En el Código Penal están tipificados como “enaltecimiento al terrorismo” e “injurias a la Corona” y fueron los esgrimidos para detener al rapero Pablo Hasél, captura que dio pie a una serie de manifestaciones de protesta que acabaron por salirse de control. Pero al decir de especialistas, la violencia en esas jornadas en realidad muestra la crispación en la que vive la juventud de España, víctima de la pandemia, de un ambiente represivo y sobre todo de una crisis económica que la tiene sumida en el desempleo.
Madrid.- La detención del rapero Pablo Hasél detonó una serie de manifestaciones en diversas ciudades españolas, de las que algunas derivaron en disturbios y excesos policiales pero que, sobre todo, pusieron en evidencia el profundo malestar y la creciente inconformidad en la juventud española, que enfrenta la precariedad y la falta de oportunidades, acentuadas por la pandemia del covid-19, y que repudia el recorte de libertades con los llamados “delitos de opinión” –considerados regresivos– contenidos en el Código Penal.
Hasél fue detenido el lunes 15 e ingresado en prisión para cumplir una condena de nueve meses por los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona, por una canción que subió a YouTube y por 60 tuits. Antes había enaltecido a ETA (que cesó su actividad armada en octubre de 2011), a los GRAPO (desaparecidos en 2007), a Terra Lliure y a Al Qaeda, pero se le condenó, sin embargo, por su canción Juan Carlos el Bobón, que dice: “Apuntaba maneras cuando mató a su hermano Alfonsito” y que acusa al rey emérito de dilapidar dinero público y ser “heredero de Franco”.
Censura
Freemuse, organización internacional consultora de la ONU que se dedica a defender la libertad de expresión, advertía en 2019 que España es el país con más artistas sentenciados a penas de prisión en el mundo.
Hasta ese año, de las 711 violaciones a la libertad artística en 93 países, en España había 14 artistas procesados por razones de injurias al rey, delitos contra los sentimientos religiosos o el enaltecimiento al terrorismo, por encima de Irán, con 13 casos; Turquía, con nueve, o Rusia, con cuatro. El informe no incluía el caso de Hasél ni el del rapero Valtónyc, quien recientemente ofreció una entrevista a Proceso.
Srirak Plipat, director ejecutivo de Freemuse, advertía que este informe muestra que Occidente “está perdiendo su posición líder como defensor de los derechos humanos y la libertad a un ritmo acelerado”.
Si bien esa irrupción en las calles españolas era para protestar por los recortes a la libertad de expresión, también ha sido el reflejo de una juventud sin horizonte. Dos terceras partes de los millennials (la generación de los comprendidos entre 24 y 39 años) ha perdido ingresos con la crisis de la pandemia y es la misma generación que ya padeció la crisis de 2008.
De acuerdo con el informe El impacto generacional del coronavirus, realizado por la agencia demoscópica 40dB y publicado por El País, los jóvenes de 24 a 39 años son los más perjudicados por la pandemia en reducción de ingresos, de horas de trabajo y gastos.
“El 66% de los millennials ha sufrido una reducción de ingresos por esta crisis sanitaria –más de una cuarta parte cree que de manera definitiva–. Este porcentaje se reduce al 60% para quienes tienen entre 16 y 23 años (generación Z) y a la mitad de los adultos con 40-54 años (generación X)”, señala el estudio.
Tras pasar la crisis de 2008, que llevó a muchos jóvenes a emigrar, los millennials afrontan ahora la crisis del coronavirus con una tasa de paro juvenil de 41%.
La crispación en el debate político en España distrae de un análisis más profundo de esta realidad; pero Enric Juliana, adjunto a la dirección del diario La Vanguardia, ha hecho una lectura más a fondo durante sus participaciones en tertulias de televisión y en sus artículos en el diario barcelonés.
“Hay una cadena sísmica que recorre al país. (En las manifestaciones) hay corrientes profundas de inquietud, de cansancio en este país que va saliendo de la crisis sanitaria. Es la España que se siente abandonada y es una juventud que se siente hundida. No todos los participantes en las manifestaciones son lo mismo –porque de inicio la violencia debe ser rechazada–, sin embargo, sí es parte de una misma cadena sísmica que recorre al país”, sostiene.
En su columna del domingo 21 escribió: “Con un 40% de paro juvenil, España es en estos momentos un polvorín y podríamos estar ante un ciclo de protestas sociales explosivas. La manifestación pacífica de Jaén (cuya población se siente ninguneada porque se le privó de la construcción de una instalación militar que ayudaría a reactivar su economía), el motín en Linares (tras una agresión de dos policías fuera de servicio a un hombre y su hija menor) y las airadas protestas tras el encarcelamiento de Pablo Hasél puede que formen parte de una misma cadena sísmica, con distintas intensidades en la escala de Richter. España es hoy un país necesitado de certezas que no acaban de llegar.”
Reconoce, sin embargo, une enorme distancia en algunas de estas “manifestaciones pacíficas y las bullangues (bullanga, en catalán) de Barcelona. Pocos días después de las elecciones al Parlament (catalán, el domingo 14), la abstención ha encendido una cerilla. Contenedores en llamas, asaltos a comercios y una comisaría de los Mossos destrozada en Vic. Hasél es el dedo que apunta la luna y en la luna hay muchos cráteres. Hay desesperanza, hay frustración, hay nihilismo, hay energías empantanadas”.
A todo ello se añade un ambiente emponzoñado, con una crispación política enardecida por los partidos de la derecha (PP, Vox y Ciudadanos) que buscan descarrilar al gobierno de coalición, que aunque avanza en programas sociales aún no ha logrado poner en marcha políticas que ayuden a la juventud. La oposición tacha al gobierno de “ilegítimo”, pese a haber ganado en las urnas y haberse constituido conforme a la ley, sencillamente porque no aceptan que Unidas Podemos forme parte de esa coalición.
Sin embargo, tampoco ayuda que entre los socios de la coalición de gobierno, PSOE y Unidas Podemos, enfrenten estos días una crisis en la relación, donde sus divergencias son cada vez más públicas por la pelea para llevarse el mérito de la Ley de Igualdad de Trato (o Ley Trans) y por la reforma a la Ley de Vivienda, que busca regular los alquileres.
El vicepresidente Pablo Iglesias, líder de Unidas Podemos, fue muy criticado dentro y fuera del gobierno por declarar que en España “no hay una situación de plena normalidad política y democrática” cuando “los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas”, en referencia a Oriol Junqueras y Carles Puigdemont.
“Es evidente que hay una situación de excepcionalidad y lo tengo que reconocer como vicepresidente español”, dijo en una entrevista con el Diario Ara al ser cuestionado sobre la acusación que hizo a España el ministro de exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comparando la situación del opositor Alexei Navalny –encarcelado en Rusia– con la de los independentistas catalanes.
Su socio de gobierno, el presidente Pedro Sánchez, y varios ministros socialistas le respondieron asegurando que España vive una “democracia plena”, y que al ser perfectible, el gobierno está trabajando para ampliar los derechos de la libertad de expresión.
A esto se suma que tras los malos resultados de Podemos en las elecciones catalanas del domingo 14, Pablo Echenique, portavoz parlamentario de la formación morada, escribió el miércoles 17 un tuit en el que mostraba su “apoyo a los jóvenes antifascistas que están pidiendo justicia y libertad de expresión en las calles”.
Eso encendió más el debate. La vicepresidenta Carmen Calvo censuró el mensaje de Echenique, al considerar que una cosa “es defender la libertad de expresión y otra diferente es alentar una situación en la que vimos heridos, detenidos, hay una investigación abierta… es inabarcable dentro de la responsabilidad de quienes tenemos cargos públicos”.
El líder del PP, Pablo Casado, consideró “muy grave irresponsabilidad que partidos del gobierno alienten estos actos violentos” y que deberían tener consecuencias políticas. Se sumó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, también portavoz del PP, que consideró que “no deben estar en el gobierno” quienes alienten disturbios propios de “guerrilla urbana”. Y en bloque este partido pidió directamente a Sánchez la destitución del vicepresidente Pablo Iglesias, exigencia que no fue atendida.
Una parte de la prensa se lanzó contra Podemos y algunos analistas advertían que el mensaje de Echenique era muestra de que esa agrupación política busca recuperar el apoyo de las calles, debido a que es un partido nacido a inspiración de las movilizaciones del 15-M, de “los indignados”.
La mayoría de los medios centraron su cobertura en la parte violenta de las concentraciones, actos que cometieron grupos aislados. Poco se mencionaba que la violencia se elevó cuando la policía cargaba contra los manifestantes. Hubo decenas de heridos y detenidos.
Contrastó que la prensa dio mínima cobertura a una manifestación neonazi –el sábado 13– en el madrileño panteón de La Almudena, para conmemorar a “los caídos” de la División Azul, enviada por Franco para luchar al lado del ejército de Hitler en la batalla de Krasni Bor.
El medio digital La Marea fue el único que difundió imágenes e hizo una cobertura crítica del evento, en el que una joven de La Falange, Isabel Medina Peralta, arengó en su discurso a “una España y una Europa débil y liquidada” y donde “el enemigo es siempre el mismo: el judío”. Por la repercusión y las protestas de organizaciones judías, la Fiscalía abrió diligencias, pero el tema apenas tiene atención mediática.
“Efecto Desaliento”
Ante la inminencia de la entrada en prisión de Hasél, la Secretaría de Comunicación del gobierno emitió el lunes 8 un mensaje en el que adelantaba que el Ministerio de Justicia propondrá reformas a los delitos relacionados con la libertad de expresión, para que sólo sean castigadas las conductas graves, sin penas de prisión.
La abogada Isabel Elbal sostiene que estas reformas suponen un maquillaje ante la repercusión internacional por llevar a prisión al rapero.
“Una situación reformista como ésta la entiendo que es mero maquillaje, por la repercusión internacional que ha tenido que la justicia española envíe a prisión a Pablo Hasél, pero yo entiendo que deberían suprimirse esos delitos de Código Penal”, dice en entrevista con Proceso.
Sostiene que las reformas que consisten en “sancionar silenciosamente para que nadie se entere”, como es una sanción económica, “se me hacen más perversas”, teniendo en cuenta que los afectados son jóvenes en situación más precaria y porque “la persecución siempre va contra los mismos”.
Los conocidos como delitos de opinión, recuerda, no son nuevos en el Código Penal español; sin embargo, en el gobierno de Mariano Rajoy (2011-2018) la mayoría del Partido Popular endureció las penas de prisión –hasta tres años–, en especial para las opiniones chocantes vertidas en internet.
Estos delitos, explica, son de injurias a la Corona, delitos contra las instituciones (el ultraje a España, contra los símbolos de España o el de injurias al Tribunal Constitucional, al Consejo General del Poder Judicial, el Congreso o el Senado), delitos contra los sentimientos religiosos y el delito de enaltecimiento al terrorismo.
Los tipos de injurias a la Corona y delitos contra las instituciones suponen una “sobreprotección” para dichas instituciones. En el primer caso, sostiene, la Corona es la institución más poderosa de España, y la Constitución otorga la inviolabilidad al monarca, es decir que no puede ser investigado ni juzgado por ningún delito que pudiera cometer en el ejercicio de sus funciones.
Cree que el gran poder de ésta y las otras instituciones, en un Estado democrático, tendrían que aguantar “a la crítica más ácida, más desabrida, más desagradable, más chocante y más provocadora”.
La entrevistada considera que el delito contra los sentimientos religiosos “está fuera de contexto y de lugar en un Estado aconfesional”. Es, prosigue, un tipo penal copiado de uno de 1973, en plena dictadura franquista, que protegía a la Iglesia Católica. Pero se decidió ampliarlo a todas las religiones.
“Pero seamos prácticos, la mayoritaria en España es la Iglesia Católica. Es una institución poderosísima e intocable que mantiene vigente el Concordato que se firmó con el Vaticano”, un acuerdo que le brinda amplias facultades y beneficios a la religión en España.
Por último, está el delito de enaltecimiento al terrorismo, que se incrementa en 2015 en una serie de reformas legislativas durante el mandato de Rajoy, y que agravan las penas del delito de dos a tres años y empeora cuando se comete mediante internet.
“Es evidente que el delito no está bien redactado, porque no se ajusta a la directiva europea de lucha contra el terrorismo; no hay parangón en ningún lugar de Europa. Y se aplica con olvido de los parámetros que tienen que emplear para enjuiciar este tipo de hechos, como las circunstancias, el emisor, a quién va dirigido y si realmente se está creando un riesgo cierto y concreto de que con sus dichos se vaya a cometer un acto terrorista. Y eso no se está haciendo en un contexto en que ni ETA ni GRAPO suponen una amenaza para España desde hace años. Desde el punto de vista moral puede ser aceptable o no, pero desde el punto de vista legal es ejercicio de la libertad de expresión.”
El problema es “la pinza” que suponen “este elenco de delitos absolutamente regresivos, reaccionarios, herencia de un pasado autoritario”. Y, por el otro lado, las interpretaciones a esos delitos que hacen la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, “contrarias al espíritu de la Constitución española, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a las directivas de la Unión Europea y de otros convenios internacionales, como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Asamblea General de la ONU”.
A ello se suma que el legislador no ha reformado el Código Penal que, en su opinión, tienen que pasar “por la supresión de un número importante de delitos; y los que se mantengan deben tener una redacción con más concreción que evite que los jueces hagan interpretaciones tan libres que vayan contra la base de todas las democracias, que es la libertad de expresión”.
Elbal –que defendió a Valtónyc, prepara actualmente un recurso ante el Tribunal Constitucional de un miembro de La Insurgencia, y representa a un humorista profesional para quien la Fiscalía pide año y medio de prisión por tuitear un chiste– explica que muchas de las instrucciones son archivadas cuando los casos son peliagudos o generan debate.
Este elenco de delitos, sostiene, tendrían que ser suprimidos, porque producen un “Efecto Desaliento”, que consiste en que “la ciudadanía se autocensure y eso es lo más nefasto para una democracia”.
