Lejos de resolver la crisis política en Venezuela, las elecciones legislativas de este domingo la profundizarán. El presidente Nicolás Maduro quedará con el control de todos los poderes del Estado (hasta ahora la Asamblea Nacional escapaba a su dominio) y a la oposición se le cierran los caminos para impulsar cualquier cambio desde la institucionalidad.
BOGOTÁ.- Con el esperado triunfo del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) en los comicios legislativos de este domingo 6, el régimen del presidente Nicolás Maduro recuperará la unicameral Asamblea Nacional, único poder del Estado que hoy no controla.
Esto pese a que los estudios de opinión indican que alrededor de 80% de los venezolanos considera a Maduro culpable de la grave crisis que vive el país y de que sólo la cuarta parte de los electores se identifica con el chavismo, representado por el PSUV.
Pero dos elementos centrales jugaron a favor de Maduro y su partido en estos comicios: el sector más representativo de la oposición no participó en el proceso, por considerarlo “fraudulento desde su origen”; y la abstención, según todos los sondeos, será superior a 50%.
“Todo esto y el ventajismo del gobierno en estas elecciones asegurarán al chavismo el dominio de la Asamblea”, dice a Proceso el director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), Ignacio Ávalos. Así, Maduro aseguraría el dominio del Poder Legislativo los próximos cinco años, luego de que en los comicios de diciembre de 2015 la oposición había logrado la mayoría en la Asamblea Nacional.
Ávalos señala que con este triunfo Maduro tendrá “bajo su control” los cinco poderes públicos que establece la Constitución de Venezuela: el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, el Ciudadano (la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría del Pueblo) y el Electoral (el Consejo Nacional Electoral).
“Los altos mandos de estas instituciones son militantes del chavismo y hacen lo que Maduro les dice que hagan. El único poder independiente era el Legislativo, pero eso cambiará a partir del próximo 5 de enero (cuando se posesionará la nueva Asamblea Nacional mayoritariamente chavista)”, dice.
El sociólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y director del OEV, asegura que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el Consejo Nacional Electoral (CNE) “se han encargado de poner todas las trabas posibles a la oposición y de dar todas las facilidades al oficialismo” para ganar los comicios.
Entre junio y julio pasados el TSJ suspendió a las juntas directivas de Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, los tres principales partidos opositores del país, y designó en su lugar a dirigentes poco conocidos que, según los líderes tradicionales de los movimientos políticos afectados, están “cooptados por el oficialismo”.
Además, la justicia y la Contraloría han inhabilitado a las principales figuras de la oposición: desde el excandidato presidencial Henrique Capriles hasta el diputado y autoproclamado “presidente encargado” de Venezuela, Juan Guaidó.
El CNE, integrado por funcionarios que la oposición señala como incondicionales del gobierno, se negó a inscribir a nuevos electores jóvenes y a registrar como votantes a los venezolanos que residen en el extranjero.
Y además permitió que el presidente y los candidatos a diputados del PSUV hicieran proselitismo político en los medios públicos y repartieran ayuda social del Estado como parte de la campaña oficialista.
“Este proceso electoral se desarrolló bajo condiciones muy inequitativas que le aseguraron al gobierno la mayoría en la Asamblea Nacional, incluso una mayoría calificada (dos tercios de las curules)”, dice en entrevista el director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Benigno Alarcón.
En los hechos, asegura, con los comicios del domingo 6 culmina un proceso marcado “por la falta de garantías democráticas” y, por tanto, más que contribuir a la solución del conflicto político lo profundizarán. “No creo que el tema de una posible transición democrática en Venezuela tenga relación con los resultados de esta elección”, dice Alarcón.
Un proceso electoral, señala, “no implica, per se, una mayor democratización, sino que, por el contrario, puede servir para que un régimen autoritario logre legitimarse e imponer progresivamente un mayor grado de autocratización”. El académico explica que por ello “esta elección parlamentaria no tiene mucha importancia” para impulsar una transición.
“Creo que los otros factores son mucho más importantes”, asegura, y entre ellos menciona la protesta social, que está sofocada por la crisis económica y una efectiva presión internacional.
La Unión Europea, Estados Unidos y los gobiernos latinoamericanos de derecha congregados en el Grupo de Lima han asegurado que no hay condiciones para realizar elecciones “libres y justas”, y es previsible que desconozcan los resultados de los comicios.
La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo que Venezuela no necesita que el mundo reconozca los comicios legislativos. “No nos importa, nos es indiferente”, aseguró.
Crisis sin fin
En las elecciones parlamentarias de hace cinco años la oposición logró un sólido triunfo al obtener dos tercios de las diputaciones en la Asamblea, con lo cual se abría la posibilidad de comenzar una transición hacia un régimen con mayor equilibrio de poderes por las posibilidades que tenía la nueva mayoría legislativa de nombrar magistrados del TSJ y rectores del CNE.
Pero incluso antes de asumir, el mismo TSJ se encargó de desconocer el triunfo de varios diputados de oposición para quitarle a ese bloque la mayoría calificada de dos tercios.
La oposición parlamentaria desconoció la decisión y permitió la incorporación de los diputados, a lo que el TSJ respondió declarando en desacato al Legislativo y, con ello, todos sus actos quedaron nulos.
De las decenas de leyes aprobadas por la Asamblea en casi cinco años de periodo legislativo sólo una fue promulgada por el Ejecutivo. El gobierno de Maduro hizo aprobar la mayoría de sus iniciativas a través de controversias legales que el TSJ decidió siempre a su favor. Y en 2017, convocó a una Asamblea Constituyente que sustituyó, en la práctica, las labores legislativas de la Asamblea.
Además, el régimen orilló a una treintena de diputados opositores al exilio o los llevó a la cárcel “por razones políticas”, según denuncias de organismos humanitarios y de la propia ONU.
En medio de la disputa entre el chavismo y la opositora Asamblea Nacional, Maduro se reeligió como presidente en mayo de 2018 en unas elecciones que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos y la UE rechazaron por su falta de imparcialidad y transparencia.
La crisis política en el país llegó a su punto más alto en enero del año pasado, cuando el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se declaró “presidente encargado” de Venezuela con el apoyo de la mayoría parlamentaria. De inmediato el dirigente opositor fue reconocido como presidente por 55 países, entre ellos los de la UE y el Grupo de Lima, así como Estados Unidos.
Venezuela fue sometida a sanciones internacionales que han agravado la crisis económica y han implicado el traspaso del control de varios activos venezolanos en el exterior –entre ellos la petrolera Citgo en Estados Unidos, cuentas bancarias y lingotes de oro– al “gobierno encargado” de Guaidó.
Y es que el trasfondo de estos comicios es la crisis económica y social que ha llevado al país a perder 89% de su Producto Interno Bruto en los últimos siete años y que según una encuesta elaborada por tres universidades, tiene 96% de los hogares en la pobreza. La hiperinflación, según estima el Fondo Monetario Internacional, será de 6 mil 500% este año, y el desempleo llegará a 54%. El salario mínimo oficial equivale apenas a 40 centavos de dólar por mes, aunque se anticipa que el gobierno lo aumentará en estos días a 1.20 dólares mensuales. Un kilo de carne vale el doble.
Y esta crisis se ha agudizado con la pandemia del coronavirus.
Según cifras oficiales, Venezuela inició diciembre con 103 mil casos de covid-19 y 901 fallecidos por esta enfermedad. La Universidad de Washington y científicos venezolanos estiman que el número de casos puede ser entre ocho y 10 veces mayor que el reportado por el gobierno.
Carro completo y control social
Alarcón explica que la apuesta del régimen es que la ausencia de los principales líderes opositores en estos comicios produzca una alta abstención y que esto le dé más relevancia al voto “del aparato clientelar” chavista.
“Los simpatizantes de la oposición no se van a expresar en esta elección pues no tienen por quién votar, sus candidatos no participaron”, señala el abogado y maestro en gerencia pública y en seguridad.
La oposición tradicional llamó a los electores a la abstención y Guaidó convocó a una consulta paralela a los comicios en la que los venezolanos –incluso los residentes en el extranjero– podrán votar por internet y el próximo sábado 12 en forma presencial. Algunas preguntas son si están a favor del “cese de la usurpación” (de Maduro) y de la convocatoria a elecciones presidenciales libres.
Según una encuesta del Instituto Delphos, 34.7% de los venezolanos simpatiza con la oposición, pero la tercera parte de ellos no se identifica con el actual liderazgo de ese sector. Del otro lado, sólo 22.9% simpatiza con el chavismo, pero incluso dentro de este bloque casi la mitad rechaza a Maduro.
De acuerdo con el sondeo, 42.4% de los venezolanos no se identifica con ninguno de los dos bandos a pesar de que ese conglomerado rechaza mayoritariamente la gestión de Maduro.
La oposición, sin embargo, ha advertido que nunca se van a saber los números reales de participación y resultados de estos comicios porque en muchas mesas electorales sólo habrá representantes del oficialismo y porque no habrá observación internacional independiente.
Ávalos dice que la alta abstención siempre acaba favoreciendo al gobernante PSUV. “Ellos movilizan a su clientela política a los centros de votaciones sin que la autoridad electoral diga nada, y ese es el voto que más pesa cuando la abstención es alta”, señala.
El gobierno de Maduro reparte bolsas con víveres y subsidios económicos a través de los consejos comunales, presentes en todo el territorio venezolano y que son apéndices del PSUV, y mediante el Carnet de la Patria, una identificación obligatoria con código QR para quienes aspiren a recibir esa ayuda. Funciona también como monedero electrónico.
En un país donde –según la Encuesta de Condiciones de Vida que elaboran tres universidades– ocho de cada 10 hogares están en extrema pobreza, los programas asistenciales y los “bonos” gubernamentales se han convertido en un mecanismo esencial de sobrevivencia. El presidente de la Asamblea Constituyente chavista, Diosdado Cabello, el número dos del régimen, dijo en vísperas de las elecciones: “El que no vota, no come. Para el que no vote, no hay comida”.
Un estudio sobre los comicios parlamentarios del domingo 6 elaborado por la UCAB y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral señala que “uno de los instrumentos fundamentales de coerción utilizado contra los electores venezolanos es la desconfianza sobre el secreto del voto”.
Desde el chavismo, indica el reporte, se promueve la idea de que el sistema electrónico de votación que existe en Venezuela permite saber por quién sufraga cada ciudadano y de que ese mecanismo permite aplicar sanciones a aquellos electores que no favorezcan a los candidatos del PSUV.
Maduro, rebasado por la izquierda
En una decisión que el abogado constitucionalista Armando Betancourt considera “arbitraria e inconstitucional”, el CNE aumentó de 167 a 277 los escaños de la Asamblea Nacional. Esta medida, afirma, la tomó el oficialismo para “fragmentar los votos en estos comicios y favorecer a los candidatos del PSUV”.
De esta manera el PSUV participó en este proceso con 277 candidatos a diputados mientras que decenas de pequeños partidos opositores inscribieron unos 14 mil candidatos.
En estos comicios participaron las coaliciones Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, que congrega al PSUV y a sus aliados políticos; la Alianza Democrática; Soluciones para Venezuela; Venezuela Unida y Alternativa Popular Revolucionaria (APR).
La APR es una alianza política de partidos como el Comunista, Patria Para Todos y Tupamaros, que están a la izquierda del régimen y son críticos de la administración de Maduro, a quien acusan de una “concentración excesiva” de poder, del “deplorable manejo de la economía” y de perseguirlos con los servicios de inteligencia del Estado.
