A principios de junio de 2013 el presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, habría disparado contra el rostro de Arturo Hernández Cardona, al borde de la fosa donde tenía previsto enterrarlo. Luego, detonó una segunda ocasión para rematar al líder de la organización Unidad Popular de Guerrero.
Entre los testigos de ese asesinato se encontraba Nicolás Mendoza Villa, asistente del líder social, quien salvó la vida por obra del azar.
Días después su declaración sirvió para que la entonces Procuraduría General de la República (PGR) abriera una investigación contra el edil Abarca.
En la averiguación del caso, iniciada por la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), fueron integradas otras pruebas y declaraciones que vincularon al presidente de Iguala con la empresa criminal edificada años atrás por los hermanos Beltrán Leyva.
De acuerdo con la evidencia presentada, la fortuna de Abarca –en apariencia comerciante y joyero– nació gracias a que operaba una maquinaria con vocación para el lavado de dinero.
También fue denunciado el parentesco de Abarca con dos lugartenientes de esa misma red criminal: Alberto Pineda Villa, alias El Borrado, y Marco Antonio Pineda Villa, alias El MP. Ambos delincuentes, ejecutados en 2009, fueron hermanos de María de los Ángeles Pineda Villa, esposa de Abarca.
Entonces el titular de la SEIDO era Rodrigo Archundia Barrientos, actual fiscal antisecuestro del Estado de México. Sólo la corrupción que merodea desde hace más de 15 años a este funcionario público puede explicar que Abarca haya escurrido la acusación, como autor material, por el homicidio de Hernández Cardona.
Antes de que apareciera el cuerpo sin vida del líder de la Unidad Popular, estudiantes de la normal de Ayotzinapa Isidro Brugos se movilizaron con violencia para denunciar los hechos. Este antecedente fue clave para la incriminación del edil de Iguala, un año después, cuando la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
En octubre de 2014, ante una presión internacional y nacional de proporciones grandes, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, acusó a José Luis Abarca de haber ordenado a la policía municipal de Iguala, la noche del 26 de septiembre de 2014, que interceptara los camiones donde viajaban los jóvenes ya que, presuntamente, pretendían sabotear un evento político encabezado por su esposa, María de los Ángeles Pineda.
Los agravios previos entre el edil y los normalistas sirvieron para fundamentar esta teoría.
Con este suceso concreto comenzó la fabricación de la “verdad histórica,” a propósito del caso Ayotzinapa.
Nunca fue cierto que los normalistas hubiesen planeado irrumpir en el acto público de la señora Pineda, ni que por esa razón el edil los hubiese entregado a la banda criminal Guerreros Unidos.
Sin embargo, Abarca y su pareja fueron detenidos por la Policía Federal y acusados de tres crímenes: autoría intelectual del secuestro y asesinato de los normalistas, asociación delictuosa con la organización Guerreros Unidos y lavado de dinero. Se sumó, además, la causa abierta en 2013 por el presunto asesinato de Hernández Cardona.
El pasado noviembre los esposos Abarca cumplieron seis años en prisión y aún no cae sobre ellos una sola sentencia relacionada con los crímenes supuestamente cometidos.
El curso que han seguido las investigaciones del caso Ayotzinapa hizo que perdiera solvencia la acusación contra Abarca como autor intelectual de la desaparición de los normalistas.
Los estudiantes habrían secuestrado varios autobuses –como hacían todos los años– para acudir a la marcha del 2 de octubre en la Ciudad de México. Todo indica que alguno de esos vehículos estaba cargado con droga y por esa razón fue que habrían sufrido la agresión.
En consecuencia no hay certidumbre de que José Luis Abarca hubiese ordenado un ataque contra los jóvenes por motivos políticos. No obstante, en octubre de 2014 Murillo Karam apresuró conclusiones al señalar al edil como responsable intelectual de aquella tragedia.
Tampoco la PGR cuenta con evidencia sólida para probar que la fortuna de Abarca Velázquez tenga procedencia ilícita. Si bien se le acusó de comprar 31 inmuebles por un valor superior a 8 millones 300 mil pesos, la SEIDO no ofreció pruebas que permitieran vincular esa inversión con actividades de alguna organización criminal.
Por esta razón, el pasado martes 8, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito ordenó, de manera unánime, que el juez de la causa reponga varias diligencias. Destacaron los magistrados que, entre los vicios del proceso, el inculpado no haya conocido los nombres de los testigos presentados para probar que las operaciones inmobiliarias fueron ilícitas.
Estos testigos son Sergio Villarreal Barragán y Eynar Rodrigo Lozano Mendoza. Villarreal Barragán, apodado El Grande, fue liberado por las autoridades de Estados Unidos en diciembre del año pasado, gracias a que se acogió al programa de testigos colaboradores en el país vecino.
Esta situación hace materialmente imposible que vaya a ratificar las declaraciones realizadas previamente contra Abarca.
Respecto a Lozano Mendoza, los abogados del exedil argumentan que el suyo fue un testimonio fabricado, ya que la firma que aparece al calce de la declaración habría sido falsificada.
Así las cosas, sólo queda para Abarca Velázquez librar el primero de los cargos imputados: el asesinato de Hernández Cardona. Pero, a pesar de que en su momento la SEIDO contó con el testimonio del sobreviviente Nicolás Mendoza, el entonces subprocurador Archundia Barrientos se encargó de enterrar ese expediente.
José Luis Abarca Velázquez saldrá libre pronto porque la autoridad fue incapaz de probar nada. Así suele ocurrir cuando se fabrican verdades en vez de investigarlas.
