Durante su primer año, la administración de López Obrador realizó compras consolidadas de bienes y servicios con poco rigor y planeación y sin coordinación entre dependencias, sostienen documentos de la Auditoría Superior de la Federación. Tal desorden fue particularmente grave en la adquisición de medicamentos, pues ello no sólo produjo desperdicio de recursos, sino que puso en riesgo el acceso de la población a la salud. Más aún, debido a fallas en las contrataciones públicas, el gobierno erogó miles de millones de pesos en contratos sin lineamientos, ni objeto definido y sobre los cuáles no hubo justificantes.
Durante el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador las compras consolidadas de bienes y servicios se convirtieron en un rompecabezas burocrático poco efectivo, el cual opera sin “claridad” ni “lineamientos precisos” y con una mala coordinación entre las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de la Función Pública (SFP).
Ello se vio reflejado en la compra consolidada de medicinas para el segundo semestre de 2019, para la cual la SHCP y la Secretaría de Salud (Ssa) erogaron 7 mil 169 millones de pesos.
Durante este proceso, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que “la planeación y operación de las adquisiciones públicas por parte de la SHCP; la conducción y aplicación de los mecanismos de prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas por la SFP, así como de la Ssa en la adquisición consolidada de medicamentos fueron deficientes”.
“En la adquisición consolidada de medicamentos para 2019, la SHCP ni la Ssa evidenciaron su colaboración, en conjunto con las entidades del sector salud, para fortalecer y efectuar el proceso de planeación para la contratación, ni mecanismos de coordinación efectivos para llevar a cabo la planeación del gasto público del sector en ese rubro”, abundó.
El problema, según la ASF, no es menor. En una auditoría de desempeño realizada a las Adquisiciones Públicas de la cuenta de 2019 –el primero de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia–, advirtió que “de no atender la SHCP, la SFP y la Ssa estas deficiencias en materia de adquisiciones públicas, y en lo particular en la compra de medicamentos, es posible que no se logre mejorar la calidad del gasto”.
Además la ASF advirtió que la falta de “congruencia y calidad” en el diseño de las compras, sumada a la mala instrumentación de estos procesos no sólo amenazan la “calidad del gasto”: también ponen en riesgo el “acceso efectivo, universal y gratuito de los medicamentos a la población”, garantizado por el derecho a la salud.
Este diagnóstico no sólo aplica para el tema de la compra de medicinas. En seis informes de auditorías obtenidos por Proceso de manera adelantada, la ASF –dirigida por David Colmenares Páramo– encontró numerosas fallas en el sistema de contrataciones públicas, las cuales exhiben cómo, por falta de rigor, la administración federal erogó miles de millones de pesos en contratos que a veces no tienen lineamientos ni objeto definido y, más grave, sin elaborar justificativos.
Ello se ve reflejado en un sinnúmero de pliegos de observaciones y promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria que la ASF determinó en los informes de auditoría consultados por este semanario, los cuales constituyen una muestra del Informe sobre la Cuenta Pública 2019 que se dará a conocer este sábado 20, un día después del cierre de esta edición.
En su revisión del primer año de gestión de López Obrador, la ASF auditó los principales megaproyectos de la Cuarta Transformación –el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía, la refinería de Dos Bocas–, así como las cuentas de Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la contratación de Servidores de la Nación y el programa de Becas para el Bienestar Benito Juárez, cuyas conclusiones preliminares –y demoledoras– fueron reveladas por el reportero Arturo Rodríguez en este semanario (Proceso 2311).
Gastos sin comprobar
La Secretaría de Cultura (SC), por ejemplo, cometió decenas de irregularidades administrativas durante el primer año de gestión de su titular, Alejandra Frausto Guerrero, el cual concluyó con mil 707 millones de pesos “pendientes de aclaración”, según una profunda auditoría forense elaborada por la ASF.
En esta auditoría, número 266-DS, la ASF determinó que la SC “no cumplió con las disposiciones legales y normativas” en materia de gestión financiera, pues gastó cientos de millones de pesos en diversos servicios sin tener “documentación justificativa y comprobatoria que acreditara la prestación de dichos servicios, ni la recepción de los bienes correspondientes”.
Entre otros, la ASF exhibió el mal manejo del programa de Cultura Comunitaria, el eje principal de la política cultural del gobierno de la Cuarta Transformación, mediante el cual pretende implementar una “cultura para la paz, la convivencia, la transformación social, el desarrollo cultural comunitario y el fortalecimiento de capacidades locales” por medio del despliegue de misiones en municipios marginados.
De acuerdo con el organismo fiscalizador, para contratar a los operadores de este programa la SC pagó 195 millones de pesos a un consorcio de empresas; sin embargo, ni la dependencia ni las compañías elaboraron documentación para justificar que se ejecutaron los servicios; a veces los documentos de las empresas y de la SC no correspondían, y la dependencia ni siquiera pudo presentar evidencias del procedimiento y los parámetros que siguió para reclutar a las personas que aplicaron el programa.
Por la ausencia de “documentación justificativa ni comprobatoria que acreditara la prestación de los servicios por parte de los proveedores” y de “documentación e información del seguimiento, evaluación, validación y control técnico y operativo que debió realizar la Secretaría de Cultura por los servicios contratados”, la ASF determinó que hubo un “probable daño o perjuicio” de 190 millones 248 mil pesos, el monto del presupuesto total del contrato.
La ASF atribuyó este daño a la “falta de control, supervisión y seguimiento por parte de los servidores públicos de la SC en cuanto a la adjudicación, ejecución y comprobación de los servicios contratados con terceros”; en sus conclusiones generales de la auditoría, insistió en que “la inobservancia a la normativa aplicable, y la falta de transparencia en el pago y acreditación de los bienes y servicios, contratados por la dependencia, propicio la impunidad; y se truncan y arruinan las condiciones para el acceso a bienes, servicios y acciones indispensables para una vida mejor”.
Adjudicaciones cuestionadas
Al analizar el sistema de adquisiciones en el primer año de gestión de López Obrador, la ASF señaló que se licitó apenas uno de cada 10 contratos públicos, es decir, que se adjudicó de manera directa y se restringió el otorgamiento de los otros nueve, abriendo amplios espacios para la arbitrariedad.
La ASF criticó en varias ocasiones a la SC por realizar adjudicaciones directas en lugar de pasar por procesos abiertos de licitación pública, pues cuestionó que a través de estos procesos se otorgaron “las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y demás circunstancias”, sobre todo cuando dicho proveedor incurrió en presuntas irregularidades –en ese caso, la empresa Representaciones Arinder, SC–.
Por si fuera poco, la ASF observó deficiencias en las herramientas disponibles para la rendición de cuentas en materia de adquisiciones. En la plataforma de contrataciones gubernamentales Compranet, por ejemplo, deploró la falta de “calidad y suficiencia de la información disponible para propiciar la transparencia y seguimiento de las adquisiciones”.
Respecto a la supervisión de la SFP, dirigida por Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, la ASF planteó que ésta “no acreditó las actividades específicas para cumplir con su atribución de conducir y aplicar la política de prevención, vigilancia, inspección y revisión de las adquisiciones públicas realizadas con la nueva estrategia de contrataciones públicas, por lo cual es necesario actualizar sus instrumentos normativos para delimitar a los responsables de las actividades que den cumplimiento a su nueva atribución en la materia”.
Deficiencias en salud
El gobierno de López Obrador no sólo presentó desaciertos en materia de adquisiciones durante su primer año de gestión. También tuvo una gestión cuestionable en temas que meses después se volverían clave, como la vacunación y la vigilancia epidemiológica.
Al analizar el Programa de Vacunación de 2019 –es decir, el año previo a la llegada del virus SARS-CoV-2 a México y dos años antes del arranque de la campaña de vacunación contra el covid-19–, la ASF detectó graves problemas por parte de las instituciones de salud que hoy juegan un papel central en el combate contra la pandemia.
En su auditoría de desempeño, el organismo fiscalizador aseveró que en la operación del programa la Ssa “no implementó ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación”, mientras que el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) “no coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud”.
En 2019 el Censia “no supervisó ni evaluó la cobertura de inmunización en la población, a fin de orientar las decisiones estratégicas y programáticas para proteger a las poblaciones expuestas y reducir la carga de morbilidad; no coordinó la supervisión, ni el seguimiento de la red de frío para asegurar la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los productos biológicos del programa”, aseveró la ASF.
Dicha dependencia, que encabeza la campaña vacunación contra el covid-19 –y cuya titular, Miriam Veras Godoy, renunció el mes pasado evocando “motivos personales”–, tampoco “sustentó que la adquisición de vacunas se hubiera realizado con base en lo programado para garantizar la disponibilidad oportuna suficiente y de calidad, y no acreditó el número de personas a las que les fueron aplicadas en ese año”.
La ASF también criticó a la Comisión Federal para la Prevención de Riesgos Sanitarios, otro actor central en la pandemia actual, por los certificados de emergencia que entregó a diversas vacunas para su administración en México.
De acuerdo con la auditoría, en 2019 “la vigilancia sanitaria no fue suficiente para garantizar que la detección y notificación de los Eventos Supuestamente Atribuibles a Vacunación o Inmunización contribuyeron a identificar con certeza las complicaciones y secuelas provocadas por los eventos presentados, lo que incrementó el riesgo de reintroducción de enfermedades ya eliminadas, así como el aumento de la morbilidad y la mortalidad por enfermedades prevenibles por vacunación”.
La auditoría al programa de Vigilancia Epidemiológica también destacó problemas de fondo, que derivaron en 74 recomendaciones al desempeño.
Si bien dijo que el programa permitió “la recolección de información de las condiciones de salud de la población”, la ASF también deploró que “presentó deficiencias en su diseño y operación”, las cuales “no aseguraron la calidad y oportunidad de la información generada, ni que dicha información fuera utilizada para tomar decisiones, a fin de aplicar las medidas de prevención y control necesarias para proteger la salud de la población”.
Así, detectó que “no se elaboró un diagnóstico para identificar las necesidades de formación y capacitación en materia de vigilancia epidemiológica” y que “no se sustentó que la distribución de los recursos para la vigilancia epidemiológica se realizara con base en las necesidades de salud de la población de cada entidad federativa”.
