto suficiente para cumplir con los compromisos del T-MEC.
También adolece de los medios para respetar la agenda firmada con Australia, Canadá, Chile, Fiyi, Ghana, Indonesia, Jamaica, Japón, Kenia, Namibia, Noruega, Palaos y Portugal, para administrar de manera sostenible en 2025 casi 30 millones de kilómetros cuadrados de sus aguas nacionales.
Del total del presupuesto del ramo agricultura, ganadería, pesca y desarrollo rural, apenas 5% se destina al sector pesquero y acuícola. Para 2021 apenas se destinaron 2 mil 578 millones de pesos. De ese total, 82% lo ejerce la Conapesca y el restante 18%, el Inapesca.
Si bien es cierto que el presupuesto para el sector en su conjunto es el mayor en lo que va del actual sexenio, los 2 mil 578 millones quedan muy lejos de los 4 mil 366 millones aprobados para 2015; 60.7% del presupuesto para el presente año se va en transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, 22.5% para servicios generales, 15.6% para servicios personales y 1.2% para materiales y suministros. La inversión pública no tiene fondos.
Escasez de investigadores
La Auditoría Superior de la Federación detectó en la Auditoría de Cumplimiento 335 de la Cuenta Pública de 2018 un probable daño o perjuicio a la hacienda pública federal o al patrimonio del Inapesca por 761 mil 51 pesos, por el pago de sueldos base y prestaciones a dos investigadores.
Se trata de un pago de 420 mil 729.61 y otro de 340 mil 322.10 pesos a los cuales no se les asignaron actividades ni la ejecución de proyectos de investigación, y no se tomaron medidas para satisfacer los objetivos para los que fueron destinados.
La Auditoría 2.0 de Oceana, dada a conocer en febrero último, revela que el Inapesca cuenta con 396 personas contratadas, de las cuales 219 están asignadas a tareas administrativas y 177 están dedicadas a tareas de investigación y desarrollo de proyectos. De esos 177, únicamente 14 están asignadas a las evaluaciones del recurso escama marina (10 en el Pacífico y cuatro en el Golfo de México y Caribe).
Sin embargo, cuando el reporte compara el número de especies que estos 14 investigadores tendrían que evaluar anualmente, identifica que cada investigador adscrito a la zona del Pacífico estaría encargado de dar seguimiento a un total de 23 especies de las 230 adscritas en la Carta Nacional Pesquera, mientras que en el Golfo de México les corresponden 35 especies de las 138 en la región.
No obstante, los recursos humanos asignados por el Inapesca a la pesquería de camarón ascienden a 11 investigadores y técnicos (cinco en el Pacífico y seis en el Golfo de México y Caribe), a los que les corresponde atender un total de 10 especies en cada litoral o dos especies por persona.
“Es necesario recordar que, de acuerdo con la CNP, la producción pesquera nacional depende de aproximadamente 735 especies de organismos marinos que habitan en ambos litorales del país; cada una de estas especies aprovechadas como recurso pesquero pertenecen a una población que incrementa o se reduce de tamaño dependiendo de factores naturales que son independientes a la captura”, explica el documento.
Y destaca que “conocer todos estos detalles biológicos de las especies requiere de entrenamiento y conocimiento técnico que es específico para cada especie o grupo, para así poder aplicar este conocimiento enfocado a su aprovechamiento sustentable”.
Esteban García-Peña cuestiona: “¿Qué es lo que hacen todas estas personas que a lo largo de 21 años solamente han actualizado la Carta Nacional Pesquera en cinco ocasiones? Cuando tú te vas a la información que publicaron la última vez (en 2018) 51% de las fichas de información tiene más de ocho años sin haberse actualizado. Se siguen utilizando fuentes viejas”.
Detalla que en México el foco de atención es sobre tres especies industriales que son las que reportan mayor volumen y generan empleo: camarón, sardina y atún, “pero ni siquiera se compara la generación de puestos de trabajo con los puestos de trabajo que genera la pesca ribereña, que es la que está abandonada”.
De acuerdo con el Programa Nacional de Pesca y Acuacultura 2020-2024, la flota pesquera está formada por 76 mil 306 embarcaciones, de las cuales 2 mil 20 son embarcaciones mayores y 74 mil 286 son menores (ribereñas).
El mismo documento del gobierno federal reconoce que el sector ribereño viene aportando en los últimos cinco años, en promedio, 38% del volumen de producción de los que dependen directamente cerca de 223 mil pescadores y sus familias, de los cuales se calcula que los ingresos de una gran parte de pescadores de este sector, es decir, más de 60% se encuentran por debajo de las líneas de pobreza registradas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) reveló que México tendrá en 2030 un crecimiento de 5.7% en la producción de pescado respecto de 2018. Mientras que en Estados Unidos será de 7.2% y en Canadá, 9.9% en ese mismo periodo.
Sin embargo, el mayor incremento lo tendrán países asiáticos, como Vietnam, con 28.2%; India, con 25%; China, con 18.5%, e Indonesia registrará un alza de 18.2% hacia 2030.
Las proyecciones de la FAO también indican que para 2030 las exportaciones de pescado para consumo humano se desplomarán 15.2% en México y las importaciones aumentarán 22.4%, tomando como referencia 2018.
De acuerdo con el director de Campañas de Pesquería de Oceana, esa es la radiografía de los mares mexicanos, sin tomar en cuenta los efectos de la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, en la cual se calcula está 50% de la actividad pesquera del país.
“Es ilegal el que no tiene permiso y sale de pesca y vende ese producto, pero también es irregular quien pesca un volumen dado con cuatro diferentes especies. Por ejemplo, quienes realizan la pesca de arrastre del camarón, pero en su camino no sólo sacan camarón, sacan de todo.”
Este semanario consultó al Inapesca y la Conapesca, vía Comunicación Social de la Sader, sobre las carencias de México en materia pesquera. Sin embargo no había respuesta al cierre de esta edición.
