En opinión de diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, la reforma a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República es una aberración. Se le quiere sacar, dicen, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en las búsquedas, además de impedirle participar en la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, entre otras cosas. Incluso Alejandro Encinas, subsecretario de Gobernación, tuiteó que “representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos y favorece la impunidad”.
“Llevamos años tratando de transformar nuestro sistema e instituciones de justicia, así como impulsando a las comisiones de búsqueda para que den resultados y encontrar a las más de 79 mil 600 personas desaparecidas en el país. Hemos puesto mucho esfuerzo para que esto funcione, pero ahora nos damos cuenta de que todo era una farsa, un engaño, porque los integrantes de Morena trabajaron con nosotros la actual Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y ahora, sin ninguna explicación, la quieren abrogar”, señalan organizaciones defensoras de los derechos humanos.
Ciudadanos y representantes de numerosos organismos de la sociedad civil, así como el secretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas –quien en Twitter escribió: “La iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la FGR representa un retroceso que rompe con el entramado institucional para la defensa, garantía y protección de los derechos humanos, y favorece la impunidad”–, y el representante en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Guillermo Fernández-Maldonado Castro, coinciden en que las reformas a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República (LOFGR) son un revés para el sistema de justicia mexicano.
“La nueva propuesta demuestra su total desconocimiento de la realidad que viven las víctimas en México. Pareciera que no se han dado cuenta de que no tenemos resultados en términos de investigaciones de gran corrupción, macrocriminalidad y graves violaciones a los derechos humanos. No se han dado cuenta de que la fiscalía general no sabe investigar, pero además que sus servidores públicos tampoco tienen idea de lo que se requiere para ello”, señala Ana Lorena Delgadillo, directora ejecutiva de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
Todos coinciden en que la iniciativa de Morena pretende regresar a un esquema del pasado que claramente no ha funcionado. Pretenden eliminar los mecanismos de control ciudadano.
“Les pedimos hablar con las víctimas y con las organizaciones que las acompañan para que tengan claridad de lo que quieren aprobar. Las víctimas, las organizaciones no gubernamentales y la Comisión Nacional de Búsqueda han denunciado que no hay colaboración con las fiscalías para la búsqueda en vida y entre restos y, a pesar de ello, los senadores de Morena quieren contribuir a que ahora la FGR tenga un pretexto legal para esto”, indican organizaciones de la sociedad civil.
“Quieren sacar a la fiscalía del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas y quitarle toda obligación de colaborar en la búsqueda. Quieren que la FGR no sea integrante de la Junta del Gobierno del Mecanismo de Protección a Defensores y Periodistas, que no participe de la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida del propio Mecanismo, y también eliminarla del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.
“¿Hacia dónde nos quieren llevar? ¿Por qué quieren una fiscalía sin controles y sin participación ciudadana?”, preguntan los representantes de las organizaciones de la sociedad civil (OSC).
En una carta enviada el miércoles 9 al Senado, las OSC dicen a los legisladores: “Están trazando el camino para consolidar una fiscalía más arbitraria, burocrática y alejada de la sociedad. En la iniciativa de Morena se percibe un concepto distorsionado de la autonomía de la fiscalía. Autonomía no es aislamiento y sí es independencia de las y los fiscales para coordinar investigaciones, justo lo que ustedes quieren suprimir.
Piden a los senadores: “Hagan su trabajo: sean un contrapeso, defiendan a las y los individuos que habitan este país, defiendan a las víctimas que siguen en espera de verdad y justicia”.
Antes, el viernes 4, en una audiencia celebrada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los organismos civiles presentaron el informe Situación de las fiscalías en la protección de los derechos humanos en la región; en lo que se refiere a México, señalan que es un país “con marcado déficit de impunidad, con todos los efectos perniciosos que ello conlleva en la vida diaria de millones de personas para quienes el ejercicio efectivo de los derechos queda anulado”.
Señalan que había una expectativa de que el cambio de régimen prometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, sumado a las garantías institucionales que tienen actualmente las fiscalías, generaría un punto de inflexión; pero la realidad es distinta, “porque existe falta de compromiso para materializar el nuevo sistema de justicia penal y de hacer frente a la impunidad mediante una fiscalía autónoma”.
Además de las deficiencias que existen para la designación del fiscal, como el no impedir que personas con vínculos partidarios puedan postularse, señalan a la CIDH, la “cuestionada” autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero respecto de López Obrador, único facultado para removerlo.
Aseguran que el fiscal ha ignorado los mecanismos de control y rendición de cuentas: “En el entendido de que la autonomía de la fiscalía significa evitar la intromisión del poder político en el ejercicio de la acción penal, pero no aislar a este órgano de la sociedad, la mencionada LOFGR establece diversos mecanismos a fin de que la sociedad civil pueda dar seguimiento a la actuación de este órgano y exigir cuentas sobre sus resultados”.
Explican que entre los principales mecanismos e instrumentos de control y rendición de cuentas de la FGR, dentro de la LOFGR, está el Consejo Ciudadano de la Fiscalía, el cual –si ya lo hubieran integrado– tendría una función de apoyo y consulta para el mismo fiscal, pues entre sus facultades está opinar, dar seguimiento y emitir recomendaciones públicas sobre el Plan de Persecución Penal, los programas anuales de trabajo, la creación de nuevas estructuras, el presupuesto, la normatividad interna, el servicio profesional de carrera, entre otros aspectos; pero tanto el fiscal como el Senado evadieron implementarlo.
“Gertz ignora las reglas y designó directamente a los titulares de las fiscalías especializadas por sugerencia del presidente, sin convocar a un concurso público de méritos. Ello evidencia su falta de autonomía y su estrecha relación con el poder político. Éste es el caso de José Agustín Ortiz Pinchetti, en Delitos Electorales; Sara Irene Herrerías, de Derechos Humanos, y Adriana Campos López, de Asuntos Internos”, indican a la CIDH.
Incluso consideran que el rechazo a la rendición de cuentas ha llegado a tal punto que el 7 de octubre de 2020 Morena presentó una iniciativa de ley ante el Senado, la cual pretende sustituir la actual LOFGR por una nueva legislación orgánica en la que suprimieron todos estos mecanismos de control.
Señalaron ante la CIDH que, comparado con sexenios anteriores, el presupuesto de la FGR bajó considerablemente. Este año subió sólo 3.7% frente a un incremento de 38% para el Ejército, lo cual evidencia la falta de voluntad política para fortalecer la investigación de delitos y combatir la impunidad.
El reciente caso de la detención y posterior liberación del general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional en la administración de Enrique Peña Nieto, ejemplifica la decisión política de impedir investigaciones exhaustivas que conduzcan a la verdad de los hechos, cuando de militares se trata.
Víctimas sin derechos
Ana Lorena Delgadillo señala sobre la “amenaza” de Morena de una reforma “regresiva” a la Ley Orgánica de la FGR: “Vemos a una fiscalía más sacrificada por el tema de la austeridad. El presupuesto es menor para los ministerios públicos. Hemos solicitado diligencias y nos dicen que no hay dinero para realizarlas; esto nos está afectando, por ejemplo, en la entrega de restos identificados de Honduras y otro de Tamaulipas, que no podemos sacar del Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México porque la fiscalía no tiene dinero.
“Antes de la pandemia impulsamos mecanismos de apoyo exterior que aparecen en la ley que quieren modificar, que permiten que familias de migrantes desaparecidos o víctimas de ejecuciones puedan denunciar desde su país cuando ocurre un delito. Ahora utilizan consulados y embajadas, esto es parte de lo que quitaron de la ley. Le quitan todos los derechos a las víctimas”, explica la abogada.
Indica que de manera sistemática han denunciado que no hay colaboración de la FGR ni del resto de las fiscalías para con las comisiones de búsqueda: “Sabemos que no comparten información. Esto ha sido incluso denunciado por la propia Comisión Nacional de Búsqueda, pero lo que termina sucediendo con la ley es que eliminan un capítulo que se llama facultades comunes para las fiscalías especiales, elaborado para que hubiera mayor articulación a través de mesas de trabajo.
“También impulsa la interconectividad entre ellos para que se compartan estas bases de datos. Todo lo que es facultades especiales lo quitaron. Lo que viene en los transitorios es que la fiscalía ya no forma parte del Sistema Nacional de Búsqueda y tampoco de la Junta de Gobierno para el Mecanismo de Protección de Defensores y Periodistas.
“Todo ello son retrocesos para el derecho de las víctimas en materia de derechos humanos, para la investigación de casos complejos o macrocriminalidad”, afirma.
Delgadillo relata: “Nos reunimos con el senador Emilio Álvarez Icaza y con un asesor de la senadora Claudia Anaya; manifestaron que están de acuerdo en lo que nosotros hemos expuesto y que iban a trabajar para que no pase la reforma. Creo que es muy de peso que haya salido Gobernación en contra de la ley; hay un twit de Alejandro Encinas oponiéndose a la ley… y que haya salido también el Alto Comisionado de la ONU. Estas posturas hablan desde otros lugares de los riesgos que pueden venir si esta ley avanza.
“No sabemos quién tiene el poder de la fiscalía, no sabemos si el poder lo tiene el fiscal, si lo tiene el presidente o si lo tiene el Senado, pero quien quiera que lo tenga tiene que voltear a ver la realidad del país y no puede permitir que esto avance.
“Nosotros participamos en el ejercicio de parlamento abierto recién llegado el gobierno de López Obrador para formar las mesas de trabajo y hacer la ley. Ahí estuvimos durante tres meses trabajando con quien ahora está impulsando la reforma; estaba el senador Menchaca, estaba Santiago Nieto, estaba Mario Delgado, Zoé Robledo y Tatiana Clouthier. Estaban de la UNAM, representantes de Vamos por Más, y ahora están haciendo este cambio ¿Qué los motiva a hacerlo?”, insiste.
Estado incompetente
Por su parte, Juan Enrique Martínez Requenes, encargado del área de litigio y estrategia internacional de la organización Fray Juan de Larios, señala sobre el tema: “Lo único que hace es complicar más las cosas. Si bien la búsqueda de personas está en el plano de la Comisión Nacional de Búsqueda y se está fortaleciendo, aún no es momento idóneo de que la fiscalía se separe del propio sistema, porque finalmente la búsqueda en algún momento también nos dará pistas y nos dará pruebas y elementos para la persecución de los delitos.
“Es decir que si se hace una investigación apegada a lo que tenemos en el plano actual, la Comisión Nacional de Búsqueda puede apoyarse de todos los elementos de investigación que la fiscalía tiene; hablo no sólo del plano material sino también del plano de inteligencia.
La búsqueda sin el hecho de tratar de encontrar responsables sería faltar a los principios más básicos de justicia y de reparación del daño. Éste sería uno de los más graves problemas que representan las modificaciones que pretende la fiscalía.
“Sí la fiscalía renuncia a este sistema prácticamente nos quedaríamos con nada. Básicamente el Estado estaría diciendo que no es competente, que no puede realizar una búsqueda y una investigación en crímenes como tortura, desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales…”
Agrega: “Aunque en los hechos actualmente no hay investigación en la FGR, ellos dicen que sí porque tienen las carpetas de investigación abiertas; pero ¿cuántas personas tenemos sentenciadas? Conocemos unos dos casos a nivel nacional, pero son 78 mil personas desaparecidas”.
–¿Qué mueve al fiscal, qué mueve al Senado o al presidente para proponer estos cambios, que son una regresión
–Antes era mucho más fácil fabricar pruebas, llevar personas inocentes a la cárcel y detener todos esos elementos que ya conocemos de la nueva praxis judicial y de investigación. A eso apunta esta reforma que quiere hacer la fiscalía, es un retroceso bastante grande. No sólo prevalece la incapacidad para investigar, sino que si se aprueba esta reforma, apoya la incapacidad para investigar.
“El Alto Comisionado, en su oficio del martes 8 enviado también al Senado, señala que en términos de la independencia en la procuración de justicia se elimina la independencia técnica de los fiscales; esta medida podría aumentar el riesgo de injerencias externas en las investigaciones, situación que afectaría la efectiva vigencia del derecho a la justicia y la verdad de las víctimas.
“En cuanto a los derechos de las víctimas, se eliminan varias prerrogativas contenidas en la Ley Orgánica, principalmente sobre la participación de las víctimas y defensores en las investigaciones. Este es uno de los aspectos de la Ley Orgánica que fue objeto de reconocimientos, y de hecho la ONUDH lo promueve internacionalmente por estar plenamente alineado con las normas y estándares internacionales de derechos humanos, de transparencia y rendición de cuentas.”
Coincide en que respecto a los procesos de investigación, la propuesta de Morena suprime elementos técnicos de especial importancia para abordar los desafíos que hoy enfrenta México, como la investigación de fenómenos criminales junto con los delitos individuales.
