Durante la gestión de Roberto Sandoval Castañeda en Nayarit, su fiscal, Édgar Veytia, y otros funcionarios cometieron tropelías para despojar de sus propiedades a innumerables ciudadanos. Todo lo hacían para congraciarse con Sandoval, según los testimonios de varios de los agraviados. Ahora, la Fiscalía General de la República va por el propio exmandatario y su hija Lydy Alejandra, para que aquel responda por los delitos de indebido encarcelamiento, tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.
Ahora que el exgobernador de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda ya tiene orden de aprehensión –junto con su hija Lydy Alejandra– por uso de recursos de procedencia ilícita, ciudadanos de la entidad insisten en que se le finque responsabilidad por indebido encarcelamiento, tortura, privación ilegal de la libertad y desaparición forzada.
Durante su administración, dicen, esos ilícitos se convirtieron en ataques sistemáticos contra la población, un método para despojarlos de sus bienes; incluso los equiparan con delitos de lesa humanidad.
El lunes 1 la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en contra del exmandatario y su hija Lidy Sandoval por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de denuncias presentadas por Rodrigo González Barrios como representante de la Comisión de la Verdad ante la fiscalía de Nayarit y posteriormente ante la FGR.
Las querellas contienen las escrituras de los inmuebles, en los cuales consta que la hija los pagó de contado, así como de empresas y fundaciones que utilizaron para desviar los recursos, según publicó Proceso en su edición del 9 de junio de 2019.
Las denuncias por este delito también incluyen a la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres, y a su hijo Pablo Roberto.
Dos días después de que se emitieron las ordenes de aprehensión, López Torres difundió en redes sociales un video en el cual asegura que le solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador una cita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para detener lo que llamó “la encarnizada persecución política” en contra de su esposo y de su hija. Y responsabilizó al gobernador Antonio Chavarría de lo que le pudiera pasar a su familia y a ella misma: “Están poniendo en riesgo nuestras vidas”.
Omitió decir que la orden de detención provenía de la FGR en respuesta a la denuncia de un colectivo de ciudadanos, señala González Barrios, representante de la Comisión de la Verdad, entrevistado después de la emisión de la orden de detención.
González Barrios señala que en la fiscalía estatal la carpeta más avanzada es la correspondiente al caso de Carlos Saldate, quien fue presidente del Congreso y lleva más de un año preso en el Cereso de El Rincón. El planteamiento de la sentencia es por 99 años por secuestro agravado, allí hay orden de aprehensión en contra del exfiscal Édgar Veytia.
“Este es el juicio que más estoy cuidando porque estamos demostrando que la policía de Nayarit era la que secuestraba, torturaba y desaparecía; que la casa de seguridad era el edificio de la misma fiscalía y que el secuestrador o secuestradores y torturadores eran el fiscal y otros funcionarios.
“En las carpetas que tenemos, Roberto Sandoval aparece como la persona a quien acudían las víctimas directas o sus familiares cuando estaban los secuestros –o después de éstos– a denunciar lo que ocurría con el fiscal en la misma fiscalía, cuánto dinero les había quitado o de qué propiedades les había despojado a través de tortura, pero se topaban con que Roberto estaba coludido con Veytia o era omiso.”
Las intimidaciones
Para el activista González Barrios hay dos delitos que logran configurarse: el que tiene que ver con el probable enriquecimiento ilícito de Roberto Sandoval y otro por la probable participación del inculpado por la desaparición forzada, privación ilegal de la libertad y tortura.
“Cuando vino la FGR al tema de la desaparición forzada, Gerardo Montoya y su esposa Yesenia acudieron como testigos a rendir una declaración sobre cómo fueron secuestrados, cómo los torturaban en la fiscalía para despojarlos de sus bienes. También acudieron don José Corchado y su hijo, así como don Agustín Magallanes, quien en 2012 fue de los primeros en denunciar a Veytia y a Sandoval ante la entonces PGR.
“A Magallanes lo secuestraron y después encarcelaron a sus hijos para obligarlo a ceder sus bienes. Los hijos se negaron a que su padre cediera, según el reportaje El fiscal sicario, publicado por Proceso en su edición del 15 de diciembre de 2013.
“Yo les comentaba que ellos aparecieron porque tuvieron con qué pagar el secuestro. Si no, los hubieran matado. Aunque hubo algunos que tenían con qué pagar y se negaron porque pensaron que no les podían hacer daño, pero ya no aparecieron”, afirma el activista.
El 23 de octubre pasado José Corchado denunció ante la fiscalía estatal a Roberto Sandoval, a Veytia y a Saldate Castillón por los delitos de secuestro, extorsión, desaparición forzada, abuso de autoridad, tortura, despojo de inmuebles y amenazas.
Narra que en 2010 fue secuestrado su hijo Hugo, por lo que tuvo que conseguir 1 millón de pesos para pagar su rescate. Se le acercó Saldate con la intención de adquirir un inmueble a un lado del Sam’s.
Saldate, según don José, le dijo que sabía que “estaba necesitado de dinero por la tragedia de su hijo”, lo que le pareció extraño, ya que él, por miedo, nunca denunció el plagio a las autoridades.
Don José le respondió que sí vendía, pero al precio comercial de 3 mil 700 pesos el metro cuadrado. Saldate le respondió que estaba loco, que le daría 775 mil 582.50 pesos por mil 975 metros.
Corchado tenía un terreno de 8 mil 476 metros cuadrados donde compraba y vendía ganado. Como al lado de su propiedad se construyó el centro comercial Fórum, el valor de sus tierras se volvió atractivo para Veytia y Sandoval, quienes secuestraron a Hugo Corchado para obligar a su padre a venderlas 40% por debajo de su precio.
Don José se negó; alegó que su predio valía 30 millones de pesos. “Te conviene venderme a mí, no vaya a ser que te pase otra vez lo mismo que a tu hijo”, fue la respuesta de Saldate.
A la semana siguiente, Saldate le llamó por teléfono y le indicó que Veytia quería verlo. Don José le dijo que no conocía al fiscal. A los dos días, se repitió la llamada; tampoco acudió. Después de eso fue secuestrado por hombres encapuchados que lo llevaron a la oficina de Veytia.
Dentro había sujetos armados. Veytia le reclamó porque no atendía sus llamadas; le dijo que se dejara “de pendejadas, que ya sabía por qué iba y que quería su terreno”. Corchado le dijo que ya había vendido mil metros.
El fiscal intervino de nuevo: “De estas pendejadas no te preocupes, yo me encargo de esas personas. El gobernador Roberto Sandoval quiere esos terrenos y yo se los voy a conseguir”, dijo, al tiempo que sacaba la pistola de la cintura y la azotaba en la mesa.
Por el altavoz llamó a Sandoval. “¿Cómo estás” –le respondió el entonces gobernador–. “Bien compadre, aquí, encargándome del asunto que me encargaste del terreno a lado de Sam’s Club, estoy hablando con el viejo” –dijo Veytia.
“¡Ah!, sí. ¡Que bien! ¿Y qué dice el cabrón? Si no quiere aflojar, enciérramelo unos días para que afloje el cabrón” –ordenó Sandoval, y colgó. Veytia miró a Corchado y le dijo: “Ya viste, mi compadre Roberto quiere esos terrenos. O me los das o te rompo la madre”. “No, pos así por las buenas quien no negocia” –le respondió don José.
El fiscal le indicó que le firmara la escritura a su ahijado Eduardo, quien estaba allí presente. También le firmarás una parte a la empresa Ave Fénix, propiedad de las hermanas de Carlos Alberto Saldate Castillón, de nombre Adriana y María.
Y le advirtió: “Donde quieras pelarte o salirme con una chingadera, me chingo a tu familia. Tengo bien ubicados a todos tus hijos”. Por temor, la familia Corchado ocultó varios años lo ocurrido.
La furia de Veytia
Agustín Magallanes Paz, habitante de la Peñita de Jaltemba, se atrevió a denunciar su secuestro y el de sus hijos en 2012.
El 10 de abril de ese año, Magallanes, quien atendía su puesto de frutas, dulces típicos y plantas, relata: “Cuando salgo me doy cuenta de que me sigue un vehículo. Me orillé para dejarlo pasar, pero me cerró el paso. Cuatro hombres encapuchados bajaron de vehículos de la Policía Judicial del estado; iban armados y con uniformes de la corporación. Se acercaron a la puerta de mi vehículo, la abrieron, me bajaron y me pasaron al asiento de atrás”.
Al día siguiente lo llevaron a la fiscalía. Lo metieron debajo de un escritorio en los separos. Ahí escuchó que los agentes preguntaban quién iba “a cooperar” para la cena. Magallanes dijo que él, si le quitaban las esposas. Mientras los policías cenaban y descuidaban su vigilancia él pudo mandar mensajes de texto a sus hijos Brenda y Paul, quienes al día siguiente interpusieron el amparo 441/2012/IV contra la fiscalía por la privación ilegal de la libertad de su padre.
En el patio de la fiscalía, Veytia le manoteó a Magallanes y lo acusó de tener nexos con narcotraficantes de la región. Le advirtió que en su campaña por la gubernatura Sandoval Castañeda les había prometido su terreno a los ejidatarios.
“Y las promesas de campaña se cumplen –le dijo Veytia–. Tienes que regalar ese terreno o atente a las consecuencias. Puedo ordenar que me traigan la cabeza de uno de tus hijos.”
Magallanes no se intimidó y le respondió, según relata:
“No, señor. Yo le firmo.”
Veytia le ordenó firmar una cesión de derechos. Y le dijo: “Como aquí somos gente honesta le vamos a regalar 500 mil pesos para que se ayude, porque no queremos perjudicar a nadie”.
Al momento de pagarle, Veytia le quitó la mitad. “Aquí te vas a mochar con mi comisión. Vamos a medias en esto”, le advirtió. Después lo trasladaron al predio para que lo entregara físicamente.
“En ese momento mi hija estaba en San Blas, reportando mi secuestro en la base naval. Les dije a los agentes que los marinos iban a empezar a buscarme, se lo comunicaron al fiscal y les dio la orden de regresarme. Así me liberaron”, recuerda Magallanes.
El 13 de abril de 2012 llegó el agente del Ministerio Público Édgar Briseño Medina, adscrito a La Peñita, con dos partidas de judiciales para tomar posesión del predio. El hijo de Magallanes salió y empezó a tomar fotos. Lo agarraron, le quitaron la cámara y lo encerraron en la cajuela de una patrulla.
Seis meses después del despojo del predio, sus hijos Brenda, Iris y Paul Magallanes Montes de Oca fueron detenidos.
Relata Magallanes: “A raíz de mi secuestro, mi hija Brenda le envió e-mails a Felipe Calderón pidiéndole auxilio por las arbitrariedades vividas. Calderón ordenó a la delegación de la PGR en Nayarit que investigara. De ahí nace la averiguación previa 052. También interpusimos una denuncia ante la PGR, en la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos, e inició como acta circunstanciada AC/037/UEIDCSPCAJ/2012; en agosto de 2013 pasó a ser la averiguación previa 156.
“De un tiempo a la fecha los asesores de la Fiscalía General, el licenciado Alfonso Blancas, por indicaciones de Veytia, me decía que mientras no retire las denuncias, en la cárcel mis hijos corren peligro y no van a salir. El patrón (Veytia) va a pasar siete años en su puesto…”, cuenta Magallanes, quien, sin éxito, solicitó ayuda al entonces gobernador Sandoval.
Sobreviviente exige justicia
Gerardo Montoya narra: “En junio de 2016, un mes después de la operación, mi esposa y yo estábamos en el restaurante Marieta en Ciudad del Valle, salimos alrededor de las cinco de la tarde. Nos dirigimos a la avenida Universidad y en el semáforo del cruce con Insurgentes se me atravesaron tres camionetas, de las que bajaron cuatro hombres sin uniforme con rifle en mano; uno de ellos me dijo que su patrón me quería ver y platicar con nosotros. Nos llevaron a la fiscalía en mi propia camioneta.
A llegar, lo encerraron en un cuarto. Su esposa se quedó fuera, custodiada por agentes de la fiscalía. A Montoya lo visitaron seis agentes, uno de los cuales lo golpeó con un rifle, al tiempo que le decía que lo tenía en sus manos y que se lo cargaría la chingada si no cooperaba; iba a matarlo.
El día 24 de ese mes, continúa Montoya, “con uso de violencia me llevaron a la Notaría Pública número 9 a cargo del licenciado Carlos Alfaro López, donde se celebró el doloso y fraudulento contrato de compraventa del inmueble. En dicho contrato se cometen una serie de irregularidades. Según Carlos Saldate Castillón, la casa se la quedó Veytia, pero quien la tenía en posesión era Eduardo Ávalos Rosas.
“El 27 de agosto de 2017 (Montoya y su familia) sufrieron nuevamente una tentativa de secuestro. Se comunicaron con los abogados de la comisión de la verdad Juan Fonseca Díaz y su hijo, del mismo nombre, para denunciar.
“Fueron torturados por órdenes de Veytia para que, antes de concluir el día, entregaran 1 millón de pesos. Mientras Montoya y su mujer eran golpeados, Carlos Saldate salió de una oficina para encontrarlo y recomendarle que cooperara y le diera a Veytia la casa de Vallarta. Saldate tiene dos años detenido y, por este caso, ya se giró orden de detención en contra del exfiscal”. Montoya espera que también se ordene la detención de Sandoval.
