Los Servidores de la Nación –la estructura operativa en la que descansa el reparto de las ayudas sociales del gobierno de López Obrador– deben aclarar el destino de más de 3 mil millones de pesos ejercidos en 2019, pues dichos recursos se extraviaron en una maraña de inconsistencias, omisiones e irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la contratación de este personal y en el pago de sus salarios.
La política de ayudas sociales, prioridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, registra errores, inconsistencias y un desorden administrativo que impide tener la certeza sobre el destino de los recursos públicos.
Por lo pronto, su estructura operativa, los famosos Servidores de la Nación, debe aclarar el ejercicio en 2019 de más de 3 mil millones de pesos.
Hasta ahora, una auditoría dejó en evidencia el desastre técnico y financiero en el desarrollo de sistemas para integrar el Padrón Único de Bienestar (PUB), un instrumento que explícitamente la ley mandata para dar certeza al destino de los recursos y que fue asignado a Infotec, empresa paraestatal que ya quebró sin cumplir con el diseño y la operación de la base de datos.
Aun peor, Infotec tuvo a su cargo la habilitación del “core bancario” (el cerebro de un banco), así como una aplicación para la operación de las Tarjetas del Bienestar. Pero ni uno ni otro: Banco del Bienestar y tarjetas no están funcionado.
El PUB se supone que está basado en el Censo del Bienestar, una tarea asignada a los Servidores de la Nación que levantaron listas desde el periodo de transición, sin marco legal para hacerlo, cuya evaluación está por emitirse.
Y es que, para cerrar el círculo de irregularidad, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) emitirá el próximo sábado 20 su informe complementario de auditoría a la administración pública federal por el ejercicio fiscal de 2019, que incluye la revisión realizada a la “Contratación de personal mediante el esquema Servidores de la Nación”, donde observa el mencionado monto por aclarar de más de 3 mil millones.
En uno de los dos pliegos de observaciones, el monto irregular identificado es de 2 mil 965 millones 802 mil 71 pesos, correspondientes a la nómina de los Servidores de la Nación. Un segundo pliego de observaciones es por 74 millones 781 mil 891 pesos y también se relaciona con nóminas.
En total, la auditoría 240-DS, practicada a la Secretaría de Bienestar (Sebien), establece un monto por comprobar por el orden de 3 mil 40 millones 583 mil 962 pesos; esto es casi el total del presupuesto ejercido mediante el esquema de Servidores de la Nación, cuyo rastreo ha sido difícil de desagregar en trabajos periodísticos e investigaciones independientes por lo que toca a 2019.
Si bien la Secretaría de la Función Pública (SFP) incluyó un apartado en su portal Nómina Transparente para los Servidores de la Nación, ahí sólo puede consultarse el nombre y monto devengado por más de 17 mil personas que perciben 8 mil 173 pesos mensuales netos.
Sin embargo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 la figura no existe y fue con cargo al Capítulo 1000 del clasificador de gasto, apartado que corresponde a servicios personales. En 2020 ese personal –por honorarios y sin prestaciones básicas– costó al erario 3 mil 233 millones de pesos.
En el documento de auditoría al que tuvo acceso este semanario, se advierte que el principal pliego de observaciones identificó errores e inconsistencias debidos a diferencias en periodos de pago y de contratación al cruzarlos con comprobantes fiscales emitidos y con las nóminas pagadas por honorarios y por trabajo eventual.
Entre los aspectos más relevantes se observa un seguimiento al Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los Servidores de la Nación para el cotejo con cuentas bancarias destinatarias de la nómina.
El resultado: son numerosos los casos en que el RFC no corresponde al beneficiario; otros están asociados a dos o más claves únicas de registro de población, es decir que un mismo RFC es utilizado por dos o más personas.
También detecta clabes interbancarias utilizadas por dos o más personas; esto es que una misma cuenta sirvió para recibir los depósitos –que el presidente López Obrador suele presumir que se realizan sin intermediarios– de la Tesorería de la Federación correspondientes a varias personas.
Además existen inconsistencias entre periodos e importes de pagos para un mismo personal en diferentes nóminas.
Por lo anterior se ha determinado la promoción de responsabilidades administrativas sancionatorias para siete servidores públicos de alta jerarquía de esa estructura dependiente de la Sebien, específicamente durante la titularidad de María Luisa Albores González, así como de la Coordinación General de Programas para el Desarrollo, cuyo titular es Gabriel García Hernández.
Los jefes de la operación
Desde el inicio de la administración, la estructura y operación de programas sociales, llamados este sexenio “del Bienestar”, se ha convertido en una madeja de responsabilidades por el involucramiento de varias dependencias, los vacíos normativos y una escasa transparencia.
La Ley Orgánica de la Administración Pública fue reformada en 2018, al iniciarse la actual legislatura, y sus disposiciones establecieron la creación de la Coordinación de Programas para el Desarrollo como una instancia dependiente de la Presidencia de la República que, conforme al artículo 17, asumió de lleno el mando sobre la estructura de ayudas sociales. No obstante, el mismo artículo en su tercer párrafo deja las delegaciones de Programas de Desarrollo en los estados adscritas a la Sebien.
Esa reforma modificó también el artículo 32 que rige a la Sebien, cuya fracción XX establece que la tarea de coordinar la planeación, ejecución y evaluación de planes y programas sociales se realiza entre la dependencia y la coordinación de Gabriel García.
Por ley, la Coordinación General de Programas para el Desarrollo forma parte del staff de la Presidencia de la República. En tanto, la responsable directa de los Servidores de la Nación es Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, exdiputada federal (2009-2012) con escasa experiencia en administración pública (fue capacitadora en derechos humanos con el ombudsman capitalino a principios de siglo y trabajó en la Comisión de Elecciones de Morena entre 2016 y 2018).
Tere Lupe, como se le conoce entre morenistas, responde a García Hernández, pero está adscrita a la Sebien, donde se desempeña como titular de la Unidad de Coordinación de Delegaciones, esto es, coordina directamente a los llamados “superdelegados” y ha sido el rostro visible al mando de los Servidores de la Nación.
La omisión reglamentaria
La Sebien no tiene reglamento. Tampoco lo tienen los Servidores de la Nación y por eso su existencia no está fundada ni motivada, sus acciones no corresponden a ningún marco legal y la nómina está en el limbo.
La reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal de 2018 permitió la adecuación de áreas, la eliminación de cargos y otras medidas relacionadas con la alta burocracia, conforme al argumento de austeridad que ha enarbolado desde que era opositor el hoy presidente López Obrador. Desde su entrada en vigor la única dependencia que no ha emitido su reglamento interior es la Sebien, cuando el propio ordenamiento establecía un plazo máximo de 180 días para hacerlo.
El responsable de redactar el reglamento, cuya emisión debe contar con el visto bueno de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, fue, hasta septiembre pasado, José Genaro Montiel Rangel, quien se desempeñaba como abogado general y comisionado para la Transparencia en la Sebien.
Por cierto, Montiel Rangel fue uno de los funcionarios que sobrevivieron a la orden presidencial (comunicada en marzo de 2020 en sendos oficios de los entonces jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, respectivamente) de separar de cualquier empleo, cargo o comisión, a quien hubiera colaborado en la Secretaría de Seguridad Pública durante la gestión de Genaro García Luna, con quien el abogado se desempeñó como director adjunto de Recursos Materiales y Servicios Generales, mismo cargo que desempeñaría en el sexenio siguiente, pero en la Secretaría de Salud peñanietista.
Montiel Rangel dejó el cargo para seguir a María Luisa Albores a la Secretaría de Medio Ambiente, donde actualmente es responsable de autorizar las manifestaciones de impacto ambiental.
La creación del reglamento fue heredada a Jaime Miguel Castañeda Salas, director de Estudios y Análisis, un abogado con 20 años de trayectoria en el Instituto Nacional Electoral, organismo que abandonó para sumarse a la llamada 4T, con un breve paso por la SFP y luego su incorporación a la Sebien.
Irregularidades conectadas
Los Servidores de la Nación fueron quienes levantaron el llamado Censo del Bienestar desde el periodo de transición. A partir de visitas casa por casa, integraron una lista de beneficiarios de ayudas sociales que hasta ahora no ha podido integrarse en un PUB.
De acuerdo con la fracción XXI del Articulo 32 de la ya citada Ley Orgánica de la Administración Pública, la Sebien tiene la obligación de integrar, mantener y actualizar un sistema de información con los padrones de beneficiarios de programas sociales, así como depurarlos para evitar duplicidades.
Proceso ha documentado en diferentes oportunidades la omisión, no sólo a la Ley Orgánica, cuyos plazos de implementación ya vencieron, sino también a los lineamientos emitidos el pasado 30 de julio.
El próximo sábado 20 la ASF deberá emitir la auditoría de desempeño 1387-DS al Censo de Bienestar y Padrón de Beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social (Proceso 2300). En ésta se analiza el papel de los Servidores de la Nación, su desempeño en la integración del censo y 150 criterios que en su parte toral no fueron solventados por la Sebien.
El incumplimiento en el PUB se relaciona con el mencionado fracaso en el desarrollo de la base de datos a Infotec, la empresa ya quebrada que también fracasó en el desarrollo del software para el Banco del Bienestar y de la aplicación para las Tarjetas del Bienestar, un desempeño que ya fue observado por la ASF en su auditoría 239-DS.
Por si fuera poco, hasta septiembre pasado la SFP había recibido 102 denuncias contra los llamados “superdelegados”, de las cuales desechó 24 carpetas. Sólo habían procedido ocho denuncias y el resto estaba en análisis. Eso fue lo que reportó la titular, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados con motivo del Segundo Informe de Gobierno.
Las cifras de la SFP han variado en reportes que diferentes medios han obtenido a través de solicitudes de acceso a la información. Proceso consultó a la dependencia el jueves 11 y la respuesta fue que la numeralia seguía igual que en la comparecencia.
Entre las denuncias frecuentes está la de nepotismo, debido a que en diferentes entidades federativas los “superdelegados” o los subdelegados regionales han incorporado a su parentela en la nómina de los Servidores de la Nación. En su edición 2240, Proceso documentó el caso de Jalisco, donde extensas parentelas estaban en ese supuesto.
Las denuncias contra los superdelegados relacionadas con el manejo de la nómina de Servidores de la Nación. En al menos 20 casos han sido interpuestas ante la SFP por militantes de Morena o simpatizantes lopezobradoristas inconformes. Pero fue la del PRD ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la que motivó dar vista a la dependencia encabezada por Sandoval, por uso político de la citada estructura en al menos 13 entidades federativas.
El activismo político de los Servidores de la Nación, integrado en buena medida por quienes fueron activistas electorales lopezobradoristas, ha sido señalado con frecuencia, en la ocasión más reciente por su inclusión en las Brigadas Correcaminos, el despliegue territorial de personal médico y militar anunciado para aplicar la vacuna anticovid a los adultos mayores.
El pasado 14 de enero el presidente López Obrador defendió el papel de su estructura en respuesta a un cuestionamiento relacionado con activismo electoral realizado durante su conferencia de prensa matutina.
“Son mujeres, hombres con convicción, con principios, gente que está a favor de la transformación, que le tiene amor a su pueblo, a su prójimo. No son simples funcionarios públicos. Hay gente con convicciones, mística, entonces, siempre han estado ayudando”, dijo.
Ese día recordó que está prohibido favorecer a partidos y candidatos, además de anticipar que su gobierno revisará cómo puede aumentar los ingresos de los Servidores de la Nación, un aspecto que inclusive el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, había abordado días antes, planteando la posibilidad de dotarles de seguridad social.
