El doctor José Manuel Mireles ganó muchas batallas, pero no la más reciente contra el covid-19, que le arrebató la vida en días pasados en Michoacán. Tuve oportunidad de conocerlo años atrás a propósito de la presentación de mi libro El derecho de armarse (Proceso ediciones, 2017) en Morelia, mi tierra natal, y después coincidimos en otras ocasiones, en las cuales tuve la oportunidad de intercambiar diversos puntos de vista con él sobre la inseguridad, las autodefensas y su lucha por la seguridad en una de las zonas más conflictivas del estado, donde la ausencia del Estado (o a la colusión con el crimen organizado) había generado un estado paralelo. Mi buen amigo, el reconocido abogado Ignacio Mendoza Jiménez fue quien me acercó al doctor Mireles, quien tuvo la amabilidad en aquellas épocas de mostrarme las equivocaciones en los calibres permitidos y la inexistencia de otros en la legislación de la materia.
Nacho Mendoza fue su abogado defensor y logró la absolución del doctor Mireles de un caso digno de Kafka que vale la pena retomar porque no se ha dicho (o se ha comentado muy poco y de modo superficial) la parte detrás del escenario. Resulta que el líder de las autodefensas michoacanas fue procesado por violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, habida cuenta que durante los años activos de las autodefensas debió contar con armas de alto impacto para hacer frente al crimen organizado. Cabe mencionar que la citada ley sólo permite la posesión de armas de calibre inferior a 9 milímetros para posesión en el domicilio en sentido estricto; es decir, en el hogar, y su portación es todo un proceso largo y tortuoso, a pesar de ser un derecho fundamental previsto en el artículo 10 constitucional.
Hasta aquí pareciera que con la ley en la mano el doctor Mireles habría incurrido en una violación a la citada normativa. Pero lo que no se ha dicho es que las armas que usaba fueron proporcionadas por el entonces delegado del gobierno federal Alfredo Castillo, con la firma del secretario de la Defensa Nacional para darle un viso de legalidad a un asunto irregular. La estrategia del gobierno de Enrique Peña Nieto era estimular y apoyar las autodefensas para contener en especial al cártel de la Familia Michoacana y sus sucedáneos, Los Caballeros Templarios. En ese proceso el doctor Mireles fue secuestrado y diversos familiares de él fueron muertos por los cárteles que operaban en el estado, que veían cómo su presencia se acotaba. Seguramente si hubiera seguido su vida de médico militar no hubiera tenido problema alguno, pero las circunstancias y sus convicciones decidieron que emprendiera ese camino, que no es el ideal ni ajustado a derecho ni mucho menos, pero se defendían o se convertían en rehenes de un estado paralelo más fuerte que el propio estado de derecho. Después de que las autodefensas habían cumplido su cometido de minimizar esos poderosos grupos delincuenciales, el gobierno buscó reencauzar el sentido de quienes habían optado por necesidad el camino de las armas hacia la policía rural con menor capacidad de fuego y acotados en sus funciones.
Esa opción para el doctor Mireles y sus seguidores hubiera significado su sentencia de muerte, por la asimetría entre la modesta policía rural y las todavía poderosas células de los cárteles, ya fuera en su mayoría de Michoacán, pero presentes en los estados circunvecinos. De ahí que a esa negativa del médico militar, el Estado le aplicó toda la fuerza de la ley como disuasivo y mensaje para sus seguidores. En ese contexto, el abogado Nacho Mendoza logró probar en juicio que las armas habían sido entregadas por la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Ello generó una disyuntiva: o el secretario de la Defensa y/o sus subalternos, junto con el delegado Alfredo Castillo se iban a proceso con privación de la libertad, o se absolvía al doctor Mireles. Ganó la segunda opción y quedó libre de toda culpa, después de tres años perdidos para él y su familia, lo que mermó además su salud y fue juzgado en el tribunal de los medios como “delincuente”.
No hay duda, el doctor Mireles fue un hombre de luces y sombras, pero no se le puede regatear su valor civil y su decisión de abandonar su zona de confort por voluntad propia ante la pérdida creciente de la libertad y la seguridad en una parte significativa del territorio michoacano. No justifico que los gobernados tomen la justicia por su propia mano, como lo prohíbe la Constitución, pero la infiltración de los cuerpos policiacos y la “sana distancia” de las Fuerzas Armadas, por decirlo suavemente, colocaron en estado de necesidad a esos hombres y mujeres valientes que decidieron decir ¡no! a esa corrupción a gran escala que había puesto en jaque su modo histórico de vida y les cercenaba día con día el ejercicio eficaz de sus derechos humanos. Cabe esperar que los cuerpos de seguridad cumplan su deber constitucional y legal de brindar seguridad pública para ejercer la libertad y no haya necesidad de autodefensas. Mientras ello no suceda, esos grupos ciudadanos seguirán existiendo con o sin reconocimiento del Estado mexicano como una vía remedial de facto que pone de relieve que la sumisión de los gobernados tiene su límite y este es uno de ellos. Hay que rediseñar la política pública de seguridad que, a final de cuentas, es un ingrediente esencial de un verdadero estado de derecho que en muchas partes del país sigue siendo letra muerta. Acompaño a la familia del doctor Mireles en su dolor y a su abogado y amigo Nacho Mendoza, siempre aliado de las mejores causas al servicio del interés público.
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