Con el argumento de acabar con la opacidad y la presunta corrupción que existía en los fideicomisos, el gobierno los extinguió sin distingos. Con ello afectará, entre otros, la operación y continuidad de investigaciones científicas, los fondos de garantía para pequeños y medianos empresarios, los apoyos a municipios en los que se asientan compañías mineras… En los hechos, su eliminación no implica el ahorro de los 68 mil 500 millones de pesos que manejaban, sino un “cambio de bolsa”: los concentrará la Tesorería de la Federación, la cual carece hasta el momento de reglas para redistribuirlos.
La desaparición de 109 fideicomisos que amparan casi 68 mil 500 millones de pesos convertirá a la Tesorería de la Federación en la gran caja del gobierno federal, la cual, hasta el momento, carece de reglas de operación para redistribuir dichos recursos.
Acabará con la opacidad en que algunas de estas figuras se han mantenido, pero también, la concentración del dinero tendrá otras consecuencias, por ejemplo: elimina el seguro de depósito de clientes de cajas de ahorro, afectará la operatividad y continuidad en investigaciones de científicos, dañará la mejora de aduanas, dejará sin garantía a pequeños empresarios y medianos empresarios y disminuirá el circulante de la banca privada.
Con efectos de claroscuros, el analista Mario Di Costanzo señala lo anterior pero también aclara que no hay un ahorro en su eliminación, sino un “cambio de bolsa” del dinero con efectos negativos.
En defensa de la desaparición, el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegura que “el dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir recursos quienes tienen derecho. Lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia”.
La doctora Brenda Valderrama, integrante del Colectivo ProCiencia, que aglutina a 300 investigadores de todo el país, y quien aboga por la no desaparición de los fondos en ciencia y tecnología, rechaza malos manejos y sostiene que “sin estos recursos …entraremos a una espiral que nos podría llevar, no sólo a la pérdida de competitividad internacional, sino también a la fuga de talentos y pérdida de infraestructura científica”.
Desde 2018, el Centro de Análisis e Investigación Fundar alertó sobre “la complejidad técnica” de los fideicomisos, permitiendo un manejo discrecional, poca transparencia y limitada rendición de cuentas. “Esto también explica que se usen como instrumentos para desviar recursos públicos”, establece en su estudio Fideicomisos en México, el arte de desaparecer dinero público.
Los viejos manejos
Las dudas sobre el manejo financiero de los fideicomisos y su intención de acabar con ellos no son nuevas.
En 2001, con el panista Vicente Fox al frente del país, existían mil 165 fideicomisos, los cuales manejaban recursos por 615 mil 415 millones de pesos, según el documento confidencial de la Dirección de Fideicomisos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Púbico, fechado el 28 de junio de ese año.
En 2004 y fuera de la Presidencia de México, el PRI pidió desde la Cámara de Diputados la extinción de algunos y reglas claras para otros en su manejo de recursos. Incluso, la oposición que hoy es gobierno la secundó en aquel momento a través de la entonces diputada federal Dolores Padierna.
Y es que el PAN había contribuido al incremento de dichas figuras financieras. Tan sólo en sus primeros tres años de gobierno, Fox había creado 140 nuevos fideicomisos. Durante el sexenio de Felipe Calderón y ante la denuncia constante de la Auditoría Superior de la Federación de no poder revisar las cuentas de dichas figuras financieras, se eliminó el secreto bancario para aquellos fideicomisos que recibieran recursos federales.
No obstante que se redujo el número de fideicomisos, el monto que éstos manejan no difiere en mucho. Por ejemplo, hace 19 años había mil 164 fideicomisos con un saldo de 615 mil 415 millones de pesos; hoy, existen 374 figuras con 772 mil 63 millones de pesos, según un estudio de Fundar.
Hoy la tónica tampoco es eliminar los montos, pues se extinguen 109 fideicomisos, pero el dinero se mantendría. Lo que hoy cambiará, en caso de que el Senado de la República ratifique el martes 13 de octubre lo avalado el jueves 8 por la Cámara de Diputados, será la forma de disponer de los 68 mil 478 millones de pesos que representan.
¿Y las reglas?
La mañana del jueves 8 el presidente Andrés Manuel López Obrador salió al paso de quienes cuestionan la desaparición de 109 fideicomisos, y de los que reclaman la “eliminación” de los 68 mil 478 millones de pesos destinados a la ciencia, el deporte, el cine, la investigación, el dinero para desastres y los apoyos para pequeñas empresas, entre otros.
Aclaró que “no estamos en contra del deporte, la ciencia o la cultura, nada de eso. ¡Al contrario, es para que haya más recursos, pero que no haya privilegios!”.
El tema, añadió, es la corrupción.
“Y desde luego que si un deportista de alto rendimiento, un escritor, un artesano, un cineasta ya está recibiendo su apoyo, lo va a seguir recibiendo sin ningún problema. ¿quién no quiere el desarrollo de la ciencia y la tecnología? ¿Quién no quiere fomentar la cultura, el deporte?”, se preguntó y respondió de inmediato: “Ese no es el tema, el asunto es la corrupción”.
Dijo que en el asunto “del dinero guardado” de los fideicomisos hay mucho “jineteado en los bancos” y “muchos intereses” en torno a las figuras análogas y financieras que reciben recursos del erario federal.
Adelantó que va a demostrar cómo se manejaban los fideicomisos y como, por ejemplo, dinero para el fomento de energías limpias ha terminado en otros proyectos; o cómo dinero del Conacyt “se transfería a grandes empresas” para la investigación; o cómo dinero para la ciencia y la tecnología terminaba usándose para construir edificios.
Entrevistada al respecto, la doctora Brenda Valderrama, aclara que el sistema de fondos Conacyt no asigna recursos a discreción, cuenta con una doble fiscalización y no ha habido denuncias sobre mal manejo.
Detalla que “ninguno de esos fideicomisos entrega recursos a la persona que realiza un proyecto, sino a las instituciones y éstas administran los recursos. Ningún investigador tiene acceso a la chequera, ni a un peso, sino a través de la institución, y ellos son los garantes del buen ejercicio de los recursos”.
Incluso, agrega la doctora, los Órganos Internos de Control a veces revisan documentos de hasta cinco años atrás para que se documente en qué se gastó “y si hay irregularidades se restituyen los recursos; pero nunca ha terminado en denuncia, siempre se ha resuelto en primera instancia producto de fallas administrativas, nunca por malversación de fondos”.
Explica que accede al dinero quien gana en una convocatoria abierta, pues no se entrega de forma discrecional. “El sistema de fondos Conacyt nace con la intensión de dotar a la comunidad (científica) de una diversidad de recursos por los que pudieran competir de una manera transparente y abierta. A todos esos fondos siempre se ha tenido acceso por convocatoria pública, nunca se han asignado a discreción. Incluso hay convocatorias que tienen doble fiscalización”.
Al igual que la doctora Valderrama, la presidenta de la Academia Mexicana de Ciencias, la doctora Susana Lizano, está esperanzada en que el dinero de los fondos del Conacyt que desaparecieron se los regresen como ha dicho el presidente López Obrador. Sin embargo, advierte que de hacerse a través de la Tesorería de la Federación (Tesofe), se afectarían gravemente los proyectos, pues tiene un impacto negativo en su operatividad y continuidad.
Explica la doctora Valderrama, quien dio seguimiento puntual a la sesión de la Cámara de Diputados el miércoles 7 y jueves 8, que se tiene hasta el mes de junio de 2021 para regresarse todo el dinero a la Tesofe y que ahora, si la entrega de recursos se hace por dicha vía, los proyectos se volverán inoperables.
Detalla que el gobierno se rige por ciclos fiscales, esto es, que el dinero se debe justificar por año. aunque dicho recurso no llegue en el mes de enero. Por ejemplo, se sabe que parte del dinero del gobierno llega a su destino hasta marzo o abril, y para noviembre se debe de estar justificando el gasto y de no hacerse se tiene que regresar.
Lo anterior significaría que, si el proyecto es de dos años, por ejemplo, se recortaría a siete meses, esto es, a partir de que llega el dinero: después de abril y hasta noviembre. Ello provoca que los proyectos no tengan continuidad y se vuelvan inoperantes.
La doctora Lizano recuerda que los fideicomisos tienen la flexibilidad para manejarse por proyectos y no por tiempos. Además, pueden recibir donativos, lo cual ya no podrá suceder si el dinero proviene de la Tesofe.
A todo ello habrá que sumar, dice la doctora Balderrama, que la Tesorería reasignará los recursos “conforme a sus criterios”.
El presidente López Obrador dijo que en 10 días dará a conocer quién se hará cargo de cada fideicomiso, cómo se distribuirá el recurso y dónde estaba la corrupción. Lo anterior significa que aún no hay reglas de cómo es que se operará el dinero que no se elimina y donde sólo la figura desaparece.
Ambas investigadoras consideraron que primero se debió presentar dicha evaluación y dar a conocer cómo será la entrega del dinero.
Conacyt, 91 fondos
De los 109 fideicomisos o fondos eliminados, 91 pertenecen al sistema Conacyt y equivalen a poco más de una tercera parte del dinero que se irá a la Tesofe: 28 mil 114 millones de pesos.
Los fondos están divididos en tres rubros. Uno es el que aglutina a 26 centros de estudios en el país, como, por ejemplo, el Instituto Mora o el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). A ellos les corresponden 784 millones de pesos y se destina exclusivamente para quienes ahí laboran.
Otro rubro lo integran los llamados fondos mixtos. Son 35 y están conformados por recursos del Conacyt y son manejados junto con estados o municipios. Su monto es de 4 mil 282 millones de pesos. A estos pueden acceder los 30 mil investigadores del país. Pero hay que aclarar que sólo 10% se ha usado en beneficio de tan sólo mil científicos, quedando fuera otros 29 mil.
Una tercera división –la más fuerte por la suma que alcanza– aglutina los fondos sectoriales con Conacyt; es decir, los que están vinculados por alguna de las secretarías de Estado.
El que más recibe recursos es el fondo Sectorial Hidrocarburos, con 16 mil 501 millones de pesos, y es para hacer estudios relacionados con la exploración, extracción y uso de los hidrocarburos; le sigue el fondo sustentable energético, con 3 mil 506 millones de pesos, destinados a la investigación en el sector eléctrico. En ambos casos, la mayoría de los beneficiados son centros educativos o el Instituto Mexicano del Petróleo. Pocos son los recursos que se van a empresas, según el padrón que tiene la Secretaría de Energía.
Otros 37 fideicomisos más, entre los que destaca el de atención a derechos humanos y periodistas, deportistas de alto rendimiento y cine, suman 6 mil 547 millones de pesos.
Todos los anteriores suman 91 fondos o fideicomisos.
Sin embargo, hay otros que se sumaron de última hora y que alcanzan el grueso de la suma que regresará a la Tesofe: 40 mil 363 millones de pesos.
Aquí se encuentra el Fondo de Desastres naturales (Fonden) con 6 mil 861 millones de pesos. Al estar en la Tesofe significa que ésta será la que licite la adquisición de bienes para suplir los daños que provoque un huracán, por ejemplo.
Esta también el fondo de la financiera rural, que tiene 12 mil 563 millones de pesos. Hasta 2018 era manejado por Banorte. A este caso se refirió el presidente López Obrador cuando dijo que bancos que “jinetean” el dinero. Sin embargo, este fondo ya está en Nacional Financiera, es decir, en la banca de desarrollo.
Otra figura importante que se eliminó es el Fondo Minero, que tiene 7 mil 463 millones de pesos. Este se conforma con 6.7% de las utilidades de las empresas mineras y se entrega a estados y municipios que cuentan con dicha actividad, y una vez que les llega el dinero desde la federación la depositan generalmente en banca privada.
Está también el fideicomiso para mejorar los medios informáticos y control aduanero, el cual recibe los pagos por derecho de trámite aduanero, mismos que se deben utilizar para el mejoramiento de las aduanas; este suma actualmente mil 871 millones de pesos. “Vamos a ver si Estados Unidos, ahora que tenemos el nuevo tratado de comercio, está de acuerdo en que desaparezca el fondo con el que se controlan las aduanas”, dice Di Costanzo.
Existe otro vital: el fondo para el fortalecimiento de las sociedades y apoyo al ahorro. Es de mil 106 millones de pesos y se utiliza como seguro de depósito para las cajas de ahorro que hay en el país. Este dinero está destinado para enfrentar quiebras de cajas de ahorro y no dejar desamparados a sus clientes, que suman 850 mil socios. Actualmente hay 10 cajas de ahorro en números rojos.
En cuanto al fondo de apoyo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) y que funcionaba como “garantía” a la hora que un pequeño empresario solicitaba un préstamo, se deja desprotegida a esta gente, pero, además, son recursos que ya están comprometidos y no implican ahorro alguno, señala Di Costanzo.
Los 68 mil 478 millones de pesos que ahora irán a la Tesofe representan 4.9% de lo que el gobierno pagará a su burocracia en salarios el próximo año; representa 0.5% de la deuda neta total del país y es menos que los 71 mil millones de pesos que el gobierno de López Obrador tuvo que pagar por la cancelación del Nuevo Aeropuerto. l
