Pese a la amistosa despedida que le brindó el presidente, la renuncia de Alfonso Romo a su cargo en el gobierno federal deja trunco el principal objetivo de su nombramiento: crear confianza en la iniciativa privada ante el proyecto de López Obrador. Por una parte, su cercanía con el mandatario no alcanzó para suavizar sus decisiones económicas y de infraestructura más radicales, y por la otra se confrontó con otros funcionarios en busca de una mayor influencia en las políticas públicas.
Confrontado con varios secretarios de Estado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, Alfonso Romo Garza no logró cumplir su promesa de “crear un mar de confianza” en torno de la Cuarta Transformación; deja su cargo en la Oficina de la Presidencia de la República tras 24 meses de conflictos e influencia en la política económica.
“No podemos manejar un país que está decreciendo a 9% como si estuviéramos creciendo a 9%”, declaró Romo el pasado 19 de noviembre, en un foro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas.
Anteriormente, la principal causa de sus conflictos con otros funcionarios del gabinete fue la ejecución en las políticas públicas que impactan a sectores relacionados con los negocios agroindustriales en los que Romo ha participado durante las últimas tres décadas.
Al renunciar, en julio de 2019, a la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa aseguró que en el gobierno de López Obrador “el conflicto de interés” se llamaba Alfonso Romo. La confrontación entre ambos estuvo marcada por los nombramientos en la banca de desarrollo. Romo es fundador de la casa de bolsa Vector y durante los gobiernos panistas buscó, sin éxito, obtener la licencia para operar un banco.
Romo asumió la Jefatura de la Oficina de la Presidencia con la encomienda de impulsar el Plan de Nación de 2018-2024, con énfasis en la banca de desarrollo y el fortalecimiento de intermediarios no bancarios para incrementar la penetración del crédito bancario. Sin embargo, esta área forma parte de las atribuciones de la Secretaría de Hacienda.
Urzúa renunció en medio de una franca confrontación con Romo por la toma de decisiones en la banca de desarrollo, pues el primero consideraba que los nombramientos le correspondían a Hacienda, pero, particularmente, por la fugaz gestión en Nafin de Eugenio Nájera, originario de Monterrey y exsocio de Romo en Seminis.
El peso de la austeridad
La Oficina de la Presidencia de la República tiene entre sus atribuciones proporcionar asesoría y apoyo técnico al presidente a través de los servicios de información, gestoría, coordinación, seguimiento y apoyo administrativo. Durante el gobierno de la Cuarta Transformación su presupuesto ha disminuido durante los últimos dos ejercicios. En 2017 contaba con recursos por mil 819 millones 588 mil pesos; en 2018, el monto fue de mil 797 millones. En 2019, el presupuesto apenas superó los mil millones de pesos, y para 2021 el monto autorizado es de 805 millones de pesos. Romo pidió a sus subalternos que realizaran una investigación sobre los alcances que ese tipo de oficinas tiene en otros países, con el propósito de ampliar y mejorar sus actividades.
Las políticas de austeridad provocaron que hasta la autorización de una computadora enfrentara problemas por las directrices para reducir el gasto corriente. Abel Hibert, quien fue titular de la Coordinación de Innovación y Análisis Económico de dicha oficina, renunció en julio pasado. Adalberto Palma, expresidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y quien se integró como asesor pro bono, no forma parte del organigrama de esa unidad. El presidente López Obrador aseguró que el equipo cercano de Romo no estaba en la nómina del gobierno federal.
La Oficina de la Presidencia también es responsable de la consecución de los fines y metas establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo (2019-2024) y de la atención a la ciudadanía, donde se incluye al sector empresarial. Otra de sus atribuciones era formular y conducir la política de comunicación social del gobierno federal, aunque entre sus responsabilidades no aparece de manera explícita la de nombrar funcionarios ni decidir directamente sobre políticas públicas.
A esa instancia presidencial se encuentra adscrito César Yáñez, coordinador general de Política y Gobierno, quien acuerda junto con Jesús Ramírez las acciones en el área de comunicación social.
Yáñez tiene un sueldo neto de 110 mil pesos, muy cercano al que tenía Romo.
Un enlace entre dos fuegos
Un año después de la renuncia de Urzúa, el extitular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo, acusó a Romo de bloquear los proyectos ambientales y de transición energética. En septiembre de 2020 Toledo presentó su renuncia aduciendo problemas de salud luego de que prohibió las importaciones del glifosato, un herbicida que convive con semillas genéticamente modificadas, para eliminar su uso en cultivos hacia 2024.
En los noventa y hasta el año 2000, Romo logró que su empresa Seminis controlara 20% del mercado de semillas mejoradas. Sin embargo, al llegar al gobierno de López Obrador no declaró tenencias accionarias en empresas.
En el conflicto por el glifosato, Romo escuchó las quejas del Consejo Nacional Agropecuario a través de su presidente, Bosco de la Vega. Los empresarios pidieron que interviniera para sostener el ingreso del herbicida que les permitiría mantener la productividad de cultivos industriales para exportar a Estados Unidos y aprovechar el T-MEC.
Pero el presidente aseguró que el glifosato se eliminaría de los cultivos.
Ahora, al renunciar a su cargo como coordinador de la Oficina de la Presidencia de la República, Romo Garza, fundador en los noventa del Grupo Pulsar Internacional, de la casa de bolsa Vector y del imperio agroindustrial Seminis, ya no regresará a sus negocios, dijo una fuente cercana al exfuncionario.
“Se mantendrá como el enlace de los empresarios del gobierno porque sigue contando con el oído y la escucha del presidente”, agregó.
Desde hace varios años Romo transfirió la mayor parte de sus negocios a su esposa e hijos, por lo que en su declaración patrimonial sólo reportó la propiedad de una camioneta Land Rover, algunos bienes inmuebles y sus inversiones en instrumentos financieros.
A su vez, López Obrador dio a conocer la renuncia de Romo a la Oficina de la Presidencia en su cuenta de Twitter, asegurando que había llegado a su fin el plazo de dos años que acordaron para que el empresario regiomontano lo ayudara. Comentó que mantenía la amistad con Romo, quien seguiría siendo su enlace con los empresarios, que lo consideraba un hombre honesto, comprometido con causas justas y que hizo muy bien su labor de vinculación con los hombres de negocios.
Sin embargo, Romo Garza, como responsable de la atención y seguimiento de las solicitudes y demandas de la ciudadanía, no logró persuadir al mandatario de que mantuviera el proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAIM) en la zona de Texcoco.
En abril de 2018 Alfonso Romo declaró que el presidente estaba dispuesto a continuar con el NAIM. “Tan es así que me mandó a decirles: pa’ delante”, afirmó ante los empresarios que tenían contratos para la construcción de aquella terminal aérea. En enero de 2019 esa obra de infraestructura se canceló de manera definitiva y constituyó la primera gran derrota de Romo ante los empresarios.
“Romo se veía ya cansado”, comentó el presidente de Canacintra, Enoch Castellanos, sobre la salida de aquél del gabinete de López Obrador. “Tenía su oído pero no su escucha”, remató un exfuncionario federal.
