En Chihuahua el proceso electoral se engarza con los intentos del gobierno estatal y de la Fiscalía General de la República por procesar a un grupo de políticos y exfuncionarios incluidos en la llamada “nómina secreta” del entonces gobernador César Duarte, quien hoy enfrenta un proceso de extradición. Dos de los más destacados son César Jáuregui, excoordinador de los diputados locales del PAN, y quien fuera su vicecoordinadora, Maru Campos Galván, actual precandidata de ese partido a la gubernatura…
CHIHUAHUA, Chih.- Los cargos populares locales que estarán en juego en las próximas elecciones pueden ser el salvavidas de políticos señalados de estar en la “nómina secreta” del entonces gobernador César Duarte Jáquez, preso en Miami desde el 8 de julio pasado.
Se trata de 34 personas, entre legisladores estatales, periodistas, líderes de partidos y líderes sociales que callaron mientras el gobierno de Duarte elevaba inusitadamente la deuda, negaba los crecientes índices de violencia e ignoraba las denuncias por la desaparición y desplazamiento forzado de miles de personas en la entidad.
El caso más emblemático es el de la candidata a la gubernatura por el PAN, María Eugenia Campos Galván, quien enfrenta acusaciones por cohecho en dos procesos penales, pero su defensa le ha apostado a dilatar el inicio de las audiencias en pleno proceso electoral, con la aparente protección del Poder Judicial.
Campos Galván era vicecoordinadora de la fracción panista en el Congreso del Estado y formaba parte de la Comisión de Fiscalización. Ahora es alcaldesa con licencia y precandidata a gobernadora. Junto a ella está acusado también el excoordinador de su bancada, César Jáuregui Moreno, su operador político y actual secretario del ayuntamiento de Chihuahua.
Con otros exlegisladores de varios partidos, ambos aprobaron la cuenta pública 2014 de Duarte, cuando ya era señalado por desvío de recursos en medicamentos, ganadería y obra pública, además de la creación del banco Progreso, al que desvió más de 83 mil millones de pesos y capitalizó con un fideicomiso irregular de 65 millones.
Entre otros presuntos favores, aprobaron en aquella legislatura la “oxigenación del Poder Judicial”, en la que se obligó a varios jueces a jubilarse. Para sustituirlos eligieron 13 magistrados, la mitad con filiación partidista: el PAN logró meter a dos militantes y el PRI a otros más, uno de los cuales (Jorge Abraham R. A.) enfrenta ahora un proceso penal por enriquecimiento ilícito.
La defensa de Campos Galván está formada por tres exfuncionarios de la extinta Procuraduría General de la República: los panistas Francisco Molina Ruiz, Francisco Chávez Chávez y Antonio Lozano Gracia.
Durante cuatro meses la Fiscalía General del Estado (FGE) ha tratado de imputarle cargos por haber recibido 10 millones 300 mil pesos de manera ilícita como legisladora en el gobierno de Duarte Jáquez y más de un millón de pesos como alcaldesa para favorecer a una empresa en licitaciones.
En ese lapso, la precandidata ha sido apoyada por Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, a cuyo grupo pertenece.
Su defensa ha promovido nueve amparos para evitar la audiencia inicial sobre la nómina secreta de Duarte. También se presentaron ante los jueces de control suspensiones provisionales que impiden el inicio del proceso, y los jueces del fuero común les han dado entrada a pesar de que ya cuentan con lo solicitado.
En el segundo proceso que intentan abrirle, por el pago de “moches” para favorecer licitaciones como alcaldesa, la defensa de Campos ha solicitado directamente el diferimiento de la audiencia ante el juzgado del fuero común y se le ha concedido sin escuchar al Ministerio Público, según denunció la representación social.
Por ello el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel, dio a conocer que el Ministerio Público analiza cómo impedir legalmente ese tipo de actuaciones:
“Ha habido una intensa actividad por parte de la defensa para evitar que se llegue a la etapa judicial. Por nuestra parte hemos satisfecho las peticiones que ha aceptado la autoridad judicial y hemos dado trámite a todo lo que ha solicitado la instancia judicial, pero aun con eso siguen surgiendo argumentos encaminados a evitar que se llegue a esa etapa judicial”.
Precisa que la defensa tiene toda la información e incluso más de la que el Ministerio Público está obligado a mostrar según el Código Nacional de Procedimientos Penales:
“Ellos han solicitado copias, aunque no está previsto en la ley… exigen que las copias sean certificadas y la autoridad le da entrada a esa petición. Nosotros, en términos de lo que va a resolver la autoridad judicial, vamos dando respuesta y atendemos lo que se tenga que atender… Yo me imagino que la autoridad judicial lo hace para evitar que posteriormente se pueda alegar alguna violación al derecho de defensa, pero se ha atendido en exceso las peticiones que han estado formulando”.
Peniche Espejel detalló que la última petición es que se desarrollen actos de prueba ante el Ministerio Público, pero deben desarrollarse ante la autoridad judicial.
Según la FGE, la carpeta de la causa penal 2821/2020 contiene, hasta ahora, 16 tomos con 16 mil cuartillas, aproximadamente seis discos compactos, entre denuncias, testimoniales, documentales, bancarias, financieras, patrimoniales, gubernamentales, auditorías, peritajes, análisis criminales, reportes policiales e informes de dependencias públicas.
La presidenta del PAN local, Rocío Reza Gallegos, dice que la comisión permanente del CEN del partido puede designar a otro candidato si lo desea, en caso de que se le dicte prisión preventiva a la precandidata. Sin embargo, la también alcaldesa puede recurrir al tribunal, ya que todavía no hay sentencia en su contra.
Poder Judicial, cuestionado
Un grupo de ciudadanos, entre ellos militantes de Morena y organizaciones civiles, han solicitado en manifestaciones y en la plataforma change.org. que el presidente del Poder Judicial del Estado, Pablo Héctor González Villalobos, impulse un juicio imparcial y transparente a Campos, porque consideran evidente la protección de ese poder a la candidata panista.
El pasado 24 de febrero se intentó realizar de nuevo la audiencia inicial del caso de la nómina secreta contra Campos Galván y otros dos exlegisladores: María Ávila Serna, del Partido Verde Ecologista de México, y Rodrigo de la Rosa Ramírez, excoordinador de la bancada del PRI.
Para impedirlo, el abogado Molina Ruiz presentó otra suspensión provisional del amparo 271/2021, otorgada por Adriana del Carmen Martínez, titular del Juzgado Octavo de Distrito.
La primera audiencia que se difirió fue el 26 de enero, cuando el juez de control pidió al Ministerio Público que le entregara a la defensa de Campos Galván las 26 mil fijas foliadas y certificadas que forman el expediente. La siguiente fue el 2 de febrero, cuando la defensa presentó la suspensión otorgada en el amparo 102/2021, que se resolvió el 3 de febrero.
El juez aceptó el juicio de amparo presentado por la defensa y Molina Ruiz solicitó copia íntegra de todas las actuaciones. La representación social argumentó que no existe el acto reclamado porque ya entregó la totalidad de lo que han solicitado y pidió que no se suspendiera la audiencia inicial.
El Ministerio Público advirtió que la defensa de Campos Galván busca evitar el proceso a base de amparos, pero el juez no ha fijado una nueva fecha para la audiencia inicial.
Por el caso de los presuntos sobornos que Campos recibió como alcaldesa, la audiencia inicial fue reprogramada para el viernes 5.
En la petición de change.org,, la organización Red por la Participación Ciudadana y otras personas que se han sumado de manera independiente, piden que el proceso penal lo realicen jueces con total transparencia y bajo los principios de máxima publicidad e imparcialidad.
Los otros de la nómina
En uno de los cateos a las propiedades de César Duarte, la Fiscalía General de la República localizó una lista de personajes públicos que presuntamente recibieron dinero ilícito del gobierno duartista para plegarse a sus fines electorales y personales. También localizaron recibos firmados de manera periódica.
Al mes se emitían cheques por entre cinco y 20 millones de pesos, que eran depositados a una empresa de traslado de valores y ésta hacía llegar el dinero en efectivo a las oficinas de la Tesorería del Estado. Según declaraciones de testigos, el entonces gobernador Duarte dio instrucciones para resguardar el efectivo en la bóveda y hacer los pagos.
Hasta ahora la FGE ha vinculado a proceso a 72 personas y ha logrado 16 sentencias condenatorias, pero aún falta por procesar a exfuncionarios y empresarios clave en el gobierno duartista.
Algunas personas involucradas en la “nómina secreta” confesaron y se acogieron al beneficio de criterio de oportunidad que les brinda la ley, después de regresar el dinero:
El alcalde de Juárez, Armando Cabada Alvídrez, regresó 4.3 millones de pesos e intentó ampararse para que no se conociera su situación. Él se postuló como candidato a la gubernatura por Morena, pero no fue favorecido y ahora intenta ser candidato a una diputación.
La exsecretaria general del PRD y exdiputada Hortensia Aragón Castillo regresó 2 millones. En 2019 renunció al partido.
El exdirector de El Heraldo de Chihuahua regresó 10 millones de pesos. Teokali Hidalgo, exdirigente municipal del PRI, regresó 500 mil.
Otros más siguen negando que recibieran dinero ilícito del gobierno de Duarte. Al senador morenista Cruz Pérez Cuéllar le iniciaron un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados porque presuntamente recibió 2.55 millones de pesos. Él fue dirigente del PAN, lo suspendieron por irregularidades y renunció en 2015. Estaba en Movimiento Ciudadano cuando presuntamente recibió dinero de Duarte. Pérez Cuéllar también intentó ser el candidato a la gubernatura por Morena, pero ahora intenta ser el candidato a la alcaldía de Juárez.
Hasta ahora se ha procesado a Pedro Mauli Romero Chávez, extesorero del PRI estatal, quien fue sentenciado a tres años de prisión pero recibió el beneficio de la libertad condicional.
Fernando Reyes Ramírez, exdiputado de Movimiento Ciudadano, también fue procesado pero permaneció en libertad. Devolvió 2.4 millones de pesos.
Christopher James Barousse, exlíder juvenil del PRI nacional, se encuentra preso por recibir 2.6 millones de la “nómina secreta”.
También se giraron órdenes de aprehensión contra César Duarte y su hermano Sixto, quien fue funcionario en su sexenio.
Como parte de la causa penal 2821/2021, cuyo proceso que no ha comenzado, se encuentra Rodrigo de la Rosa, que habría recibido 2 millones por su apoyo a la reestructura de la deuda pública en 2013.
Suman casi 14 millones de pesos los recursos presuntamente entregados a los líderes de la bancada panista de la legislatura 2013-2016, a la que pertenecieron Campos Galván y César Jáuregui, con más de 30 entregas mensuales de dinero.
Jáuregui habría recibido 1.4 millones en 2016 para respaldar la aprobación de la fibra E de infraestructura carretera dentro de la reestructuración de la deuda pública de Duarte.
A su vez, Campos Galván recibió depósitos en su tarjeta de crédito, así como un millón de pesos presuntamente para remodelar su vivienda, en tanto que un hermano suyo obtuvo más de un millón de pesos a través del despacho Campos Galván Abogados.
María Ávila habría recibido 3.4 millones de pesos por medio de su esposo, el actual diputado Alejandro Gloria.
