La delincuencia organizada, la violencia “común”, la discriminación, la pobreza y ahora el covid-19 acechan a los migrantes que deben esperar en México el resultado de sus trámites para recibir asilo en Estados Unidos, conforme al acuerdo migratorio entre los gobiernos de López Obrador y Donald Trump. Por esa razón, organizaciones defensoras de los derechos humanos elaboraron el informe En la boca del lobo…, sobre esta alarmante situación, y siguen litigando contra ese acuerdo en ambos países.
Cerca de Rosarito, en Baja California, al lado de un paisano cubano y un migrante hondureño, David atestiguó uno de los 2 mil 604 homicidios dolosos –mil 880 de ellos con arma de fuego– que hubo en Baja California en 2019.
“Íbamos a chapear (deshierbar) un terreno con machete, de repente veo que un muchacho como de 16 años, caminando, saca una pistola y ¡pa, pa, pa!, dispara contra un hombre de unos 40 años. Nunca había visto eso en mi vida, pero lo que más me espantó es que nadie hiciera nada. Miré para atrás y me volví a mi casa, ese día no fui a trabajar”, cuenta el migrante a Proceso.
Tenía apenas cuatro meses en Tijuana, después de salir de Cuba el 16 de abril de 2019, cuando David se topó con la violencia que se vive en esa ciudad fronteriza, donde se encuentra atrapado bajo los Migration Protection Protocols (MPP), conocidos al sur de la frontera de Estados Unidos como “Quédate en México”.
En espera de la tramitación de su solicitud de asilo en Estados Unidos, David, quien es afrodescendiente, ha sido defraudado, extorsionado para residir en una colonia de Tijuana, víctima de discriminación por su edad y su tono de piel, y ha conocido migrantes golpeados y asaltados por no tener dónde pernoctar y quienes fueron perseguidos hasta el puente fronterizo por sicarios o maltratados por policías para quitarles los pocos pesos que han podido ganar mientras esperan respuesta de las cortes estadunidenses.
De 58 años, con una licenciatura en Economía, David ha tenido que trabajar de albañil, vigilante, ayudante en un supermercado, en la maquila, de peón, y ha recurrido a organizaciones sociales para atención médica.
“López Obrador dijo que le iba a dar trabajo a todo aquel que se quedara aquí cuando nos sacaran de Estados Unidos, que había un acuerdo; eso es mentira, no es cierto.
“La realidad es que llegas a (el Instituto Nacional de) Migración, te dan un papel y te dicen: ‘Con ese papel puedes trabajar donde quieras’. Recorrí más de 50 lugares con ese papel y resulta que no sirve, que debo tener una (credencial) del INE, un RFC, el número de seguridad social… Los migrantes estamos trabajando sin documentación porque tenemos que sobrevivir.”
David, quien dice respetar al presidente López Obrador, lamenta el acuerdo migratorio que el gobierno mexicano firmó el 20 de diciembre de 2018, operando en enero de 2019 en Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Matamoros y Nuevo Laredo, Piedras Negras y Nogales, mientras que el 31 de mayo de ese año se incluyó una adición al MPP ante las amenazas de la administración de Donald Trump de imponer sanciones comerciales si México no contenía la migración hacia Estados Unidos.
“Es inhumano el MPP: de Estados Unidos te lanzan a México y aquí te dicen ‘arréglatela como puedas’, porque el papel que te da Migración no sirve; no se por qué López Obrador firmó con Trump un acuerdo que no iba a cumplir, o no sé si sus funcionarios le interpretaron lo que él dijo o si no fue lo que él quiso decir. Yo le pediría a López Obrador que se deshaga del MPP porque no cumple con ningún objetivo. Mira la violencia, la gente durmiendo en la calle, las extorsiones…”, expone el cubano.
Responsabilidad federal
David es uno de los migrantes que colaboró con su testimonio en la elaboración del informe En la boca del lobo. Contexto de riesgo y violaciones a los derechos humanos de personas sujetas al programa Quédate en México, coordinado por la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) en colaboración con el Instituto para las Mujeres en la Migración, Asylum Access México y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos.
El documento, que se presenta el martes 15, es el producto de un año de trabajo de campo, de litigio ante el Poder Judicial con solicitudes de amparo, de sistematización de informes realizados por organizaciones civiles así como de información pública sobre los impactos que ha tenido Quédate en México o MPP, programa en el que estaban registrados hasta noviembre pasado 68 mil 430 personas en situación de migración y en vulnerabilidad extrema por la pandemia de covid-19.
El informe retoma la investigación de Human Rights First, la cual documentó que mil 114 personas inscritas en Quédate en México fueron víctimas de secuestro, violación, extorsión, tortura y asesinato; de esa cifra, 256 niñas y niños fueron víctimas de secuestro o intento de secuestro.
Todos esos hechos ocurrieron en ciudades fronterizas que el gobierno de Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos no visitar, por sus altos niveles de violencia, se recuerda en dicho informe.
En la boca del lobo… incluye un estudio de Médicos Sin Fronteras, realizado entre población migrante, en el cual se señala que 68% de las personas migrantes atendidas por su personal en el contexto del covid-19 fueron víctimas de violencia, incluida la sexual, y se advierte que las políticas migratorias del gobierno mexicano obligan a los migrantes a tomar rutas cada vez más peligrosas.
Indica que el argumento del gobierno mexicano para aceptar ese programa fue una “respuesta humanitaria”, por lo que se comprometió a “dar permisos de estancia, oportunidades laborales, acceso a la salud y educación”. No obstante, la realidad es que esa población permanece en México “en una preocupante situación de riesgo social, que favorece las devoluciones directas e indirectas debido a la carencia de condiciones mínimas para la supervivencia”, dice el documento.
Ana Lorena Delgadillo Pérez, directora ejecutiva de la FJEDD, alerta: “Quédate en México representa el muro de Trump, lo importante es que se derogue el acuerdo, y mientras eso sucede hacemos un llamado urgente para que las personas que están bajo ese programa tengan atención sanitaria por el tema de covid y cuenten con lo necesario para vivir”.
La FJEDD ha litigado contra el mencionado acuerdo migratorio en el Poder Judicial, pues considera que es “contrario a la Constitución mexicana, a la ley interna y al derecho internacional, al poner en riesgo la integridad, la vida y la salud de las personas migrantes y solicitantes de asilo”.
Al destacar que En la boca del lobo… será entregado al equipo de transición del próximo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, así como a dependencias involucradas en el tema migratorio en México, al Poder Judicial y a la Corte Suprema de Estados Unidos (donde también se litiga el MPP) entre otros destinatarios, Delgadillo enfatiza la responsabilidad del actual gobierno federal en las violaciones graves a derechos humanos cometidas en agravio de las personas sometidas a Quédate en México.
Delgadillo reconoció que si bien la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 50/2020 por el exceso de uso de la fuerza de personal del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Guardia Nacional, hasta ahora el organismo no ha dado respuesta a la solicitud de medidas cautelares para la población migrante sujeta a Quédate en México, que solicitó la FJEDD.
Y hasta septiembre de 2019 la Guardia Nacional ya acumulaba al menos siete quejas por abusos cometidos en agravio de personas migrantes.
“Lo que está sucediendo con la población migrante bajo el programa Quédate en México es absolutamente responsabilidad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los secuestros, las desapariciones, las violaciones y todos los delitos y demás violaciones a derechos humanos.
“López Obrador no puede excusarse en que los hechos son responsabilidad de las administraciones pasadas, porque el gobierno mexicano decidió sacrificar a las personas por un tema económico que ni siquiera teníamos la certeza de cómo afectaría realmente a México”, sostiene la defensora.
Considera que tratándose de población migrante, ha prevalecido la “indolencia” del gobierno federal, en particular del canciller Marcelo Ebrard, quien en una conferencia matutina negó tener información de que se han registrado secuestros contra personas sujetas a Quédate en México, aludiendo a la inexistencia de denuncias, cuando “es sabido que los migrantes se abstienen de denunciar porque saben que hay una colusión entre autoridades y las bandas del crimen organizado”.
Delgadillo señala la omisión de Ebrard al no emitir hasta ahora los lineamientos del Mecanismo de Apoyo Exterior, aprobado desde hace tres años, “mediante el cual las personas podrían denunciar los secuestros o cualquier delito desde el lugar donde se encuentren, utilizando las embajadas mexicanas o el consulado”, a pesar de que está previsto en la Ley General sobre Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y en la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República.
“Corrupción persistente”
Alicia Moncada, coordinadora del informe En la boca del lobo…, apunta que a las omisiones en la investigación de los delitos contra la población migrante se agrega la persistente corrupción de algunos integrantes del INM, denunciada por varios afectados y corroborada por investigaciones periodísticas en Estados Unidos. Éstas hablan de pagos de entre 5 mil y 6 mil dólares a funcionarios mexicanos para ingresar al país vecino del norte.
Acusa además que en México los migrantes dentro de ese programa sufren “invisibilización” en el contexto de la pandemia de coronavirus, pues de los 3 mil 78 casos de migrantes reportados como infectados hasta el 29 de noviembre por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, no se puede identificar cuántas personas están en Quédate en México.
“López-Gatell ha aceptado que en los registros se utiliza la categoría de personas migrantes para homogenizar el amplio espectro en la materia. En esa cifra están por igual las personas en condición de refugio y las que están bajo el programa Quédate en México, lo que invisibiliza la situación de riesgo epidemiológico y de riesgo frente al contagio de covid en que están esas personas.
“Además están en los lugares en donde hay más casos de contagio en México, que son ciudades de la frontera norte, aunado a que esta población está imposibilitada para realizar cuarentena, para tener atención médica, no hay una vigilancia adecuada que le permita al gobierno mexicano dimensionar la situación de riesgo de contagio de las personas bajo Quédate en México.”
Moncada retoma parte del contenido de la recomendación de la CNDH, relacionada con la actuación de la Guardia Nacional y funcionarios del INM en la contención de caravanas migrantes, por considerarla reveladora de la mimetización de la política migratoria mexicana con la estadunidense:
“La recomendación nos ratifica que, en efecto, hay una política de persecución, acoso y de uso desproporcionado de la fuerza contra las personas migrantes, que reproduce en México las acciones de la Border Patrol.”
Moncada advierte que la aceptación del programa Quédate en México implica establecer relaciones de “complicidad con políticas de crueldad que implementó la administración del presidente Donald Trump, que son contrarias al derecho internacional, que violan el marco legal de los Estados Unidos y la obligación que tienen de no devolver personas a lugares donde sus vidas corran riesgos. Esta política de complicidad no sólo es con el MPP, sino con las políticas de expulsión sumaria de personas detenidas que cruzan de manera irregular la frontera de Estados Unidos”.
